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miércoles, 6 de marzo de 2024

Verónica Celdrán Ruiz es nombrada delegada de la Fiscalía Especial Antidroga en la Región de Murcia


MURCIA.- Verónica Celdrán Ruiz ha sido nombrada delegada de la Fiscalía Especial Antidroga en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en sustitución de María Isabel Neira Campos, que renunció al cargo, según recoge este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La oferta de la plaza fue comunicada a toda la plantilla, pero solo concurrió a la misma Celdrán Ruiz, cuyo currículum profesional y méritos cuentan con el informe favorable de la Fiscal Jefa de la Fiscalía Antidroga.

El decreto de nombramiento fue suscrito por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado 22 de febrero.

miércoles, 28 de febrero de 2024

Cuatro juezas y un juez eligen plaza en Molina, Totana y Cieza como su primer destino


MURCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, presidirá este miércoles, 28 de febrero, a las 13.00 horas, el solemne acto de juramento-promesa ante la Sala de Gobierno de cuatro juezas y un juez de la 72ª Promoción de la Carrera Judicial, destinados a la Región de Murcia.

En concreto, se trata de Marta Bernabé Aliaga, Alba García Colón, Victoria García García, Alejandro Goicoechea Rey y Celia Martín Ávila que ocuparán sus nuevos cargos con destino a los juzgados de primera instancia e instrucción número 4 de Molina de Segura, 4, 2, 3 de Totana y 1 de Cieza, respectivamente.

Todos ellos, recibieron sus despachos el pasado 14 de febrero en Barcelona, en un acto presidido por Su Majestad el Rey, tras superar su última fase de formación en la Escuela Judicial ejerciendo como titulares en distintos órganos desde julio, como jueces en prácticas. Y, aunque sólo uno de ellos residía en Murcia, los cinco han elegido que su primer destino sea la Región.

El perfil de los 160 jueces y juezas --119 mujeres y 41 hombres-- que integran la septuagésima segunda promoción es, según se recoge en una encuesta realizada a su ingreso en la Escuela Judicial en 2022, el de una mujer (representan el 74,37 % del total) con una edad media de 28 años, que ha tardado cinco años en preparar y aprobar la oposición y que no procede de una familia de juristas.

Entre los motivos que los llevaron a elegir esta profesión destacan especialmente su pasión por el Derecho (el 73 % se mostró muy de acuerdo con esta afirmación), la independencia e imparcialidad de su función (73 %), la función de los jueces como garantes de los derechos fundamentales (71 %) y la contribución a un servicio público (66 %).

Además, en el mismo acto, Raquel Lillo Paredes, tomará posesión de su cargo, tras su ascenso, como nueva magistrada titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de San Javier.

El acto será retransmitido en streaming por el canal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

domingo, 19 de noviembre de 2023

"Jueces para la Democracia" advierte de que las concentraciones ante juzgados dañan la imagen de neutralidad de la Magistratura


MADRID.- La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha advertido este domingo que las concentraciones que se han convocado ante sedes judiciales para protestar contra el acuerdo entre PSOE y Junts “pueden afectar la imagen de independencia y neutralidad del Poder Judicial, que debiera estar alejado de la pugna política”.

En un comunicado, la asociación progresista de jueces se refiere a “las concentraciones que se están convocando ante las sedes judiciales”, como las celebradas el pasado martes en Sevilla, Cádiz, Huelva, Jaén y Salamanca, en las que hubo unos 800 jueces.

“Se trata de actos que, dado el actual contexto, pueden afectar la imagen de independencia y neutralidad del Poder Judicial, que debiera estar alejado de la pugna política”, sostiene Jueces para la Democracia.

Destaca que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, los principios de Bangalore sobre la conducta judicial y los dictámenes de la Comisión de Ética Judicial insisten en que tan importante como el valor mismo de la independencia judicial, es la apariencia de tal y de imparcialidad que la judicatura debe transmitir”.

“Consideramos que las concentraciones que se están realizando pueden dañar esa imagen de neutralidad e imparcialidad, mezclando a la judicatura en un contexto de enfrentamiento partidista en el que no debe participar, razón por las que nuestra asociación no tomará parte en las mismas”, concluye.

Las cuatro asociaciones judiciales con más representación, entre ellas Jueces para la Democracia, publicaron el pasado 9 de noviembre un comunicado conjunto en rechazo a la referencia al lawfare en el pacto entre PSOE y Junts. Si bien, finalmente no se ha incluido una mención a este término en el documento.

viernes, 15 de septiembre de 2023

El presidente del TSJMU alerta del "riesgo de irrelevancia que acecha al Poder Judicial


MURCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, ha advertido este viernes "de la deriva institucional, del desprestigio y del riesgo de irrelevancia que acecha al Poder Judicial español y al servicio público de Justicia" en los últimos años, según han informado fuentes del organismo judicial en un comunicado.

Pasqual del Riquelme ha pronunciado estas palabras durante su discurso en el acto de apertura del año judicial autonómico, celebrado en Murcia.

El máximo representante del TSJMU ha alertado de que "la sociedad española está normalizando una situación patológica del Poder Judicial que, de seguir agravándose, puede comprometer, si es que no lo ha hecho ya, el orden constitucional, la separación de poderes, la independencia judicial y, con ello, el adecuado funcionamiento de todo nuestro entramado institucional".

"A base de normalizar un agravio tras otro a la Justicia podría pensarse que no pasa nada", ha aseverado para, a continuación, advertir de que "sí que pasa". En este sentido, ha aludido a la falta de atendimiento de los llamados a la renovación del Consejo General del Poder Judicial que motivaron la dimisión de su presidente; al "bloqueo" en el nombramiento de cargos judiciales por todo el territorio nacional; a las sentencias que quedan sin dictarse y "los miles de ciudadanos que se ven abocados a esperas insoportables para obtener el amparo judicial que promete nuestra Carta Magna".

Utilizando el mismo recurso estilístico, el presidente del TSJMU ha dejado también constancia del agravio que supone que "cargos políticos confunden la legítima y ponderada crítica propia de todo sistema democrático con la descalificación grave e indiscriminada a la Judicatura, llegando al insulto personal, tan pronto perciben que sus autos y sentencias no les son favorables o ponen en evidencia las negativas consecuencias de determinadas políticas y reformas legales".

Asimismo, el representante de la judicatura murciana ha subrayado la elevada incidencia de las huelgas seguidas en la Región por los diferentes Cuerpos de la Administración de Justicia durante el primer semestre de este año, que, ha dicho, "han lastrado de forma decisiva el funcionamiento de la Justicia, tanto a nivel nacional como, muy específicamente, autonómico".

"Se trata de un asunto lamentablemente no cerrado que amenaza con repetirse este otoño, lo que de confirmarse generaría una situación muy complicada a la Justicia regional", ha señalado Pasqual del Riquelme, tras recalcar que "precisamente" los territorios donde las huelgas han tenido más seguimiento han sido aquellos que, como es el caso de la Justicia murciana, acumulan mayores carencias, asuntos pendientes y retrasos en la respuesta judicial.

Según el presidente del TSJMU, "lo que está ocurriendo es, sin duda alguna, el fruto de años de abandono y carencias, de deterioro progresivo de las condiciones laborales y de un aumento exponencial de la litigiosidad para el que no se han arbitrado ni las medidas legislativas ni los medios necesarios para hacerle frente". 

A este respecto, ha aseverado que este servicio público no se despliega en igualdad de condiciones en todo el territorio español, ya que "que existen notables asimetrías entre comunidades autónomas y que nuestra región está entre las que, año tras año, se lleva la peor parte".

En su balance del curso judicial, el presidente ha apuntado a la combinación de "escasos" medios personales, la alta litigiosidad y la extrema incidencia de las huelgas como la causa del incremento en los asuntos pendientes y tiempos de respuesta de los juzgados y tribunales de la Región de Murcia.

