Detienen en Francia a una abogada que preparaba denuncia contra los partidos políticos por genocidas

 PARÍS.- Uno de los abogados que ayudan a Reiner Fuelmich a demostrar que los líderes mundiales han cometido crímenes de lesa humanidad en nombre de la COVID-19 ha sido arrestado en Francia bajo sospecha de terrorismo y traición.

Virginie de Araujo Recchia, abogada radicada en Francia y que participa en los trabajos del Jurado Ciudadano junto a Reiner Fuellmich, fue detenida en su domicilio la madrugada del pasado 22 de marzo frente a sus hijos. El arresto se produce tres semanas antes de las elecciones presidenciales francesas.

Supuestamente, se informó al equipo de Fuellmich que los cargos involucran contraterrorismo y posiblemente traición, y se relacionan con el trabajo apasionado que hace por el pueblo francés y el Mundo, en la lucha por restaurar los derechos que Dios nos otorgó.

A principios de año, Virginie de Araujo Recchia, en colaboración con su colega Jean-Pierre Joseph y otros dos juristas, presentó una denuncia ante el jefe de los jueces de instrucción en nombre de las asociaciones BonSens.org, AIMSIB y Collectif des Maires Résistants (Colectivo de Alcaldes Resistentes) contra los parlamentarios que validaron una ley sobre la vacunación obligatoria contra el Covid-19 en agosto de 2021.

Esta ley obligó a millones de profesionales a someterse a terapia génica experimental o arriesgarse a perder su trabajo.

Según fuentes cercanas al caso, estaba trabajando en una denuncia contra los partidos políticos y la actuación de algunos de sus miembros.

Acababa de hacer público su informe titulado “Dictadura 2020” acusando al gobierno de terrorismo de Estado, atentatorio contra los intereses fundamentales de la nación y crímenes de lesa humanidad.

Este documento estaba destinado a formar la base para un proceso penal contra miembros del gobierno.

Descargar el informe aquí

"Esta flagrante violación de los derechos demuestra que no hay más libertad de expresión y demuestra que si nos pronunciamos, como lo ha hecho Virginie Araujo-Recchia, seremos perseguidos", ha dicho un portavoz de sus colegas abogados.

"Incluso aquellos que no están de acuerdo con el mensaje de Virginie de Araujo Recchia deben saber que su derecho a la libertad de expresión se ve amenazado por tal acción. El hecho de que esté de acuerdo con la narrativa “oficial” ahora no significa que en algún momento no estará en desacuerdo con ella.

¿Qué pasa entonces, si no te has movido para ayudar a otro ante esto? Sabes que esto es fundamentalmente erróneo y contrario a la ley natural.

Este es un momento para la unificación y ponerse de pie. No podemos seguir permitiendo que esta tiranía se intensifique. Cuando Shakespeare dijo en El rey Enrique VI “Primero, matad a todos los abogados”… se refería al primer paso para desestabilizar una sociedad. 

Porque una sociedad no puede ser una sociedad pacífica si no sigue el Estado de Derecho o sus Constituciones de libertades dadas por Dios. Ninguno de nosotros está a salvo cuando gobierna la tiranía.

La primera víctima de la guerra, como dicen, es la verdad. Los siguientes pueden ser los abogados y procuradores, y luego cualquier otra persona. No se quede al margen y deje que el arresto de un patriota amante de la libertad quede impune o sin ser escuchado. 

Por favor, oren por su pronta liberación, su seguridad, y luego inunden a los funcionarios involucrados en esto con llamadas y correos electrónicos para protestar por esta farsa.

Si no lo hace, esta podría ser la primera de una ola de purgas en las posdemocracias de la Europa occidental continental".

Tamara Lych, organizadora del Freedom Convoy, vejada por un Tribunal partidista

MONTREAL.- A Tamara Lich se le negó la libertad bajo fianza la semana pasada por un juez que se postuló para el Partido Liberal de Canadá en 2011 y fue elogiado por el primer ministro Justin Trudeau en ese momento.

La organizadora de la Freedom Convoy canadiense, Tamara Lich, compareció ante el tribunal luego con grilletes alrededor de los tobillos mientras buscaba una revisión de la fianza.

