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sábado, 29 de febrero de 2020

Multas de 5.000 euros por no renovar el contador de agua de más de 12 años de antigüedad

MADRID.- El Gobierno ha dado luz verde a una Orden Ministerial que obligará a renovar todos los contadores de agua del país que tengan una antigüedad superior a los 12 años. La medida impulsada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo establece sanciones de hasta 5.000 euros en el caso de detectarse un incumplimiento.      

En concreto, la regulación afecta a los contadores de agua fría y caliente, para uso residencial, comercial o de la industria ligera, así como los destinados a la gestión del dominio público hidráulico, riego o cualquier otro uso. 
El Gobierno ha establecido un periodo máximo de vida útil de 12 años para estos instrumentos de medida, que no están sujetos a verificación periódica, y además ha prohibido expresamente su reparación o modificación. 
La medida afecta a más de 3 millones de contadores de toda España y se estima que generará un ahorro aproximado del 15% en la factura de agua de las familias. Este ahorro solo se lograría en el caso de que los hogares tengan en cuenta los datos del contador y apliquen medidas para reducir el consumo del agua. El objetivo es garantizar unas condiciones óptimas de uso de estos dispositivos, que permitan contabilizar con exactitud los consumos de agua de particulares y empresas.
Para su progresiva entrada en vigor, la norma establece un periodo de cinco años para que las comunidades de propietarios, entidades y gestoras de parques de contadores, procedan a su renovación.

jueves, 7 de enero de 2016

Murcia, entre las comunidades más permisivas en publicidad de bebidas alcohólicas

MADRID.- Las comunidades autónomas de Baleares, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra son las más permisivas en lo que se refiere a la publicidad de bebidas alcohólicas, según un análisis comparativo realizado por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).

Este colectivo denunció la "impunidad" con la que la publicidad de bebidas de alta graduación incumple la ley, y ha defendido la "urgencia" de una normativa de ámbito estatal, especialmente, en relación con la publicidad exterior de alcohol.
Por el contrario Canarias, La Rioja, Cantabria o el País Vasco son las regiones más restrictivas en materia de publicidad de bebidas alcohólicas, en favor de la salud pública y de la protección de los menores.
En este contexto, la AUC señala en su informe que la publicidad de alcohol en televisión está regulada por legislación básica de ámbito estatal, mediante la Ley General de Publicidad, Ley General de la Comunicación Audiovisual; mientas que dicha legislación no existe para el resto de soportes o para la publicidad exterior.
"Hay que acudir a las normativas autonómicas, que presentan grandes diferencias, de modo que lo que está permitido en una comunidad puede estar prohibido en otra", lamentó la Asociación de Usuarios de la Comunicación.
En este sentido, la AUC indicó que, desde la década de los 80 del siglo pasado, ha habido "diferentes intentos de sacar adelante una legislación integral para la regulación de la venta, el consumo y la publicidad de las bebidas alcohólicas, sin que ningún gobierno desde entonces haya presentado si quiera un proyecto ante el Parlamento o haya aprobado algún desarrollo reglamentario".
Asimismo, la Asociación considera este vacío "especialmente grave" desde el punto de vista de la protección de los menores. Según indicó, los estudios señalan que en España existe un problema importante de consumo temprano de alcohol dado que la media de inicio de ingesta se sitúa por debajo de los 14 años; el 81,9% de los jóvenes entre 14 y 18 años declara haber ingerido alcohol, y un 60% de ellos dice haberse emborrachado alguna vez.

martes, 2 de junio de 2015

Prohibida la circulación de triciclos de derrape, patines o similares en los montes públicos de la Región

MURCIA.- Con el objetivo de garantizar que el uso de los montes de utilidad pública sea compatible con su conservación, el BORM ha publicado este martes una Orden de la Consejería de Agricultura y Agua que prohíbe la circulación de triciclos de derrape, patines o vehículos de similares características en los montes públicos de titularidad autonómica, ante los riesgos que suponen tanto para quienes practican estas actividades como para otros usuarios de las carreteras.

