Cómo afectará a los ayuntamientos pequeños la nueva Ley de Régimen Local

MADRID.- La reforma de Ley de Bases de Régimen Local aprobada por el Gobierno y convalidada esta semana por el Congreso tiene entre sus objetivos conseguir que los ayuntamientos de menor tamaño, a los que prestar determinados servicios o modernizarse les resulta más complicado, sean tan eficaces como los grandes.

Las novedades en este texto legal aparecen en uno de los dos decretos leyes convalidados el pasado miércoles, después de su aprobación por el Consejo de Ministros del 19 de diciembre con el objetivo, según el Ejecutivo, de acelerar y ampliar el despliegue de los servicios públicos locales a través de medios digitales y garantizar la prestación de servicios públicos en los municipios pequeños.

Mediante la modificación de esta ley se da cumplimiento además a los compromisos reflejados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y asumidos frente a la Unión Europea.

Municipios de menos de 20.000 habitantes

La modificación aprobada incorpora como criterio de atribución de las competencias de los ayuntamientos el principio de "diferenciación", de acuerdo con la capacidad de gestión de las entidades correspondientes.

Igualmente, en virtud de ese principio de diferenciación se establece un régimen especial para la "gestión colaborativa" de los servicios en municipios de menor población, con lo que se busca facilitar la fijación de la población y una mejor prestación de sus servicios públicos.

Para ello, en el artículo 25, que habla de las competencias municipales -planeamiento urbanístico, tráfico, ferias, cementerios...- incorpora un nuevo punto que señala que, con carácter previo a la atribución de competencias a los municipios, deberá realizarse una "ponderación específica de la capacidad de gestión de la entidad local".

En otro artículo, el 28, se dice que en esos municipios de menos de 20.000 habitantes podrán establecerse sistemas de gestión colaborativa dirigidos a garantizar los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y, en particular, para una prestación "de calidad, financieramente sostenible", de los servicios públicos mínimos obligatorios.

En concreto se apunta a medidas de racionalización organizativa y de funcionamiento; de garantía de la prestación de dichos servicios mediante fórmulas de gestión comunes o asociativas; de sostenimiento del personal en común con otro u otros municipios, y, en general, de fomento del desarrollo económico y social de los municipios.

La aplicación efectiva a un municipio de la gestión colaborativa requerirá decisión en tal sentido de la comunidad autónoma respectiva, adoptada conforme a su legislación de régimen local propia, siempre con la conformidad del municipio.

Obligatorio disponer de un portal de internet

La revisión de la ley persigue también fomentar la participación ciudadana a través de medidas concretas como la obligación de crear y mantener un portal de internet de participación ciudadana, así como de elaborar planes para la implementación de mecanismos digitales que faciliten la accesibilidad de los vecinos y empresas a los servicios públicos.

En un cuarto artículo número 70 se especifica que este portal deberá publicar la información que el ayuntamiento considere adecuada con ese objetivo y, en su caso, la relación de servicios públicos a los que se pueda acceder por el portal o los vínculos a la información sobre el acceso a los servicios públicos disponibles en el territorio, en los términos en los que disponga la normativa autonómica.

En el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, los servicios previstos en este artículo se prestarán con las adaptaciones y plazos de implementación correspondientes a sus especialidades en los términos que se determinen por la legislación autonómica.

Mejora del Padrón municipal

Respecto al Padrón, se actualizan los datos obligatorios que deben constar en la inscripción conforme a la nueva normativa en materia de extranjería, al tiempo que se concreta la obligación de que los datos relativos al domicilio habitual incluyan la referencia catastral, siempre que el domicilio cuente con referencia catastral o código equivalente.

Asimismo, se recoge en una norma con rango legal la aportación de datos voluntarios, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, así como con las distintas instrucciones técnicas procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En otro apartado, se modifica también la Ley para reducir el número de habitantes necesario para la creación de nuevos municipios, que pasa de 5.000 a 4.000, siempre que los resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no supongan disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.

Esta modificación, que inmediatamente permitió, a finales de 2023, la independencia del municipio de Usansolo (Bizkaia), se aplicará también a los procedimientos de desanexión iniciados o en tramitación que aún no se hayan inscrito en el Registro de Entidades Locales.

Los funcionarios del Estado serán evaluados a partir de mañana: podrán mejorar su sueldo, pero también perder su puesto

MADRID.- Las medidas de refuerzo de la evaluación del desempeño de todos los empleados públicos estatales entrarán mañana en vigor tras publicarse este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la norma que las regula.

Estas medidas forman parte de un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación aprobado ayer por el Consejo de Ministros, en cuyo Libro II se recogen cambios estructurales en el modelo de la Función Pública, con avances en la planificación estratégica de los recursos humanos y la incorporación de la evaluación del desempeño o nuevos sistemas de acceso.

En concreto, el texto regula la evaluación del desempeño obligatoria, el procedimiento por el que se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento del personal, todo ello con el objetivo mejorar la productividad para, a su vez, mejorar la prestación del servicio público.

Dichas evaluaciones, consensuadas con las organizaciones sindicales tras el proceso de información pública del anteproyecto de ley de Función Pública que decayó por la convocatoria de elecciones, "se plantean en positivo", según el Gobierno, por lo que "en ningún caso implicarán la pérdida de la condición de funcionario para quienes no las superen".

En el caso de que un empleado público no tengan resultados satisfactorios en las mismas, "se fomentarán medidas de formación para dotarles de herramientas que les permitan un mejor desempeño".

"El fomento de la participación y las ofertas constantes de mejora de condiciones se convertirán además en incentivos para que puedan dar la vuelta a esa situación", subraya el Ejecutivo. Aun así, el plan recoge que la evaluación tendrá efectos en "la percepción de retribuciones complementarias de carácter variable", en "la progresión en la carrera profesional" o en la "continuidad en el puesto de trabajo".

Para quienes superen estas evaluaciones, habrá beneficios directos en distintas variables, como la remuneración del complemento de desempeño, que sustituye al complemento de productividad. Además, se fomentará su progresión en la carrera profesional al ser clave en los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo y para el acceso a las formaciones que plantee.

Dentro de este ámbito, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, destacó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la introducción de la carrera horizontal, sistema por el que se pueden mejorar las condiciones sin cambiar de puesto de trabajo.

Para ello, se utilizará un sistema de tramos donde se valorará la trayectoria, la evaluación del desempeño, la formación o la participación en actividades de docencia o investigación. Todo lo anterior podrá traducirse en una retribución adicional con el nuevo complemento de carrera.

Asimismo, para fomentar la integración de las personas con discapacidad, la norma contempla la creación de unidades de inclusión de personas con discapacidad.

Otra de las medidas incluidas es la constitución del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) como agencia de empleo público, con el objetivo de consolidar su papel en las políticas de selección y de formación de los empleados públicos.

El proceso de oposición no podrá durar más de un año

La norma da cumplimiento al hito 148 del Plan de Recuperación al incluir una renovación de la planificación, organización y gestión de los recursos humanos, el refuerzo a la transparencia y la agilidad de los procesos selectivos.

A esto hay que sumar cambios en el acceso a puestos de alto funcionario "para que prevalezcan los criterios de mérito y competencia", según el Gobierno.

Además, se incluyen dos órdenes ministeriales referidas a dos cuestiones que formaban parte de los compromisos del Gobierno y la Secretaría de Estado de Función Pública.

Por un lado, se impulsa la planificación estratégica de los recursos humanos, con planes de ámbito general de cuatro años de duración, otros específicos, junto a otros de reestructuración de sectores concretos. Por otro, se regula la figura del directivo público profesional en la Administración del Estado.

Dichas reformas ya formaban parte del anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, que decayó como consecuencia de la convocatoria de elecciones.