El juez afirmó que su detención continua era necesaria “para la seguridad y protección del público”. En contraste, al organizador de Freedom Convoy, Chris Barber, no se le negó la libertad bajo fianza y se le permitió irse a casa.

Lich compareció ante el tribunal para apelar su decisión sobre la base de que el juez que le negó la fianza fue parcial.

Además de argumentar que el juez que le negó la libertad bajo fianza podría haberlo hecho con sesgo político, los abogados de Lich opinan que las audiencias de libertad bajo fianza deberían considerar los antecedentes indígenas mestizos de Lich.

Lich testificó en su declaración jurada que es un “miembro portador de tarjeta de la nación métis de Alberta”.

Lich fue arrestada el 17 de febrero por su participación en las protestas por la libertad en Ottawa, dos días después de que entrara en vigencia la Ley de Emergencias (EA). De acuerdo con la legislación de EA , “una persona registrada como indígena bajo la Ley India” está exenta de la prohibición de protestar.

Debido a esto, el asesor legal de Lich ha argumentado que en su caso se deben considerar los principios de Gladue.

Los principios de Gladue estipulan que los jueces deben abordar los asuntos legales con los canadienses de las Primeras Naciones con sensibilidad ante cualquier injusticia que la persona pueda haber sufrido como resultado de su origen étnico.

Las políticas gubernamentales de COVID, como los mandatos de vacunación impuestos por el gobierno federal canadiense, han sido un desafío adicional para los canadienses de las Primeras Naciones que viven en comunidades remotas.  

Se impusieron multas por miles de dólares a madres indígenas en el norte de Manitoba que desafiaron las órdenes de cierre para comprar comestibles en otras comunidades porque sus tiendas no estaban debidamente abastecidas con las necesidades.

EE.UU. usará a la Guardia Nacional ante las protestas de camioneros en Washington

WASHINGTON.- El Pentágono aprobó la noche martes el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos de cara a las protestas de camioneros contra las restricciones por la pandemia que se prevén próximamente en Washington.

Según varios medios, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, autorizó el uso de 700 efectivos no armados de este cuerpo de reserva de las Fuerzas Armadas en respuesta a una solicitud de las autoridades de la capital y de la Policía del Capitolio.

Los militares apoyarán las labores de control del tráfico ante la previsión de que varios convoyes de camioneros se den cita en Washington para protestar contra las medidas adoptadas para combatir la covid.19, siguiendo el ejemplo de las movilizaciones vistas en Canadá.

Varios grupos están organizando a través de internet esas protestas, con algunos de los impulsores llamando públicamente a bloquear el acceso por carretera a la ciudad.

Se prevé que algunos de los convoyes que partirán desde distintos puntos del país puedan estar en Washington para el próximo 1 de marzo, cuando el presidente estadounidense, Joe Biden, tiene previsto ofrecer su discurso sobre el estado de la unión.

En las últimas semanas, camioneros antivacunas y opuestos a las medidas para frenar la pandemia ocuparon el centro de Ottawa, la capital canadiense, y bloquearon cruces fronterizos entre Canadá y Estados Unidos para protestar contra las políticas del Gobierno.

Este fin de semana, la Policía de Ottawa dispersó a la mayor parte de la protesta que se había atrincherado en el centro de la ciudad, en una operación que generó polémica por el uso de gas pimienta y porras contra los manifestantes.

'Cambiemos Murcia' pide explicaciones a Conesa por la redada contra inmigrantes sin papeles en El Carmen

MURCIA.- La concejala de Cambiemos Murcia, Margarita Guerrero, ha pedido hoy explicaciones al delegado del Gobierno en la Región, Diego Conesa, por la redada llevada a cabo ayer jueves por la Policía Nacional en el barrio del Carmen, junto al colegio José Loustau, contra inmigrantes sin papeles o que tengan orden de expulsión.

Guerrero ha lamentado el uso por parte del Estado de prácticas como esta, denunciadas por organizaciones sociales por su carácter "racista" y el incumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes. Según ha explicado la edil, hace tiempo que no se llevan a cabo estos operativos, tratándose del primero en el municipio "del que tenemos conocimiento desde que Conesa es delegado de Gobierno".