La Dirección General de Medio Ambiente ha detectado un uso creciente tanto de triciclos de derrape como de patines, principalmente en los parques regionales de Sierra Espuña y El Valle-Carrascoy.
Ambas prácticas, denominadas en el argot 'drift-triking' y 'streetboarding', tienen en común que necesitan una carretera asfaltada con elevada pendiente, que permita el descenso por la propia inercia del vehículo y llegar a alcanzar altas velocidades.
Quienes practican esta actividad suelen ir en grupos, y acceden a las zonas más altas de dichos parques para iniciar el descenso por los viales, ocupando toda la anchura, con el apoyo de un vehículo, normalmente tipo furgoneta, que hace de cabeza y avisa con señales acústicas y manuales para ir abriendo paso.
Algunos de estos grupos han colgado en la red vídeos que muestran sus descensos a elevada velocidad, con sus correspondientes giros de 360º y derrapes de todo tipo, lo que genera un efecto llamada.
Los Agentes Medioambientales del Parque Regional de Sierra Espuña han realizado 19 denuncias contra practicantes de esta actividad desde el pasado mes de octubre, por el riesgo que supone para ellos y para el resto de usuarios de la vía. Las denuncias han sido derivadas a la Jefatura Provincial de Tráfico que, a su vez, alertó a la Guardia Civil.
El Cuerpo de Agentes Medioambientales intensificará la vigilancia en las zonas prohibidas y los Centros de Visitantes de los mencionados parques informarán de los inconvenientes de esta actividad. Se aplicará el correspondiente régimen sancionador a todos aquellos que incumplan esta prohibición.
Medio Ambiente editó el pasado año un manual de buenas prácticas en el Parque Regional de Sierra Espuña, ante el incremento de solicitudes para la práctica de actividades deportivas en los espacios públicos del Parque.
En este sentido, también se ha llegado a acuerdos con federaciones y asociaciones de ciclismo y escalada para la práctica sostenible de estos deportes.
El Parque Regional El Valle-Carrascoy también está conformado por monte catalogado de utilidad pública, por donde discurren los principales viales que concentran la mayoría de actividades de uso público, que tienen una gran demanda por su cercanía a la capital y otras poblaciones como La Alberca, Santo Ángel o Algezares.
La Comunidad tiene la obligación legal de velar por los montes públicos, su conservación, protección, restauración y mejora, así como de garantizar la seguridad en los viales de su competencia.
Además, las citadas prácticas distorsionan el trabajo desarrollado en los últimos años desde la Dirección General de Medio Ambiente para conseguir que los citados parques puedan consolidar un uso público y turístico de calidad.

sábado, 4 de abril de 2015

Protestas ante la «prohibición de bailar» en Viernes Santo en Alemania

BERLÍN.- Diversas ciudades alemanas acogen hoy protestas simbólicas contra la «prohibición de bailar» que rige en la mayoría de los estados federados del país en Viernes Santo, una tradición cristiana que cada año enciende el debate entre sus partidarios y los defensores de la laicidad.
 
La «prohibición del baile», que incluye generalmente también la suspensión de espectáculos públicos o evento deportivos en esta jornada, está regulada por ordenanzas regionales o municipales y es a las autoridades locales a quienes corresponde velar por su cumplimiento.
Un año más distintas asociaciones, como el partido de los Piratas, han lanzado convocatorias para que sus simpatizantes se reúnan en plazas de ciudades como Stuttgart, Colonia, Francfort, Bochum o Maguncia para bailar en público y desafiar esta normativa.
«No puedo entender que alguien vea como una exigencia exagerada no hacer fiesta un día de los 365 días del año», manifestó el presidente de la Iglesia Evangélica alemana, Bedford Strohm, en declaraciones a la emisora regional SWR.
El objetivo es dedicar este día a pensar y reflexionar sobre el sufrimiento en el mundo, explicó Strohm, para quien la prohibición es «un valor cultural muy importante» que se sitúa por encima de las diferentes creencias o religiones.
«Todo el mundo debería poder decidir cómo quiere celebrar las diferentes festividades. Regulaciones religiosas o gubernamentales que restringen innecesariamente la libertad no son aceptables», responden desde su página de Facebook los Piratas en Stuttgart.

Bailar en silencio

Tras recordar que el cuarenta por ciento de la población alemana no profesa hoy una religión cristiana, esta formación ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos se acerquen hoy a una plaza céntrica con su música y sus auriculares para bailar en público en silencio.
Como la iglesia evangélica, también la católica defiende en Alemania esta tradición, que «simplemente da la oportunidad a las personas, no obliga a nadie, de mirar a su interior y pensar en cuestiones a las que no puede dedicar tiempo en su vida cotidiana», subrayó en declaraciones a la radio pública de Baviera el obispo de Würzburg, Friedhelm Hofmann.
La prohibición, que también rige en la mayor parte del país en otras jornadas festivas, como el día de Todos los Santos, se aplica de manera distinta en los diferentes estados.
La «ordenanza sobre protección de las festividades» de Berlín, por ejemplo, veta cualquier evento público deportivo, musical o de baile entre las 4.00 horas y las 21.00 horas del Viernes Santo, mientras que en Baviera, estado de mayoría católica, la prohibición se extiende desde las 2.00 horas de hoy hasta la medianoche del sábado.

jueves, 27 de enero de 2011

Los bancos de la CAM y Cajamurcia podrían no cumplir la exigencias normativas de Basilea III

MADRID.- Los SIP a los que pertenecen, Banco Mare Nostrum y Banco Base, cuentan con un capital básico por encima del 8%, que es el listón inicial que acaba de fijar el Gobierno central para reforzar la solvencia del sistema bancario español. El grupo de Cajamurcia está el octava en el ranking, con un 8,4% de core capital. Le sigue el de CAM con el 8,1%. No se descarta que finalmente se fije en el 9 ó 10% para las cajas.