La regulación de la planificación estratégica de los recursos humanos buscará que sea el principio de organización clave, a través de unas directrices diseñadas por la Secretaría de Estado de Función Pública. Los diferentes planes que se planteen serán los que determinen la actividad y las incorporaciones al sector público.

La oferta de empleo público será la que reciba el mayor refuerzo dentro de este campo, al imponerse plazos irrenunciables para ejecutarlas a través de las convocatorias correspondientes, explica Presidencia.

Entre las novedades están la posibilidad de que las plazas no cubiertas tras una convocatoria de oposiciones puedan volver a ofrecerse si no han pasado más de tres años desde la publicación de la oferta.

También se establece la posibilidad de que el departamento competente convoque a través de la Secretaría de Estado de Función Pública concursos unitarios abiertos y permanentes para incluir puestos de trabajo vacantes en los distintos ministerios.

En lo referido a los procesos de acceso y selección de empleados públicos, el Gobierno impulsa "un modelo más ágil y eficiente" con la duración máxima de los procesos selectivos y la territorialización de las pruebas.

Para ello, se establecerá obligatoriamente la publicación de convocatorias en el mismo año de la aprobación de la Oferta de Empleo Público, que deberán ejecutarse en un máximo de dos años. El proceso de oposición, además, no podrá durar más de un año.

El Gobierno habilitará al Ministerio de Hacienda y Función Pública para elaborar un modelo de bases comunes en los procesos selectivos.

Las pruebas para seleccionar a los nuevos integrantes de la Función Pública también serán reformadas, con el objetivo de que el modelo de selección responda a las funciones a desempeñar en los puertos ofertados.

Los funcionarios piden una ley que evalúe su productividad

MADRID.- Los funcionarios piden una ley que evalúe su productividad y que demuestre que "el grueso de los empleados públicos trabajan con profesionalidad y dedicación". Después que se haya conocido que el Tribunal Supremo avala que se pueda reducir el sueldo a los funcionarios, a través de un recorte en el complemento de productividad, el sindicato CSIF exige "que de una vez por todas se desarrolle la Evaluación del Desempeño para que esos criterios sean objetivos, negociados, claros y transparentes". 

"Esto es algo que está acordado desde 2007 pero que ningún Gobierno ha querido desarrollar", añaden.

En concreto, el Supremo, tal y como adelantó Cinco Días, responde al recurso presentado por una funcionaria que solicitaba la devolución de 214,35 euros, más los intereses de demora oportunos, por asunto de minoración del complemento de productividad. 

Esta reducción se produjo, según la Dirección Técnica del departamento para el que trabajaba esta funcionaria, por "no atender llamadas telefónicas, no seguir las instrucciones y realizar menor volumen de trabajo" que sus compañeros.

Y el TS, aunque estima parcialmente el recurso presentado por la trabajadora pública, "desestima la pretensión de abono de 214,35 euros" y subraya que la productividad deberá valorarse "en función de circunstancias objetivas relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, en su caso, con el grado de participación en la consecución de los resultados u objetivos asignados".

Por ello, el presidente de CSIF, Miguel Borra, explica a El Mundo que es imprescindible que se desarrolle la mencionada ley de productividad, denuncia "la absoluta discrecionalidad que tiene la Administración para pagar o no determinados complementos salariales", y niega que la sentencia evidencie que hay una parte de los trabajadores públicos que no cumplen con su trabajo. 

"Niego la mayor. Desde CSIF rechazamos una interpretación maniquea sobre la labor fundamental que realizan los empleados públicos".

Por su parte, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, afirmó que es "razonable" retirar el complemento de productividad a los funcionarios que no cumplan con unos objetivos o rendimientos individuales. Así lo señaló, al tiempo que apuntó que el complemento suele ser "pequeño" desde el punto de vista porcentual en relación a la retribución global, y que "no es la primera vez que ocurre". 

"Hay que tomarlo con normalidad y ya está, porque la normativa está para aplicarla", añadió.

Casado propone "evaluaciones" a los funcionarios

MADRID.- "Una oposición no puede ser una patente de corso para que los mejores cobren lo mismo que los pocos que son peores". Con estas palabras, el líder del PP, Pablo Casado, ha justificado este domingo una propuesta para reformar el método de selección de funcionarios de forma que estos sean sometidos a "evaluaciones" que puedan servir para promocionar a algunos de ellos con beneficios económicos respecto al resto del colectivo de la función pública, según recoge www.eldiario.es

Durante un acto sectorial en Toledo, Casado ha asegurado que el PP quiere que los derechos "legalmente adquiridos" por los actuales funcionarios se mantengan. Pero ha advertido de que si su partido llega al Gobierno "las nuevas oposiciones se tienen que modernizar". 

"El funcionario tiene que tener la remuneración e incluso el estímulo de que la evaluación de su trabajo pueda tener un premio", ha asegurado el líder de los populares sin concretar más cómo sería ese examen al que el PP quiere someter a los trabajadores públicos.

El objetivo, ha añadido Casado, es que se pueda consolidar una función pública "en la que los funcionarios se sientan prestigiados y bien remunerados". 

Como ejemplo ha citado las comunidades gobernadas por el PP en las que existe "libertad de elección" de centro de salud o de colegio porque, en su opinión, "no puede ser que dé igual el médico que sea más elegido y trabaje dos horas más porque no tenga un estímulo". 

La propuesta del líder popular es una "reforma de la administración" que ha resumido en diez puntos y en la que también ha incluido que "el español sea la lengua vehicular" en la que se pueda tratar con cualquier organismo público en cualquier comunidad autónoma. 

Gran parte de su discurso, centrado en la "cohesión territorial", ha sido para abordar la situación en Catalunya. Una de sus propuestas ha sido, de hecho, "la presencia del Estado en toda España". 

"Lo que no puede ser es que haya pueblos en los que lo único que suene a España sea la oficina de Correos", ha ironizado Casado.

Su plan es "reforzar las subdelegaciones del Gobierno y las delegaciones del Gobierno", para que la presencia del Estado sea más palpable, porque, en su opinión, "no se puede querer lo que no se ve".

 "No se puede estar paseando por una provincia tan maravillosa como la de Gerona, yendo a la zona del Ampurdá y ver que no hay ni un atisbo, ni un rasgo, ni una bandera, ni una oficina, no hay presencia de España", ha lamentado.

"¿Cómo se va a querer España? ¿Cómo vamos a establecer un relato alternativo a las mentiras independentistas? Tenemos que garantizar la presencia del Estado y recordar que incluso las competencias administradas por las comunidades autónomas son una función del Estado", ha zanjado. 

Casado también ha tenido palabras en contra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha llegado a acusar de apropiación cultural por homenajear al poeta Antonio Machado junto al expresidente de la II República Manuel Azaña durante su visita al sur de Francia en la que ha rendido tributo al exilio español que llegó a Francia como consecuencia de la Guerra Civil y del franquismo. 

"Sánchez ha querido hacer política a costa de las letras de todos los españoles", ha sostenido, que ha considerado a Machado como "un poeta de todos los españoles".

