Las claves del acuerdo PSOE-Unidas Podemos

MADRID.- El PSOE y Unidas Podemos han pactado derogar la reforma laboral del PP, subir los impuestos a las rentas más altas, impulsar "la vía política a través del diálogo" en Cataluña, así como una ley de eutanasia y muerte digna, según el acuerdo para un gobierno de coalición dado a conocer este lunes.

- Derogación de la reforma laboral aprobada por el PP en 2012.

- Aumento de los impuestos en dos puntos a las rentas de más de 130.000 euros y de cuatro puntos a las que superen los 300.000.

- Subida del salario mínimo hasta el 60 % del salario medio.

- Recuperar el papel de los convenios colectivos y derogar los posibles despidos por absentismo causado por bajas por enfermedad.

- Actualizar las pensiones conforme al IPC real mediante una ley y de forma permanente.

- Limitar las subidas abusivas de los alquileres; un plan de vivienda sostenible y simplificación de los trámites para el autoconsumo energético.

- Impulsar en Cataluña "la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo" para buscar una salida al "conflicto".

- Traspasar a Cataluña las competencias pendientes ya reconocidas en materias como becas universitarias, formación sanitaria especializada, salvamento marítimo o legislación laboral.

- Promover "una España fuerte y cohesionada, estructurada a partir de la Constitución y de los Estatutos de autonomía".

- Una nueva ley de Seguridad Ciudadana.

- Llegar al 5 % del PIB en inversión educativa en 2025.

- La asignatura de religión será de carácter voluntario sin que haya otra alternativa y la nota no computará a efectos académicos.

- Una ley de muerte digna y otra de eutanasia, e incluir ambas en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.

- Eliminación progresiva de los copagos sanitarios y derogación de la reforma sanitaria del PP para garantizar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

- Incrementar los recursos del SNS hasta el 7 % del PIB en 2023.

- Garantizar los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres en la sanidad pública.
- Se aprobará una estrategia que aborde el problema del sinhogarismo de forma integral.

- Suspensión del régimen de visitas de los padres maltratadores que cumplan condena o sobre los que pesen medidas cautelares por delitos graves de violencia machista.

- Aprobación de una ley integral contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

- Regulación urgente de los juegos de azar, incluida su publicidad y las apuestas en línea, de forma similar a la del tabaco.

- Una ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad ante todas las confesiones religiosas.

- Una estrategia nacional frente al reto demográfico.

- Una ley de cambio climático y transición energética para alcanzar una generación de electricidad 100% renovable en 2050.

- Una ley de movilidad sostenible, ayudas económicas para el vehículo eléctrico y revisión del modelo de peajes de la red viaria de alta capacidad.

- Flexibilizar el calendario de retorno de la deuda de los parques científicos de las universidades de todo el Estado para permitir su sostenibilidad financiera.

PSOE y Podemos firman un programa de Gobierno para hacer "política útil"

MADRID.- El presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha situado este lunes el acuerdo para un gobierno de coalición con Unidas Podemos en la voluntad de "avanzar sin dejar a nadie atrás" y en la necesidad de reivindicar la "política útil", mientras que Pablo Iglesias ha subrayado su carácter "histórico".

Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, han presentado esta tarde en el Congreso su acuerdo programático para un gobierno de coalición, el primero en España desde se reinstauró la democracia tras el régimen franquista, de cuatro años, que obedece a la "normalidad institucional" y que, en palabras de Sánchez, será una "oportunidad para revitalizar y regenerar la política".
El documento, titulado "Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España", recoge en 51 páginas un compendio de medidas económicas, sociales, feministas contra la corrupción y por el cambio climático, entre otras muchas, y en las que se incluye la derogación de la reforma laboral del PP o la subida del IRPF a las rentas más altas.
En su intervención, Sánchez ha destacado que el "tronco central" del acuerdo es la idea de progreso y ha destacado que el programa está pensado para hacer progresar a un país "que lo tiene todo para ser mejor y referente en multitud de ámbitos".
También esa idea de referencia fue subrayada por Iglesias, que ha asegurado que este gobierno de coalición será el Ejecutivo del "sí se puede" en cuanto a políticas sociales, medioambientales y feministas, además de "la mejor vacuna contra la extrema derecha".
Sánchez ha resaltado que el programa encara "desafíos" para hacer una España "mejor y más solidaria" y con compromisos claros y "una hoja de ruta transparente", que está en el meollo del pacto.
El candidato socialista ha querido dejar claro que en política no vale con estar: "Hay que actuar, aquí y ahora. Y el programa representa la voluntad no sólo de ser gobierno, sino también de hacer gobierno".

"Compartir políticas"

"No sólo vamos a compartir un consejo de ministros, vamos a compartir políticas y propuestas e ilusión por mejorar la vida de la gente" ha dicho.
Sánchez ha insistido en que el nuevo Gobierno "no se rendirá" para llevar adelante las reformas que necesita el país y ha señalado que, si prevalece el espíritu del acuerdo, la nueva legislatura será un "tiempo útil" para España.
Finalmente, el candidato ha reiterado que los gobiernos de coalición son parte de la normalidad institucional, que hay que asumir "con inteligencia, generosidad y con vocación de compartir el poder".
Sánchez ha admitido ser consciente de que no tiene una mayoría, pero ha expresado su voluntad de forjarla "día a día, ley a ley. La voluntad de hacer camino al andar", y todo ello con el "gesto" de "hablar y debatir", por lo que ha pedido al resto de fuerzas que se sumen al desbloqueo.
Para el líder de Unidas Podemos, el objetivo del gobierno de coalición es convertir "la patria en un referente en Europa y en el mundo" en políticas de justicia social, cambio climático e igualdad de género.
A su juicio, el último periodo político ha sido "una década perdida" por la crisis, los recortes sociales y de los derechos y libertades, pero también porque el "conflicto territorial ha sido una realidad permanente muy mal gestionada por la derecha".
Tras firmar el documento programático y dar un apretón de manos a Sánchez, Iglesias ha subrayado que ambos partidos tienen ahora "la obligación" de convertir en políticas de gobierno un acuerdo que "en sí mismo es histórico".
Un programa de gobierno que, a su juicio, combina "la experiencia del PSOE con la frescura de Podemos para afrontar una etapa histórica".
El líder de Unidas Podemos ha agradecido a Sánchez y al PSOE su "enorme generosidad" para hacer posible el primer gobierno de coalición de la democracia. "Va a ser un honor que Sánchez sea nuestro presidente y compartir gobierno con los hombres y mujeres del PSOE", ha añadido.

