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miércoles, 22 de septiembre de 2021

El Defensor del Pueblo advierte de que incluirá a la Consejería de Cultura como administración «hostil»


MURCIA.- La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) recibió una notificación del Defensor del Pueblo comunicando que la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia se niega a responder a los reiterados requerimientos efectuados por este Alto Comisionado desde enero, e indica que procederá a incluir a dicha administración regional en el informe correspondiente a las Cortes Generales y a la declaración de la actitud «hostil y entorpecedora» de Cultura.

Huermur lleva desde 2019 solicitando a la Consejería de Cultura la constitución y puesta en funcionamiento del Consejo Asesor Regional de Patrimonio Cultural y del Consejo de Arqueología, previstos desde 2007 en la ley regional como órganos de participación ciudadana, así como el ingreso en los mismos, «sin que a día de hoy se haya obtenido respuesta alguna ni soluciones», reclaman en un comunicado.

La entidad conservacionista critica que la Consejería de Cultura se niegue mediante el silencio a poner en marcha estos necesarios órganos de participación, creando así un vacío en la gestión y vigilancia del patrimonio histórico y cultural de la Región de Murcia. 

Huermur remarca que la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural, así como la Ley 9/1985 de los Órganos Consultivos de la Región de Murcia, obligan a la existencia de estos órganos para hacer efectivo el derecho constitucional de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de los órganos colegiados de la Administración pública regional. 

Huermur señala igualmente que «a día de hoy se están dando desde la Consejería de Cultura infinidad de permisos para excavaciones arqueológicas, desmontajes de restos, y demás intervenciones sin tener constituido el debido Consejo asesor de arqueología, el cual debe emitir un informe previo antes de resolver las solicitudes de excavación», detalla el colectivo que reitera que «no se puede continuar ni un día más otorgando autorizaciones a proyectos sobre el patrimonio cultural de la Región, sin contar con estas herramientas obligatorias de control y supervisión de las actuaciones de la Consejería de Cultura».

El Alto Comisionado de las Cortes Generales señala expresamente en su escrito enviado a la Consejería que « la ausencia de respuesta a este último requerimiento sería expresiva de una falta de colaboración de la Administración y del incumplimiento del deber legal» recogido en la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, y que además «daría lugar a los efectos previstos (…) incluidos el informe correspondiente a las Cortes Generales y la declaración de la actitud hostil y entorpecedora».

Por último, el presidente de Huermur, Sergio Pacheco, señaló que «es una auténtica vergüenza que la Administración que se supone que tiene que velar por la correcta conservación del patrimonio histórico y cultural de la Región esté escondiéndose para no dar explicaciones ni al Defensor del Pueblo ni a Huermur».

sábado, 28 de agosto de 2021

El Defensor del Pueblo advierte con declarar al Ayuntamiento de Murcia como administración "hostil y entorpecedora"


MURCIA.- La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (HUERMUR) ha recibido la notificación del Defensor del Pueblo donde se advierte al Ayuntamiento de Murcia de que se incluirá en el informe de las Cortes Generales "la declaración de la actitud hostil y entorpecedora" del consistorio murciano, que no ha respondido a los cuatro requerimientos consecutivos remitidos por el Alto Comisionado.

HUERMUR lleva desde octubre de 2019 reclamando al Ayuntamiento de Murcia la aprobación definitiva del Plan Especial del Yacimiento de San Esteban, en el Arrabal de la Arrixaca, herramienta de planificación urbanística obligatoria en este Bien de Interés Cultural (BIC), y que debería haberse aprobado en 2013 como muy tarde. Además, esta aprobación definitiva del Plan Especial es necesaria como paso previo a cualquier actuación urbana o constructiva en el yacimiento andalusí.

Es por ello que la intervención urbanística de soterrar el yacimiento bajo una losa de hormigón, que pretende realizar el Ayuntamiento de Murcia con fondos del antes llamado Ministerio de Fomento, no podrá ser realizada hasta que se apruebe definitivamente el Plan Especial del Yacimiento, y se establezcan los criterios de conservación futura de este Bien de Interés Cultural, por lo que HUERMUR remitió también diversa documentación tanto al Ministerio de Cultura como al de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para advertir del riesgo de continuar realizando gastos y pagos sobre un proyecto que no puede diseñarse hasta que exista Plan Especial.

El Defensor advierte al Ayuntamiento de Murcia.

Ante la falta de respuesta del consistorio murciano a las solicitudes de HUERMUR para que se tramitara la aprobación definitiva del plan y se diera acceso al expediente, la asociación pidió el amparo del Defensor del Pueblo, que ha remitido escritos al Ayuntamiento en agosto de 2020, noviembre de 2020, marzo de 2021 y esta última en agosto de 2021, señalando la falta de respuesta de todos los anteriores y advirtiendo de las consecuencias legales de la falta de colaboración del Ayuntamiento de Murcia.

El Alto Comisionado de las Cortes Generales señala expresamente en su escrito que "la ausencia de respuesta a este último requerimiento sería expresiva de una falta de colaboración de la administración y del incumplimiento del deber legal" recogido en la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, y que además "daría lugar a los efectos previstos (…) incluidos el informe correspondiente a las Cortes Generales y la declaración de la actitud hostil y entorpecedora".

Otro expediente abierto en la Unidad de Quejas y Sugerencias.

Por otro lado, la unidad municipal que tramita las reclamaciones municipales, ha abierto también una investigación interna sobre el asunto, ante la Queja oficial planteada por HUERMUR por impedir el acceso electrónico al expediente administrativo donde se tramita el Plan Especial y del que la entidad conservacionista es parte personada. Una queja que tendrá que ser respondida en las próximas semanas, según el reciente reglamento municipal aprobado para este trámite.

HUERMUR ha mostrado su preocupación por "que se mantengan en algunos departamentos municipales las actitudes obstruccionistas y oscurantistas, más propias de otras épocas por suerte ya pasadas" y esperan que "el alcalde José Antonio Serrano se decida a marcar en todo el Ayuntamiento un talante de apertura, transparencia y buen gobierno de forma efectiva y real, después de suficientes meses en la Glorieta" para que los servicios municipales entiendan que "el cumplimiento de la ley debe ser una obligación para todo el Ayuntamiento, incluyendo la participación ciudadana, la transparencia y el buen gobierno en todas las políticas públicas".