Asimismo, ha dado cuenta de que el primer semestre de 2023 se cerró con 155.000 asuntos en trámite, advirtiendo que la proyección ofrecida por los servicios de estadística es que esa cifra se eleve a 165.000 a finales de este año, lo que supone un 10% más de asuntos pendientes que solo un año antes, a finales de 2022.

Con esos datos y la mirada puesta en la conflictividad laboral que "amenaza" el curso judicial que ahora comienza, Pasqual del Riquelme ha hecho un llamamiento a las partes directamente implicadas --Ministerio de Justicia y representantes asociativos y sindicales-- "para que eventuales futuras negociaciones se lleven a cabo en contextos y con actitudes muy distintas a las de la áspera confrontación a la que hemos asistido este año", de forma que el proceso negociador produzca la menor afectación posible al servicio público de Justicia.

"Son muchos los ciudadanos que se ven afectados en sus más preciados bienes por las consecuencias del ejercicio del derecho a la huelga de los servidores públicos", ha recordado.

El presidente ha cerrado su discurso con una felicitación especial al Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia que este curso judicial cumple el decimoquinto aniversario de su declaración por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

"Su presencia constante en esta tierra desde el siglo IX representa una herencia transmitida de generación en generación que ha sabido adaptarse a los cambios legales, sociales, históricos y ambientales. Su legado nos enseña el valor de lo auténtico y la lección de que nada se queda anticuado más rápido que el futuro", ha afirmado Pasqual del Riquelme, que anunciado, además, la colocación de una placa homenaje en la Ciudad de la Justicia que desde este viernes luce en dicha sede para que "sirva de guía el emblema de este tribunal consuetudinario cuya eficaz gestión ha garantizado su supervivencia a lo largo de los siglos".

El acto solemne ha concluido con la entrega de los reconocimientos y felicitaciones de la Sala de Gobierno por su especial contribución a la Justicia murciana durante el pasado curso.

En concreto, han recibido esta felicitación los magistrados coordinadores regionales para grandes catástrofes, José Fernández Ayuso e Ignacio Munitis; la letrada de la Administración de Justicia Maria del Carmen Navarro Esteban, por su labor en la dirección de la tramitación procesal del juzgado especializado en cláusulas suelo; los 24 miembros de la Red 364 de funcionarios de diferentes cuerpos, partidos judiciales y jurisdicciones de la Región de Murcia, que contribuyen a optimizar el uso de los sistemas informáticos; los abogados Rosa Manrubia, Regina Márquez y Julián Lozano, por su participación en el grupo de trabajo para el diseño e implantación de un nuevo sistema regional de atención integral a profesionales y usuarios; el subinspector de Policía Nacional, miembro de la Unidad de Familia los últimos 18 años, Domingo Baños, por su colaboración con los órganos judiciales; y el arquitecto coordinador de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, Antonio Martín, por su implicación durante muchos años en la mejora de las infraestructuras judiciales de la Región de Murcia.

En agradecimiento por los servicios prestados durante su vida profesional se ha entregado un reconocimiento las autoridades judiciales y funcionarios públicos de todos los Cuerpos que han trabajado en la Administración de Justicia de la Región que se jubilaron durante el pasado año judicial.

viernes, 29 de abril de 2022

El presidente del Partido Republicano de Oklahoma quiere poner a Anthony Fauci ante un pelotón de fusilamiento


OKLAHOMA CITY.- El presidente del Partido Republicano de Oklahoma, John Bennett, dijo
en una parada de campaña, que el Dr. Anthony Fauci debería enfrentar un pelotón de fusilamiento por sus crímenes.

Bennett es un candidato republicano al Congreso.

“Estamos luchando contra un sistema que robó las elecciones en 2020 y nadie rindió cuentas. Estamos en una guerra con los burócratas que nos han impuesto mandatos de vacunas, mandatos de mascarillas”, dijo Bennett.

“¿Y sabes qué? Están empujando esta confusión de despertar por nuestras gargantas ahora. Y, por cierto, deberíamos juzgar a Anthony Fauci y ponerlo frente a un pelotón de fusilamiento”, agregó.

 “Y para el Servicio Secreto, si están escuchando, no estoy abogando por que matemos a Anthony Fauci hasta que sea condenado en un tribunal por sus crímenes”.

miércoles, 12 de enero de 2022

El juez Juan del Olmo, nuevo presidente de la sección III de la Audiencia Provincial de Murcia


MURCIA.- El magistrado murciano Juan del Olmo Gálvez (Murcia en 1958) ha tomado este martes posesión de su cargo como presidente de la Sección III de la Audiencia Provincial ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pasqual del Riquelme, y el secretario de Gobierno, Javier Parra García.

Del Olmo, que dirigirá una sección Penal de la Audiencia por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre, sustituye al magistrado José Luis García Fernández, tras su reciente jubilación, han informado fuentes del TSJ.

sábado, 9 de octubre de 2021

El presidente del TSJMU critica la "instrumentalización" de la Justicia por parte de partidos políticos


MURCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, ha arremetido contra la "instrumentalización" de la Administración de Justicia que hacen, en ocasiones, "tanto partidos políticos y asociaciones constituidas a su sombra, como particulares que se arrogan unilateralmente la defensa del interés público".

Así lo ha hecho saber Pasqual del Riquelme acto de apertura del Año Judicial en la Región de Murcia 2021/2022, en el que ha criticado este "uso interesado y meramente táctico" que se hace de la jurisdicción penal. "Lo hacen unas veces mediante la interposición de denuncias y querellas meramente propagandísticas, cuya vida útil se agota en la fotografía de los denunciantes ante la puerta del juzgado con la denuncia sellada en sus manos", añade.

"Y en otras ocasiones mediante la sistemática personación en actuaciones penales, instrumentalizando el ejercicio de la acusación popular para desgastar al rival político y mantener viva en el tiempo una imputación que es luego esgrimida como munición en la lucha partidista", según el presidente del TSJMU, quien estima que, con esta "actitud justiciera impostada", hacen un "uso indebido y abusivo de los tribunales y consumen en su propio y a veces espurio interés los siempre escasos recursos y energías del sistema judicial".

Precisamente, ha alertado que una de las patologías que lastran la Justicia regional es la "altísima tasa de litigiosidad", es decir, de entrada de asuntos, en comparación con la media nacional.

En su intervención, ha indicado que el conflicto "no es una patología", sino que es "consustancial a sociedades democráticas, plurales". Sin embargo, ha advertido que "lo que sí es una patología es la judicialización masiva de toda la conflictividad social".

"Nuestros responsables políticos, los actores socioeconómicos y los profesionales del Derecho que intermedian en esa conflictividad social harían bien en promover, sondear y explotar al máximo las posibilidades de resolución alternativa y autocompositiva de dichos conflictos, evitando su automática judicialización", ha considerado Del Riquelme, quien cree que algunos fenómenos de este tipo resultan "especialmente sangrantes".

En concreto, se ha referido a los pleitos por cláusulas abusivas representan un 14% de todos los asuntos civiles en trámite en la Región. "El altísimo porcentaje de demandas presentadas por clientes de la banca que están siendo estimadas por los tribunales (que supera el 99% de las presentadas) debería llevar a algunas de las entidades bancarias más frecuentemente demandadas a revisar su estrategia procesal de oposición sistemática a tales reclamaciones", ha aseverado.

En su intervención, el fiscal Superior, Díaz Manzanera, ha dicho que "Mención especial" merece, los delitos contra la Administración Pública en los que hubo un aumento de incoaciones con un 44,11%: en desobediencias, en malversación y sobre todo, en prevaricación.