En este sentido, ha recordado la labor de colectivos como Refugees Welcome, que puso en marcha una iniciativa de mapeo ciudadano para documentar las redadas racistas en los países de la Unión Europea, o la red Acoge, que puso un número de teléfono a disposición de víctimas y testigos de redadas en Madrid.

La edil ha puesto de relieve los efectos de la política migratoria de la Unión Europea centrada más en el control de fronteras, pagando a terceros países para que hagan el trabajo sucio, como es el caso de Libia donde ya se ha constatado la trata de seres humanos con los migrantes en tránsito, que en garantizar los derechos fundamentales de estas personas. 

"Un ejemplo de ello es la existencia de un Centro de Internamiento de Extranjeros en nuestro propio municipio", ha añadido.

"No hay personas ilegales y estar en situación irregular es una infracción administrativa, por lo que insistir en tildar de ilegal a los inmigrantes es criminalizar a estas personas que en la mayoría de los casos ha llegado a España poniendo en peligro sus vidas tras huir del horror de la guerra, los efectos del cambio climático o la represión, como es el caso del Rif", ha concluido.

IU-Verdes denuncia que la Delegación del Gobierno "acosa" con multas a los vecinos pro soterramiento del AVE

MURCIA.- El concejal de IU-Verdes en el ayuntamiento de Murcia, José Ignacio Tornel, ha criticado hoy que la delegación del Gobierno multe a los vecinos que defienden el soterramiento, lo que, a su juicio, es "acoso".

En un comunicado de prensa Tornel ha indicado que el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, está multando a los vecinos "por exigir que el PP cumpla sus promesas", y que lo que Bascuñana "quiere sancionar en realidad es la actitud de los ciudadanos que no se someten ni al clientelismo ni al derrotismo, ni representan el desapego hacia la política que tanto interesa al PP".

En este sentido ha dicho que esta "táctica de represión no va a quedar oculta"

La Policía Local de Murcia formula 35 denuncias a prostitutas y siete a clientes entre noviembre y febrero

MURCIA.- La entrada en vigor de la Ordenanza Municipal para Luchar contra la Prostitución en el municipio de Murcia ya está dando sus primeros resultados. Desde el pasado 11 de noviembre y hasta el 4 de febrero, la Policía Local ha formulado 42 denuncias, 35 de ellas a prostitutas y siete a clientes.

   En concreto, según han especificado fuentes municipales, 24 de estas prostitutas han sido multadas por ofrecer directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos en espacios públicos, una infracción considerada leve, y sancionada con hasta 750 euros.

   Las once prostitutas restantes han sido multadas por la misma infracción pero llevada a cabo en espacios situados a menos de 300 metros de distancia de centros docentes, lo que se considera como infracción grave y es sancionada con una multa de 750,01 a 1.500 euros.

   Por su parte, los siete clientes han sido sancionados por solicitar directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos en los espacios públicos; una infracción grave, sancionada también con una multa de 750,01 a 1.500 euros.

   Todas estas denuncias se han formulado en el barrio de El Carmen en horario de mañana, tarde y noche, siendo casi todas las prostitutas ciudadanas extranjeras de entre 18 y 54 años. En concreto, once de ellas son de Marruecos, tres de Guinea Ecuatorial, tres de Rumanía y una de España, algunas de ellas han sido denunciadas en varias ocasiones. Por su parte, los clientes pertenecen a Marruecos, Ghana, Senegal, Ecuador, Nigeria y Guinea Bissau, respectivamente.

   La Ordenanza para Luchar contra la Prostitución en el municipio de Murcia, dirigida tanto a hombres como mujeres que ejercen esta actividad, contempla sanciones de hasta 3.000 euros y afecta a todas las personas, incluidos los menores de edad, que en los siguientes espacios realicen algunas de las conductas tipificadas como infracciones en la Ordenanza.

   En concreto: ofrecer servicios sexuales retribuidos; solicitar, negociar o aceptar las personas demandantes servicios sexuales a cambio de un pago; mantener relaciones sexuales mediante retribución por ellas; realizar actos de divulgación o publicidad para promover el consumo y el mercado de la prostitución, así como la explotación y el turismo sexual.

   Asimismo, las conductas favorecedoras del consumo de prostitución u otras formas de explotación sexual, como acercar a los clientes a los lugares donde se encuentran las personas en situación de prostitución.