Igualmente, HUERMUR ha recordado al Consistorio que "por mucho que algunos en el Ayuntamiento se obcequen en querer sepultar el yacimiento de San Esteban bajo una losa de hormigón y un bosque de columnas, Murcia logró salvar un BIC que se definió por los expertos como 'una mina de oro', así que lo que tienen que hacer es protegerlo adecuadamente con un Plan Especial, en vez de empeñarse en ocultarlo bajo un sarcófago multimillonario".

martes, 2 de febrero de 2021

El Defensor del Pueblo admite a trámite una queja del hidrogeólogo de la CHS por un retraso judicial perjudicial


MURCIA.- El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja por dilación de seis meses en la comunicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, que se debía remitir al TSJ de Murcia para su traslado al interesado, y que afectaba favorablemente al hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Segura, Francisco Turrión Peláez, suspendido anteriormente de empleo y sueldo por el Ministerio de Fomento tras sostener públicamente que sobra agua en la cuenca.


Estimado Sr.:


Se ha recibido su escrito, que ha quedado registrado con el número arriba
indicado, al que debe hacer referencia en caso de dirigirse de nuevo a esta institución.
Estudiada su queja, se admite a trámite por dilaciones y, para poder dirigirse
esta institución al Tribunal Constitucional, se ha solicitado a la Letrada de la
Administración de Justica de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, que remita copia de los escritos que la sala ha dirigido el 16 de junio y el 7 de
octubre a ese alto tribunal y justificación de sus fechas de remisión.
En consecuencia, se inician las actuaciones oportunas ante la citada letrada de la
Administración de Justica.


Le saluda muy atentamente,

Concepció Ferrer i Casals
Adjunta Segunda del Defensor del Pueblo

miércoles, 13 de mayo de 2020

El Defensor del Pueblo sitúa al Gobierno regional entre los más entorpecedores de 2019

MADRID.- El Defensor del Pueblo, en su informe de 2019, ha situado a los gobiernos autonómicos de Cataluña, Andalucía, Canarias, Galicia, Murcia y Melilla como "administraciones entorpecedoras" de su labor en 2019. En total 117 entidades generales, autonómicas y locales no han contestado a esta institución tras el tercer requerimiento de información.
Este informe, presentado este miércoles en el Congreso, detalla que diversos organismos de los gobiernos regionales de las autonomías anteriormente citadas se han demorado en contestar al Defensor del Pueblo durante 2019.
En concreto, estos organismos son el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, la Consejería de Derechos Sociales de Canarias, la Consejería de Hacienda de Melilla, la Consejería de Política Social de la Xunta de Galicia, la Consejería de Agua de Murcia, la Dirección General de Comercio de Murcia, y la Dirección General de Energía de Murcia.
Por este motivo, la institución las enmarca dentro de las administraciones entorpecedoras habida cuenta de que no han dado "adecuada respuesta" a los requerimientos efectuados por el Defensor del Pueblo.
No obstante, desde este organismo explican que las características de cada administración son distintas, tanto por la repercusión del incumplimiento, como por la insistencia en el mismo o por los recursos disponibles por parte de las propias entidades.
Según este informe, tres entidades generales del Estado están consideradas por el Defensor del Pueblo como administraciones entorpecedoras de su labor el pasado año. Se tratan de la Secretaría de Estado de Cultura, la Dirección General de Política Interior y la Dirección General de Tráfico.
En concreto, a la Secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte se le requirió por la conservación y mantenimiento de bienes de interés cultural, mientras que a las entidades dependientes de Interior fue por cuestiones generales y por el procedimiento sancionador.
También otras dos entidades públicas no dieron "adecuada respuesta" al Defensor del pueblo. Son la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por su funcionamiento de los órganos de gobierno y el Sindicato de Riegos Veguellina de Orbigo, en León, por las aguas superficiales.
En el caso de las Entidades Locales, cerca de 100 ayuntamientos son considerados por este organismo como administraciones entorpecedoras durante el año pasado.
Estos municipios están en las provincias de La Coruña (3), Albacete (2), Alicante (2), Asturias (4), Badajoz (2), Baleares (5), Burgos (2), Cáceres (2), Cádiz (2), Cantabria (3), Ciudad Real (1), Córdoba (1), Cuenca (1), Gerona (1), Granada, (2), Guadalajara (5), Huelva (1), Jaén (1), La Rioja (2), Las Palmas (4), León (4), Madrid (9), Málaga (1), Murcia (12), Palencia (1), Pontevedra (1), Segovia (1), Sevilla (7), Soria (1), Tarragona (3), Tenerife (4), Teruel (1) y Toledo (8).
Sobre estas entidades, el Defensor del Pueblo entiende las "carencias" y la falta de medios materiales y humanos que les puede plantear la información requerida, si bien recuerdan que esto no les "exime" de la obligación de contestar a esta institución.

domingo, 15 de diciembre de 2019

El Defensor del Pueblo investiga al Ayuntamiento de Murcia por la falta de transparencia


MURCIA.- El Defensor del Pueblo ha acordado iniciar, a instancias de Huermur, una investigación al Ayuntamiento de Murcia por la falta de respuesta a una batería de peticiones de información realizadas por el colectivo conservacionista, sobre diversos asuntos de urbanismo y patrimonio cultural que nunca han sido respondidas.

Huermur ha tenido que acudir ante este Alto Comisionado de las Cortes Generales, y poner en su conocimiento la falta de respuesta del Consistorio murciano a los escritos de Huermur, dada la opacidad y la falta de respuesta sistemática de esta administración local ante las solicitudes de acceso a la información pública que se realizan.
La entidad conservacionista lamenta las pocas ganas del ayuntamiento y sus responsables para atender el derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información pública, y que está amparado por la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) ha tenido conocimiento recientemente del inicio de una investigación del Defensor del Pueblo al Ayuntamiento de Murcia tras la denuncia presentada por el colectivo, ante la falta de respuesta municipal a una batería de solicitudes de acceso a la información pública, que versan sobre patrimonio cultural y actuaciones urbanísticas. 
Estas solicitudes hacen referencia entre otros asuntos a la desaparición de la verja centenaria de principios del siglo XX del Cuartel de Artillería de Murcia, las memorias arqueológicas de la torre medieval de Zarandona, o el Plan de Intervención y Recuperación de la Rueda de la Ñora cuya copia se solicitó, y nunca se facilitó.
Huermur señala que se ha tenido que acudir ante este Alto Comisionado de las Cortes Generales para poner en su conocimiento la falta de respuesta del Consistorio murciano a los escritos de Huermur, dada la opacidad y la falta de respuesta sistemática de esta administración local ante las solicitudes de acceso a la información pública que se realizan.
Una situación, señalan desde Huermur, que resulta totalmente inadmisible e intolerable en una administración pública como el Ayuntamiento de Murcia que dice ser totalmente transparente, y ostentar diversos reconocimientos sobre transparencia. Una visión municipal que se contrapone con la realidad actual, ante la reciente investigación abierta desde Madrid al ayuntamiento capitalino.
La entidad conservacionista lamenta las pocas ganas del ayuntamiento y sus responsables para atender el derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información pública, un derecho básico de la ciudadanía que está amparado por la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y que concede el plazo de un mes para contestar a las peticiones de información que se realizan.
Huermur señala además, que siguiendo las instrucciones dadas por El Defensor del Pueblo a Huermur, otras nueve solicitudes de acceso a la información pública que son del año 2018 y que están sin responder, se han vuelto a reiterar al ayuntamiento advirtiendo que si en el plazo de un mes fijado por la Ley de Transparencia no se ha recibido respuesta, se trasladarán las mismas al Defensor siguiendo sus indicaciones para ser sumadas a la investigación abierta.
En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de Huermur, Sergio Pacheco, añadiendo que: “Esperamos que el Ayuntamiento de Murcia atienda las peticiones de acceso a la información pública de Huermur que tiene sobre la mesa pendientes de contestar, así como colabore activamente con el Defensor del Pueblo en esta investigación que acaba de abrir, en aras de mejorar el derecho a saber de los ciudadanos”.
Por último, Huermur espera que la intervención del Defensor del Pueblo consiga que en el Ayuntamiento de Murcia, con concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto al frente, "se pongan las pilas y comiencen a desatascar la gran cantidad de expedientes y escritos de Huermur que aún circulan por el Consistorio, todo ello en pro de la protección de Murcia y su Huerta”.