Subida de los impuestos

En el salón Chimenea de la Cámara Baja con las banderas de España y la UE detrás y sin más decorado que la mesa para la firma y un atril, Sánchez e Iglesias han firmado su acuerdo de Gobierno en presencia de sus respectivos equipos negociadores y cargos del Gobierno en funciones, PSOE y Podemos.
La derogación de la reforma laboral del PP y la subida de los impuestos para las rentas más altas figuran entre los compromisos de la coalición de Gobierno que han sellado Sánchez e Iglesias en un acto sobrio y breve celebrado en una sala de la Cámara Baja.
La firma se ha producido horas después de otra rúbrica, la que han protagonizado Sánchez y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, del acuerdo por el que los seis diputados nacionalistas vascos apoyarán la investidura del líder socialista.
A esta misma hora, además, la ejecutiva de ERC debate las negociaciones con los socialistas y su posible abstención para hacer posible la investidura.
Una abstención que ERC condicionaba a un gesto por parte de la Abogacía del Estado en su informe sobre Oriol Junqueras después de que el Tribunal Superior de Justicia de la UE admitiera su inmunidad como europarlamentario.
La Abogacía del Estado ha solicitado al Supremo que permita que Junqueras pueda tomar posesión como eurodiputado y ejercer sus funciones mientras mantenga ese estatus, al tiempo que urge al tribunal a tramitar "a la mayor brevedad" ante el Parlamento Europeo la suspensión de su inmunidad.

El pacto PSOE-Unidas Podemos prevé subir impuestos a las rentas altas y suavizar la reforma laboral

MADRID.- El PSOE y Unidas Podemos han acordado en su programa de gobierno de coalición derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y subir el Salario Mínimo hasta el 60% del salario medio en España, así como una subida de impuestos a las rentas altas, a partir de  130.000 euros.

Así figura en el documento de 50 páginas titulado 'Coalición progresista: un nuevo acuerdo para España', que presentarán esta tarde los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados, antes de la investidura de Sánchez como presidente de dicho Ejecutivo de coalición.

Ambas formaciones se comprometen a derogar aspectos concretos de la reforma laboral y recuperar los derechos laborales "arrebatados" por la reforma laboral de 2012, para lo que tumbarán la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.

También prometen derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.

Subir de nuevo el salario mínimo

Igualmente, se comprometen a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea, lo que previsiblemente elevaría el SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura, así como simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo y revisar la normativa sobre trabajo a tiempo parcial.
Sobre las pensiones, las formaciones garantizan su actualización conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas y, para ello, eliminarán el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.
Respecto al ámbito fiscal, PSOE y Unidas Podemos mantienen en gran parte las medidas recogidas en el fallido proyecto de Presupuestos de 2019, con algunas pequeñas variaciones. Así, en Sociedades fijarán una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Las pymes que facturen menos de un millón de euros pasarán de tributar de un tipo del 25% al 23%.
En IRPF, se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros.

"Techo" a las subidas del precio del alquiler

El Gobierno de coalición que han pactado el PSOE y Unidas Podemos se compromete a frenar las "subidas abusivas del alquiler" y, para ello, en las zonas más tensionadas, se habilitará a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que, a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento, puedan poner "techo" a las subidas mediante un índice de precios de acuerdo a una metodología "objetiva y sujeto a revisión periódica".
Así figura en el documento de propuestas, en el que se indica que actualmente España está empezando a asistir a un incremento paulatino de los precios del alquiler, singularmente en determinadas zonas del país, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar medidas para asegurar el acceso a la vivienda a precios razonables.
Así, se tomarán en cuenta los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistemaReferencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha, y en el caso de los ayuntamientos que así lo consideren, podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento "abusivo y sostenido" de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda.
El objetivo de los índices de referencia, según el documento, es que los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda enalquiler.
Por ello, contempla la suscripción de "convenios bilaterales" con las ciudades donde se dan situaciones "de mercado tensionado" del precio del alquiler que permita hacer frente a las necesidades específicas en materia de vivienda, y en dichos convenios se establecerán las obligaciones de las partes firmantes.

Sacar al mercado vivienda vacía

Asimismo, ambos partidos apuestan por establecer un marco legal que defina los conceptos de 'vivienda vacía' y 'gran tenedor de vivienda' y ponga a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas para su detección y diagnóstico.
A su vez, se definirá una política específica en esta materia, que permita establecer en los distintos supuestos del fenómeno (inhabitabilidad, grandes tenedores, inseguridad para su alquiler, etc.) las medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizar vivienda vacía, en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la Administración competente para poner a disposición delmercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables.

Sareb y alquileres sociales

Con la misma finalidad, el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos elaborará un plan de actuación de la Sareb para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales.
En materia de vivienda de protección pública se comprometen a elaborar una normativa que garantice su explotación "únicamente" para alquiler de personas vulnerables, "evitando que sean vendidas o explotadas por 'fondos buitre'", al tiempo que se movilizará suelo público para vivienda en alquiler social o asequible, coninstrumentos financieros a través del ICO y el BEI para la promoción de viviendas en alquiler.
Junto con los convenios bilaterales en las ciudades con los precios de alquiler más altos, PSOE-Podemos reorientarán el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación en coordinación con las comunidades autónomas. Para ello, se movilizará el suelo público que se encuentre disponible, se facilitará una línea de financiación para que las comunidades autónomas puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas y se adoptarán medidas para agilizar los trámites en la concesión de licencias.

Protección  a las personas hipotecadas

El programa de Gobierno en materia de vivienda también contempla medidas de protección a las personas hipotecadas, como la mejora de la transparencia de las condiciones de contratación y de sus implicaciones económicas y jurídicas, al tiempo que el procedimiento de ejecución hipotecaria deberá garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario, de acuerdo con lo que establece lanormativa europea.
Igualmente, se impulsarán los mecanismos para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias sobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación de vulnerabilidad, y se reforzará la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales en caso de ejecución hipotecaria para evitar las situaciones de desamparo y exclusión residencial.

Plan de rehabilitación

Por último, ambos partidos se comprometen a poner en marcha un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, complementario al Plan Estatal de Vivienda, que incluya financiación específica para la vivienda destinada al alquiler, incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles.
El plan, que tendría una duración de cuatro años, tendrá como objetivo la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, la reducción de la factura de la luz y la accesibilidad e incluirá ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en zonas menos pobladas y de colectivos vulnerables.
Las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de programas de apoyo financiero para la adopción de tecnologías más eficientes.

PSOE y Unidas Podemos pactan derogar la 'ley mordaza' y auditar los bienes expoliados por el franquismo

MADRID.- El PSOE y Unidas Podemos han acordado sustituir la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que se refieren como 'ley mordaza', por una nueva norma que "garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica", y auditar los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus titulares.

Estas son dos de las medidas incluidas en el pacto para un Ejecutivo de coalición "progresista" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han presentado este lunes en el Congreso de los Diputados.