Banco Base, el integrado por la CAM, ya supera ese porcentaje al alcanzar a 31 de diciembre un 8,2% de "core", que "se irá reforzando en los próximos meses con los beneficios generados". Son el grupo que tiene "más avanzada" la cesión de sus activos a un banco, por lo que "en muy pocos meses" podrían salir a Bolsa en busca de inversores, "en caso de que fuera necesario". 

No es menos cierto que el Banco Mare Nostrum, que integra Cajamurcia, presenta ese porcentaje de 'core capital' después del extraordinario esfuerzo de saneamiento de su cartera y con la inclusión de los 915 millones de euros procedentes del Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria (FROB). 

Lo que pretende el Gobierno es, entre otras cosas, forzar a que las entidades financieras busquen en estos meses capital privado para alcanzar ese mínimo exigido. El sistema financiero español necesita una capitalización adicional de casi 20.000 millones de euros más.

Lo que sí implica es que el grupo Banco Mare Nostrum va a tener que hacer una capitalización interna antes de lo previsto.
a cuestión sería ésta: el grupo tiene un capital básico superior al 8% si se tienen en cuenta los activos de cada uno de los cuatro socios, pero éstos no han puesto aún su parte en el cesto único que ahora comparten. Tendrán que acometer una capitalización, pero interna.

Era algo que tenían previsto, por supuesto, pero más adelante, y por dos motivos. El primero, que a partir de 2013 se quería empezar a devolver los más de 900 millones de euros aportados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), para lo cual, según dijo recientemente el presidente de Mare Nostrum, Carlos Egea, se necesitarán generar en torno a 3.300 millones de euros en recursos financieros y conseguir un capital core del 10%

Hay un segundo horizonte al que Mare Nostrum también tiene que adaptarse y es el año 2018, fecha tope para cumplir con la directiva europea de fortalecimiento del Sistema Financiero Europeo, también conocida como Basilea III. 

La presidencia del Banco Mare Nostrum se pronunció "desde la discreción y la prudencia" sobre el anuncio del Gobierno. "La capacidad de gestión de Banco Mare Nostrum está contrastada por la experiencia de las cajas que componen el grupo y se ha puesto de manifiesto en la mejora de los resultados alcanzados en el último trimestre del pasado ejercicio: reducción de costes, contención de la morosidad, reducción de la exposición al riesgo inmobiliario, mejora de la capitalización... De tal suerte que la posición de liquidez es confortable y no se necesita acceder a los mercados financieros para cubrir los vencimientos en los próximos años", explicó, para añadir que su potencial de crecimiento es "elevado".

Habrá que esperar a que Banco de España y Ejecutivo definan si se plantea computar el capital de las empresas financieras españolas con los mismo criterios definidos en Basilea III y que serán exigidos internacionalmente a partir de 2013, porque por lo apuntado por la vicepresidenta Salgado podría ser que todo lo que computa una entidad crediticia en estos momentos dentro de su capital y reservas, como son las deducciones fiscales, las participaciones en otras firmas financieras y los minoritarios, no se tomen en cuenta. 

Si fuera así, su nivel de 'core capital' bajaría sensiblemente sobre lo que hoy dan a conocer y no cumplirían con las exigencias planteadas.

Para las cajas, las exigencias serán aún mayores, al tratarse de entidades que no cotizan en bolsa y que no tienen una presencia significativa de inversores privados.

Problemas en Mare Nostrum

Las cuatro cajas agrupadas en torno a Mare Nostrum certificarán el 16 de febrero en asamblea general la integración de todo el negocio en el banco recién nacido. Es la bancarización completa de las cajas. "Ya no es solo el 100% de la tesorería, ni la mutualización del 100% de los beneficios, ni la coordinación de sistemas informáticos o la cartera de productos: es una fusión con todas las letras. 