El decálogo de Casado para la Administración

1. Un sistema de financiación autonómico justo. Casado plantea un nuevo modelo de financiación que el PP se compromete "a liderar, negociar y sacar adelante" en cuanto lleguen al Gobierno basado "en la corresponsabilidad en los ingresos y en los gastos". En su opinión, las autonomías "han de ser leales en el ejercicio de su financiación y el Estado está obligado a supervisar que hagan un buen uso de los recursos de todos los españoles". Apuesta por una "nueva y eficaz ley que garantice la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan" y que "no se pacte bilateralmente con ninguna autonomía".
2. Racionalización del gasto. El líder del PP considera que "no se trata de suprimir ayuntamientos, ni diputaciones porque la mayoría de alcaldes y concejales no cobran y su labor es muy necesaria". 
3. Reforma de la función pública. "Hacer de la administración española una administración eficiente", es otro de los objetivos de Casado. El PP dice defender "los derechos de los funcionarios", pero asegura que "las oposiciones se tienen que modernizar”. Lo que plantea es establecer "un complemento retributivo en función de lo que trabajen o de la evaluación del usuario" para que los funcionarios "se sientan prestigiados y bien remunerados". Además, aboga por potenciar la movilidad "para facilitar el acceso de los empleados públicos a puestos de trabajos en otras administraciones". "¿Cómo puede ser que estemos pasando de que lo que era un mérito, sea un requisito?", se ha preguntado.
4. Reforzar la presencia del Estado en todas las Comunidades Autónomas. Casado apuesta por poder establecer "un relato alternativo" a las "mentiras independentistas". "Yo me comprometo cuando sea presidente del Gobierno a que no habrá mesas bilaterales como la Pedralbes", ha dicho. "No puede ser que haya pueblos en los que lo único que suene a España sea la oficina de Correos". A su juicio, hay que reforzar las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno porque "no se puede querer lo que no se ve". 
5. Defensa de la Constitución. Asimismo, Casado explica que al PP "le gusta la Constitución entera", y por eso se compromete a garantizar "el pleno ejercicio de las competencias que, según el título VIII, tienen atribuidas las comunidades autónomas, que son de titularidad estatal y cuya administración es transferible".
6. Moratoria de transferencias de competencias, de modo que se evalúe cómo se desempeñan las competencias transferidas a las comunidades.
7. Ley de lengua. "La lengua española va a ser, cuando gobierne el PP, la lengua vehicular", afirma el líder de los populares. "Cuando gobierne el PP las administraciones estarán obligadas a comunicarse con el ciudadano en español", zanja.
8. Derogación de una ley por cada nueva ley. "Cuando sea presidente del Gobierno me comprometo a derogar una ley por cada una que apruebe", añade. Explica que en nuestro país se legisla demasiado y hay que regular solo lo imprescindible. "Queremos una administración para que la gente lo tenga fácil, no difícil".
9. Revolución digital en la Administración, porque, a su juicio, "una administración electrónica se acerca al ciudadano y ahorra gastos".
10. Mercado único. Para Casado, "no puede haber una licencia por cada autonomía o por cada provincia".

La nueva Ley de Contratos paralizará durante meses las licitaciones públicas

MADRID.- El sector de la construcción y la ingeniería alerta de que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el viernes -9 de marzo-, acarreará una paralización de la licitación de obras públicas en España como consecuencia del retraso que acumulan muchas administraciones en la adaptación de los pliegos de contratación a la normativa, publica El Economista.

La preocupación mayor se focaliza en los atrasos que pueden acumular las corporaciones locales y las diputaciones, que en algunos casos aún no han comenzado siquiera a abordar esta cuestión, según denuncian fuentes empresariales conocedoras de la situación.

La nueva Ley de Contratos ha sido muy bien recibida en el ámbito empresarial, especialmente en el de las empresas de ingeniería y servicios intelectuales, toda vez que elimina la posibilidad de adjudicar mediante subasta. Ninguna administración ha publicado aún sus pliegos, pero se espera que en este segmento la parte técnica pese alrededor del 70%, mientras que la económica quedaría limitada al 30%. Una buena noticia para el sector que, sin embargo, está preocupado por la demora en la redacción de los pliegos, en un contexto además en que todavía no se han aprobado los Presupuestos.

Desde Fidex, su director general, Fernando Argüello, incide en que la expectativa es que "hasta el verano o después no va a haber el ritmo normal de licitaciones". Juan Lema, presidente de Tecniberia, insta en este sentido a las administraciones que a que "adapten los pliegos de contratación con diligencia". 

El secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández, hace hincapié en que "venimos de un periodo reprimido en un sector que ha superado solo" la crisis y manifiesta su "preocupación en el caso de que haya una parálisis" de los concursos de obra pública.

Las empresas esperan que los pliegos de las corporaciones de los ministerios de Fomento y Agricultura, que en 2017 licitaron 3.387 millones de euros, estén listos pronto. Adif y la Dirección General de Carreteras (DGC) llevan tiempo trabajando en ellos. Más retraso acumulan muchas Comunidades Autónomas, que sacaron concursos por 3.940 millones el año pasado. En este caso, no obstante, la ley les da un plazo de seis meses para adaptar sus pliegos, por lo que pueden licitar con los ya aprobados antes del 9 de marzo.

Los mayores riesgos se centran en los ayuntamientos y diputaciones, cuyas licitaciones ascendieron a 5.101 millones. Muchas de las administraciones locales no han comenzado a elaborarlos y, además, en el sector se duda de la capacidad de muchas de ellas para adaptarse, por ejemplo, a la contratación electrónica.

La administración electrónica llegará a 22 municipios de la Región

MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, firmó hoy el convenio para la prestación de servicios de administración electrónica en 22 municipios de la Región de menos de 20.000 habitantes, "cumpliendo así con el objetivo del Gobierno regional de avanzar en la transformación digital de las administraciones".

"Desde cualquier dispositivo electrónico móvil o fijo, nuestros vecinos, colectivos y empresas tendrán acceso a un Ayuntamiento abierto 24 horas al día, durante toda la semana", dijo López Miras, quien destacó que, además, "las administraciones van a compartir sus documentos mediante una plataforma electrónica y no será necesario que los ciudadanos aporten un documento que ya esté en manos de otro ayuntamiento o de la Comunidad".

"El Gobierno regional tiene vocación municipalista", aseguró el presidente, que explicó que la implantación de la administración electrónica no supondrá ningún gasto para los ayuntamientos, ya que la Comunidad Autónoma se hará cargo del coste tanto del desarrollo del proyecto como del mantenimiento posterior.

De esta forma el Gobierno da un paso más en la implantación total de la administración electrónica y la transformación digital, "pero más allá del reto tecnológico, es un proyecto por la igualdad de oportunidades", destacó López Miras. "El objetivo es que todos los ciudadanos de la Región tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan, y sin barreras entre el mundo rural y el urbano, ni entre las grandes ciudades y los pequeños municipios".

Los ayuntamientos que se han adherido de forma voluntaria y gratuita a este convenio son Abanilla, Abarán, Albudeite, Aledo, Archena, Beniel, Blanca, Bullas, Campos del Río, Cehegín, Fortuna, La Unión, Librilla, Lorquí, Mula, Ojós, Pliego, Puerto Lumbreras, Ricote, Santomera, Ulea y Villanueva del Río Segura.

El servicio que se ofrece a los ayuntamientos consta de una plataforma software instalada en servidores de la Comunidad a la que tendrán acceso las entidades locales, con los servicios de plataforma central, sede electrónica, registro electrónico, conexión Open Data y tramitador electrónico, así como la instalación de los portales del empleado, del proveedor, y portal tributario. También se gestionan aplicaciones internas de los ayuntamientos como el padrón de habitantes, la contabilidad, las subvenciones, la gestión patrimonial y los recursos humanos, entre otros.

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes los pliegos de condiciones para la contratación de estos servicios, por un importe de casi 3,8 millones de euros y un plazo de 4 años. Así, se garantiza el cumplimiento de la ley 39/2015 y 40/2015 que establece como principio el deber de todas las administraciones de relacionarse entre sí a través de medios electrónicos, y facilita el establecimiento de la administración electrónica a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

López Miras indicó a los alcaldes presentes en el acto de firma de convenio que contarán "con la experiencia de la Comunidad en la implantación de la administración electrónica". En este sentido, avanzó que más de la cuarta parte de los trámites realizados por los ciudadanos de la Región (el 27 por ciento) ya son a través de la administración electrónica, según datos del segundo trimestre de este año, lo que supone un incremento notable respecto a 2016, cuando el porcentaje era del 12 por ciento.