En el apartado 'Nuevos derechos y memoria democrática', el PSOE y Unidas Podemos se comprometen a aprobar "a la mayor brevedad" una nueva ley de seguridad ciudadana que sustituya a actual y que se basará en "una concepción progresista de la seguridad ciudadana" y "priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía".

En particular, la nueva norma regulará el derecho de reunión, la identificación y registro corporal y la identificación de los agentes policiales, según precisan. 

Además, derogará el artículo 315.3 del Código Penal, que prevé multas o penas de prisión de hasta tres años para quienes, de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.

Recuperación del Pazo de Meirás

En el mismo apartado se incluye un punto titulado 'Recuperación de nuestra memoria democrática', en el que ambas formaciones políticas acuerdan "auditar los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares".

Aquí mencionan específicamente la "recuperación inmediata" del Pazo de Meirás para el patrimonio público. Este pazo señorial, situado en Sada (La Coruña), fue la residencia estival del dictador Francisco Franco hasta su muerte y sus herederos lo han mantenido como parte de su patrimonio.

Asimismo, los socialistas y el partido morado han pactado implementar un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes y declarar nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la Guerra Civil o la dictadura por motivos políticos.

También en relación con este tema, acuerdan desarrollar "actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura" -el 31 de octubre se declarará como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo y el 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio-, retirar la simbología franquista de los lugares públicos y prohibir la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público.

En último lugar, se comprometen a "estudiar todas las vías legales" para retirar las condecoraciones concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo, así como las prestaciones asociadas.

Recuperación de la Justicia universal

En el ámbito de la justicia, el documento prevé la recuperación de la justicia universal, que fue limitada en 2014, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. También incluye el compromiso de sustituir el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el plazo máximo de instrucción de los procedimientos penales, establecido actualmente en seis meses prorrogables, "por ser una limitación para la lucha contra la corrupción".

Igualmente, el PSOE y Unidas Podemos promoverán un pacto de Estado para la modernización de la Administración de Justicia, con el fin de agilizar la tramitación de los expedientes judiciales, y buscarán mejorar el sistema de acceso a la carrera judicial, previendo "mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes".

Por otro lado, el acuerdo presentado este lunes contiene un apartado dedicado a la regeneración democrática y la transparencia. Aquí se menciona, por ejemplo, un plan nacional contra la corrupción que "estudiará la reforma del Código Penal" e incluirá la ampliación de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinadas a luchar contra la corrupción y los delitos económicos.

Ley integral contra la corrupción

Además, impulsarán una ley integral contra la corrupción que incorporará un Estatuto del denunciante, abordarán la regulación de los 'lobbies' o grupos de presión y regularán "de manera más efectiva" las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos, endureciendo las sanciones por su incumplimiento.

En este ámbito se incluye asimismo una reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, acciones para "reforzar la lucha contra los 'cárteles' en la contratación pública, desincentivar los fraudes, compensar el sobrecoste, resarcir los daños provocados y aumentar la transparencia", y restringir los aforamientos políticos reconocidos en la Constitución, "limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público".

El acuerdo suscrito también recoge una serie de cambios en el sistema electoral, como la eliminación del voto rogado en las elecciones autonómicas, generales, y europeas y municipales y el establecimiento de listas cremallera en todos los procesos "para garantizar la presencia de mujeres en las instituciones".

Asimismo, el PSOE y Unidas Podemos prometen trabajar "para conseguir un amplio consenso que permita modificar la fórmula electoral para mejorar la proporcionalidad del sistema" y abrir, en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a las personas jóvenes de 16 y 17 años.

Erradicar los discursos de odio

Por último, el documento aboga por fortalecer un marco integral legislativo y político que "erradique los discursos y los delitos de odio" para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y con especial atención sobre grupos de especial protección.

A continuación, apuesta por garantizar el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas, así como la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, e "impulsar la formación de todos los operadores jurídicos, administrativos y sociales que intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos humanos".

El Gobierno quiere "retocar" la reforma laboral antes de las elecciones generales

MADRID.- La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha asegurado este lunes que "todavía quedan días" para sacar adelante algunas medidas que tiene ultimadas su Departamento antes de las elecciones, como "algunos retoques" a la reforma laboral o cambios en materia de pensiones.

En una entrevista en Telecinco, la titular de Trabajo ha explicado que no se trata de "hacer grandes reformas" sino de "darle un pequeño empujón" a cuestiones que están muy debatidas, tanto en las mesas de diálogo social -con patronal y sindicatos- como en el Congreso de los Diputados.
Así, ha recordado que los grupos parlamentarios llevan tiempo trabajando en la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para modificar los términos de la subcontratación, para establecer la primacía del convenio de sector, en algunos aspectos, sobre el convenio de empresa, y para implantar el registro horario.
Asimismo, el Pacto de Toledo lleva más de dos años trabajando para lograr un acuerdo en materia de pensiones, al igual que los interlocutores sociales, ha dicho la ministra, quien ha recordado que "son temas que están tan debatidos ya y con preacuerdos que solo hay que dar un pequeño empujón para sacarlos adelante".
"Evidentemente, vía Ley sería imposible, pero, en fin, todavía quedan días hasta la disolución de las Cámaras, y luego sigue funcionando la Diputación Permanente, o sea, que todavía queda tiempo", ha añadido Valerio.
"Me gustaría concluir de la mejor manera que sea posible la tarea que me encomendó el presidente del Gobierno", ha reconocido la ministra, para recordar que "todavía tengo en cartera, prácticamente ultimado, un plan de retorno" para que las personas que se marcharon fuera a trabajar en esta última década puedan regresar si así lo desean.
También, ha dicho que tiene "entre manos un plan para parados de larga duración, en especial para mayores de 45 años".
Preguntada por los expedientes de regulación de empleo (ERE) que han anunciado últimamente varias empresas como Dia o Santander, la ministra ha explicado que estos despidos "son negativos ocurran en el momento que ocurran" y ha recordado que, tras la reforma laboral del PP, el Gobierno ya no tiene competencia para denegar o autorizar, sólo para mediar.

El Gobierno planea revertir la reforma laboral por decreto antes de las elecciones

MADRID.- El Gobierno planea revertir aspectos de la reforma laboral del PP de 2012 vía Real Decreto Ley antes de las elecciones generales, así como sacar adelante otros cambios en materia laboral como la ampliación del permiso de paternidad o el establecimiento de un control de la jornada en las empresas.

Lo confirman fuentes gubernamentales después del rechazo a los Presupuestos Generales del Estado para 2019 -en los que se incluían algunas de estas medidas- y de la convocatoria anticipada de elecciones generales que hará decaer otras medidas que estaban en tramitación parlamentaria.

Tras el no a las cuentas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consideraba esta semana "complicado" gobernar vía Decreto Ley, si bien no descartaba utilizarlos para aprobar algunas medidas en las que trabajaba el Gobierno.