sábado, 9 de noviembre de 2019

El defensor del Pueblo alerta sobre violencia contra menores migrantes

MADRID.- El Defensor del Pueblo denunció este viernes la multiplicación de "mensajes racistas" que justifican ataques contra menores extranjeros, justo cuando el partido de extrema derecha Vox hace campaña electoral vinculando migrantes y violencia.

En un comunicado en el que no cita a ninguna formación en concreto, Francisco Fernández Marugan "llama a combatir los mensajes intolerantes y xenófobos contra los menores extranjeros no acompañados".
"Últimamente estamos asistiendo a un grado todavía más grave de ataque insidioso dirigido contra los menores extranjeros no acompañados, que se encuentran tutelados en distintos centros de acogida", lamenta Fernández Marugan.
Su comunicado denuncia "mensajes claramente xenófobos y racistas dirigidos a la ciudadanía con un contenido cargado de odio y en los que se criminaliza al distinto, al diferente, al foráneo e incluso se justifican determinadas formas de violencia contra ellos".
Varios menores no acompañados fueron atacados el domingo en Madrid según políticos locales del partido de izquierdas Más País, que recurrieron a esta institución independiente "encargada de defender los derechos fundamentales".
El colectivo de protección de menores migrantes Exmenas, integrado por jóvenes extutelados por la administración, también denunció un ataque en la capital a finales de septiembre.
La Policía española declaró no tener constancia de estos hechos.
Por otro lado, la justicia abrió una investigación por la paliza a un joven extranjero de 17 años a finales de octubre en Zaragoza.
El partido de ultraderecha Vox, en claro ascenso en los sondeos para las elecciones del domingo, ha basado parte de su campaña en denunciar que la migración es responsable de un supuesto aumento de la criminalidad y en tachar de delincuentes a los jóvenes extranjeros.

miércoles, 12 de junio de 2019

El Defensor del Pueblo lamenta la ineficacia de las reclamaciones a la banca

MADRID.- El Defensor del Pueblo lamenta la ineficacia de las reclamaciones y mecanismos extrajudiciales habilitados por la banca para compensar a sus clientes por la comercialización, entre otros, de hipotecas con cláusulas suelo abusivas, y afea la falta de colaboración de algunas entidades.

En su informe sobre 2018 presentado este martes en el Congreso de los Diputados, el defensor de pueblo, Francisco Fernández Marugán, insiste en que si bien la solución aprobada por el anterior Gobierno en 2017 para facilitar el cobro de los perjudicados por los "suelos", obliga a los bancos a dar curso y responder a cada petición, "no todos lo cumplen".
Asimismo pone el foco en el "deficiente funcionamiento" del servicio de atención al cliente de las entidades bancarias, después de que el Banco de España registrara más de 40.000 quejas en 2017.
En atención a ello, el Defensor del Pueblo solicitó, de oficio, información sobre el resultado de las recomendaciones y advertencias a los bancos por parte del organismo regulador, que en base a dicho ejercicio incluyó algunas de sus conclusiones en la última Memoria de la supervisión bancaria en España.
El documento se pronuncia además respecto al proyecto de ley reguladora de los procedimientos de resolución extrajudicial, el cual busca garantizar a los consumidores el acceso a mecanismos de resolución alternativa de litigios "de alta calidad por ser independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos".
Transcurridos más de ocho meses desde la entrada en vigor de la norma, el 5 de noviembre de 2017, el Defensor preguntó a la secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía por sus trabajos para la elaboración del proyecto.
Actualmente, continúa pendiente de que se le comuniquen los avances que se vayan produciendo en su tramitación; una vez consensuado, "todos los esfuerzos podrán enfocarse en la mejora del sistema institucional de protección al cliente financiero".
En el apartado sobre las actuaciones derivadas de la coyuntura económica, Fernández Marugán dedica una mención aparte a la aplicación del índice IRPH a las hipotecas sobre Viviendas de Protección Oficial (VPO).
En este sentido, recuerda que desde 2017 se ha solicitado al Ministerio de Fomento que sustituya las hipotecas referenciadas al IRPH entidades por el euríbor u otro índice oficial, recomendación que fue rechazada hasta en dos ocasiones a pesar de que cada vez son más los juzgados y tribunales que declaran su nulidad.
Por ello, el Defensor entiende que "no hay elementos que desvirtúen los términos de la queja", especialmente tras conocer el informe de la Comisión Europea, en virtud del cual "la aplicación de este índice sí puede ser objeto del control de transparencia y que, por lo tanto, si no cumple puede ser abusivo".
Las actuaciones han quedado suspendidas a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el próximo septiembre conocerá la opinión de su Abogado General sobre el IRPH, emita su sentencia, previsiblemente antes de que concluya el año.
El Defensor del Pueblo hace extensible sus críticas a la falta de regulación de la actividad de las empresas de recobro al valorar que "aún no habiendo obligación internacional, europea o nacional es imperativo", máxime cuando el sector "no tiene establecidas cautelas y se deja sin protección al deudor".

El Defensor del Pueblo censura el cobro de determinadas comisiones bancarias

MADRID.- El Defensor del Pueblo ha censurado el cobro de determinadas comisiones bancarias por parte de las entidades financieras, en especial en aquellos casos de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera.