"Los datos hablan por sí solos", según el Fiscal Superior, quien ha precisado que entre 2020 y 2021 se han registrado en la Fiscalía de Murcia 61 diligencias de investigación de esta materia, siendo archivadas 47 (lo que supone un 77% del total), de las que 52 son por prevaricación, entre las que se encuentran como denunciantes: partidos políticos en 12 casos, además de 17 de particulares o empresas, 14 de funcionarios y 6 de asociaciones.

"Denuncias que, en su mayor parte, no deberían de haberse presentado, atendiendo a los nulos indicios de criminalidad, debiéndose plantear en otra jurisdicción diferente a la penal, que es muy restrictiva, ya que en ella se exige, entre otros requisitos, un dolo específico muy difícil de acreditar", ha aseverado. "No todo es delito", según Díaz Manzanera, quien cree que "lo que evidentemente ha de ser rechazable es si alguna de esas denuncias estuviese guiada en buscar básicamente el efecto mediático.

"Que no quepa la menor duda que si la Fiscalía observa indicios mínimos de delito, judicializa los hechos con la pertinente denuncia o querella, advirtiendo siempre a los denunciantes, que pueden presentarla en el Juzgado competente", ha aseverado. De la misma manera, ha asegurado que "se procede, como así ha sucedido en varios casos, al archivo de plano al comprobar que el contenido de la denuncia desde su umbral o entrada, no tiene ninguna base fáctica, ni probatoria, ni jurídica".

"No sería de recibo que detrás de esa práctica incorrecta hubiese una utilización torticera y abusiva de una institución pública estatal como es la Fiscalía, y en los casos más claros se podría hasta perseguir por acusación y denuncia falsa", ha advertido.

martes, 28 de septiembre de 2021

Los órganos judiciales de la Región registraron 54.248 asuntos en el segundo trimestre, un 37,4% más que en 2020


MURCIA.- El conjunto de órganos judiciales de la Región de Murcia registró durante el segundo trimestre de 2021 un total de 54.248 asuntos. Esta cifra supone un incremento del 37,4% respecto al mismo trimestre del año anterior, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU).

En el mismo periodo, los tribunales murcianos resolvieron 57.105 asuntos, un 72,1% más que un año antes; y al final del trimestre, se mantenía en trámite 122.883 asuntos, prácticamente los mismos que antes de la pandemia.

Estos y otros datos están recogidos en el informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2021', que el Consejo General del Poder Judicial ha difundido este lunes.

Los datos sobre la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre de 2021 ponen en evidencia los efectos que la crisis sanitaria causó sobre el número de procedimientos iniciados en todo el país.

En concreto, en la Región de Murcia, se observan importantes incrementos interanuales, que se sitúan en el 35,1% en el orden Civil; en el 37,4% en el orden Penal; en el de lo Contencioso-Administrativo ha sido del 109,7% y en el Social, del 30,4%.

Respecto a la resolución de asuntos, los incrementos interanuales todavía han sido mayores que en el de ingreso: 85,6% en la jurisdicción Civil; 53,8% en la Penal; 136,2% en la de lo Contencioso-Administrativo y 132,3% en la Social.

En la jurisdicción Civil ingresaron 22.242 asuntos, lo que ha supuesto un aumento del 35,1%. Se resolvieron 23.976 asuntos, un 85,6% más que un año antes, y quedaron en trámite 72.110 asuntos, un 0,7% menos que al final del mismo trimestre de 2020. De los asuntos en trámite en esta jurisdicción, el 14% se refieren a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

En jurisdicción Penal tuvieron entrada 26.678 asuntos, con un incremento interanual del 37,4%, habiéndose resuelto 22.377 asuntos, un 53,8% más. En trámite quedaron 33.947 asuntos, un 1,9% menos que un año antes.

La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo registró 1.769 asuntos, un 101,7% más que el año anterior, y resolvió 2.088, un 136,2% más. Quedaron en trámite 5.130 asuntos, un 5,6% menos.

La jurisdicción Social ingresó 3.195 asuntos, un 30,4% más que en el mismo trimestre de 2020. Se resolvieron 3.664 asuntos, un 132,3% más, y quedaron en trámite 11.696 asuntos, un 2,6% más.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido de 35,4 asuntos por cada 1.000 habitantes. La Región, con una tasa de 35,7, de nuevo se encuentra entre las comunidades que superan la tasa media de litigiosidad del país, tras Canarias (46,6), Andalucía (39), Madrid (38,4) y Asturias (36,2).

Las comunidades con la tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (24,5), Navarra (26) y País Vasco (26,8), según los cálculos realizados sobre las cifras provisionales de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2021.

viernes, 12 de febrero de 2021

Presunta corruptela de tres magistrados de la parte más sospechosa de la Judicatura murciana


MADRID.- Los hermanos Rafael y José Luis Segado han interpuesto, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMu), una querella criminal por supuesta prevaricación contra los magistrados José Manuel Nicolás Manzanares, Miguel Larrosa Amante y Fernando Javier Fernández-Espinar López, que en 2011 componían la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, según publica hoy Confilegal.

https://confilegal.com/20210211-presentan-una-querella-contra-tres-magistrados-de-la-region-de-murcia-por-supuesta-prevaricacion/ 

La Sala de Admisión de ese órgano judicial, formada por los magistrados Miguel Pasqual del Riquelme Herrero –presidente del TSJMu–, Enrique Quiñonero Cervantes y Joaquín Ángel de Domingo Martínez, ha enviado el texto legal al Ministerio Fiscal para que informe.

Confilegal se puso ayer en contacto con las Oficinas de Comunicación tanto del TSJMu como del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde uno de los tres magistrados, Fernández-Espinar López, está actualmente destinado –en la Audiencia Provincial de Elche– con el fin de recabar sus opiniones, si las consideraban oportunas.

O sus silencios.

Sin embargo, ambos responsables articularon la misma respuesta: «El asunto no ha sido, hasta el momento, admitido a trámite. Y los magistrados contra los que se dirige el escrito no están personados en la causa».

«Para preservar la objetividad de la Oficina, no debo tratar en ningún caso con ellos de este asunto. Así que lamento no poder atender tu petición de trasladarles tu comunicación», añadieron individualmente.

El delito de prevaricación consiste en dictar una sentencia a sabiendas de que es injusta.

Los tres magistrados, en funciones de tribunal del apelación, condenaron a un año de cárcel a los dos actuales querellantes por un delito de estafa, tipificado en el artículo 251.2 del Código Penal, según sentencia número 81/2011, de 9 de marzo.

Ese tribunal revocó, así, el fallo absolutorio previo, de primera instancia, dictado por el Juzgado de lo Penal 2 de Cartagena,  en un caso de falsa doble venta de unos terrenos en esa ciudad por el que la mercantil valenciana EDIVAL les había interpuesto una querella.

El órgano judicial no tuvo en cuenta ni valoró los seis informes del Ministerio Fiscal, por los que solicitó el sobreseimiento libre. Uno de ellos, resaltan, contó con el visado del fiscal jefe del TSJMu, destacan los querellantes en su texto de 42 folios, al que ha tenido acceso Confilegal. 

Los tres magistrados rechazaron el incidente de nulidad de actuaciones contra esa condena, que después presentaron los Segado, por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, del derecho de defensa, a la contradicción y a la presunción de inocencia, del artículo 24.2 de la Constitución Española (CE), del derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 24.1 de la Carta Magna, y del derecho a la igualdad, del artículo 14 de la CE.

EL CONSTITUCIONAL ANULÓ LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Los afectados recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional de forma inmediata. Su recurso fue uno de los 7.098 interpuestos ese año de 2011, y uno de los 149 admitidos –un 2,1 por ciento–.