"Daremos soporte a los Departamentos Ministeriales para que puedan desarrollar los flecos de las políticas que en este momento estaban culminando su tramitación o aquellas cuestiones que sean de urgente necesidad", dejaba claro la ministra, al tiempo que aludía a "un margen pequeño" de cambios en las cuentas prorrogadas.

También la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, insistía esta semana en una entrevista en televisión en que "el Gobierno, el tiempo que tenga, va a seguir, aunque sea vía Decreto Ley, recuperando derechos que son buenos para millones de ciudadanos en España".

En este sentido, su departamento trabaja para rescatar algunos asuntos que iban en los Presupuestos para 2019 rechazados, como la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas, la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años o la cotización para cuidadoras no profesionales de personas dependientes.

Junto con estas medidas, el Gobierno planea revertir algunos puntos de la reforma laboral de 2012 -cuya tramitación a través de una proposición de Ley estaba muy adelantada en el Congreso-, que incluyen la subcontratación, y la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos (prórroga automática indefinida).

Además, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa "en algunos aspectos" y la implantación de un control horario de la jornada.

El establecimiento de un registro horario en las empresas ha sido solicitado en numerosas ocasiones por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ante la imposibilidad a la que se enfrenta para detectar contratos a tiempo parcial fraudulentos o horas extra que no se pagan o no se cotizan.

Que salga adelante esta iniciativa es y ha sido el "plan A" del Gobierno, que nunca ha escondido tener un "plan B" con el beneplácito de los sindicatos para sacar adelante estos cambios laborales.

En esta línea, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, instaba esta semana al Gobierno a aprovechar "los viernes" que quedan de Consejos de Ministros antes de las elecciones para sacar adelante cambios laborales.

Para el líder de CCOO es fundamental revertir los efectos de las reformas y, en concreto, ha recordado el pacto alcanzado con el Ministerio de Trabajo para atajar la subcontratación, evitar la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, establecer un control de la jornada y permitir el subsidio a partir de 52 años.

Pero también derogar el factor de sostenibilidad de la reforma de las pensiones de 2013, que ligaba la pensión inicial a la esperanza de vida, e introducir un nuevo índice de revalorización vinculado al IPC, llevando este "acuerdo político" a la Ley General de la Seguridad Social.

En este sentido, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aseguraba que está muy avanzada y "en puerta de salida" la derogación de la reforma de las pensiones, ya que la indexación por ley de las pensiones al IPC "está ultimada".

El Decreto Ley del pasado 28 de diciembre, con el que se revalorizaron las pensiones para 2019, incluía inicialmente la derogación del índice de revalorización de las pensiones (IRP) del PP, que ligaba su subida a la situación financiera del sistema y solo garantizaba un incremento mínimo del 0,25 % anual mientras la Seguridad Social estuviera en déficit.

Finalmente se sacó de la norma la fórmula que obligaba a subir las pensiones a comienzos de cada año de acuerdo a la variación media prevista del IPC, teniendo en cuenta las inflaciones anuales de cada uno de los meses comprendidos entre diciembre del año anterior y noviembre del ejercicio en que se aplica la revalorización.

Esta fórmula podría recuperarse también a través de un Decreto Ley antes de que lleguen las elecciones, según fuentes sindicales.

Mili obligatoria, la solución de Sarkozy para los ninis franceses

PARÍS.- El expresidente conservador francés Nicolas Sarkozy, candidato a las primarias del centro-derecha para las elecciones presidenciales, subrayó este miércoles su intención de implantar un servicio militar obligatorio para los jóvenes desempleados.

“Todo joven de 18 años que no tenga empleo o formación se verá obligado a participar en un servicio militar en el que aprenderá a levantarse pronto, a respetar la disciplina e incluso a hablar francés“, indicó en su intervención en la universidad de verano de la patronal francesa, Medef.

El exjefe de Estado, que tiene la vista puesta de nuevo en El Elíseo, insistió en una idea avanzada el pasado abril cuando todavía era presidente de su agrupación política, Los Republicanos.

Su propuesta, según destacó este miércoles, va principalmente orientada a aquellos que han abandonado el sistema escolar.

De ganar las primarias de la derecha y alcanzar después la presidencia de Francia en 2017, apostó igualmente por enviar a internados con un control reforzado a quienes “hacen la vida imposible” al resto de alumnos en las escuelas o institutos.

“Y a los padres que no quieran que sus menores vayan se les suspenderán inmediatamente las ayudas familiares y sociales”, advirtió Sarkozy, que anunció de forma clara su renovada ambición presidencial con el lanzamiento la semana pasada de su libro “Tout pour la France” (Todo por Francia).

UPyD reivindica en el Día de la Región reformas que acerquen las instituciones a los ciudadanos

MURCIA.- La responsable regional de UPyD, Fuensanta Máximo, ha reivindicado en el Día de la Región reformas y cambios que acerquen las instituciones regionales a los ciudadanos y la reforma de la Ley electoral para que entre en vigor en los comicios autonómicos de 2015.

   Máximo cree que es imprescindible que las instituciones autonómicas, y de forma singular la Asamblea Regional, sean percibidas "con proximidad" por los ciudadanos y para eso son necesarios cambios que lo permitan, según han informado fuentes de la formación 'magenta' en un comunicado.

   En este sentido, considera que hay medidas de transparencia y accesibilidad que deberían abordarse "porque la desafección de los ciudadanos hacia la política y en particular hacia las instituciones autonómicas, solo puede vencerse con la percepción de que la  acción política sirve para resolver los problemas".

   Igualmente, Máximo ha resaltado también que la reforma de la Ley Electoral, "es una de las principales medidas que se deben abordar para la regeneración democrática en la Región". Además, ha apremiado a los grupos de la Asamblea para que concluyan la reforma en esta legislatura.

   La propuesta de reforma que UPyD entregó a los tres grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, hace ahora un año, contempla una circunscripción única para toda la comunidad autónoma, en lugar de las cinco que hay ahora, que rebaje del cinco por ciento actual al tres por ciento el porcentaje mínimo para poder acceder a escaño, así como que contemple listas desbloqueadas.

   Y es que, la formación 'magenta' piensa que la actual Ley, en vigor desde la primera redacción del Estatuto de Autonomía, en 1982, "ha quedado desfasada y ya sólo sirve a los intereses del bipartidismo". En su momento, se buscaba asegurar la formación de mayorías de gobierno, evitando la atomización de la Asamblea y facilitando la gobernabilidad.

   Sin embargo, en la actualidad las circunstancias han cambiado, y el umbral del 5 por ciento para obtener escaño "impide que fuerzas políticas más pequeñas accedan a la Asamblea y aporten mayor pluralidad a la Cámara". Por ello, UPyD pide "que se rebaje al 3 por ciento el porcentaje mínimo para obtener escaño".