   Dichas conductas se agravan cuando se realizan a menos de 300 metros de distancia de centros docentes, educativos y otros espacios con gran afluencia de público infantil y/o juvenil, así como de lugares de celebración de cualquier otro acto público con gran afluencia de personas.

   Para los infractores menores de edad, demandantes de servicios sexuales, se puede permutar la primera sanción firme por medidas sustitutivas, cuya prestación tendrá carácter voluntario.

   Al momento de formular las denuncias, las personas responsables serán requeridas para que abandonen el lugar y cesen en la conducta prohibida y en caso de desobediencia a estos requerimientos, se dará conocimiento a la autoridad judicial.

IU pedirá explicaciones en el Congreso sobre la cargas policiales en la Región de Murcia

MURCIA.- El diputado de IU y portavoz de La Izquierda Plural en la Comisión de Interior del Congreso, Ricardo Sixto, pedirá explicaciones al Gobierno por las cargas policiales que se han producido en concentraciones pacíficas que han tenido lugar en la Región de Murcia.

   Así lo trasladó Sixto anoche en una reunión que mantuvo en Murcia con el coordinador de la Presidencia de IU-Verdes, Sergio Ramos, y afectados de la carga policial que se produjo contra los miembros de la Plataforma Prosoterramiento el último día del Bando de la Huerta y en manifestaciones en defensa de la educación pública, entre otros.

   Los afectados explicaron y documentaron al parlamentario sobre las prácticas que denuncian y adelantaron que próximamente le harán llegar un dossier con toda la información, listas negras, falsa imputación de delitos, detenciones aleatorias y agresiones, según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

   Sixto calificó de "alarmantes y muy graves" algunas actuaciones policiales contra manifestaciones y concentraciones pacíficas, y anunció que su grupo presentará una iniciativa para pedir explicaciones por las cargas policiales en la Región.

   "Es intolerable que en un estado de derecho se produzcan tales agresiones a los movimientos sociales que se manifiestan pacíficamente. La labor de la Policía es defender que la ciudadanía pueda ejercer su derecho constitucional a la manifestación, no impedirla", agregó Sixto.

IU-Verdes califica de "estrategia represiva" las denuncias de Bascuñana a vecinos por interrumpir el tráfico ferroviario

MURCIA.- El concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Ignacio Tornel, califica de "estrategia represiva" las denuncias que el Delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, está haciendo llegar a distintos vecinos de Murcia acusándoles de interrumpir el tráfico en las vías del tren el pasado 4 de abril.

   La formación de izquierda está trabajando con sus servicios jurídicos para facilitar un modelo de alegaciones a las personas afectadas. De esta manera, "vamos a seguir mostrando nuestro apoyo a quienes defienden una reivindicación histórica para sus barrios y pedanías", apunta Tornel.

   Y es que, según afirma, "Bascuñana mantiene la estrategia de represión a los vecinos que inició durante el pasado Bando de la Huerta, cuando la Policía Nacional a su mando desempeño una agresividad innecesaria que derivó en detenciones y lesiones".

   "Lo normal es que el pedáneo de Nonduermas (PP) y este mismo concejal recibamos sendas denuncias por haber participado en esos mismos cortes de vías", aclara.

   Para IU-Verdes, "resulta vergonzoso y cínico que quien debiera dedicarse a cumplir los compromisos con el soterramiento, defendiendo las promesas de su propio partido, esté persiguiendo a ciudadanos que le recuerdan sus obligaciones y los años de demora en cumplirlas."

   Finalmente, adelanta que el próximo martes, 7 de mayo, se celebrará una nueva asamblea vecinal en Santiago el Mayor, para decidir las acciones pertinentes en el futuro.

IU-Verdes denuncia la "injustificada represión policial" en la concentración en defensa del soterramiento

MURCIA.- El concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, José Ignacio Tornel, ha expresado este miércoles su apoyo a los vecinos que defienden el soterramiento de las vías del tren a su paso por el municipio y ha denunciado la "injustifica represión policial" que sufrieron ayer.

   Tornel ha señalado que "las detenciones de tres vecinos respondieron a una táctica para liberar las vías del tren de la posible ocupación en un día de tráfico ferroviario extraordinario".