Dos años más tarde, el 23 de septiembre de 2013, el máximo tribunal de garantías constitucionales, en la sentencia 157/2013, les otorgó el amparo buscado.

El Tribunal Constitucional subraya, en su fallo, que «la absolución acordada por el Juzgado de lo Penal consideró que de los hechos probados no se infería la existencia de un dolo de defraudar, ni inicial ni sobrevenido. Tal juicio deductivo se sustentó en que los demandantes [los hermanos Segado] comunicaron por dos veces la resolución del contrato, por escrito y por acta de manifestación, y pusieron a disposición de la querellante [EDIVAL] cheque bancario por importe de 3.593.932 euros, a cambio de la entrega de avales bancarios prestados y carta de pago de escritura de hipoteca unilateral otorgada a favor de GEMSA [la empresa de los Segado]». 

El tribunal de la Audiencia Provincial –en funciones de apelación–por su parte, apreció que había existido ánimo de engaño en los dos acusados, destaca el Constitucional.

Alcanzando «una conclusión respecto de esa intención distinta a la del Juzgado de lo Penal, sin haber dado la posibilidad a los acusados de ser oídos infringiendo su derecho defensa ( artículo 24.2 de la Constitución)». 

Los hermanos Segado tenían, por lo tanto, que haber sido escuchados antes de ser condenados.

En consecuencia, el Constitucional anuló la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia en Cartagena, ordenó retrotraer las actuaciones y repetir el juicio.

EN LA REPETICIÓN DEL JUICIO FUERON ABSUELTOS

De acuerdo con la querella interpuesta, los tres magistrados pese a concurrir en sus personas causa de abstención para resolver de nuevo el caso, trataron «de designar a sus otros compañeros de Sala con la evidente e indiciaria convicción de condenarlos de nuevo».

Bajo la siguiente premisa, que figura en un auto de 16 de octubre de 2013: «Los tres magistrados que encabezan esa resolución hemos realizado una valoración previa de la posible conducta de los acusados y una consiguiente calificación jurídica de lo acontecido, y dado que ha de practicarse una nueva apreciación, consistente en oír a los acusados a fin de resolver sobre su culpabilidad, esta cuestión, referida a la culpabilidad ya fue objeto de valoración por la sentencia condenatoria que dictó esta sala«.

El 13 de mayo de 2015 se formó un nuevo tribunal con los magistrados Matías Manuel Soria Fernández-Mayoralas, que había resuelto recursos de apelación de este procedimiento, por lo que estaba contaminado, Juan Ángel Pérez López y José Francisco López Pujante. 

Un tribunal que fue recusado por los hermanos Segado.

El presidente del TSJMu de ese momento, Juan Martínez Moya, finalmente ordenó que se abstuvieran y se repartiera el asunto entre otras secciones.

Recayó en la Tercera.

El juicio se celebró con magistrados que nada habían tenido que ver con el caso.

Su sentencia, la 154/2016 de 7 de marzo, confirmó la absolución de los dos acusados.

Ratificaron la sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de Cartagena, «con citas profusas de sentencias del Tribunal Supremo, de varias Audiencias Provinciales, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (38 en total), «de fechas anteriores y posteriores a la sentencia prevaricadora», se puede leer en la querella.

ACTUACIÓN SUPUESTAMENTE PREVARICADORA

De acuerdo con los Segado, los tres magistrados se apartaron de su propia doctrina, de una forma «deliberada, consciente y dolosa», siendo «su voluntad la única explicación del injusto fallo condenatorio».

«Esta parte ha buscado en cinco sistemas distintos, el de La Ley, Tirant Lo Blanc, Vlex, Westlaw y el propio Centro de Documentación Judicial [del Consejo General del Poder Judicial] y no ha sido capaz de encontrar una sola resolución dictada por esa Sección Quinta desde la fecha de esa sentencia, de fecha 22/09/2009  en la que existiendo informe del Ministerio Fiscal pidiendo sobreseimiento libre de las actuaciones y habiéndose dictado absolución en la instancia, se haya procedido a revocar la absolución y a dictar condena, sino todo lo contrario», dice la querella.

Cita cuatro sentencias específicas.

«Todas ellas son una clara muestra de la asunción como propia por la Sala de esta doctrina jurisprudencial, con la única excepción (…) de la sentencia condenatoria» a los Segado.

Los querellantes también refieren la rapidez con la que ese tribunal dictó sentencia.

Dicen que es llamativo que hubieran resuelto en apenas dos páginas –la sentencia está compuesta de 21 folios (8 referidos a hechos probados, 5 a citas jurisprudenciales, 1 a la justificación de las dilaciones indebidas, 3,5 al asunto de la responsabilidad civil y 1,5 al contenido del fallo)– 10 años de instrucción y enjuiciamiento, con 16 tomos y una causa de 10.000 folios».

Y añaden: «En apenas 19 días hábiles procesales, desde la recepción del procedimiento, ya se había dictado la sentencia, sin la más mínima cautela, pese a ser novedosamente condenatoria, revocando la absolutoria de instancia cuyo plenario duró más de 7 horas, según puede comprobarse en los DVD unidos a la causa«.

Cuando se envió el expediente al Constitucional, por el recurso de amparo, el secretario del Juzgado de lo Penal 2 de Cartagena solicitó al Alto Tribunal un mes y medio para preparar el envío porque los diez días básicos no eran suficientes.

EL TRASFONDO: ¿UNA VENGANZA?

Según explican los querellantes, el origen de la conducta de los tres magistrados habría que buscarlo en el conflicto que tuvieron con el abogado que los defendió ante el Juzgado de lo Penal 2 de Cartagena, Luis Ruipérez Sánchez, frente a la querella de EVITAL. 

Ruipérez Sánchez, fallecido, estaba casado con una magistrada del TSJMu.

Con él habían pactado una minuta de 6.000 euros por tratarse, en su origen, de una cuestión puramente civil.

Una cifra que se aumentó a 15.000 euros después, y a otros 40.000 euros más tarde por representar a GEMSA. Los honorarios  que percibió fueron de 61.000 euros, en total.

Como la sentencia absolutoria condenó en costas a EDIVAL, so pretexto de que la responsabilidad civil del ilícito perseguido, fue cuantificada en la cifra de 25.313.677,91 euros, Rupérez pretendió cobrar una minuta superior, de 274.777,30 euros, desentendiéndose del pacto de honorarios precedente.

Los hermanos Segado, explican, se negaron a pagarle esa cantidad, lo que provocó que Ruipérez les amenazara: «Os vais a acordar de mí».

Fue en una reunión, el 28 de enero de 2011.

«No os podéis imaginar el poder que tiene un abogado cuando su mujer es miembro del TSJ», relatan en la querella que les dijo en aquella reunión «en un ataque de furia». 

En el texto legal que ahora está siendo objeto de informe por el Ministerio Fiscal, los Segado afirman que conocieron la sentencia condenatoria de los tres magistrados porque Ruipérez se la envió a ambos antes de que hubiera sido notificada a su procurador.

De acuerdo con los querellantes, los hechos son, «cuanto menos, constitutivos de un delito de prevaricación judicial del articulo 446.1 del Código Penal y por tanto, castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años al tratarse de una sentencia injusta».