   Por otra  parte, la división de la Región en cinco circunscripciones electorales provoca una disminución de la proporcionalidad en el sistema electoral. Para UPyD, "la Asamblea representa a ciudadanos, no a territorios, pues son los primeros los sujetos de derechos. Por esta razón, deben desaparecer las cinco circunscripciones actuales, quedando reducidas a una única circunscripción para toda la Región".

   Además, el sistema de listas cerradas y bloqueadas "resulta negativo porque limita la capacidad de elección, supone una lejanía del ciudadano con el diputado, una menor rendición de cuentas individual y un excesivo poder de las cúpulas de los partidos políticos", apunta.

   Por ello, en su propuesta pide que "se estudie y establezca un sistema de listas desbloqueadas que permita al elector interactuar, en el orden de los candidatos de las respectivas listas electorales presentadas por los partidos políticos a las elecciones".

   Al hilo, la responsable de UPyD ha señalado que su partido ha apostado por la reforma de la ley desde que se constituyó como partido y comenzó su actividad política en la Región.

   Finalmente, ha recordado que UPyD registró en la Asamblea Regional en el mes de marzo de 2010 su solicitud de reforma dirigida a los tres Grupos Parlamentarios. "Creo que no hay duda de que la reforma es una medida básica para mejorar la calidad democrática en la Región", ha subrayado.

Gobierno y FEMP harán una propuesta conjunta sobre la reducción de concejales

MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) realizarán una "propuesta conjunta" en relación con la reducción de concejales y la "homogeneización" del sueldo de los alcaldes y ediles.

   Así lo ha anunciado el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, después de mantener un encuentro en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, un encuentro que ha calificado de "francamente positivo" y que ha durado casi dos horas.

   "Hemos trasladado al presidente nuestra visión y hemos acordado realizar una propuesta conjunta del Gobierno y las entidades locales. No somos ajenos al debate. Consideramos que todos tenemos que hacer un esfuerzo y ver cuál es la situación real de los concejales en las entidades locales", ha señalado, para recordar, no obstante, que en lo que se refiere a los sueldos, hay municipios en los concejales "no reciben ningún tipo de retribución salarial".

   En este sentido, De la Serna le ha mostrado al presidente del Gobierno la disposición de la FEMP de llegar a un "acuerdo conjunto" de Gobierno central y entidades locales sobre sueldos y reducción de concejales, si bien ha precisado que en lo que se refiere a los salarios, son partidarios de que la "propuesta inicial de debate" salga de la Federación.

   "Dentro de la Federación tenemos que abrir ese proceso y someterlo a los grupos políticos", ha aclarado, para añadir que la vía por la que apostaría el Gobierno sería la de "homogeneizar" los salarios. "Todo parece indicar que la propuesta iría por esa vía, pero hay que esperar a que esa propuesta esté encima de la mesa", ha advertido.

   Ante la propuesta inicial de reducir un 30 por ciento el número de concejales recogida en el borrador de la Ley de gobierno local, ha dicho que fue "una estimación orientativa" y que ahora se ha abierto un "proceso de negociación común".

   En este sentido, el presidente de la FEMP ha subrayado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presentó este verano un "documento base" que "está siendo modificado" y que esperan contar con el nuevo texto en breve para seguir trabajando y alcanzar un acuerdo.

   Finalmente, De la Serna ha precisado que la homogeneización de sueldos y la reducción del número de concejales no formará parte de la ley para la reforma de la Administración Local en la que trabaja el Gobierno, ya que se trata de materias reguladas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). "Nunca ha formado parte", ha reiterado.

Asmussen insta a España a reformar la banca y la financiación de las CCAA

ÁMSTERDAM.- El representante alemán en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), Joerg Asmussen, ha elogiado las reformas emprendidas hasta ahora por el Gobierno español, pero le ha instado a acometer una reforma del sistema bancario y del sistema de financiación de las comunidades autónomas.

   "La pelota está en el tejado de España", ha afirmado Asmussen en una entrevista publicada este sábado por diario vespertino holandés 'NRC Handelsblad'. "España ha hecho mucho, en particular con la reforma del mercado laboral, pero el país debe hacer aún más", ha indicado.

   Debe "reestructurar los bancos. Aún estamos esperando una evaluación de lo que se necesita hacer. La evaluación externa de la calidad de los activos aún no ha sido terminada. Y más aún, es necesario reorganizar la financiación de las regiones", ha opinado.

   Más en general, en cuanto a la crisis de la deuda soberana, Asmussen ha elogiado el nuevo sistema de intervención, ya que "los países ahora tienen que cumplir estrictas condiciones" antes de que el Banco Central Europeo compre deuda.

   En cualquier caso, ha defendido la permanencia de Grecia en el euro, ya que sería "costoso tanto para Grecia como para los países exportadores de la eurozona".

 "Tendría efectos que irían más allá de Grecia", ha advertido.

Montoro y Cospedal analizarán con los consejeros de Hacienda del PP los planes de ajuste antes del CPFF

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, analizarán este jueves con los consejeros de Hacienda de este partido los planes de ajuste que han presentado sus comunidades.

   Esta reunión, en la sede nacional del PP de Madrid, se producirá unas horas antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que se someterán a examen los planes de todas las CC.AA. para cumplir con el déficit máximo del 1,5 por ciento del PIB para 2012.

   El encuentro previo de Montoro y Cospedal con sus consejeros de Hacienda servirá además para coordinar posiciones y unificar el mensaje del Partido Popular antes del 'examen' que deben pasar todas las comunidades en la reunión del CPFF.

   Por lo pronto, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha reconocido que esos planes de saneamiento son "satisfactorios en general", aunque no se descarta que algunas autonomías tengan que introducir aún algunos cambios. De hecho, está previsto un segundo CPFF para dentro de dos semanas con el objetivo de dar el aprobado definitivo a las cuentas autonómicas.

   Aparte del ministro de Hacienda y la secretaria general del PP, está previsto que la reunión de 'Génova' cuente además con la asistencia de los portavoces parlamentarios en el Congreso y en el Senado, Alfonso Alonso y José Manuel Barreiro, así como los de Andalucía, Asturias, Canarias y Cataluña (autonomías en las que no gobiernan los 'populares').

CiU cree que los recortes son "humo" de cara a Europa

BARCELONA.- El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, ha asegurado que los recortes de 10.000 millones de euros en educación y sanidad previstos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son "humo" y no podrán aplicarse al ser competencias transferidas a las comunidades, por lo que cree que se trata de un anuncio de cara a la Unión Europea (UE).

   En rueda de prensa este domingo tras la reunión de la Ejecutiva Nacional de CiU, ha cifrado en 1.700 millones el ahorro que, por porcentaje de población, estos recortes supondrían para Cataluña si se aplicaran.