En el informe de gestión correspondiente a 2018, que el organismo ha entregado este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, se recuerda que se investigó ante la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa la legalidad del cobro de comisiones por realizar ingresos en efectivo en las cuentas corrientes.
Economía definió las comisiones bancarias como aquellas cantidades que los bancos adeudan como contraprestación de los servicios que prestan, así como los gastos que el banco repercute al cliente y que previamente ha tenido que abonar a terceros para poder prestar el servicio solicitado.
El Banco de España, por su parte, explica en el portal del cliente bancario que el ingreso de efectivo en una cuenta de terceros es inherente al contrato y "no puede ser remunerado de forma independiente"; en estos casos, el servicio se remunera a través de la comisión de mantenimiento, pero en otros servicios distintos o adicionales sí cabe el cobro de comisiones.
El Defensor del Pueblo no comparte este criterio, y en su opinión un servicio de caja que no incluye indicar el concepto de un ingreso es un servicio incompleto, y considerarlo adicional "no es razonable", por lo que insta a la administración a atajar esta práctica.
El organismo se refiere también en su informe a las comisiones por tener abierta una cuenta básica, y pone como ejemplo un ciudadano de 63 años, casado y con tres hijos menores, que cobra un subsidio por desempleo de 430 euros mensuales y al que su banco le cobra 16 euros de comisiones al trimestre.
Por este y otros casos similares, el Defensor del Pueblo ha instado al Ministerio de Economía para que fije un límite máximo de comisiones bancarias para colectivos especialmente vulnerables, y está a la espera de los avances que se vayan produciendo.

miércoles, 22 de mayo de 2019

El Defensor del Pueblo respalda al Consejo de la Transparencia frente a la CARM

MURCIA.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha remitido una carta a la Consejería de Transparencia y Participación de la Región de Murcia en la que reclama que estudie una vía de solución que dote al Consejo de la Transparencia de los medios económicos, materiales y personales adecuados, «junto con la autonomía que como ente independiente precisa». 

Este serio tirón de orejas del Defensor del Pueblo al Gobierno regional es uno de los puntos del orden del día de la reunión que hoy celebrarán los miembros del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM).
El Defensor del Pueblo, a solicitud del presidente de esta institución, José Molina, ha examinado la situación del Consejo de la Transparencia, creado en 2015 para realizar funciones de autoría y control en materia de publicidad activa, conocer las reclamaciones que se presenten contras las resoluciones en materia de acceso a la información y una función consultiva en materia de transparencia. 
«Sin embargo, -dice la carta de Fernández Marugan- la falta de recursos personales y materiales impide el desempeño de las funciones asignadas, cuestión que ha sido planteada en varias ocasiones a esa Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz del Gobierno de la Región de Murcia sin resultado».
El Defensor del Pueblo señala que, «según la normativa aplicable al CTRM le corresponde la elaboración y aprobación de su anteproyecto de cuentas, que tendrá que figurar como una sección dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, circunstancia que no se ha dado, ya que los presupuestos son presentados directamente por esa Consejería, sin que se hayan tenido en consideración las dotaciones que el propio CTRM requiere». 
Más adelante señala la carta que la «ausencia de autonomía presupuestaria junto con la escasez de personal dificultan la ejecución del exiguo presupuesto, por lo que este ni siquiera se llega a ejecutar en su totalidad». 
Francisco Fernández Marugán añade que «la anterior circunstancia hace que las necesidades materiales del CTRM no se hayan cubierto, por lo que carece de unas instalaciones apropiadas, no cuenta con mobiliario, ni medios informáticos y de comunicación, incluso hay escasez de todo tipo de material de oficina. A la precariedad de medios materiales, prosigue la misiva, se une la falta de recursos humanos suficientemente dimensionados para la carga de trabajo que el cumplimiento de los objetivos exige».
Esta situación, a juicio del Defensor del Pueblo, afecta al servicio que se pretende ofrecer y «así se ha puesto en conocimiento del Gobierno de la Región en diferentes ocasiones, sin que se hayan podido superar los obstáculos que impiden el desarrollo idóneo de las funciones encomendadas al Consejo y repercuten de forma negativa en los ciudadanos».
«Ante la preocupación de no estar dando la respuesta que los ciudadanos esperan del CTRM, el presidente del mismo ha dirigido a la Inspección General de Servicios un escrito para que realice una inspección extraordinaria en el Consejo, que le ha sido denegada, pues en aplicación del Decreto 93/2012 es esa Consejería quien ostenta la competencia para efectuar dicha solicitud», señala el defensor del Pueblo.
La carta añade que con el fin de colaborar para que el CTRM pueda llevar a buen término la misión encomendada, «esta institución se ve en la obligación de poner estos hechos en conocimiento de esa Consejería para que se estudie una vía de solución que permita dotar al CTRM de los medios económicos, materiales y personales adecuados, junto con la autonomía que como ente independiente precisa».

miércoles, 20 de marzo de 2019

El Defensor del Pueblo abre una «indagación preliminar» sobre la ordenanza del agua en Murcia

MURCIA.- El Defensor del Pueblo va a llevar a cabo una «indagación preliminar» ante el Ayuntamiento de Murcia para determinar la adecuación o no de la nueva ordenanza reguladora de las tarifas de agua, respondiendo así a la petición que formuló el grupo municipal de Ahora Murcia, que considera que no se elaboró de forma participativa ni incluye el derecho humano al agua.

El partido llevó este asunto ante el Defensor del Pueblo que, en su respuesta, apunta que «comparte el fundamento jurídico» expuesto por Ahora Murcia sobre la «naturaleza fundamental del derecho al agua» y estima también que el proceso participativo para su elaboración «puede resultar escaso debido a su brevedad».
Por ello, recabará ahora la postura del Ayuntamiento antes de posicionarse sobre el fondo de la queja, si bien, para el concejal de Ahora Murcia Miguel Ángel Alzamora, este inicio de las indagaciones es ya un «reconocimiento de que no se están haciendo las cosas bien» en relación con este servicio.
Alzamora lamentó que el Consistorio no tuviera en cuenta las alegaciones que formuló su partido y que sí estudiará el Defensor del Pueblo y subrayó la necesidad de que la nueva ordenanza incluya un reconocimiento expreso al derecho humano al agua.
En cualquier caso, se comprometió a trasladar al Defensor del Pueblo nueva documentación sobre las deudas de las familias más vulnerables, los avisos y cortes de agua que sufren y las denuncias que les interpusieron por no poder pagar esas deudas.

miércoles, 7 de noviembre de 2018

El Defensor del Pueblo solicita de nuevo a la CARM información sobre el Plan Director de la catedral de Cartagena

CARTAGENA.- La Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura no ha remitido a la Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad la información que le solicitaba el Defensor del Pueblo respecto al anuncio de un Plan Director para la recuperación de la Catedral de Cartagena. 