«Ponemos de relieve el cumplimiento del presupuesto de verosimilitud que exige el artículo 410 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dado que los hechos descritos se desprende la existencia de muy serios indicios de que por los magistrado querellados se han tomado, a sabiendas y de manera injusta, las decisiones que han sido descritas en sede de revocación de sentencia absolutoria penal, y todos los trámites y resoluciones dirigidos a que esta se perpetúe y confirme en el tiempo evitando con ello que pudieran ser reclamados de las responsabilidades que prevé orgánicamente la Ley Orgánica del Poder Judicial para jueces y magistrados», concluyen.

domingo, 13 de diciembre de 2020

La Asociación en Defensa de los Arruis ofrece asistencia jurídica gratuita contra resoluciones de dos magistradas

 MURCIA.- La Asociación en Defensa de los Arruis (asociaciondefensaarrui@gmail.com) ofrece asistencia jurídica gratuita contra las resoluciones que hayan podido dictar "incurriendo en arbitrariedad" dos magistradas de la Sala de lo Contencioso de Murcia, ESPERANZA SANCHEZ DE LA VEGA y CONSUELO URIS LLORET en los últimos 15 años, que es el plazo de ejercicio de acciones de responsabilidad personal, según un comunicado remitido por la citada asociación. 

 
"Estas dos magistradas son autoras de la validación de la matanza de arruis organizada por los órganos directivos del PP en la  Comunidad Autónoma,  y curiosamente Uris logró la presidencia de la Sala que ocupa gracias a los votos de los vocales del Consejo Judicial  del PP, el partido arruicida, tras afirmar y decretar  el sacrilegio irracional de que la matanza de los arruis no se suspendía durante la tramitación del caso porque no generaba un "perjuicio irreparable" la muerte de los arruis, de modo que cayeron cientos por su "arruicidio".
La Asociación en Defensa de los Arruis considera que ambas "deben de responder de todos sus actos de acometimiento al Estado de Derecho y prestara asistencia jurídica gratuita a las víctimas de sus resoluciones que sean casos defendibles ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en legítimo ejercicio del derecho a pedir ayuda a los tribunales de la responsabilidad de jueces".

viernes, 4 de diciembre de 2020

El CGPJ acuerda que un Juzgado de lo Mercantil de nueva creación tenga su sede desplazada en Cartagena

 CARTAGENA.-La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves que uno de los dos Juzgados de lo Mercantil de Murcia, cuya constitución está prevista en el próximo Real Decreto de creación de 33 unidades judiciales Covid-19 para la programación de 2020, tenga su sede desplazada en la ciudad de Cartagena.

Entre la relación de nuevas unidades judiciales previstas para la Región de Murcia se encuentran los Juzgados de lo Mercantil nº 3 y nº 4 de Murcia, pero el proyecto de Real Decreto ya preveía que el CGPJ podría acordar el desplazamiento de la sede de uno de ellos a Cartagena, en el ejercicio de la competencia que la Ley Orgánica 1/1985 de 6 de julio, del Poder Judicial, en su artículo 269.2 confiere exclusivamente a este órgano constitucional.

El desplazamiento de la sede cuenta con el informe favorable de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que señaló que "el buen servicio de la Administración de Justicia aconseja la constitución de uno de esos dos nuevos juzgados de lo mercantil en la ciudad de Cartagena, atendidos los criterios establecidos en el primero de dichos preceptos: a) la población; b) la existencia de núcleos industriales o mercantiles; y c) la actividad económica".

También ha informado favorablemente el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, atendiendo al hecho de que el partido judicial de Cartagena reúne a 251.610 de los 1.493.898 habitantes de la Comunidad Autónoma --el 16,8 por ciento-- y 6.880 de las 47.893 empresas --el 14,4 por ciento-- que tienen allí su sede, según informaron fuentes del CGPJ.

Según la comunicación remitida al CGPJ por el Ministerio de Justicia, el Mercantil nº 3 se pondrá en marcha el próximo 31 de diciembre en Murcia y la puesta en funcionamiento del Juzgado de lo Mercantil nº 4 en Cartagena se determinará a través de una orden ministerial que está prevista para el segundo semestre del año 2021.

viernes, 8 de mayo de 2020

El “plan de desescalada” en clave Justicia, para los funcionarios


MADRID.- El “alto mando” del Ministerio de Justicia, compuesto por Borja Vargues, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Concepción López-Yuste, directora del Servicio Público de Justicia  y Francisco Cabo, director de la Oficina de Proyectos, explicó a las asociaciones de letrados judiciales –el Sindicato de Letrados Judiciales (SISEJ), la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Asociación Independiente de Letrados (AINSEJU)– cómo iban a articular el “plan de desescalada” en este sector en el curso de la reunión telemática que mantuvieron, revela Confilegal.

Se compondrá de cuatro fases, que se desarrollarán de la siguiente manera:
En la Fase cero, la actual, trabajan únicamente alrededor del 10% de la plantilla. 

PRIMERA FASE

Se iniciará hacia el 11 o 12 de mayo, fecha en que volverá al puesto de trabajo se incorporará entre un 30% y un 40% de los efectivos de la plantilla orgánica y sólo en turno de mañana.
Este margen responde a la diversidad entre Comunidades Autónomas y órganos judiciales.
Tanto en los Juzgados de guardia como en los Registros Civiles se incorporará el 100% de la plantilla desde la primera fase, salvo que el letrado judicial considere que no es necesario para la correcta prestación del servicio.
A esta primera fase no se incorporarán aquéllos que tengan patologías o se hayan acogido al permiso por deber inexcusable.
Esta fase durará 1,2 o 3 semanas, dependiendo de la evolución del COVID-19 y de las pautas  del Ministerio de Sanidad al respecto.

SEGUNDA FASE

En la segunda fase, en la que debe haber transcurrido al menos una semana desde la primera fase, se incorporará entre un 60% y un 70% de los efectivos en turnos de mañana y tarde, en caso de ser necesario éste último turno por razones de seguridad.
Se acometerá el levantamiento de los plazos procesales, no de manera inmediata, sino que se indicará un día a partir del cual empieza a tener efectos el levantamiento de dichos plazos.
Los funcionarios seguirán trabajando en los turnos referidos anteriormente.

TERCERA FASE

En la tercera fase, que tendrá lugar transcurrida, al menos, una semana desde la fase 1 y una semana entre la fase 2, se producirá el levantamiento de los plazos procesales y se incorporará el 100% de la plantilla.

CUARTA FASE

En la cuarta fase volverá al trabajo el 100% de la plantilla, en la que se recuperará la normalidad,  durando esta fase un plazo de tres meses aproximadamente.
Estos plazos y fases pueden modificarse en función de los escenarios que nos vayamos encontrando en el desarrollo de la pandemia y las pautas de las autoridades sanitarias.
Borja Vargues, el máximo jefe de los letrados judiciales, cuerpo nacional que depende del Ministerio de Justicia, informó que, por parte del Ministerio, se está tratando de ordenar el proceso de reactivación laboral, centrado en cuatro piezas:
  • El desarrollo de las disposiciones del RDL 16/2020.
  • El establecimiento de turnos de los funcionarios de la Administración de Justicia.
  • Establecimiento de teletrabajo.
  • Esquema de Seguridad laboral.

TURNOS DE MAÑANA Y TARDE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 

Los funcionarios de los cuerpos generales trabajarán en jornada laboral dividida en horarios de mañana y tarde.
La prestación de servicio en turno de tarde no se impone como obligación, sino que será la Administración la que, previo estudio de cada sede judicial, establecerá si debe ser prestado dicho turno, a fin de garantizar la distancia mínima de seguridad y, por tanto, la seguridad de los funcionarios.
El turno de mañana será el que resulte reforzado, al que acudirá el 70% o 80% del personal, reservándose, para el turno de tarde, en caso de ser necesario, el 20 o 30% de la plantilla.
La participación en los turnos de tarde será voluntaria. Los letrados de la Administración de Justicia serán los que deberán organizar los mismos.
Tendrán preferencia en la selección del turno de tarde aquellos funcionarios que tengan un deber inexcusable. En su defecto, tendrán preferencia en su elección los que tenga mayor antigüedad en el cuerpo o, en su caso, en el destino. En el supuesto de que no haya voluntariedad, se aplicará un turno rotatorio.
En cuanto a la jornada de trabajo, el Ministerio ha informado que la jornada de mañana tendrá una duración de seis horas, que deberá cumplirse entre las 07:30 horas y las 14:00 horas.
La jornada de tarde tendrá una duración de cuatro horas y media, a cumplir entre las 15:00 y las 20:00 horas.
Durante la jornada de tarde no se atenderá al público ni a profesionales.
En cuanto a los letrados judiciales, serán incorporados, durante el proceso de desescalada, en el mismo porcentaje que los funcionarios de los cuerpos generales, continuando, todos aquellos no incluidos en el porcentaje, prestando sus servicios a través del sistema de teletrabajo. No se aplicará, para ellos, el sistema de turnos, que está pensado para garantizar las distancias de seguridad.
Sin embargo, sí existe la posibilidad de establecer estos turnos voluntariamente, a través de la autorregulación con el resto de laps de la sede judicial.