   "Por tanto, -ha añadido- el uso de la violencia sobre ciudadanos y ciudadanas pacíficos, indefensos y que en ningún momento se enfrentaron a las fuerzas del orden resultó gratuita y respondió a directrices políticas y nunca a situaciones de necesidad para la Policía".

   Según el edil, "con esta actitud represiva, el delegado del Gobierno ha cumplido la segunda parte de la farsa sobre el soterramiento de las vías del tren a su paso por Murcia: la primera la anunció Valcárcel al difundir la decisión de no soterrar las vías y construir la estación del AVE en Los Dolores, asumiendo así la impostura de decretar actuaciones cuya competencia pertenece en todo caso al Ayuntamiento de Murcia".

   Tornel también ha criticado el papel del alcalde de la ciudad al indicar que "debe sentirse muy cómodo al ser otro quien ha asumido la responsabilidad de comunicar una decisión esperada por todos que tira por tierra la reivindicación histórica de los vecinos, la promesa electoral del PP y la declaración conjunta de toda la Corporación municipal a favor del soterramiento."

   En su opinión, "los responsables del PP murciano son incapaces de conseguir del Gobierno de la nación el cumplimiento de los compromisos adquiridos con nuestra región".

   "El Partido Popular de la Región de Murcia colocó el cartel de Non Plus Ultra hace casi 20 años a la altura de Venta del Olivo, como muestra de su desinterés por abrir la región al exterior y por considerarla como su cortijo particular, en detrimento de las infraestructuras necesarias para el desarrollo social y económico de los ciudadanos y de las empresas de la Región".

En libertad los tres detenidos en una concentración de la Plataforma Pro- Soterramiento en Murcia

MURCIA.-   La Policía Nacional detuvo ayer a tres personas que se manifestaron en una concentración de la Plataforma Pro-Soterramiento en el paso a nivel de Santiago el Mayor, según versión oficial "por resistirse a su identificación y altercados". 

   Según han informado esta mañana fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar sobre las 18.00 horas cuando los manifestantes cortaron el tráfico ferroviario, dándose aviso a la Policía, quienes comunicaron a los mismos la ilegalidad del acto, pero estos se negaron a abandonar las vías.

   Ante lo que la Policía decidió identificar a los concentrados, produciéndose un enfrentamiento entre los manifestantes que se negaron a identificarse y los agentes, con el resultado de tres policías lesionados con policontusiones y tres detenidos, que tras tomarles declaración fueron puestos en libertad, siempre según la versión oficial.

   Desde la Plataforma destaca la dureza de la actuación policial, así como que se procedió al aislamiento y detención selectiva de algunos de los presentes.

   Asimismo, apunta que uno de los detenidos denunció tras ser puesto en libertad agresiones dentro del furgón policial, mientras otra de las detenidas y miembro de la plataforma tendrá que ser operada de urgencia de la muñeca.

   Ante esto, Democracia real YA! muestra su apoyo y se solidariza "con todos ellos y cuantos luchan por los derechos ciudadanos y la libertad en las calles, juzgados y todos los frentes donde sea necesario", y exige inmediatas explicaciones al delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana y el jefe de Policía de Murcia, Cirilo Durán, ambos, recuerda, "ya denunciados en la querella de Atrapa Murcia por anteriores actuaciones represivas de las fuerzas policiales".

   Señala, finalmente, que "con la represión no se acallan las protestas ciudadanas, solo se realimentan e intensifican".

La Policía Nacional abrirá una investigación interna para analizar si hubo actuación irregular de agentes en la huelga

MURCIA.- La Jefatura Superior de Policía de Murcia abrirá una investigación interna para ver si alguna actuación por parte de los agentes que prestaron servicio en la jornada de huelga general fue "irregular".    

A raíz de determinadas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, la Jefatura ha decidido abrir dicha investigación al efecto de analizar la actuación policial desarrollada ayer miércoles.

Por otra parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha exigido la "dimisión" del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, así como la "depuración de todas las responsabilidades individuales por acción, omisión o encubrimiento en los hechos denunciados", anunciando, al mismo tiempo, "acciones legales para garantizar esa depuración" frente a lo que consideran la "reiterada represión y brutalidad policial en Murcia desde que es delegado".