La actividad estará totalmente integrada bajo una dirección y quieren que la plantilla lo esté también", detalla un sindicalista, que teme los efectos para lo trabajadores de este noviazgo de cajas que al final ha resultado ser el indisoluble "matrimonio franquista" con el que las cuatro cajas agrupadas en torno a Mare Nostrum certificarán el 16 de febrero en asamblea general la integración de todo el negocio en el banco recién nacido. Y todo significa la bancarización completa de las cajas. 

 Tan indisoluble será el matrimonio que Cajamurcia , CajaGranada, Caixa Penedès y Sa Nostra han informado ya a los sindicatos de que la integración del negocio que se votará el día 16 incluirá el traspaso a Mare Nostrum de todos los trabajadores.  Por ejemplo, Sa Nostra transferirá así sus 1.500 empleados actuales al Banco Mare Nostrum, hecho que según los sindicatos convierte en papel mojado el acuerdo laboral firmado en septiembre con la empresa. 

A todo esto, Cataluña quiere más control sobre su sector financiero. Para lograrlo, nada mejor que la puesta en marcha de un nuevo organismo de coordinación financiera que, a modo de ‘banco central’ de la Generalitat, se convertiría en el eslabón necesario –político- para evitar que vuelvan a darse casos como los de Caixa Penedés (hoy en Mare Nostrum) actualmente, en órbita distinta a la catalana.

La intención de Artur Mas es contar con varias funciones propias de un supervisor, algo que de nuevo se convertirá en un nuevo frente de combate entre Gobierno central y autonómico. El nuevo Ejecutivo catalán no ha querido aplazar más su preocupación por la marcha de la reestructuración financiera tras ser testigo obligado de dos ‘deserciones’ de cajas catalanas, con destino a otras autonomías. 

El caso de Caixa Penedés, fue el detonante de un agrio enfrentamiento entre el Partido Socialista de Montilla y la oposición de Convergencia i Unió: que la tercera entidad de ahorros catalana se integrara en el Banco Mare Nostrum, sentó como un tiro en la línea de flotación del nacionalismo catalán. 

Mas intentar ahora aglutinar en grandes grupos a las entidades catalanas. El Ejecutivo catalán asegura que no quiere interferir ni pilotar operaciones de concentración financiera, pero deja muy claro que trabaja para dar forma a una ‘solución catalana’, ya que en el nuevo escenario tras la reestructuración, Cataluña pierde peso financiero y, por tanto, también poder político.

 ‘Salvar los muebles’, expresión utilizada por un financiero catalán, es un medio que se considera necesario para alcanzar el fin propuesto, que no es otro que la formación de un nuevo departamento autonómico que se encargaría de controlar, en sentido amplio, los movimientos corporativos de las entidades autóctonas, para lo que se considera necesario conseguir varias funciones que actualmente realiza el supervisor central del Estado, el Banco de España. Lo cual no se considera por el Ejecutivo catalán, como un obstáculo insalvable, puesto que en otras muchas materias ya existe una duplicidad, la autonómica y la central.

martes, 22 de septiembre de 2009

El Gobierno inspeccionará 5.000 empresas en 2010 para combatir la brecha salarial y la discriminación laboral

MADRID.- La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, firmaron hoy dos protocolos de colaboración para combatir la 'brecha salarial' y corregir la discriminación laboral entre hombres y mujeres y anunciaron que realizarán inspecciones en 5.000 empresas, centrándose en los sectores que aglutinan a más de un 60 por ciento de empleadas, como el de limpieza o los servicios sociales.

"Estos acuerdos suponen un nuevo paso en la defensa de los derechos de las mujeres que afectan a aspectos cruciales y de sentido común", destacó Aído. En este sentido, explicó que el objetivo de las inspecciones puestas en marcha es establecer un "diagnóstico certero" que señale las causas que originan la desigualdad de la mujer en el mercado laboral y, de esa forma, proponer las soluciones adecuadas.

"No se trata sólo de una reivindicación, sino de una exigencia legal", subrayó la titular de Igualdad, quien recordó que las profesionales "constituyen buena parte del contingente laboral", así como "una mano de obra muy cualificada".

"El 60 por ciento de las titulaciones universitarias se concentra en las mujeres que además obtienen mejores expedientes académicos, por lo que la sociedad no puede desperdiciar su talento y formación", denunció.

Por su parte, Corbacho señaló "el importante salto cualitativo y cuantitativo" registrado en los últimos años en la incorporación de la mujer al panorama laboral. "Las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran un aumento de cuatro millones de ocupadas entre 1994 y 2009 y una disminución de las paradas de dos millones a 1,8 millones de mujeres durante ese periodo", indicó.