EL TELETRABAJO DEBE CONTINUAR

Asimismo, señaló que, para los Letrados de la Administración de Justicia, se ha pensado establecer los mismos porcentajes, incluyéndose también la posibilidad de establecerse turnos de tardes, mediante la autogestión con el conjunto de los compañeros de la sede judicial.
Subrayó que el teletrabajo debería permanecer, estableciendo criterios para compatibilizarlo con el trabajo ordinario en la sede física.
En cuanto a las medidas de seguridad, destacó que se tomarán las que sean necesarias para la seguridad y protección de funcionarios y usuarios de la justicia, mediante la dotación de equipos de protección individual (EPI), garantizando las distancias de seguridad, medidas de limpieza en los edificios y resto de medidas organizativas para evitar al máximo la aglomeración de gente en las sedes.
Es muy probable que mañana viernes se apruebe un documento que contendrá el marco de la desescalada, los turnos y la guía de salud laboral, previo acuerdo con los sindicatos de los cuerpos generales.

lunes, 27 de abril de 2020

Sin vacaciones en agosto y con horarios ampliados para funcionarios: así será la desescalada de la Justicia

MADRID.- no de los sectores fundamentales para el Estado y para la sociedad que con más brusquedad vio interrumpida su actividad a raíz de la declaración del estado de alarma fue la Administración de Justicia. Desde el 14 de marzo, la labor de jueces, fiscales y abogados ha quedado reducida al mínimo y, mes y medio después, se espera que el Gobierno presente un plan para ir progresivamente reanudando su actividad, según adelanta la Cadena COPE.

Así lo muestra un borrador del Ministerio de Justicia que anticipa las decisiones procesales y organizativas para hacer frente al coronavirus en el ámbito de la Administración de Justicia. El paquete de medidas se ejecutaría a través de un decreto ley que probablemente se aprobará en unos pocos días, seguramente en el Consejo de Ministros de este mismo martes.

Trabajar en agosto en turnos de mañana y tarde

La principal y más llamativa de estas medidas urgentes es la habilitación como días hábiles del mes de agosto, un periodo tradicionalmente inactivo de la Justicia, por lo que se trataría de una decisión sin precedentes. En concreto, la Justicia reanudaría su actividad entre los días 11 y 31 del mes.
Se exceptúan en este sentido los fines de semana y los festivos. Para el cumplimiento de esta previsión, el ministerio delega en los órganos judiciales la organización de las vacaciones de sus funcionarios. Como apunte anecdótico, el borrador también dispensa a los abogados del uso de la toga este periodo.
La segunda medida afecta también precisamente a los horarios de los trabajadores públicos de la Justicia. El borrador señala que, mientras dure el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, se establecerán para ellos “jornadas de trabajo de mañana y tarde para todos los servicios y órganos jurisdiccionales”.

Renovación de plazos y medidas de agilización

El borrador del Ministerio de Justicia también contempla la renovación de todos los plazos procesales y para recurrir sentencias. Si en un primer momento el decreto del estado de alarma ordenó la suspensión de los plazos, es decir, que estos se detenían en el punto en que estuviese cada uno, el borrador vendría a corregir esa decisión para evitar un colapso en los juzgados con el final del confinamiento. Para ello, el nuevo decreto ley contemplaría que todos los plazos “volverían a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente”.
El borrador también contempla medidas para agilizar la impugnación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) y las demandas acerca del equilibrio en el régimen de visitas o custodia compartida de menores.
Lo mismo sucede con la tramitación de concursos de acreedores en los Juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia, en los que se espera un importante aumento de la litigiosidad. Para ello, se establecen una serie de normas de estímulo del proceso concursal, tales como la confesión de insolvencia o la simplificación de determinados actos e incidentes (subastas, impugnación de inventario y listas de acreedores o aprobación de planes de liquidación).

Juicios telemáticos y oposición de los abogados

Además, el borrador también establece que los juzgados que dispongan de los medios técnicos necesarios reanuden su actividad de forma telemática. Esto incluye actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales. La excepción a esta norma serán los procesos penales graves, que se realizarán de forma presencial.
Para la aprobación de algunas de las medidas recogidas en el borrador, el Gobierno necesitaría el visto bueno de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía o la Abogacía. Esta última, aunque en el resto de decisiones apoyan al Ejecutivo, se niega a aceptar la reanudación de la actividad en agosto.
En concreto, algunos abogados han mostrado sus dudas sobre la legalidad de la medida en base al artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, si es interpretado como precepto de rango orgánico, no podría contravenirse a través de un real decreto ley.

sábado, 25 de abril de 2020

Dolor en la Judicatura y la Fiscalía de Murcia por la muerte de José María Luzón

MURCIA.- Miembros de la fiscalía y de la judicatura de Murcia han expresado su dolor por la muerte este viernes del que fue teniente fiscal ante el Tribunal Supremo (TS) desde 1985 en Madrid y anteriormente fiscal en la Audiencia Provincial de Murcia, José María Luzón Cuesta.

Durante su estancia en Murcia fue preparador de oposiciones de numerosos licenciados que hoy ejercen como jueces o fiscales en distintos órganos de Murcia y el resto de esta región, entre ellos, el teniente fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga, el también fiscal y exconsejero autonómico Manuel Campos, desde hace unos años en la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal, y la fiscal Mercedes Soler, que ocupó la plaza que este dejó vacante con su marcha a Madrid.
Entre los magistrados a los que preparó están el expresidente de la Audiencia y actual juez del Registro Civil Andrés Pacheco; el también expresidente del mismo tribunal y magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia Joaquín Ángel de Domingo y las magistradas de la Sala de lo Contencioso, Ascensión Martín y Leonor Alonso.
Sánchez Lucerga ha dicho que ha sentido la muerte de Luzón como la de un familiar y que "nos ha dicho adiós un maestro y una persona excepcional".
Casado con una totanera, Carmen Cánovas, deja dos hijos también miembros de la carrera fiscal, uno de ellos, Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, y un tercero que es arquitecto.

sábado, 4 de abril de 2020

Los sindicatos judiciales reprueban a Lesmes por su actuación ante la crisis del Covid 19

