MADRID.- Los concursos de personas físicas crecieron un 31,4% en el tercer
trimestre por la crisis económica causada por el COVID-19, según
informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de
Murcia (TSJMU) en un comunicado.
Y es que, después del impacto que el confinamiento, la suspensión
de plazos procesales y la adopción de medidas de seguridad e higiene
tuvieron en la actividad de los órganos judiciales durante el segundo
trimestre de 2020, en el tercer trimestre del año se aprecian la
reactivación de la actividad y los efectos de la crisis económica
provocada por el COVID-19.
Según el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos
judiciales' hecha pública este jueves por la Sección de Estadística del
Consejo General del Poder Judicial, uno de los procedimientos que se
vieron más afectados fueron los concursos.
En concreto, en el tercer trimestre del año, sumando los
presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas
registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e
Instrucción, se alcanzó la cifra de 89, de los que 67 correspondieron a
personas físicas no empresarios, lo que supone un incremento del 31,4%
respecto al mismo trimestre de 2019.
En los Juzgados de lo Mercantil se presentaron 11 concursos, un
53,2% menos que en el tercer trimestre de 2019. Cabe recordar que el
pasado 28 de abril se aprobó un Real Decreto, para hacer frente al
previsible incremento de procesos concursales en esta jurisdicción,
estableció una moratoria para que las empresas insolventes declaren
concursos de acreedores, suspendiendo el deber de solicitarlo.
Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal,
relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de
carácter colectivo (ERE), se presentaron 3 expedientes, que se suman a
los 7 presentados en el primer semestre; uno más que en los tres
primeros trimestres de 2019.
Como consecuencia de las moratorias establecidas primero en el
Real Decreto-Ley 16/2020 y, posteriormente, en la Ley 3/2020, de medidas
procesales y administrativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito
de la Administración de Justicia, en los Juzgados de lo Mercantil no se
admitió en el periodo analizado ningún concurso consecutivo.
En el tercer trimestre de 2020, también aumentaron
significativamente las demandas por despido. Se presentaron un total de
1.103, un 32,1 % más que en igual trimestre de 2019. El número de
demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo
Social ascendió a 597, cifra similar a la del mismo periodo del año
anterior.
En el tercer trimestre de 2020 se presentaron en los Juzgados de
Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción 5.876
procedimientos monitorios, lo que supone un descenso interanual del
5,3%.
El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias
líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades
debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de
inmuebles urbanos.
Destaca en el tercer trimestre de 2020 en la Región, más acusado
que a nivel nacional, el incremento de los procedimientos de ejecución
hipotecaria. En total se presentaron 340 ejecuciones hipotecarias,
prácticamente el doble que en el mimo periodo del año anterior (52,7%
fue el incremento medio que registró el país).
El número global de lanzamientos practicados en el tercer
trimestre de 2020 ascendió a 7.096, dato que refleja un descenso del
34,1% respecto al mismo periodo del año anterior. El 40% de los
lanzamientos, 121, fue consecuencia de procedimientos derivados de la
Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que 172 (el 56%) se derivó
de ejecuciones hipotecarias. Los 12 restantes obedecieron a otras
causas.
Los lanzamientos derivados del impago del alquiler disminuyeron un
39,5%. La disminución interanual de los lanzamientos derivados de
ejecuciones hipotecarias fue del 22,5% en la Región de Murcia,
situándose con 121 y a pesar del descenso registrado, como la cuarta
comunidad donde más lanzamientos se instan derivados de ejecuciones
hipotecarias, solo por detrás de Valencia (369), Andalucía (342) y
Cataluña (195).
En el tercer trimestre de 2020 ingresaron en los juzgados
especializados 426 asuntos de esta naturaleza; se resolvieron 786,
quedando en tramitación 5.496. Se dictaron 786 sentencias, el 97,9 % de
las cuales fueron estimatorias.
La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación
ilegal de viviendas modificó el artículo 250.1.4º de la Ley de
enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018, se dispone de
información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación
ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean
personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas
poseedoras de vivienda social.
En el tercer trimestre de 2020 ingresaron 33 y se resolvieron 13.
En Andalucía y Cataluña se presentó el mayor número de demandas, 216,
que representan el 22 % del total nacional. Le siguieron la Comunidad
Valenciana, con 108, y Castilla la Mancha, con 102.