Por tal motivo, el Defensor del Pueblo insta por segunda vez a la Administración de Cultura recordándole su inexcusable deber de colaboración como marca la Ley.
El pasado 20 de septiembre la consejera de Transparencia, Participación y portavoz, Noelia Arroyo, junto con el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, y la consejera de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola, anunció a los medios de comunicación que la Consejería de Cultura aportaría 45.000 euros para la elaboración de un plan director para la recuperación de la Catedral de Cartagena. Dicha aportación no ha quedado plasmada en ningún documento oficial, según comunicado de la citada Plataforma.

- La Consejería de Turismo y Cultura no permite el acceso a la información pública que la Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad le solicitó. Concretamente conocer el inventario de bienes muebles e inmuebles de la Catedral de Cartagena. La Consejería deniega la solicitud aludiendo que el titular de la Catedral, el Obispado de Cartagena, se opuso a la concesión del acceso amparándose en la normativa legal.

- Bajo la impasividad de la Dirección General de Bienes Culturales, el Obispado de Cartagena, nuevamente, ha incumplido la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural y la resolución de la Dirección General de Bienes Culturales de 7 de mayo de 2015 por la que esta institución debe abrir la Catedral para su visita pública los últimos cuatro días laborables de cada mes en horas que deberán ser señaladas y de conocimiento público en general. Con este hecho ya son más de catorce meses incumpliendo la regulación legal.

- Por último, y dado que la Sra. Ana Belén Castejón, alcaldesa de Cartagena, no nos quiere recibir tras las numerosas peticiones de reunión, queremos hacerle llegar desde aquí nuestra preocupación por el nulo desarrollo en la ejecución de la partida asignada a la Capillla del Concejo dentro de los Presupuestos Participativos del pasado ejercicio. Al igual que nos preguntamos qué fue del equipo técnico del ministerio de cultura que tenía intención de visitar la Catedral o si en el caso de que hayan Presupuestos Generales del Estado para el curso 2019 se van a asignar 2 millones de euros para la Catedral y el patrimonio arqueológico de Cartagena como ya lo exigió en enmienda el Partido Socialista en los años 2015, 2017 y 2018.

lunes, 19 de marzo de 2018

Las quejas al defensor del pueblo crecen más de un 50%

MADRID.- Las quejas de los ciudadanos al Defensor del Pueblo aumentaron en 2017 en un 51,5% con respecto al año anterior, hasta situarse en 24.976, frente a las 16.485 del ejercicio anterior. En el año 2016 se produjo un descenso del 7,5% en las quejas en relación con el año anterior.

Según el informe anual de la institución, entregado este lunes 19 de marzo en el Congreso y el Senado, por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, de las 24.976 quejas, un total de 14.829 fueron individuales (13.151 en el ejercicio anterior), y otras 10.147 fueron quejas de igual contenido o finalidad agrupadas para una tramitación conjunta (3.334 tramitadas en el año 2016).
En total, el Defensor del Pueblo tramitó durante el año 2017 un total de 25.776 expedientes (un 48,17% más que en 2016), correspondientes a las mencionadas quejas (24.976), junto a las investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40).
Además, la Institución dirigió a las Administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y dos advertencias. En total, se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32% con respecto al año anterior.

Servicios públicos y derechos sociales


En 2017 los ciudadanos trasladaron al Defensor del Pueblo su preocupación por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en derechos sociales y prestacionales.
Por número de quejas, las más numerosas han sido las que han tenido que ver con tardanzas y deficiencias en la tramitación de los DNI y trámites relativos a Tráfico hasta alcanzar las 6.008, mientras que con 4.417 destacan también las relacionadas con la atención en la Administración pública.
Asimismo, hubo 3.395 quejas relacionadas con la Justicia. En este sentido, el Defensor del Pueblo ha llamado la atención sobre los problemas prácticos que padecen los testigos protegidos y la importancia de esta figura para la persecución de delitos graves y complejos. La Institución considera que "hay que repensar la legislación en esta materia".
Así lo ha señalado el Defensor del Pueblo en funciones en declaraciones a los medios de comunicación tras hacer entrega del informe anual a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor.
En declaraciones a los medios en el Congreso, Fernández Marugán ha reconocido que, aunque el país se encuentra en fase de recuperación económica, esta situación no se ha materializado "en todos los bolsillos". De hecho, ha denunciado la "desigualdad" que ha existido y sigue existiendo en España.
"En el contexto de las políticas sociales al uso, se revelaron como poco poderosas, porque no pudieron neutralizar el deterioro en la condición de vida que venían experimentando las personas con mayores dificultades. Dicho en términos escuetos, la crisis cavó un pozo de desigualdad sin precedentes en España", ha denunciado ante los periodistas.
De hecho, ha señalado a los parados de larga duración, familias con todos sus miembros en paro, jóvenes sin trabajo, trabajadores pobres, jubilados y personas con dependencia, como los colectivos que, tres años después del final se la crisis, siguen dependiendo de las políticas sociales del Gobierno.
"Los ciudadanos han manifestado una actitud crítica, porque entendían que la respuesta dada por las políticas económicas y sociales no eran las más adecuadas", ha señalado el Defensor del Pueblo, para advertir de que, si alguien cree que estas quejas se han producido sólo "en los años duros de la crisis", se equivoca. "Hay un malestar que se nota en la quejas que se han presentado ahora por parte de los ciudadanos", ha apuntado.

Salir de la crisis no reduce la desigualdad


Para Fernández Marugán, el hecho de que "el momento más duro de la crisis se ha superado" y que en los últimos años "ha crecido el PIB y el empleo", debería ser aprovechado para "revisar el funcionamiento de las políticas sociales" para "mejorarlas", de tal manera que "se incida en el consumo y en la renta de aquellos colectivos que todavía no han cubierto con dignidad su condiciones de necesidad".
En su intervención, Fernández Marugán ha señalado que "es un error creer que cuando se sale de una crisis se reduce por sí sola la desigualdad".
"La desigualdad es una lacra que sólo podrá corregirse si se lleva a cabo una política de redistribución activa y decidida", ha insistido, para señalar que en España hay "una situación que es preciso corregir".
Así, ha llamado a los políticos a eliminar "dos elementos no muy convenientes" y existentes en la política española que son "las actitudes imperativas y las actitudes excesivamente categóricas". A su juicio, la combinación de estas dos actitudes "dificulta mucho el abordaje de cuestione relevantes" porque "la predisposición a admitir las alternativas de los demás no es muy abundante".
"De estos comportamientos imperativos y categóricos deberíamos ser capaces de huir y adoptar actitudes más reflexivas. En la España de hoy estamos en condiciones de cambiar en profundidad las políticas redistributivas, pero, además, deberíamos hacer que ese malestar de los ciudadanos se reduzca, porque si no somos capaces de hacer un cambio en estas políticas, no sólo el malestar no se reducirá, sino que se incrementará", ha denunciado.