   Por ello, ha criticado que el Gobierno no se atreve a tomar medidas "y las pocas que han tomado y publicado en el BOE, invaden algunas de las competencias transferidas".

   Duran ha señalado como otro de los motivos para rechazar los presupuestos que éstos son "discriminatorios para las comunidades en general y Cataluña en particular".

   El portavoz de la federación en Madrid considera que si Rajoy pidió aumentar el objetivo de déficit del Estado debido a la "herencia socialista", ahora debería permitir que las comunidades que han cambiado de gobierno, como Cataluña y Castilla-La Mancha, hagan lo mismo.

   Por ello, dos días después de que la federación presentara una enmienda a la totalidad de los presupuestos, ha advertido de que no hay "margen de negociación" para retirarla.

   En su opinión, sí hay dinero para Cataluña pero se destina a otros fines, como la línea del AVE a Extremadura y Galicia, y el Museo del Prado de Madrid.

   Duran se ha referido también a las declaraciones este sábado del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, a quien ha recalcado que el Estado debe 759 millones de euros "como mínimo, más otros convenios que tampoco se han liquidado".

   Tras lamentar que no hay ninguna partida prevista para saldar la deuda, ha afirmado que la federación se conformaría con una declaración de principios: "Luego ya nos pondríamos de acuerdo en cómo y cuándo pagar", ha declarado.

Según De Guindos, las próximas reformas del Gobierno serán en sanidad y educación

FRANCFORT.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que las próximas reformas que acometerá el Gobierno serán en sanidad y educación. Además, ha asegurado que España "se sobrepondrá" a la crisis económica y que "saldrá reforzada". 

   En una entrevista concedida al diario alemán 'Frankfurter Allgemeine', De Guindos ha descartado que España vaya a seguir los pasos de Grecia, Irlanda y Portugal. "Nos sobrepondremos y saldremos incluso más reforzados sin la ayuda exterior", ha subrayado. "España es un país que ha cometido muchos errores en el pasado y ha acumulado desequilibrios, pero ahora estamos trabajando para corregir dichos problemas", ha indicado De Guindos.

   Para ello, el ministro de Economía ha confirmado que el Gobierno emprenderá reformas en los "servicios públicos, máxime, en sanidad y en educación". Esto supondrá, en palabras de De Guindos, "una racionalización del gasto de las comunidades autónomas". Asimismo, las reformas tendrán como objetivo "mejorar el funcionamiento de los mercados" y, por ende, el del "mercado de alquileres, así como la liberalización del comercio y en los servicios profesionales".

   En este sentido, también ha remarcado la reestructuración del sector bancario, en el que "los más débiles, desaparecerán". Así pues, "tendremos un sector financiero más sano con menos bancos, pero más fuertes", ha sentenciado.

   De Guindos ha sostenido que España "pondrá en orden" las finanzas públicas. "Hemos heredado un legado muy malo, pero lo aceptamos, y ahora hemos de hacer lo que no se ha hecho en los últimos cuatro años en los próximos seis meses", ha defendido De Guindos, que ha reiterado que España "volverá a ser un socio de confianza en la Unión Europea (UE).

   No obstante, interpelado por la confianza que profesan los mercados por el Gobierno de Rajoy, De Guindos ha argüido que cuando los inversores a "estudien los nuevos presupuestos, responderán de forma positiva". La prima de riesgo española ha alcanzado su máximo en más de cinco meses, justo cuando el Ejecutivo ha aprobado los primeros presupuestos de la legislatura.

   Al respecto, De Guindos ha achacado esta reacción al temor de que los presupuestos "socavaran el crecimiento económico", ante lo cual, "el Gobierno ha de reformar al mismo tiempo el mercado laboral, el sector bancario y en otras áreas para demostrar en las próximas semanas que (España) volverá a crecer en el medio plazo".

   Si bien ha admitido que "este año será difícil", De Guindos ha abogado por que 2012 sea el año en el que se asiente "la base de la recuperación" y ha rechazado "crear falsas expectativas".

   "España tiene un problema de financiación. Si los mercados no reconocen la consolidación (fiscal), todavía pueden incrementar el coste de las finanzas públicas. Esto podría conllevar dificultades para el sector privado". Por esta razón, De Guindos considera que "el control del déficit es esencial" y "la consolidación fiscal inevitable".

   "El anterior gobierno dejó un déficit del 8,5 por ciento en lugar del 6 por ciento previsto. Por ello, hemos de emprender un esfuerzo adicionales y, además, en un contexto de recesión. Sobre todo, debemos recuperar la confianza en la economía española. Esto no implica únicamente que tengamos un déficit del 5,3 por ciento este año, sino que éste sea del 3 por ciento el año próximo. Estamos firmemente comprometidos con esta meta", ha manifestado De Guindos.

   Sin embargo, estas "medidas extraordinarias en tiempos extraordinarios" también se encaminarán hacia tres importantes vértebras de la economía española: la reducción de la tasa de desempleo, "el verdadero talón de Aquiles", de acuerdo con De Guindos; la economía sumergida y el crecimiento económico.

   Sobre el último de estos ejes, el ministro de Finanzas ha vaticinado "una ligera mejora" después de que este año la economía española se contraiga un 1,5 por ciento. Para revertir esta coyuntura, De Guindos ha apelado por "suprimir el déficit comercial", "reducir la inflación por debajo de la media europea" y aumentar la competitividad. Será el sector servicios y el turístico los que certifiquen tal mejoría económica, ha apuntado.

Zoido reconoce que hay municipios "muy pequeños" que tendrán que fusionarse

SEVILLA.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ignacio Zoido, ha reconocido que hay "muchísimos municipios que son muy pequeños" que habrá que fusionar porque "quizás no tenga sentido se mantengan" como tal en el "Estado moderno que hay hoy en España".

   En este sentido, Zoido ha señalado que será necesario llevar a cabo un "estudio detallado" sobre la viabilidad de las localidades más reducidas. "Hay municipios pequeños que tienen que fusionarse", ha recalcado en una entrevista en la Cope.

   Por otra parte, ha manifestado que "el futuro de las diputaciones provinciales debe quedar despejado" porque, aunque "son necesarias sobre todo para prestar servicios en los municipios pequeños, que de no ser por las diputaciones difícilmente se pueden prestar, tienen que ser redimensionadas".

 "No cabe la menor duda", ha apostillado.

   Asimismo, se ha referido a la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) celebrada ayer y ha valorado positivamente las medidas que está desarrollado el Gobierno de Mariano Rajoy "para afrontar los problemas que tienen los ayuntamientos" y "para acabar con las deudas que asfixian a muchos pequeños y medianos empresarios y sobre todo a los autónomos".