En los seis primeros meses de 2017, en la Región se han tramitado 364 procedimientos exclusivamente por vía telemática, y en la actualidad se firman electrónicamente 85.000 documentos al mes, cuatro veces más que hace un año. Además, la Administración regional comparte 33 documentos con otras administraciones.

La implantación total de la administración electrónica es uno de los objetivos del Plan Región de Murcia Comunidad Digital, que se presentará en los próximos meses, y que contempla también el despliegue de redes ultrarrápidas dirigidas a administración pública y empresas, el aumento de la productividad y competitividad empresarial, a través de la transformación digital, la alfabetización digital de los ciudadanos y el impulso del sector TIC como fuente de empleo de calidad y desarrollo económico.
En la Región de Murcia ya se trabaja en estos ámbitos con iniciativas como el desarrollo la red de ciencia y tecnología CTnet, "un completo sistema de comunicación de datos de alta velocidad, de 150 kilómetros, que conecta todos los centros de I+D+i de la Región", explicó el presidente. Este proyecto, que garantiza la máxima velocidad de comunicación y es fundamental para el desarrollo de actuaciones en I+D+i, supone una inversión de 3,5 millones de euros.
Además, Murcia es una de las seis comunidades autónomas de España que ha puesto en marcha el proyecto ´Escuelas conectadas´, para llevar la conexión a redes ultrarrápidas a 626 centros educativos de Primaria y Secundaria de toda la Región, lo que permitirá mejorar la conectividad e instalar una red inalámbrica potente que llegue a las aulas.
Asimismo, la Comunidad Autónoma, junto al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, está trabajando para el despliegue de redes de nueva generación en la Región, lo que supondrá que la banda ancha llegue a zonas rurales y polígonos industriales que aún no tienen acceso.

El Estado alemán asume competencias de "Länder" en un nuevo sistema de financiación

BERLÍN.- El Estado alemán asumirá nuevas competencias a cambio de transferir más recursos a los estados federados en el nuevo sistema de financiación, que entrará en vigor en 2020 y que exige reformar la Constitución.

El portavoz de la Cancillería, Steffen Seibert, confirmó en rueda de prensa que las primeras reformas serán aprobadas la próxima semana en el Consejo de Ministros tras el acuerdo alcanzado anoche con los primeros ministros de los dieciséis "Länder" tras una reunión de más de nueve horas.

La canciller alemana, Angela Merkel, compareció ya de madrugada para presentar el acuerdo, que dará al Estado central nuevas competencias en carreteras, administración de impuestos o inversiones en infraestructuras educativas.

En el actual sistema de financiación el diferente nivel económico de los Länder se equilibra con transferencias del estado central y con un mecanismos de compensación entre los estados federados, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos tienen acceso a servicios similares independientemente de donde residan.

En el nuevo sistema esta función será asumida básicamente por el Estado central, que transferirá a los Länder a partir de 2020 en torno a 9.520 millones de euros adicionales, principalmente a los menos desarrollados.

Tras haber alcanzado un preacuerdo en octubre, la reunión de ayer tarde comenzó con polémica al denunciar varios primeros ministros que el titular de Finanzas, Wolfgagn Schäuble, quería abordar reformas constitucionales no pactadas de antemano para dotar aún de más competencias al estado central.

Pero finalmente se logró un consenso que satisface a todas las partes, incluidos los estados "donantes" (Baviera, Baden-Württemberg, Hesse y Hamburgo), los más críticos con el actual modelo.

El Congreso de los Diputados aprueba que se derogue la reforma local que suponía la privatización de los servicios públicos

MADRID.- El Congreso de los Diputados ha aprobado derogar la reforma local del Partido Popular y revisar el sistema de financiación autonómico en la comisión de Hacienda, tal y como ha anunciado la diputada nacional por la Región de Murcia, María González Veracruz.

"Con la derogación de la reforma local, que ha sido aprobada con el voto en contra del PP, conseguimos terminar con la privatización de los servicios públicos en los ayuntamientos", ha explicado González Veracruz.

En cuanto a la revisión del sistema de financiación autonómico, que ha sido aprobada con la abstención de Podemos y del PP, la diputada socialista ha asegurado que se trata de "algo imprescindible para la Región de Murcia, que no entiendo cómo no ha sido apoyado por el resto de partidos".

"Estas dos buenas noticias paralos murcianos hacen que cada día sea más imprescindible ese gobierno del cambio que lo ejecute y respete el mandado de las urnas. Se demuestra que es posible ponernos de acuerdo en las políticas, un cambio por el que seguimos trabajando los socialistas con constancia y coherencia", ha destacado.

Según González Veracruz, medidas como esta son las que hacen falta en España y en la Región de Murcia para mejorar la vida de la gente y cambiar la realidad de los murcianos,"y por eso es tan necesaria y urgente la formación de ese gobierno del cambio reformista y de progreso".

Ha asegurado que el Grupo Parlamentario Socialista está trabajando en el Congreso desde el primer día."Estamos demostrando que es posible llegar a acuerdos en torno a lo que quiere la mayoría de la ciudadanía, es urgente conseguir un pacto de gobierno que desbloquee la situación, y estoy segura de que se puede ceder e ir hacia un entendimiento".

En su opinión, la ciudadanía ha demostrado en las urnas que quiere un cambio trasversal, y el acuerdo con Ciudadanos recoge las políticas que quiere la mayoría.

"Nuestro programa es realistay pone el estado de bienestar a la misma altura que el cumplimiento de los objetivos con Europa, porque los socialistas demostramos coherencia y responsabilidad".

Por otra parte, González Veracruz ha indicado que el Gobierno murciano y el Gobierno de España tienen que respetar y atender a lo que se aprueba en la Asamblea Regional y en el Congreso de los Diputados, respectivamente, y ha asegurado que "el Partido Popular tiene que regenerarse por el bien de este país y de sus votantes".

Las Diputaciones provinciales mueven un presupuesto de unos 5.000 millones de euros al año

MADRID.- Uno de los puntos principales del debate de investidura de Pedro Sánchez está en la propuesta, firmada por PSOE y Ciudadanos, para la eliminación de las Diputaciones Provinciales.

Más allá de debates políticos, no hay que olvidar que estos organismos, cuyo origen está en la Constitución de Cádiz de 1812, conviven en todas las regiones con más de una provincia con el principal organismo de descentralización y administración en España, las Comunidades Autónomas. Con ello, se generan duplicidades, como también en muchas ocasiones la genera el Estado e incluso los Ayuntamientos con las Comunidades Autónomas, pero con una cuantía que en la práctica no llegaría a las magnitudes que se están comentando relativas a las diputaciones.

La propuesta que atañe a 38 Diputaciones Provinciales (las de régimen general) afecta a un presupuesto de 5.000 millones de euros anuales. Todas ellas con un impacto muy desigual, como lo es su presupuesto. Entre la que más gasta, la diputación de Barcelona con 870 millones, y la que menos, Albacete con 43 millones, reparten su presupuesto en partidas muy diferentes, desde el mantenimiento de infraestructuras a servicios municipales y, por supuesto, personal.

Esta es sin duda la partida más llamativa. En gastos de personal se consume alrededor del 48% de los 5.000 millones. Estos pagos de personal se reparten entre las 62.000 personas que trabajan para ellas, unos 27.500 funcionarios y alrededor de 34.500 forman el personal contratado. Los primeros serían recolocados a otros organismos con lo que el ahorro, al menos a corto plazo, no existiría.