No obstante, pese a valorar "positivamente" esta evolución, el ministro advirtió del largo camino que queda por recorrer hasta alcanzar la plena igualdad en el ámbito profesional. "Uno de los grandes problemas de ellas es la temporalidad, pues no se mide de la misma forma", recalcó. Asimismo, afirmó que, en momentos de crisis como el actual, la incorporación de la mujeres consigue que haya mayor cohesión social".

En esta línea, los ministros explicaron que las evaluaciones se llevarán a cabo por provincias en diversos tipos de compañías y sectores laborales, aunque matizaron que se centrarán en aquellas "más susceptibles" de generar irregularidades. Además, añadieron que las consecuencias que tenga para las empresas "dependerá de la inflación del momento".

Finalmente, destacaron que las irregularidades de contratación, como el incumplimiento de contratos o no dar de alta a las empleadas en la Seguridad Social "suponen un notable incumplimiento de la ley", aplaudieron la suma de esfuerzos establecida como vía para seguir avanzando en la detección de episodios discriminatorios y demandaron una mayor concienciación social al respecto.

lunes, 27 de julio de 2009

La Unión Europea aprueba la norma que obliga a registrar y supervisar las agencias de 'rating'

BRUSELAS.- Los países de la UE aprobaron este lunes de manera definitiva y sin discusión una norma que obligará a registrar y supervisar el funcionamiento de las agencias de calificación de riesgos --entre ellas, las tres que dominan el sector, Moody's, Standard & Poor's y Fitch-- tras las insuficiencias detectadas a raíz de la crisis financiera.

El texto aprobado entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Los Estados miembros tendrán 6 meses para aplicar las nuevas disposiciones.

Las agencias de 'rating' han sido acusadas de no avisar a tiempo de los problemas de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos y de tener por ello una gran responsabilidad en la actual crisis financiera.

Para evitar que estos problemas se repitan, la nueva norma pretende garantizar que las calificaciones no se vean afectadas por conflictos de intereses, que las agencias velen de forma constante por la calidad de la metodología empleada y que actúen con mayor transparencia.

El reglamento prevé que el Comité Europeo de Reguladores Bursátiles (CESR), un órgano consultivo creado en 2001, actúe a modo de ventanilla única en la que tendrán que registrarse las agencias de 'rating' que quieran operar en la UE. El CESR tramitará todas las solicitudes de registro e informará a las autoridades competentes en todos los Estados miembros.

Los reguladores nacionales decidirán sobre el registro y también sobre la pérdida de la licencia en caso de incumplimiento de las reglas comunitarias. La norma prevé la creación de un colegio de supervisores, en el que estén representadas las autoridades de los 27, que servirá como plataforma para intercambiar información en materia de supervisión y para mejorar la coordinación.

Para evitar los conflictos de interés entre las agencias y las empresas a las que evalúan, la norma establece que los analistas que elaboran los 'rating' estén sometidos a un mecanismo de rotación. Las agencias deberán desvelar las metodologías que utilizan para elaborar su calificaciones y publicar anualmente un informe sobre transparencia.

Además, no podrán prestar servicios de asesoría y deberán poner en marcha un sistema de control interno de la calidad de sus calificaciones. Su consejo de administración deberá contar con al menos dos miembros independientes cuya remuneración no dependa de los resultados económicos de la agencia.

Estos miembros estarán nombrados para un mandato único de cinco años. Sólo podrán ser destituidos en caso de falta profesional. Uno de ellos, como mínimo, deberá ser experto en seguros y financiación estructurada.

Los Veintisiete dieron también su aprobación a la nueva norma sobre requisitos de capital para los bancos. Su principal novedad es que trata de restringir las inversiones de los bancos comunitarios en productos de alto resgo y evitar así que se repita el 'efecto contagio' que han provocado los activos tóxicos que tienen su origen en las hipotecas de alto riesgo estadounidenses.

Para ello, la norma prohibirá a los bancos de la UE invertir en instrumentos con riesgo transferible, como titulizaciones de créditos, a menos que la entidad que les haya vendido este tipo de producto conserve al menos el 5% como medida de seguridad.

De este modo se garantiza que el creador de estos productos esté expuesto a los mismos riesgos que los bancos que los compran y así no se atreva a vender activos tóxicos porque en última instancia él también resultaría perjudicado.

Además, se limitará también la cantidad de dinero que los bancos pueden prestarse entre sí en el mercado interbancario. La exposición de un banco a otra entidad no podrá superar en ningún caso el 25% de sus fondos propios o bien un límite de 150 millones de euros.

Finalmente, se crearán "colegios de supervisores" para controlar a los grupos bancarios que tengan actividades en más de un Estado miembro. Estos colegios reunirán a las autoridades de control de los diferentes países en los que esté presente la entidad paneuropea.