MADRID.- Las seis organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación del Ministerio de Justicia han reprobado este viernes la actuación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de su presidentes, Carlos Lesmes, en la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus y recuerdan que el órgano de gobierno de los jueces no tienen competencias sobre los funcionarios de la Administración de Justicia.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General del Trabajadores (UGT), la Confederación Intersindical Galega (CIG) y Euskal Sindikatua (ELA) han emitido un comunicado conjunto en el que aseguran que el CGPJ se ha “atribuido unas competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales”.
Señalan que el órgano de gobierno de los jueces, en las acciones relativas con la gestión de la actividad judicial durante el estado de alarma por el coronavirus, por el que se han fijado la prestación de unos servicios esenciales, ha intentado “imponer su criterio de manera despótica, comportándose de forma desleal con el resto de administraciones y sin contar con la representación legal de la mayoría del personal de la Administración de Justicia”.
En este sentido, las seis organizaciones sindicales apuntan que los Comités de seguimiento del Covid-19 creados por parte de la Comisión Permanente del CGPJ en el seno de cada uno de los Tribunales Superior de Justicia carecen de competencias para adoptar acuerdo alguno en la gestión de los funcionarios de Justicia. Por tanto, aseguran que los acuerdos del Poder Judicial son “nulos careciendo de validez alguna para ser impuestos en ningún órgano de la Administración de Justicia”.
Así, acusan a la Comisión Permanente de haber empleado una “táctica de sabotaje” para impedir que se cumplan las resoluciones del Ministerio de Justicia y comunidades autónomas con competencias transferidas en la materia.
Asimismo, denuncian que esta “injerencia” del CGPJ en este sentido está poniendo “en riesgo la salud de los miles de funcionarios de Justicia y de la ciudadanía en general” al pretender “obligar a desplazamientos y presencias innecesarias” en los juzgados, mientras que ha recomendado el teletrabajo para jueces y magistrados.
El CGPJ acordó el pasado 31 de marzo encargar a las mencionadas Comisiones de Seguimiento de los Tribunales Superior de Justicia que si constatan la dificultad de prestación de los servicios esenciales por falta de dotación de personal presencial, interesen de las Administraciones prestacionales “a la mayor urgencia la adopción de las decisiones oportunas para que la tutela judicial quede plenamente garantizada”.
Todo ello a raíz de que el Ministerio de Justicia dictara una resolución para la adaptación del real decreto que paraliza la actividad no esencial para luchar contra la propagación del coronavirus, por lo que permitió que los funcionarios de la Administración de Justicia que no tengan por qué acudir al juzgado estén localizables en sus domicilios para incorporarse en su puesto de trabajo a la mayor brevedad posible para prestar cualquier actuación señalada como servicio esencial y que no pueda realizarse a distancia.
Por ello, las organizaciones sindicales consideran que el CGPJ ha emitido “juicios de valor sobre la idoneidad de las dotaciones establecidas por las Administraciones competentes en materia de medios personales en la Administración de Justicia” sin ofrecer datos de cargas de trabajo.

Otro choque con el CGPJ
Los sindicatos también recuperan un episodio anterior, que tuvo lugar en los primeros días del estado de alarma, el pasado 19 de marzo, cuando el órgano de gobierno de los jueces ya rechazó los planes de disponibilidad no presencial de funcionarios planteados por algunas comunidades autónomas, antes de que el Ministerio de Justicia asumiera todas las competencias para la gestión del personal en todo el territorio español–.
El CGPJ consideró que de este modo se impediría en la práctica la efectiva apertura de los órganos judiciales, así como la correcta prestación de los servicios esenciales previstos.
Sobre este asunto, los sindicatos judiciales subrayan que el órgano que preside Lesmes “aún no se ha disculpado ante los 55.000 empleados públicos de Justicia por las descalificaciones vertidas”, en las que, según dicen, “se les acusaba de falta de profesionalidad”.
“Lamentamos que, un órgano constitucional del Estado, no se haya dado cuenta del alcance y la gravedad de la emergencia que estamos viviendo y no esté sabiendo ejercer sus competencias en esta crisis sanitaria, en coordinación real y leal con el resto las administraciones prestacionales, la Fiscalía y los representantes de los empleados públicos”, agrega el comunicado.
Con todo ello, piden al Ministerio de Justicia y a las Comunidades autónomas con competencias transferidas que “continúen poniendo freno a esta irresponsabilidad del CGPJ”.

sábado, 21 de marzo de 2020

El ministro Campo toma el control de los funcionarios de Justicia en toda España durante el estado de alarma

MADRID.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tomará el control de todos los funcionarios de la Administración de Justicia en todo el territorio nacional para poder coordinar su actividad profesional y garantizar la prestación de servicios esenciales durante el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus. En este sentido, podrá adoptar, cuando lo considere conveniente, las resoluciones necesarias para aplicar un criterio "homogéneo" en toda España.
De este modo, el Ministerio de Justicia suma a sus competencias habituales en materia de gestión de personal las atribuidas en este sentido a las comunidades autónomas con competencias transferidas, que les será devueltas cuando finalice el estado de alarma. Hasta el momento, el departamento que dirige Juan Carlos Campo sólo tenía esta competencia en los territorios que integran la denominada 'zona Ministerio', es decir, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia e Isla Baleares, Ceuta y Melilla.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes una orden del Ministerio de Sanidad en la que encomienda al ministro de Justicia la "coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios", regulados en el libro VI de la Ley del Poder Judicial, durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto aprobado el pasado sábado, 14 de marzo.

También le otorga la coordinación de los servicios públicos prestados a través de los colegios profesionales que actúan en el ámbito de la Administración de Justicia y, en particular, el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita.

Este decreto designó al ministro de Sanidad, Salvador Illa, como autoridad competente delegada para gestionar la crisis del coronavirus en las áreas de responsabilidad que no recaigan en las competencias propias del Ministerio de Transportes, Defensa o Interior.

Así, hace el encargo al ministro de Justicia y le da competencias para poder adoptar, "cuando sea indispensable, las resoluciones y disposiciones que sean necesarias para garantizar, en todo el territorio del Estado, una aplicación homogénea de los servicios esenciales para la salvaguarda de derechos y libertades de la ciudadanía y de las recomendaciones establecidas por este Ministerio (Sanidad) para la salvaguarda de la salud pública".

Se da la circunstancia de que ante las quejas de funcionarios, que reclaman no tener que acudir a los juzgados si no es necesario, algunas administraciones territoriales han planteado planes de disponibilidad no presencial para evitar el riesgo de contagio por coronavirus.

Ha sido el caso, por ejemplo, de Cataluña que ha aprobado una instrucción, que finalmente ha quedado suspendida, que dispensa a los funcionarios de acudir a los juzgados para cumplir los servicios mínimos fijados, de modo que sólo se les llamaría cuando se les necesite. La Junta de Andalucía ha hecho una petición similar y ha instado al Gobierno a cerrar todos los juzgados, a excepción de aquellos que están de guardia, los de violencia de género y los servicios de medicina forense.

La orden del Ministerio de Sanidad señala también que Justicia podrá constituir una Comisión de coordinación de la situación de crisis para articular "consensuadamente" las medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios esenciales en lo referente a la actividad profesional desarrollada por los funcionarios.

En dicha Comisión, a la que deberá informar previamente a adoptar cualquier decisión referente al mantenimiento de los servicios esencial, estará representada las comunidades autónomas con competencia en la materia, "sin perjuicio de las consultas que puedan formularse al Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado".

Asimismo, un representante el órgano de gobierno de los jueces y otro del Ministerio Público deberán acudir a las reuniones de la Comisión, "por considerarse necesario para poder coordinar adecuadamente las decisiones que se tomen en el ámbito de la Administración de Justicia en relación con los distintos colectivos implicados", destaca la orden ministerial.

viernes, 13 de marzo de 2020

Jueces y fiscales piden que dimita Lesmes si no refuerza las medidas por el coronavirus

MADRID.- Cuatro asociaciones judiciales y dos de fiscales han pedido este viernes la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, si no se refuerzan las medidas en los juzgados y tribunales ante la situación generada por la pandemia del coronavirus.