Entre los segundos estaría la partida principal de ahorro en personal, pero ni mucho menos se podría eliminar todo el personal eventual. Aunque se repartiera las tareas a otras administraciones, hay funciones que no se duplican. Por ejemplo, la recogida de basuras que hacen muchas diputaciones para sus municipios serían sustituidas por la misma pero realizada por mancomunidades municipales.

El mantenimiento de carreteras provinciales, igual, si la comunidad autónoma tiene el personal ajustado o las contratas realizadas para sus carreteras, a más carreteras a cuidar, sería necesario contratar más personal a nómina de la Comunidad o pagar a una empresa por su mantenimiento. Donde sí habría un ahorro total es en los cargos políticos, los diputados provinciales, que desaparecerían. Por todo ello, de los cerca de 2.500 millones que supone el gasto de personal, no parece factible que al ahorro sea más de 700-800 millones de euros al año.

El segundo punto es el gasto real no destinado a personal. En este caso las mayores duplicidades u ahorros potenciales se centran especialmente en las diputaciones de mayor tamaño como Barcelona, Valencia o Sevilla. Distribuyendo sus tareas a otras administraciones el ahorro podría alcanzar hasta un 50-55% de sus partidas de gasto no destinadas a personal. En el lado contrario, las que tienen menos presupuesto suelen cubrir un gasto que no cubren otras administraciones –esencialmente carreteras, residuos y otras infraestructuras- con lo que el ahorro es mucho menor. Con todo ello el ahorro máximo estaría entre 1.000-1.200 millones de euros al año.

Resumiendo que de los 5.000 millones que se afirma que se ahorraría la cifra se rebajaría a entre 1.700-2000 millones de euros al año, entre el 35-40% de su presupuesto. El ahorro es importante, pero desde luego, nada que ver con las cantidades afirmadas que se ahorrarían.

Lo que si abre es una vía de racionalización del gasto administrativo por duplicidad de estructuras, que tendría que ser complementado, al menos económicamente, con la fusión de municipios de pequeño tamaño que asumieran los gastos que dejan de cubrir las Diputaciones Provinciales de forma más eficiente y de mayor ahorro

El PSRM reclama financiación suficiente para que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad no paralice ayuntamientos

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ha reclamado hoy al PP que deje de obstruir la labor que están realizando los ayuntamientos en los que gobiernan los socialistas y que ponga financiación suficiente para las competencias que deben asumir los consistorios con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad.

Tovar ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa tras una jornada de 'coaching' y análisis con responsables municipales del PSOE celebrada en la sede socialista, en donde también han repasado los primero 100 días de gobierno tras las pasadas elecciones.

A González Tovar le preocupa la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de los ayuntamientos, debido a que el Gobierno regional "sigue sin hacer nada" y esas nuevas competencias pueden "paralizar los servicios que realizan los consistorios".

"Quiero mostrar la preocupación de los Ayuntamientos por tener que asumir competencias en materia de Salud, Servicios Sociales y Educación, unas competencias que se deben definir y financiar suficientemente por la Comunidad", ha indicado.

Por ello, ha pedido al PP "que cese en esa campaña de obstrucción de los gobiernos socialistas y que ponga financiación suficiente para que los ayuntamientos asuman las competencias que no son propias".

González Tovar también ha criticado la "inacción" del Gobierno regional, "que dice que está a favor de los ayuntamientos pero que actúa con rabia por haber perdido la mayoría de los ayuntamientos. Esa rabia se manifiesta en la actitud de ciertos dirigentes del PP, que piden que se obstruya la labor de los nuevos equipos socialistas en los Ayuntamientos", ha criticado.

Y es que, según ha explicado, los alcaldes socialistas se han encontrado con ayuntamientos sobre endeudados, sin financiación y sin fondos para abrir sus puertas. "Estos 100 días son un buen momento para que se conozca esta situación y así lo vamos a hacer en una campaña explicativa con asambleas abiertas ciudadanas".

Igualmente, critica que el PP afirme que vamos a tener unos ayuntamientos en mejores condiciones "pero no vemos esa voluntad por ninguna parte. Sigue vendiendo el mismo humo como si fuera nuevo".

Así, a través de una moción en la Asamblea Regional el PSOE llevará a cabo una campaña explicativa en todos los ayuntamientos de la Región para explicar a los ciudadanos la situación en la que se encuentra los consistorios, todo ello con la intención de que mejore su situación, "porque los ciudadanos no tienen la culpa del enfado del PP por los resultados electorales", subraya González.

Por otro lado, el líder de los socialistas murcianos ironizado sobre la preocupación del PP por el empleo, debido a que "ayer fue un mal día para los murcianos, con 4.595 empleos destruidos en septiembre y, al mismo tiempo, porque el PP tumbó, con la inexplicable ayuda de Podemos, un plan de choque para esas 20.000 familias que tienen todos sus miembros en paro".

González Tovar ha criticado la posición del PP en contra de la corrupción y por la regeneración democrática, "cuando los hechos no hablan de eso".

"Muy significativa la situación de Mazarrón, en donde el Gobierno socialista de aquel momento renunció a gobernar debido a que dos personas imputadas. Sin embargo, esas personas se han vuelto a presentar y el PP ahora cuenta con ellas para gobernar, algo vergonzoso. Esperamos que rectifiquen y no vuelvan a las andadas", añade.

Finalmente, se ha querido referir la situación del aeropuerto de Corvera y a la "madeja de dificultades" que creó el PP entorno a la infraestructura, lo que va a provocar "que se convierta en el aeropuerto que más tarde en ponerse en marcha".

González Tovar ha afirmado que la responsabilidad es de los tres últimos presientes regionales, "Valcárcel, que dijo que no nos costaría ni un euro, Garre por no saber desenmascarar la situación, y Pedro Antonio Sánchez, que anuncia sin rubor que tardará mas de dos años en poder abrirse".

El Banco Mundial cree que sería más fácil abrir negocios en España si unas comunidades aprendieran de otras

MADRID.- El director de Indicadores Globales y Análisis del Banco Mundial (BM), Augusto López-Claros, ha asegurado este miércoles que España podría mejorar mucho su facilidad para abrir nuevos negocios si unas comunidades autónomas aprendieran de otras, ya que todas las regiones tienen algún indicador en los primeros puestos pero también tienen otros entre los peores lugares. 

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso, López-Claros ha señalado que una "conclusión muy alentadora" del informe 'Doing Business' a nivel subnacional español es que "no hay que preguntarse qué tiene que hacer España para parecerse más a Nueva Zelanda, Singapur o Dinamarca", que lideran el ranking mundial de facilidad para emprender.

"Las comunidades simplemente tienen que adoptar buenas prácticas de otras comunidades y aprender de sus experiencias acumuladas. Es un debate interno que se debe centrar en las buenas lecciones ya aprendidas en otras regiones. Si se hiciera eso no tenemos la menor duda de que la ubicación de España en el informe global --actualmente ocupa el puesto 33 de 189 países-- mejoraría sustancialmente", ha afirmado el dirigente del BM.

Como ejemplo, ha señalado que si por ejemplo obtener un permiso de construcción, en el que España obtiene 63,35 puntos sobre cien, requiriera los diez trámites de la mejor región en lugar de los trece de media nacional, se tardara 101 días en vez de 205 y el coste significara el 2,3% del valor de la propiedad en lugar de los 5,3% que supone, la valoración total del país subiría a 82 puntos.

Plantean pagar mejor al funcionariado "eficiente e innovador"

MADRID.- El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, propone que se retribuya mejor al funcionario innovador y eficiente "que aporta valor y genera ideas", de forma que la gestión de recursos humanos en el sector público se parezca cada día más a la que se practica en el privado.