   En esta misma línea, la PAH ha asegurado que seguirá protestando en la calle "contra toda la violencia que los poderes ejercen contra la ciudadanía y que se manifiesta en paro, desahucios, recortes y empobrecimiento generalizado de la población".

   En un comunicado, recuerda que "desde la llegada al poder del PP y de Bascuñana a la Delegación del Gobierno, la represión y la brutalidad policial se han desatado en la Región, y se vienen repitiendo acciones de violencia y represión absolutamente gratuitas, desproporcionadas, y en ocasiones salvajes".

   Así, recuerda que el pasado 15 de junio, cuando el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, "acude a declarar como imputado por corrupción en el caso 'Umbra', la policía lleva a cabo una salvaje e innecesaria carga, que se salga con tres heridos y tres querellas criminales contra un agente de la Policía Nacional han sido ya admitidas a trámite".

   El 29 de septiembre, continúa, "dos policías en moto atropellan a un menor fracturándole el tobillo, inmediatamente tratan de amedrentar al menor y a su familia para que no hagan ninguna denuncia. Se ha interpuesto querella criminal y además se golpea salvajemente a varias personas provocando varios heridos".

   Igualmente, del 5 al 11 de noviembre en la 'Marcha contra el Paro' "se desplazan a la Región no menos de 150 efectivos del GRS de la Guardia Civil, más un número importante de vehículos con alta tecnología como inhibidores de 3G para impedir el funcionamiento de Internet por esta vía para que no pudiéramos utilizar las redes sociales para difundir imágenes o noticias de la Marcha".

   "Estos agentes ejercían una acción claramente política de prevención, ya que se dedicaban a asustar a los pequeños comercios y bares de las localidades que íbamos a visitar indicándoles que debían cerrar sus establecimientos por la peligrosidad de los integrantes de la Marcha", indica la Plataforma.

   En la Huelga General del 14N, "por la mañana en Trapería se produce una carga contra el piquete de la PAH sin ningún hecho previo que la justifique, ya que estábamos frente a una oficina de la Caixa, entidad que iba a desahuciar a la última persona que se suicidó en Baracaldo. La oficina estaba cerrada y simplemente poníamos pegatinas en sus cristaleras cuando aparece un grupo de conocidos anti disturbios que empiezan a aporrear".

   "La única contención de masa que allí se produjo la llevamos a cabo desde la PAH, porque el piquete era de más de 3.000 personas, sin miedo, y los agresores 30, en una ratonera como la calle Trapería, finalmente los anti disturbios se vieron forzados a retirarse, previamente se habían producido las agresiones", señala.

   Posteriormente, en el "tradicional" intento de informar a los trabajadores de El Corte Inglés y tras conseguir su "cierre temporal", el piquete de la PAH llevó a cabo una visita guiada por los diferentes bancos ubicados en avenida Libertad y una vez concluida, la gente "mayoritariamente volvió a la Gran Vía".

   En ese momento, advierte, "es cuando la masiva presencia de personas se redujo, los provoca disturbios consideraron que era el momento y fueron expulsando a la poca gente que iba quedando hacia la calle Bando de la Huerta, donde pudieran tener menos visibilidad sus agresiones, y una vez allí comenzaron a cargar salvaje y gratuitamente, con las consiguientes carreras de la gente".

   "Golpearon a Carlos, uno de ellos le empuja contra una moto aparcada haciéndole caer, y una vez en el suelo varios policías le golpearon repetidamente en la cabeza y cuerpo, que tras recuperarse de una périda de conocimiento tuvo que ser hospitalizado en el Morales Meseguer y tras efectuarle las pruebas oportunas, le diagnosticaron rotura del tabique nasal y del pómulo izquierdo, así como diversas contusiones por todo su cuerpo".

   Ya en el hospital, continúa, "comparece una patrulla del 091, con la intención de obtener ilegalmente, sin mediar detención y sin orden judicial, una copia del informe médico, quizás para construir la coartada y justificación de los agresores".

   Posteriormente, fue trasladado a la Arrixaca, donde le fue reconstruido el tabique nasal y permanece a la espera de rebajar la inflamación para poder ser operado del pómulo.