   Sobre este asunto, ha afirmado que, en lo que se refiere al pago de facturas por parte de los ayuntamientos a sus proveedores, éstos "no tienen por qué hacer ninguna quita". "Vamos a seguir como es lógico la antigüedad en las facturas para saldar aquellos proveedores que llevan más tiempo esperando", ha explicado.

Juan Antonio Sagardoy asegura en Murcia que con la Reforma Laboral "llega la hora de los empresarios"

MURCIA.- Juan Antonio Sagardoy, catedrático de Derecho del Trabajo, se ha mostrado taxativo en el encuentro mantenido este jueves en Murcia dentro del III Foro de Economía Global, que reunió a 200 directivos, empresarios y representantes institucionales, y ha manifestado que "con la Reforma Laboral llega la hora de los empresarios".

   Aunque la crisis se alargue un tiempo, "el Real Decreto ofrece buenas expectativas para el mercado de trabajo", añadió el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, considerado uno de los mayores especialistas españoles en Derecho Laboral.

   Para el reconocido especialista "el empresario no va a ir a la caza del trabajador", por contra, a su juicio, este nuevo marco generará empleo mucho antes.

   El acto, organizado por la Asociación de Directivos de Empresa de la Región de Murcia (Adimur), estuvo presidido por Juan Bernal, Vicepresidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma, pero también asistieron los consejeros de Universidades, Empresa, e Investigación, José Ballesta; el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca; y el de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, Sotoca; así como representantes del mundo empresarial como Tomás Fuertes.

   Tras las argumentaciones de Sagardoy, el presidente de Adimir, Juan Cosme García, aseveró que "en estos tiempos los directivos somos la fuerza tractora que impulsa a nuestras empresas hacia el crecimiento, contribuyendo al bienestar y desarrollo de nuestra Región".

   "Nuestra responsabilidad es muy importante y tenemos que ser conscientes de que, de nuestras decisiones, depende en gran medida la seguridad, el progreso y el bienestar de muchos trabajadores, así como la continuidad de las empresas, por eso debemos procurar una mayor sintonía entre nuestra responsabilidad real y la percepción que nosotros mismos, como directivos, tenemos", aseveró.

   Después de las primeras semanas de aplicación de la esperada Reforma Laboral aprobada mediante Decreto-Ley, el pasado 10 de febrero de 2012, se ha convertido en foco de las críticas de sindicatos y partidos de la oposición, además de abrir nuevas expectativas en la contratación empresarial.

   Juan Cosme García ha señalado, por su parte, que "eventos como el hoy contribuyen desde la sociedad civil a crear estados de opinión que pueden ayudar a redibujar actuaciones por parte de nuestros gobernantes".

   Y ha añadido que "el Foro de Economía Global se consolida como un espacio de referencia en nuestra Región destinado al intercambio de ideas, conocimiento y reflexión entre el sector privado (directivos y empresarios) y el sector público (representantes de la administración regional y nacional)".

   Por último, Juan Cosme García, como directivo, ha manifestado que "tenemos también la obligación de aportar ideas que mejoren las oportunidades laborales, de contratación y empleabilidad, sin menoscabar la seguridad jurídica y económica de los trabajadores".

   A su parecer, "debemos actuar como nexo de unión entre trabajadores y empresarios con el fin de mejorar la comunicación y las relaciones dentro de la empresa".

   En tono de alta responsabilidad, el presidente de Adimur, hizo hincapié en que "la reforma laboral, aún siendo necesaria, no será capaz de crear por sí misma más puestos de trabajo. Será necesario que fluya el crédito y que la administración aborde con firme determinación el problema de la morosidad a empresas y autónomos".

   En todo de optimismo contenido, Juan Cosme García, concluyó diciendo que "durante este año trabajaremos en seguir aportando propuestas -como parte de la sociedad civil de nuestra Región- en ámbitos importantes como la energía, el sistema sanitario, el comercio o el turismo".

   "No solamente a los responsables del Gobierno en nuestra Comunidad, sino también queremos elevarlas, a través de las vías que ya hemos abierto, a los representantes de nuestra Región en las Cortes Generales", finalizó.

Rosa Díez asegura que "España parece de todo menos un país" y destaca las "extravagancias" de los ayuntamientos

MURCIA.- La diputada nacional y portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha declarado en Murcia que "España parece, desde el punto de vista municipal, de todo menos un país". Y es que, alertó, no parece que exista la misma ley electoral, la misma ley de régimen local, los mismos reglamentos sometidos a la misma ley, "las cosas son tan pintorescas, extravagantes y extrañas" que, aseguró, "vamos a escribir un libro contando estas experiencias que creo incluso que será un best-seller".

   Hay tal opacidad y tan poca transparencia en los ayuntamientos en general, indicó, que sorprende, de hecho, "a los concejales de un ayuntamiento importante de la Comunidad de Madrid se les facilita una tarjeta para que puedan aparcar en doble fila" y aunque parece una anécdota, "esto está institucionalizado y ocurre desde siempre".

   A lo que se une, por ejemplo, la figura del vocal vecino, también en Madrid, que no los elige nadie, son ayuntamientos paralelos "y pagamos todos --entre 800 y 1.200 euros por unos 500 que existen en cada distrito--".

   Un ejemplo, aseveró, "de perversión, picaresca y corruptela, y como nadie lo sabe, nadie puede controlarlo ni opinar y al final lo estamos pagando entre todos algo que no beneficia al ciudadano". De esta forma, sostuvo, "tu tienes tu red clientelar como partido, has nombrado a un montón de ellos a los que le pagas mil euros al mes y matan por ti, y ganas todas las asambleas que haya que ganar".

   Es por ello que UPyD, que ha organizado en Murcia una jornada de trabajo a la que han asistido concejales del partido de todas las capitales de provincia españolas donde la formación ha conseguido representación, así como los siete ediles que UPyD tiene en la Región y los miembros del Consejo Territorial con el fin de poner en común líneas básicas de actuación en los Ayuntamientos, propone la reforma de la Constitución para definir con claridad la lista de competencias de cada entidad territorial, los instrumentos de cooperación, coordinación y solidaridad, "así como las reglas de financiación".

   Además, Unión, Progreso y Democracia propone la reforma de la Ley Electoral General para garantizar la igualdad del voto de los ciudadanos y para superar el bipartidismo e imperfecto inducido por una ley "injusta".

   Otras de las propuestas de UPyD, presentadas en el Debate del Estado de la Nación "y que no obtuvieron respuesta por el Gobierno", y que "son imprescindibles para salir de esta crisis política y económica", son la separación efectiva de poderes y restauración de la autonomía del Poder Judicial y la instauración de la igualdad efectiva de los ciudadanos con independencia del lugar donde residen mediante la restitución al Estado de las competencias necesarias para garantizar sistemas comunes de educación, sanidad y servicios sociales.