Vega de Seoane insiste en que hay que establecer "elementos diferenciales retributivos" que permitan pagar más a los empleados públicos "que funcionan mejor" y que, en su opinión, deberían beneficiarse de unos incentivos económicos en función de su aportación a la empresa.

Vega de Seoane propone generar esta dinámica que distingue entre los funcionarios cumplidores y los no cumplidores para que el modelo se acerque "a la gestión de la empresa privada".

Sobre la devolución en las próximas semanas de otro 25 % de la paga extra suspendida en 2012, el responsable del Círculo de Empresarios considera que se trata de un "elemento coyuntural" que hay que "leer en clave electoral" y subraya que acometer reformas estructurales es lo más importante.

Estas reformas -dice- son las que hacen cambiar los comportamientos de las organizaciones y de las personas.

En esta línea, Vega de Seoane insiste en que para progresar hay que mejorar la competitividad y para ello pide al Ejecutivo que salga elegido tras las elecciones generales que continúe con las reformas.

"Si el Gobierno que resulta de las elecciones practica la demagogia, entonces no llegará a ningún sitio", dice el presidente del Círculo, que avisa de "lo ocurrido en Grecia".

Entre las principales medidas a realizar, Vega de Seoane incide en la lucha contra el fraude fiscal y en el afloramiento de la economía sumergida de forma gradual.

Señala que si se compara a España con otros países la diferencia "está más en el lado de los ingresos que en el de los gastos" y explica que la diferencia estriba en los impuestos indirectos, más que en los directos, si bien "el gran problema" de España es "la base", es decir, una economía sumergida que pesa cerca del 21 % del PIB.

Vega de Seoane pide potenciar la inspección fiscal y generar una conciencia fiscal que evite fraudes como el pago sin IVA.

"Con inteligencia, facilitar que afloren las personas físicas y jurídicas que no contribuyen a financiar el Estado de Bienestar", asevera.

En el ámbito laboral, otras reformas se refieren a la rebaja de las indemnizaciones por despido para hacer converger las contrataciones y eliminar la dualidad de fijos y temporales.

El presidente del Círculo considera que las personas con contratos temporales no se implican, pero la empresa tampoco invierte en ellos porque no sabe si serán permanentes a largo plazo.

Recuerda, que el Círculo de Empresarios propone tres tipos de contratos: "el normal, el de obra y el de aprendizaje", al tiempo que cifra entre 7 y 10 años el plazo para cambiar radicalmente el mercado de trabajo.

Vega de Seoane sostiene que las medidas que plantea la organización "no responden a una ideología y sí a las estrategias que van bien en otros países con mercados eficientes".

"Si España hace bien sus deberes debería situarse en los próximos diez años entre las 20 economías más competitivas del mundo", concluye.

El Consejo de Gobierno aprueba la nueva estructura de la Administración regional murciana y cargos

MURCIA.- El Consejo de Gobierno, reunido hoy viernes, 10 de julio de 2015, en sesión extraordinaria, ha aprobado los decretos de estructura de las nueve consejerías que componen la Administración regional, que se relacionan a continuación, junto con los responsables cuyos nombramientos han sido aprobados hoy.

Consejería de Presidencia

-Secretaría General.

-Dirección de los Servicios Jurídicos.

-Dirección General de Administración Local y Relaciones Institucionales. Victoria Eugenia Gómez Alcázar.

-Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

-Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior. Manuel Pleguezuelo Alonso.

Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Consejería de Hacienda y Administración Pública

-Secretaría General.

-Intervención General.

-Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos.

-Dirección General de Patrimonio e Informática.

-Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.

Organismo Autónomo Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

Entidad Pública Empresarial Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia.

Consejería de Educación y Universidades

-Secretaría General.

-Dirección General de Universidades e Investigación. Luis Javier Lozano Blanco.

-Dirección General de Centros Educativos. María Dolores Valcárcel Jiménez.

-Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos. Enrique Ujaldón Benítez.

-Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad. Ana Millán Jiménez.

-Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional.

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

-Secretaría General.

-Dirección General del Agua.

-Dirección General de Fondos Agrarios.

-Dirección General de Producciones y Mercados Agroalimentarios.

-Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura. Carmen Teodora Morales Cuenca.

-Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal.

-Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Encarnación Molina Miñano.

-Dirección General de Innovación Agroalimentaria.

Organismo Autónomo Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA).

Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR).

Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo

-Secretaría General.

-Dirección General de Simplificación Administrativa y Economía Digital.

- Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social.

- Dirección General de Energía y Actividad Industrial.

- Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor.

INFO: Agencia de Crecimiento y Competitividad Empresarial: Javier Celdrán Lorente.

SEF: Agencia de Cualificación y Fomento del Empleo: Alejandro Zamora López-Fuensalida.

Instituto del Turismo de la Región de Murcia: Manuel Fernández-Delgado Tomás.

Consejería de Fomento e Infraestructuras

-Secretaría General

-Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda

-Dirección General de Carreteras

-Dirección General de Transportes, Costas y Puertos

Consejería de Sanidad

-Secretaría General.

-Dirección General de Salud Pública y Adicciones.

-Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano.

Ente Público Servicio Murciano de Salud.

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

-Secretaría General.

-Dirección General de Familia y Políticas Sociales.

-Dirección General de Mujer.

Organismo Autónomo Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

Consejería de Cultura y Portavocía

- Secretaría General.

- Dirección General de Bienes Culturales.

-Dirección General de Juventud y Deportes.

Entidad Pública Empresarial Instituto de las Industrias Culturales de las Artes de la Región de Murcia.

Ente Público Empresarial Radiotelevisión de la Región de Murcia.

Referencias biografías

Ana Millán Jiménez. Nació en Lorca en 1963. Licenciada y doctora en Filosofía. Profesora titular de Sociología de la Universidad de Murcia (UMU) desde 1996. Ha sido investigadora visitante en las universidades de Glasgow, Chicago y California (Berkeley). Pertenece a equipos de investigación nacionales e internacionales. Ha sido secretaria y directora del Departamento de Sociología y Política Social y coordinadora general del Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado de la UMU desde 2010, periodo en el que este servicio fue galardonado con el Premio Reina Sofia en la categoría 'Labor Social'.

Javier Celdrán Lorente. Nació en Ceutí en 1974. Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, especializado en ingeniería de producto. Ha trabajado en diversos organismos privados relacionados con el asesoramiento empresarial, I+D+i y creación de empresas. Fue director del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (CETEM) de 2000 a 2005. Ha sido coordinador de centros de empresas en el Instituto de Fomento (2005 a 2008); director del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM) de 2008 a 2009; y directivo en el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (2009-2013). Ha sido vicepresidente de la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo Regional (EURADA), miembro de la European Cluster Alliance, fundador de la red de inversores privados MURCIA-BAN y vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia. Ha sido jefe de gabinete de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades (2013 a 2015).

Habrá más plazas en Educación y Sanidad en 2015

MADRID.- El Gobierno central ampliará la tasa de reposición de vacantes en los servicios públicos esenciales, entre los que se encuentran la Sanidad, la Educación y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015. 

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que el Ejecutivo está trabajando en tasas "algo más amplias" en estos sectores.

   Actualmente, la tasa de reposición de vacantes en los servicios públicos esenciales es del 10%, lo que significa que sólo se cubre una plaza por cada diez funcionarios que causan baja.

   La vicepresidenta ha destacado que, pese al adelgazamiento sufrido por el sector público, se ha hecho un esfuerzo por parte de todas las administraciones públicas para mantener las plantillas de los servicios públicos esenciales.

Los diputados franceses votan la reducción del número de regiones de 22 a 13

PARÍS.- La Asamblea Nacional francesa aprobó hoy la reducción del número de regiones del país de 22 a 13 dentro de una polémica reforma territorial que todavía podría variar en la fase de tramitación parlamentaria que le queda.