Reformar la financiación de las comunidades


Como solución, Fernández Marugán llama a regresar al diálogo, la negociación y el pacto, unas prácticas que, en su opinión, "contribuirían a resolver mejor la desigualdad y la ausencia de políticas de distribución".
Basándose en los datos, el Defensor del Pueblo detalla que la crisis supuso una caída en la prestación de los servicios públicos y un descenso de la inversión pública hasta mínimos históricos. En su análisis, los gastos en vivienda, salud y educación crecieron hasta 2009, ejercicio en el que sumaron conjuntamente el 12,7 por ciento del PIB, mientras que en 2016 bajaron al 10,5 por ciento del PIB.
El informe señala que este retroceso no se ha compensado con nuevas políticas sociales, ni con mejoras de las ya existentes. Por ello, y para paliar la pérdida de calidad de servicios tan esenciales como los sanitarios, educativos y asistenciales, la Institución considera necesario reformar de manera urgente el actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
Por ámbitos, el Defensor del Pueblo destaca en materia de Dependencia que la crisis y las medidas adoptadas han dificultado la implantación de la Ley y ha pedido una mejora del sistema de financiación actual y una garantía de incorporación de las personas en espera.
En cuanto a pensiones, ha exigido la adopción de medidas para una progresiva mejora de las condiciones salariales, "ya que parece difícil que a corto plazo el reequilibrio pueda lograrse simplemente a través de la recuperación de los empleos perdidos", ha apuntado.

Protección al hipotecado


"Es preciso garantizar la solvencia y sostenibilidad del sistema público de pensiones, así como la suficiencia económica de los actuales pensionistas y de los futuros, pero cualquier reforma del sistema, y en especial de su financiación, ha de llevarse a cabo en el marco del Pacto de Toledo con el mayor nivel de consenso posible", ha indicado.
Finalmente, la Institución también se refiere a los desahucios, que califica como uno de los efectos sociales "más nocivos" de la recesión económica. A su juicio, en esta materia "hay que seguir trabajando para reforzar la protección al hipotecado y recuerda que el procedimiento de ejecución hipotecaria sigue siendo una realidad en España".
Además, el Defensor denuncia las políticas tributarias decididas durante la crisis "han agravado el proceso de regresivización del sistema fiscal y lo han hecho, además, durante un periodo en el que, para la mayoría de la población, la renta ha estado estancada o disminuyendo".

viernes, 4 de agosto de 2017

El PSOE de Lorca lleva al Defensor del Pueblo la grave situación del Hospital 'Rafael Méndez'


LORCA.- El senador del PSOE por la Región de Murcia, Juan Luis Soto Burillo ha presentado, como miembro de la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo una queja formal con la intención de solicitar amparo ante la situación de "discriminación y la grave asimetría" que manifiesta el área III de Salud de la Región de Murcia respecto al resto de áreas del Servicio Murciano de Salud.

En vista de la "inacción y la pasividad" de los gobiernos local y regional del Partido Popular ante los indicadores en sanidad que dejan a Lorca "a la cola de Murcia, de España y de Europa", los socialistas no han tenido más remedio que instar al Defensor del Pueblo, a través de una queja formal con la que buscan, en primer lugar, que este organismo "conozca y elabore un informe detallado sobre la grave situación del área III" e inmediatamente, "que comparezca ante la Comisión Mixta y se esclarezcan las razones de por qué el Partido Popular lleva años maltratando y discriminando" en materia de sanidad a los ciudadanos de Lorca y resto de municipios del área III.
Soto Burillo ha puesto de manifiesto ante el Defensor del Pueblo que en el Rafael Méndez se están vulnerando derechos fundamentales para la población. Hasta tres normativas se están incumpliendo; en concreto, advierte la vulneración del derecho constitucional, reconocido en el art. 43 de la Constitución Española sobre protección de la salud y derecho de los ciudadanos al acceso a una sanidad pública y de calidad. 
En vista del desequilibrio de recursos sanitarios entre áreas, advierte del incumplimiento de otro principio, el de igualdad de acceso, así como también la vulneración del Decreto Regional 25/2006 sobre garantías en los plazos de demora para ser atendido.
Por su parte, la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Marisol Sánchez, acompañada por el portavoz del PSOE en Puerto Lumbreras, José Manuel Miravete y de la concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Totana, Ana María Cánovas ha vuelto a poner sobre la mesa la "situación insostenible" que soportan desde hace años los usuarios de la sanidad pública en los municipios de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana y Aledo.
La edil ha alertado de un nuevo dato "estremecedor", por el que se revela que del total de pacientes en espera sin cita para ser atendido por su médico especialista de todo el Servicio Murciano de Salud, más de la mitad (53%) pertenecen a Lorca y al resto del área III. Es decir, uno de cada dos pacientes que esperan sin cita asignada de toda la Región de Murcia pertenece al Rafael Méndez (4.991 de 9.359).
Sánchez Jódar ha vuelto a relacionar este "preocupante dato" a las "graves carencias y déficits" que presenta el Rafael Méndez en recursos humanos y técnicos. La edil vuelve a denunciar que el Partido Popular ha convertido al hospital de referencia en Lorca en un "hospital de campaña".
Incluso alerta que el hospital lorquino se ha reducido a casi a un "hotel" ya que advierte que muchos de los pacientes únicamente hacen uso de este hospital "para dormir" pues las derivaciones diarias a otros hospitales para la realización de pruebas fuera de Lorca son constantes. 
En este sentido, advierte "qué estará pasando y hasta dónde alcanzará la carencia de medios" para que los lorquinos no puedan hacerse sus pruebas diagnósticas en Lorca y tengan que desplazarse hasta Cieza, Molina de Segura o Alcantarilla "para recibir la atención que aquí se les está negando".
Sánchez Jódar espera que la respuesta del Defensor del Pueblo sirva para que los lorquinos dejen de ser discriminados y se ponga fin a esta "grave situación" que atenta contra la salud de los ciudadanos del área III. 
La edil advierte que las vergonzantes listas de espera se traducen en retrasos para tener acceso a pruebas diagnósticas, primeras consultas e intervenciones quirúrgicas, que no hacen más que "demorar los diagnósticos y, con ello, retrasar los tratamientos, poniendo en riesgo la salud de las personas".

lunes, 4 de enero de 2016

El Ayuntamiento de Cartagena sigue en el punto de mira de la Defensora del Pueblo pese a López

MADRID.- El Ayuntamiento de Cartagena es el segundo de España que más se está demorando en contestar una petición de información de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, sobre el registro de asociaciones locales, formulada hace ya 423 días.

Otros cuatro ayuntamientos murcianos, Ceutí, La Unión, Mazarrón (por dos temas) y Totana, figuran entre las 36 administraciones locales españolas que más están tardando en contestar peticiones de la Defensora.