   Tras lo que resaltó la necesidad de terminar con las diputaciones  provinciales, "que sirve para colocar excedentes del PP y PSOE", así como "agrupar municipios", pues, informó, "si agrupáramos los municipios de 5.000 habitantes, serían más de 3.000 millones de euros al año que se podrían dedicar a prestación de servicios verdaderamente esenciales y de calidad para los ciudadanos".

   En el caso de que fueran municipios de alrededor de 15.000 habitantes se conseguirían más de 20.000 millones al año.

   UPyD porpone, además, la superación de la provisionalidad, la reforma del mercado laboral, la derogación de las normas intervencionistas "que han acabado con la unidad de mercado y la movilidad de profesionales, empresas y trabajadores", la eliminación de todas las duplicidades administrativas e iniciativas de transparencia y lucha contra la corrupción "para la regeneración democrática y para que los ciudadanos recuperen el control sobre los políticos y la confianza".

   Evitando, continuó, medidas "chapuzas como una tirita ante una hemorragia --como es el caso de que el Gobierno dote con 3.400 millones a la nueva línea del ICO para que ayuntamientos reduzcan la morosidad--" y el "sectarismo y cainismo" de la política española actual.

   En este sentido, Rosa Díez, acompañada por los concejales de UPyD en los ayuntamientos de Madrid, Alicante y Granada, aseguró que los ciudadanos podrán un día al mes plantear a los ediles de esta formación política las cuestiones que quieran, quejas o sugerencias, "sin control ni filtro previo y sin hora".

   Además los ediles saldrán una vez al mes a la calle "para abrir la institución, posibilitar que los ciudadanos sientan el control sobre el político y para que a estos últimos no se les olvide que están ahí al servicio del ciudadano".

   Rosa Díez, que se ha congratulado de los resultados "políticos" de UPyD en las elecciones del 22 de mayo, ha resaltado, finalmente, que en las próximas elecciones generales, UPyD "puede convertirse en un partido clave para determinar quien gobierna y como se gobierna España".

Expertos proponen limitar las dimensiones del Estado Autonómico y privatizar las televisiones autonómicas

MADRID.- La Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva) ha presentado este viernes el informe 'Diez propuestas para la racionalización del Estado Autonómico', realizado por expertos y dirigido por el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, en el que incluyen como medidas para mejorar el funcionamiento del modelo actual autonómico la de limitar su dimensión institucional o la de privatizar los entes autonómicos de comunicación audiovisual, entre otras.

   Según Leguina, que se ha encargado de explicar el contenido del informe junto con el profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y coordinador del estudio, Javier Tajadura, "30 años después de haber puesto en marcha el Estado de las Autonomías, es necesario pensar cómo mejorarlo, cómo coordinarlo y cómo hacerlo más viable de lo que es ahora".

   Aunque ambos han asegurado que lo más efectivo para llevar a cabo esta mejora sería reformar la Constitución, han reconocido que mientras eso no sea posible debido a la dificultad de la tarea, las diez medidas propuestas son una buena forma de realizar los cambios necesarios para racionalizar el sistema; medidas que, tal y como ha explicado Tajadura, pueden clasificarse en tres niveles: el institucional, el ámbito competencial y el de la cooperación y la coordinación.

   En lo que al primer aspecto se refiere, Tajadura ha denunciado que estos momentos las CC.AA. sufren una situación de "inflación institucional" que "debe ser reconducida". Para ello proponen precisamente "limitar la dimensión institucional del Estado Autonómico" y "reformar profundamente los Parlamentos Regionales" que, a su juicio, "no están sabiendo crear legislación de calidad".

   En este sentido, el jurista ha señalado que "la autonomía debe ser una técnica y no una ideología", ya que el objetivo de este sistema no es abogar a toda costa por la descentralización sino "buscar el mejor servicio para el ciudadano".

   La Fundación Ciudadanía y Valores propone también a nivel institucional la agrupación de municipios para conseguir un mapa local más eficiente que conllevaría la reducción de cargos públicos y la prestación a los ciudadanos de unos servicios de mayor calidad, y la redefinición de las Diputaciones Provinciales.

   Dentro de este apartado, Funcivas propone también la privatización de los entes autonómicos de comunicación audiovisual ya que a su parecer, "suponen una carga importante en los presupuestos de las Comunidades Autónomas", déficit que actualmente se sitúa en un total de 1.900 millones de euros según el estudio.

   Tal y como pone de manifiesto el informe, la reducción de esa carga supondrá una ayuda importante en la política de contención del gasto y reducción de déficit público, y logrará asimismo una mayor independencia del poder político en el ámbito de la comunicación social.

   En lo que al ámbito competencial se refiere, Tajadura ha insistido en que es necesario controlar el déficit de las Comunidades Autónomas y las Administraciones locales ya que aunque es estos momentos "se han comprometido a tomar medidas de ajuste, no han establecido medidas concretas" para llevar a cabo esta reducción de la deuda pública.

   Para mejorar el sistema de las autonomías en lo que a la financiación y a la definición de competencias se refiere, consideran igualmente importante lograr un funcionamiento del mercado más equilibrado. Para ello proponen unificar criterios para acceder, por ejemplo, al mercado laboral en igualdad de condiciones, o que se exija respetar el derecho comunitario para lleva a cabo actividades comerciales.

   En este sentido, Tajadura ha señalado que es también preciso que las Comunidades Autónomas no caigan en la "discriminación por razones lingüísticas en el ámbito de la administración y la enseñanza".

   Por último, el jurista ha asegurado que la reforma del modelo autonómico debe pasar por la aprobación de una Ley General de Cooperación que fomente la coordinación entre las CCAA y recoja los distintos procedimientos e instrumentos para abordar correctamente dicha cooperación.

   Tanto Leguina como Tajadura han situado el origen del problema actual del modelo del Estado Autonómico en la propia Constitución de 1978, en la que se reconoció el derecho a la autonomía de las comunidades, pero "no se dijo nada más".

   Mientras que, tal y como ha señalado el profesor titular de Derecho de la UPV, la Constitución logró resolver el conflicto sobre la forma de Estado, el conflicto social, el religioso y el problema militar, y en este sentido "fue un éxito", "no solucionó el problema territorial relativo con el reparto del poder".

   "No fue un éxito total", ha remarcado ya que, a su juicio, "lo más que pudo hacer fue lograr un  compromiso apócrifo que sólo aplazó el problema".

"Este compromiso desde el punto de vista político y jurídico es un disparate", ha señalado.

   En este sentido, ha insistido en que para que la Constitución atienda realmente al problema del Estado autonómico, debe responder a dos preguntas: "¿Autonomía de quién y cuánta autonomía".

"Si no se da respuesta a esas dos cuestiones, la Constitución desde el punto de vista territorial no sirve absolutamente para nada", ha señalado, para añadir que este es precisamente el fallo de nuestro actual texto constitucional.