Un total de 261 diputados adoptaron este primer tramo de la reforma que en unas semanas será objeto de una nueva discusión en el Senado, mientras que 205 se opusieron.

El nuevo mapa de regiones se ha visto modificado en las últimas semanas con respecto al inicial presentado a comienzos de junio por el presidente francés, el socialista François Hollande.

En concreto, el pasado día 15, en vísperas del debate en la Asamblea Nacional, el grupo socialista presentó un esquema en el que Aquitania quedaba unida con el Limousin y con Poitou-Charentes, en lo que será una gran región del suroeste del país.

Otro cambio introducido entonces es el agrupamiento en el noreste de Alsacia con Lorena y Champagne-Ardenne.

En paralelo, la Picardía se une con la actual región Nord-Pas-de-Calais.

El proyecto de ley en discusión contempla el aplazamiento de las elecciones regionales hasta diciembre de 2015, en lugar de en marzo, y prevé la posibilidad de que a partir de 2016 los departamentos puedan cambiar a otra región, pero si cumplen una serie de condiciones estrictas.

Se trataría de obtener mayorías de tres quintos tanto en el consejo general (equivalente a una diputación provincial) como en los consejos regionales (asimilables a parlamentos autonómicos).

Hollande decide reducir de 22 a 14 las regiones de Francia

PARÍS.- El presidente de Francia, François Hollande, ha anunciado su decisión de reducir de 22 a 14 el número de regiones de la Francia continental, con el objetivo de simplificar la distribución del país y de reforzar sus competencias.

En una tribuna en la prensa regional, que será publicada mañana y fue adelantada hoy por la página web de El Elíseo, Hollande asegura que esa reforma se lleva a cabo para "ofrecer una mayor calidad de servicio" y adaptar el país a la nueva realidad. La actual organización territorial, según el presidente, "se ha quedado anticuada", y "los medios de comunicación, las mutaciones económicas y los medios de vida han borrado los límites administrativos".

Hollande no ha precisado los plazos en que comenzarán a aplicarse los cambios, pero según detallan medios como Le Figaro, estos se llevarán a cabo de forma gradual.

El consejo de ministros, según esa fuente, examinará el próximo 18 de junio dos proyectos de ley: uno sobre el nuevo mapa de regiones y sobre la fecha de las elecciones regionales y cantonales, y otro sobre la transferencia de competencias. "Esta gran reforma se inscribe en la voluntad de modernizar nuestro país y de hacerlo más fuerte", indicó el presidente en su texto.

La reforma, una de las promesas del quinquenio, contempla la desaparición para 2020 de los consejos de departamento, asambleas de ámbito similar al provincial con algunos poderes legislativos, cuyas funciones podrán ser asumidas en parte por ciertas metrópolis.

"Quiero creer que una gran mayoría política neta se inclinará a favor de este proyecto", apuntó el presidente.

Hollande constató que los recursos de las actuales regiones "ya no se corresponden a sus competencias" y aseguró que las nuevas que surjan de la reforma, que tendrán "un tamaño europeo", dispondrán de mayor responsabilidad en ámbitos como el empleo, la educación o el transporte.

Solo siete regiones, según detalló El Elíseo, se mantendrán intactas: Nord-Pas de Calais (norte), Île-de-France (centro), Bretaña y País del Loira (noroeste), Aquitania (suroeste), Provenza-Alpes-Costa Azul (sureste) y Córcega.

La Alta y la Baja Normandía se fusionarán, al igual que lo harán Picardía con Champagne-Ardennes, el Centro con Poitou-Charentes y Limousin, Lorena con Alsacia, Borgoña con Franco-Condado, Auvergne con Rhône-Alpes y los Midi-Pyrénées con Languedoc-Rousillon.

Las mancomunidades, por su parte, cambiarán de escala a partir de enero de 2017, para pasar de los 5.000 habitantes actuales a cerca de 20.000, con adaptaciones previstas para las zonas de montaña o territorios de escasa población.

Estos cambios, según concluyó Hollande, están pensados en el ciudadano, porque "se trata de simplificar la vida pública, hacerla más eficaz y reducir el recurso a los impuestos", motivo por el cual llamó a la población y a los electos locales a "respaldar su éxito".

UPyD critica que el proyecto de reforma de la Administración local no aborda "con decisión" la fusión de municipios

MURCIA.- El coordinador  regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha afirmado que el proyecto de Ley de reforma de la Administración Local que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, no aborda los verdaderos problemas que existen en España en ese ámbito como es una propuesta vinculante para la fusión de municipios, ni la supresión de las diputaciones. 

   Sánchez ha señalado que el anteproyecto va, justo, en la dirección contraria, "sólo se señala la fusión como una sugerencia y se refuerzan las competencias de las diputaciones provinciales, cuyos miembros no son elegidos democráticamente por los ciudadanos, lo que supone una pérdida de calidad democrática"

   El coordinador de la formación magenta, Rafael Sánchez, ha destacado que "si realmente se pensase en los ciudadanos, deberíamos aprender de lo que se ha hecho en toda Europa, fusionando municipios para reducir el coste de funcionamiento y ganar en eficiencia y calidad para la prestación de servicios obligatorios, ya que muchos pequeños municipios ni tan siquiera pueden prestar los servicios básicos".

   Asimismo, ha recordado los informes que ha elaborado UPyD, en los que se indica que la escala más eficiente de un municipio en España es de 20.000 habitantes.

   La concentración municipal en agrupaciones de este tamaño ahorraría 16.000 millones de euros al año. Y en cuanto a las diputaciones, aunque la Región, al ser uniprovincial no las tiene, "la desaparición de las diputaciones provinciales implicaría un importante ahorro de 6.000 millones al año y se evitaría un procedimiento de elección indirecta, así como desaparecería la colocación de cargos de los grandes partidos designados por sus direcciones".

   En lo que respecta a la Región de Murcia, Rafael Sánchez cree que el número de 45 municipios es "razonable" para una población total de un millón y medio de habitantes. Sin embargo, ha señalado que no es descartable que se pudiese realizar una actualización del mapa municipal fusionando algunos municipios.

   En  este sentido, ha recordado que UPyD ha creado una serie de grupos de trabajo en los diferentes consejos locales y delegaciones para tratar la reforma de la Administración local y la fusión de ayuntamientos, con el propósito de presentar una propuesta de reorganización del mapa municipal de la Región

   Sánchez se ha referido a la readscripción competencial, por la que los ayuntamientos cederán a las Comunidades Autónomas la prestación de determinados servicios en educación o sanidad, para afirmar que también genera muchas dudas "puesto que no se habla en el proyecto de cómo van a financiarse esos servicios, corriendo el riesgo de que al final se produzca un recorte en las prestación de los mismos".

   Para finalizar, ha valorado positivamente que el proyecto establezca un baremo homogéneo para las retribuciones de los alcaldes, "algo que nosotros ya habíamos reclamado".

Los nueve municipios más pequeños de la Región también podrán recibir competencias con dotación

MURCIA.- El presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), Miguel Ángel Cámara, ha explicado este lunes a los representantes de los municipios con menos de 5.000 habitantes que "los pueblos con menos población también podrán recibir delegación de competencias de otras administraciones, y en los mismos términos que el resto de municipios, con el principio de garantía de su financiación".

   En el caso de la Región se trata de Albudeite, Aledo, Campos del Río, Librilla, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva del Segura.

   En este sentido, Cámara les ha expuesto que el Gobierno "ha recogido la mayor parte de las demandas planteadas de la reforma local".