La que más se retrasa es la de Villapalacios, en Albacete, que desde hace 427 días no contesta sobre sus licencias urbanísticas.

La Comunidad Foral de Navarra, la Cámara de Comercio de Guadalajara y 36 ayuntamientos de varias provincias han sido calificados por la Defensora como "administraciones entorpecedoras" de su trabajo durante los últimos meses, porque no han respondido a sus requerimientos de información.

Según un informe de esta institución, las administraciones citadas son "entorpecedoras" porque "han dificultado u obstaculizado" su trabajo, "bien porque lo han hecho sistemáticamente o bien porque han desarrollado alguna actuación que, por negativa, merece ser destacada".

De media, las administraciones han tardado en responder las solicitudes de información de la Defensora 85,08 días en 2015, frente a los 78,54 que se demoraron el año anterior.

Las más tardonas son las comunidades autónomas, 96,85 días de promedio (90,67 en 2014), que llegan hasta los 141,59 días de media en el caso de Baleares o los 128,51 de Canarias, frente a los 62 días que se retrasa el País Vasco o los 64,7 de Asturias.

Mientras tanto, las corporaciones locales emplean 95,14 días de término medio para responder a sus requerimientos, algo menos que en 2014, que fue de 95,61, y la Administración General del Estado tarda 76,81 días (66,37 el ejercicio anterior).

Respecto a los últimos meses, la Defensora señala el caso del Gobierno de Navarra, en concreto de su departamento de Presidencia, Función Publica, Interior y Justicia, que lleva 102 días para responder sobre una petición relacionada con el bienestar animal.

Y 117 días lleva también la Cámara Oficial de Comercio e Industria en Guadalajara para dar contestación a un asunto relativo a su régimen interno.

lunes, 18 de agosto de 2014

La Defensora del Pueblo pide a Hacienda adaptar el IBI de terrenos sin urbanizar tras el fallo del Supremo

MADRID.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha preguntado a la Secretaría de Estado de Hacienda cómo va a adaptar los datos y valores catastrales del suelo calificado como urbano no desarrollado al contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014, ha informado este lunes la institución.

La sentencia del Supremo establece que si un suelo se ha calificado como urbanizado pero no tiene las características de solar urbano (acceso a agua, luz, aceras...) debe tributar como suelo rústico en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

La legislación actual obliga a tributar por una finca como urbana desde que el Catastro recibe la comunicación del nuevo planeamiento. Existen municipios que aprobaron un Plan General de Ordenación Urbana en una etapa de expansión y desarrollo inmobiliario, que nunca se desarrolló por el cambio en la situación económica.

La sentencia del Tribunal Supremo coincide con el criterio del Defensor del Pueblo que, en un informe publicado en 2012, ya señalaba la necesidad de acomodar la valoración catastral al principio de capacidad económica real.

Para la institución, valorar con fines tributarios un inmueble por encima de su valor de mercado "supone gravar una riqueza ficticia o inexistente".

jueves, 2 de mayo de 2013

La Defensora del Pueblo inicia acciones por "incumplimiento de la Ley de RBI" por parte de la Región de Murcia

MURCIA.- Concepción Ferrer, adjunta segunda del Defensor del Pueblo de España, ha emitido un comunicado, con fecha del pasado 25 de abril, al Colegio Oficial de Trabajo Social informando que "la queja presentada el 22 de marzo ha sido admitida y se han iniciado actuaciones para dar cumplimiento a la Ley 3/2007 de Renta Básica de Inserción (RBI)", según informa el Colegio, que fue quien denunció que el Gobierno regional "se escuda en la falta de un desarrollo reglamentario previsto por la Ley para su incumplimiento".

   En opinión del Colegio de Trabajo Social, "la falta de un Reglamento supone un ahorro de, al menos, 100 euros por familia y mes a la Comunidad". Igualmente, "sitúa en una situación de indefensión a las familias que, debiendo obtener respuesta en el plazo legal de dos meses, quedan desatendidas de un año para otro".
   Asimismo, los trabajadores sociales denuncian que "con el presupuesto de 2013, el Gobierno regional ni siquiera ha sido capaz de atender a las familias que tenían derecho en 2012". Según datos de la Consejería, "más de 300 familias tendrán que seguir esperando hasta 2014 si el Gobierno regional no rectifica y comienza a cumplir la Ley que dictó en 2007", lamentan.
   Por todo ello, el Colegio Oficial celebra que la Defensora del Pueblo "tome cartas en el asunto" y confía en que "facilite el fin de la vulneración de las Leyes en el Ejecutivo murciano".

sábado, 30 de marzo de 2013

El Colegio Oficial de Trabajo Social denuncia a la Comunidad Autónoma ante la Defensora del Pueblo

MURCIA.- Los Trabajadores Sociales en defensa de los Derechos Sociales de los murcianos piden a la Defensora del Pueblo de España que exija a la Administración Regional el cumplimiento de la Ley de Renta Básica de Inserción, que afecta a las familias más vulnerables.

   La presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social, Judit García, presentó el viernes 22 de marzo una petición a Soledad Becerril para que exija al Gobierno Regional el cumplimiento de la Ley, y proceda a su desarrollo reglamentario, cuyo plazo legal expiró hace más de cinco años.
   García recuerda que ya lo exigió la Asamblea Regional, en una moción unánime aprobada por PP, PSOE e IU, el 2 de noviembre de 2011, y el extinto Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, mediante un recordatorio de deber legal a la consejera de Sanidad y Política Social.
   La Consejera de Sanidad y Política Social contestó al Defensor del Pueblo que aunque las solicitudes cumplían con los requisitos, el agotamiento de crédito imposibilitaba la concesión a las solicitudes desde abril de 2012.
   A pesar de que la Ley prevé la obligada ampliación presupuestaria, por ser un derecho reconocido a todas las personas que cumplan los requisitos, para el Gobierno Regional "no están siendo prioritarias las familias que carecen de cualquier tipo de recurso económico, y que ya han agotado la prestación y el subsidio por desempleo".
   Fernando Mateo, Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social reconoció públicamente, el 15 de octubre de 2012, que casi 800 familias llevaban meses esperando, a pesar de que una semana antes, el 8 de octubre, el entonces Director General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión Social, Juan Castaño afirmaba que se le estaba dando cumplimiento a la Ley.
   El propio presidente Valcárcel afirmó en la Asamblea Regional el 21 de noviembre que no se resolverían las solicitudes hasta primeros del año 2013, cuando la Ley de Renta Básica de la Región de Murcia establece un plazo de dos meses, por considerarse necesidades básicas.
   El Colegio Oficial ya anunció que la partida presupuestaria para 2013 era insuficiente, cada vez hay más familias sin ingresos, y  a la partida de 2013 se le debe descontar la incorporación de casi 1000 familias que quedaron a la espera a 31 de diciembre de 2012.
   García denuncia que el último recurso con el que cuentan las familias que no encuentran un empleo ni perciben ningún tipo ayuda suponga solamente el 0,11% en la Ley de Presupuestos Generales de 2013, y no sea ampliado como exige la Ley.
   Por ello, considera "aún más grave que las solicitudes caigan en el olvido durante meses, escudándose la Administración Regional en el transcurso de los plazos administrativos", según han informado fuentes del citado colegio profesional en un comunicado.
   De este modo, explican que una familia que solicite apoyo a la Administración deberá esperar dos meses a que su Ayuntamiento la tramite, dos meses a que venza el plazo que tiene la Administración Regional para resolver, seis meses para considerar rechazada la petición por silencio administrativo, debiendo recurrir posteriormente ante la Consejera de Sanidad y Política Social.
   "Con todo ello se logra que el plazo de dos meses fijado por la Ley, se convierta en un año, obligando a las familias a esperar a que la Administración Regional disponga del nuevo presupuesto a primeros del año siguiente", ha criticado.
   El desarrollo reglamentario además de venir a garantizar los derechos de las familias más vulnerables, vendría a dar cumplimiento al importe por familia que exige la Ley, al menos el 75 por ciento del IPREM (400 euros aproximadamente), mientras que en la actualidad, se mantiene aplicando la normativa de 1994, ahorrándose 100 euros al mes por familia.
   Finalmente, la presidenta del Colegio Oficial pidió y espera de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, "que tome las medidas que legalmente correspondan y haga un seguimiento de los incumplimientos del Gobierno Regional, siendo garante de los Derechos Sociales de los murcianos".