Así lo solicitan en un comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).
Los firmantes del comunicado afirman que más de veinticuatro horas después de conocer la instrucción del CGPJ de este miércoles “lejos de suponer una ayuda para frenar la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud ha traído caos, riesgo para la salud y desigualdad de trato en todo el territorio nacional y especialmente en la Comunidad de Madrid”.
Añaden que, “como ya dijeron las asociaciones judiciales en su comunicado del miércoles, la decisión acerca de dejar la suspensión de actuaciones a la discrecionalidad de cada juez o jueza sin establecer un criterio claro de suspensión homogéneo en toda España es irresponsable”. 
Además, “ha acarreado una disparidad de criterios constatable por quienes han asistido este jueves a las sedes judiciales”, agregan las organizaciones referidas.
Comentan que “la inaudita orden de someter la decisión de suspender a la autorización del Tribunal Superior de Justicia y a la ratificación del CGPJ ha provocado que muchos miembros de la carrera judicial, sin obtener la autorización de su órgano de gobierno, no hayan procedido a suspender, mientras que otros sí lo han hecho”.
Por otra parte, explican que “los justiciables y profesionales han acudido a las sedes a tratar de averiguar si juicios de otros días se iban a suspender, a intentar adelantar diligencias o a actos de conciliación, sumando al público citado para al adicional que ha acudido preocupado por sus asuntos”. 
”Esto ha generado algunas situaciones de verdadero pánico entre el funcionariado”, aseguran.
Estas asociaciones estiman que “en una situación de crisis sanitaria como la que atravesamos los poderes públicos tienen que liderar la organización de la sociedad en la línea de evitar la propagación de la enfermedad”. 
Y entienden que “el CGPJ ha eludido su responsabilidad y ha dado una respuesta tardía, insatisfactoria, confusa y obstruccionista al problema, descargando la responsabilidad de frenar la propagación de la enfermedad en cada juez o jueza particular y ha contribuido a mantener una situación de riesgo de contagio en las sedes judiciales, tanto de justiciables como de operadores jurídicos”.
Ante este escenario reclaman que la Comisión Permanente del CGPJ modifique de forma inmediata el acuerdo del miércoles “en el sentido de establecer medidas concretas y globales para todo el territorio nacional que garanticen la seguridad y salud tanto de los usuarios como de los profesionales de los juzgados”. 
”De no hacerse entendemos que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, debería dimitir de su cargo como responsable de lo sucedido”, concluyen. 
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid ha apoyado el comunicado conjunto de las referidas asociaciones de jueces y fiscales “en la idea compartida que expresa”.

jueves, 12 de marzo de 2020

Solicitan al CGPJ la suspensión de las actuaciones judiciales no urgentes a partir del próximo lunes

MURCIA.-La Comisión Judicial de Seguimiento del Covid-19 solicita a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial la declaración de “Escenario 2” para limitar el contagio y acuerde así la suspensión, a partir del lunes, de las actuaciones judiciales programadas no urgentes en todos los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma.
 
"Entre tanto no se tenga respuesta de la Comisión Permanente, la actividad judicial en los órganos de la Región deberá continuar desarrollándose adoptando las medidas de protección y las recomendaciones e instrucciones dadas en el día de ayer por la Sala de Gobierno", informa el gabinete de prensa del TSJ de Murcia.
Por su parte, la Sala de Gobierno acuerda “no haber lugar a autorizar con el carácter general e indiscriminado con que se solicita” por la Junta de Jueces de Lorca celebrada en el día de hoy, “ni el trabajo exclusivamente domiciliario de los Jueces ni la suspensión generalizada de todos los señalamientos no urgentes”.
Además, la Sala ordena “que se alcen de forma inmediata las medidas de suspensión generalizada de señalamientos que se deriven del Acuerdo adoptado” por dicha Junta de Jueces

La fiscal general impone el teletrabajo a los fiscales salvo para las guardias, visitas y juicios señalados

MADRID.- La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha trasladado a los fiscales que, de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, se adoptan desde este miércoles medidas de puesta en marcha de teletrabajo para evitar la concurrencia de la totalidad de la plantilla de fiscales en los juzgados y preservar así la salud de sus componentes.

En el decreto firmado por Delgado añade que se garantizará que haya presencia efectiva del Ministerio Fiscal en la prestación del servicio de guardia, en asistencia a las visita, comparecencias y juicios señalados, aunque resalta que se evitará en lo posible los desplazamientos, para lo que se potenciará el uso de medios telemáticos como videoconferencias.
Asimismo, advierte de que se suspenden temporalmente “las visitas e inspecciones de los fiscales a residencias de mayores, de personas con discapacidad, a centros penitenciarios, de internamiento de extranjeros y de protección y reforma de menores, u otras visitas de similar naturaleza en la medida en que no resulte absolutamente imprescindible”.

martes, 10 de marzo de 2020

Las ejecuciones hipotecarias caen un 55% en 2019 en la Región y alcanzan la cifra más baja desde 2008

MURCIA.- Las ejecuciones hipotecarias registradas en los Juzgados de Primera Instancia de la Región de Murcia descendieron un 54,9% en 2019, pasando de 2.129 en 2018, a 960; la cifra más baja registrada en la Comunidad desde 2008, y el descenso anual más significativo de todo el país (donde descienden una media de 36,5%).

También disminuyeron un 7,7% los lanzamientos practicados en el ámbito de este Tribunal Superior de Justicia, rebaja que afectó tanto los derivados de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como los derivados de las ejecuciones hipotecarias. El total de lanzamientos fue de 2.934, frente a los 3.178 de 2018.
Estos datos están recogidos en el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', que ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial este lunes.
Del total de 17.411 ejecuciones hipotecarias iniciadas en Espala durante 2019, la mayor parte -3.971- se presentaron en Cataluña. Le siguen Andalucía (3.292), la Comunidad Valenciana (2.561), Madrid (1.583) y la Región de Murcia, que se sitúo como quinta comunidad, con 960.
En cuanto a los lanzamientos registrados en la Región de Murcia, un 49% del total, 1.427, se derivaron de ejecuciones hipotecarias; mientras que otros 1.359 (el 46%) ha sido consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Los 148 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias experimentaron una disminución del 12,8%, mientras que los registrados por impago del alquiler un 4,2%. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.
En el ranking por comunidades, los cuatro primeros puestos en cuanto a los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias los ocupan Andalucía (3.117), Comunidad Valenciana (2.633); Cataluña (2.618); y Murcia (1.427). Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 8.427; seguida por Andalucía, con 5.135; la Comunidad de Madrid, con 4.849; y la Comunidad Valenciana, con 4.486.
El número de concursos presentados en la Región de Murcia en 2019 fue de 406, un 50,9% más que los registrados el año anterior. De ellos, 203 corresponden a concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial -cuya competencia corresponde desde el 1 de enero de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción-, mientras que la otra mitad se registraron en los Juzgados de lo Mercantil. Estos últimos experimentaron un aumento del 23,8 % con respecto a 2018.
Los concursos de personas físicas han mostrado en toda España un incremento del 55,4%, en el caso de la Región de Murcia, el aumento ha sido casi del doble, pasando de 105 a 203.
Las 3.996 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social de la Región de Murcia en 2019 supusieron un incremento del 17,4% respecto a las registradas el año anterior. Además, los Juzgados de lo Social registraron 2.804 reclamaciones de cantidad, un 3,8% más que en 2018.
Los procedimientos monitorios presentados durante el pasado ejercicio en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la Comunidad aumentaron un 30% respecto al año anterior y se situaron en 27.751.
Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
En el año de 2019 ingresaron en el Juzgado especializado en demandas sobre cláusulas abusivas 3.898 asuntos; se resolvieron 3.974, quedando en tramitación 5.971. Se dictaron 3.225 sentencias, de las que el 96,8% fueron estimatorias.
Los verbales posesorios sumaron un total de 158 ingresados, triplicando con creces el número de los registrados en 2018. Durante el pasado año los juzgados de la Región resolvieron 75 procedimientos.