   Tras subrayar que "seguimos dialogando para que la ley responda a las demandas de modernización de la Administración bajo criterios de eficiencia y eficacia", ha precisado que el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local "recoge la mayor parte de las demandas planteadas por los alcaldes de los municipios más pequeños".

   Con ellos ha mantenido una reunión para trasladarles la situación actual del Anteproyecto, en especial en lo concerniente a las modificaciones legislativas que les afectan.

   También se ha recogido otra sugerencia para que los pueblos pequeños "no tuviesen un tratamiento singular en la evaluación de los servicios, haciendo factible una eventual intervención del Gobierno". La reforma supone "la retirada de cualquier alusión al respecto, de forma que se mantiene la sujeción de todas las administraciones públicas a la Ley de Sostenibilidad Financiera".

   Por otra parte, en relación con el aspecto retributivo, especialmente en los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, se contempla la posibilidad de "poder recibir compensaciones económicas por el trabajo que desarrollan los regidores en el Ayuntamiento".

   Pese a los avances introducidos en el anteproyecto, Cámara ha recordado que aún "hay tiempo y margen para seguir mejorando la ley", en especial en aspectos relacionados con la delegación de competencias, en cuanto a plazos y forma de asumirlas, sobre todo sanidad y educación.

   Para ello, desde la FEMP "seguimos dialogando con el Gobierno para que la ley responda a las demandas de los municipios, que es, sobre todo, la modernización de la Administración bajo criterios de eficiencia y eficacia".

El Gobierno no suprime concejales y permite sueldos de hasta 100.000 euros

MADRID.- La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno ha ido perdiendo por el camino las pretensiones iniciales expresadas por el propio Ejecutivo. Así ha ocurrido al menos en dos asuntos tan llamativos como el número de concejales y las retribuciones de los alcaldes, ya que se ha pasado de anunciar una eliminación del 30 por ciento de ediles a no tocar ninguno y de rebajar a unos 70.000 euros los sueldos máximos de los alcaldes a permitir que alcancen los 100.000 euros.

   Ambos aspectos figuraban en el informe aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado y han desaparecido del nuevo informe que este viernes ha visto el Consejo de Ministros.

   El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comenzó a trabajar en esta reforma nada más arrancar la legislatura, hace un año, y ha mantenido negociaciones con todas las administraciones territoriales, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la oposición, especialmente con el PSOE.

   El camino ha sido tortuoso y le ha granjeado al Gobierno las críticas de alcaldes de su propio partido, discusiones con las autonomías por una posible invasión de competencias, dudas de la FEMP y el rechazo absoluto de los socialistas.

   Conforme han avanzado los meses, las negociaciones y la contestación, algunos asuntos muy destacados de la reforma inicial se han eliminado. Es el caso de la reducción de concejales, situada en un 30 por ciento en julio del año pasado, cuando se aseguró que ningún pleno municipal contaría con más de 35 asientos; hace unos días, esa rebaja se situaba ya en el 10 por ciento y hoy se ha reducido a cero.

   En cuanto a las retribuciones de los alcaldes, se anunció su equiparación, para los de las ciudades mayores, al sueldo de un secretario de Estado; esto es, 68.981 euros. No se dijo entonces lo que hoy ha aclarado el ministro Cristóbal Montoro, que ese sueldo lleva añadidos varios complementos que elevan la retribución final a los casi 100.000 euros.

   Pese a todo, se ha multiplicado el ahorro que según el Gobierno se puede lograr con esta reforma: 7.129 millones de euros, el doble de los 3.500 previstos inicialmente. Fundamentalmente, porque cada competencia será ejercida por una sola administración y porque desaparecerán empresas públicas y entidades intermedias, como las mancomunidades.

   El proceso de reforma, en cualquier caso, va a ser largo y aún caben nuevas modificaciones. Fuentes del Gobierno aseguran que la iniciativa, que por el momento es solo un informe, no se convertirá en ley probablemente hasta el año que viene, es decir, en vísperas de las próximas elecciones municipales de 2015. Será en la próxima legislatura local cuando todas estas novedades empiecen a surtir efectos.

   Habrá tiempo por tanto para retomar negociaciones rotas y profundizar en las que el Gobierno aún mantiene. El departamento que dirige Antonio Beteta, secretario de Estado de Administración Local, ha recibido cientos de aportaciones de comunidades autónomas, de expertos, de diputaciones, ayuntamientos y partidos políticos.

   Las negociaciones han sido intensas también con el PSOE desde el principio del proceso. Ambas partes intercambiaron propuestas y las relaciones han sido fluidas entre los dos principales partidos del país, con Javier Arenas (PP) y Gaspar Zarrías (PSOE) a la cabeza.

   Pese a todo, las posturas se han distanciado ante la convicción socialista de que el interés principal del Gobierno es privatizar servicios que ahora son públicos. Así las cosas, y al entender que sus propuestas no eran escuchadas, el PSOE dio por rota la negociación.

   No han sido tampoco fáciles las cosas con los propios municipios del PP; primero, con los de tamaño menor, que en un principio se vieron abocados a la desaparición. Finalmente, los que no sean eficientes dejarán de prestar servicios, que serán ofrecidos por la diputación, pero no se disolverán.

   La reforma ha tenido otros aspectos que no han gustado a los ayuntamientos, al margen de su color político; por ejemplo, que los interventores municipales vuelvan a responder ante Hacienda y no ante el alcalde.

El PP propone un decálogo de medidas para la reforma local en su XX Intermunicipal

ALMERÍA.- El PP ha aprobado este sábado en el marco de la XX Intermunicipal de la formación celebrada en Almería, un decálogo de medidas para mejorar la Administración Local y que se incorporarán a la Ley de Bases de Régimen Local que el Gobierno prevé aprobar antes de que acabe el mes de enero.  Entre esas propuestas, el PP plantea que las competencias de Sanidad y Educación recaigan "de manera íntegra" en las Comunidades Autónomas.

   En sus conclusiones en materia municipal, el PP plantea la modernización de la planta local española. "Entre las novedades más significativas valoramos que las competencias en materia de Sanidad, Educación y Servicios Sociales recaigan de manera íntegra en las Comunidades Autónomas. También, la racionalización y profesionalización de las estructuras organizativas y de gestión tanto de los municipios como de las Diputaciones o equivalentes, así como su sector empresarial local", recoge el citado documento.

   Además, aboga por hacer realidad el principio que ya proclamó Mariano Rajoy en su discurso de investidura: "una administración, una competencia". En este marco, apuesta por la "promoción de la medición, contratación y publicación del coste de los servicios con el fin de eliminar duplicidades y generar economías de escala y de rendir cuentas a los ciudadanos". Según el PP, la reorganización de actividades y servicios puede generar unos ahorros cercanos a los 3.500 millones de euros.

   Asimismo, sostiene que en la nueva ley local las entidades locales ejercerán competencias no previstas en la ley, cuando no se ponga en riesgo financiero la realización de las competencias propias, y se garantice su sostenibilidad financiera. Se trata, precisa, de terminar "con el problema de las competencias impropias", que constituye una reivindicación histórica de los entes locales.

   También defiende un modelo que premie la mejor gestión local. Así, "otro de los mecanismos que ofrece la norma a considerar es la reversibilidad de una competencia que pase del municipio a un plano territorial superior". Tras 5 años, se plantea la posibilidad de recuperación de una competencia perdida.

   El documento explica que habrá una "regulación anual" del régimen retributivo a través de los Presupuestos Generales del Estado; el número de los miembros de las corporaciones locales; las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y el número máximo y cualificación de miembros de los órganos de gobierno; el número máximo de personal eventual con cargo al presupuesto de la Administración local; y la profesionalización del personal directivo de las Diputaciones. Además, se recuperarán las funciones que venían prestando los interventores con "habilitación de carácter nacional".