sábado, 6 de octubre de 2012

El Gobierno regional elimina la figura del Defensor del Pueblo

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha estudiado, en su sesión de este viernes, el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y de Ordenación del Sector Público de Murcia para el próximo ejercicio, conocida como Ley de Acompañamiento, en la que se recoge la extinción de la figura del Defensor del Pueblo de la Región y de la Entidad Pública del Transporte. 

   Las competencias en materia de quejas a los ciudadanos serán ejercidas por la Comisión de Peticiones de los Ciudadanos de la Asamblea Regional, lo que garantiza la "adecuada" protección de los intereses de los ciudadanos ante el funcionamiento de las Administraciones públicas.
   Este proyecto se ha acordado remitirlo al Consejo Económico y Social y al Consejo Jurídico de la Región para que emitan sus preceptivos dictámenes.
   Así lo ha anunciado en rueda de prensa el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, quien prevé que la cuantía a ingresar por las modificaciones tributarias que se incluyen en dicho texto sea de unos 6,6 millones de euros.
   En concreto, en materia tributaria el documento incluye una serie de modificaciones, como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el que se deroga el tramo autonómico de la deducción estatal por inversión en la compra de vivienda habitual, en consonancia con la medida anunciada por el Gobierno de la Nación de eliminación a partir del 1 de enero de 2013 de dicha deducción. Del mismo se estima una recaudación de 4,5 millones de euros.
   Mientras que en lo referido a Tributos sobre el juego, el efecto económico, según Bernal, se estima en dos millones de euros como consecuencia de la modificación de los tipos impositivos; y la repercusión que se prevé por la actualización de tasas regionales, como en ejercicios anteriores, asciende 45.000 euros.
   En este apartado de tasas regionales, se incorpora la de inscripción y realización de las pruebas de conjunto en las enseñanzas deportivas de régimen especial y por la apertura de expediente académico en las enseñanzas de Arte Dramático, Danza, Música, Deportivas y de Diseño.
   Bernal ha explicado que en Tributos sobre el juego se modifican los tipos impositivos en las apuestas, la regulación del impuesto regional sobre los premios del bingo, para dotar de una mayor cantidad neta a los premios, y sobre la gestión administrativa del padrón de máquinas recreativas.
   Asimismo, el texto incluye diversas modificaciones tributarias, para adaptarlas a la normativa estatal, se reordena el sector público regional mediante la creación y extinción de varios entes y se refuerza el control del sector público como garantía del equilibrio financiero de la Administración regional.
   En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se elimina el requisito de que el donante tenga que estar ejerciendo funciones de dirección para poder aplicar la reducción autonómica en la base imponible por la adquisición inter vivos de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades.
   También se recoge la regulación del sector público autonómico, dando cumplimiento a lo previsto en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Comunidad, aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 17 de mayo de 2012.
   Preguntado sobre la posibilidad de futuras desapariciones de otros entes, como el del Consejo Económico y Social, ha indicado que en esta ley "vienen lo que serían los organismos cuya supresión tiene que hacerse por ley".
   "Hay otro tipo de decisiones sobre el sector público empresarial que requieren acuerdos del Consejo de Gobierno y no modificación de una ley y, por tanto, entre sus tareas pendientes el Consejo de Gobierno tiene que estudiar una reordenación del sector público empresarial que viene fijada en el Plan de Reequilibrio, y es uno de los compromisos que adquirimos por nuestra adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)", ha argumentado.
   Por ello, ha confirmado que será en próximos Consejos de Gobierno cuando "se revisen algunos organismos, entes públicos, teniendo que ser sometido al análisis y decisión de dicho Consejo".
   La reordenación del sector público regional conlleva la creación y extinción de diversos entes públicos. Por una parte, se crea la Agencia Tributaria de la Región de Murcia como organismo autónomo que permitirá racionalizar la actual estructura de la Administración tributaria autonómica y en la que se integrarán las funciones de la Dirección General de Tributos y de la Agencia Regional de Recaudación, con la consiguiente supresión de ambas.
   Se crea el Ente Público Empresarial Instituto del Turismo de la Región de Murcia, en el que se unifican las funciones atribuidas a la Dirección General de Turismo y a la empresa pública Región de Murcia Turística, S.A., lo que supone la supresión de éstas y su integración en el nuevo organismo.
   Y se crea el Ente Público Empresarial Instituto de las Industrias Culturales y las Artes la Región de Murcia, en la que se unifican las funciones atribuidas en la actualidad a la Dirección General de Industrias Culturales y de las Artes y a la empresa pública Murcia Cultural S.A., con la consiguiente eliminación e integración en el nuevo organismo.
   El régimen competencial de avales y garantías al sector privado se reordena, concentrándose todas las competencias dirigidas a la financiación de la economía productiva en el Instituto de Fomento. El Instituto de Crédito y Finanzas queda como órgano ejecutivo de la Administración regional y su sector público, para la gestión del endeudamiento público.
   Al respecto, Bernal ha avanzado que esta ley estará en vigor cuando "supere su tramitación parlamentaria y sea aprobada", desvelando que la nueva regulación sobre avales "presumiblemente estará en funcionamiento el 1 de enero de 2013".
   Mientras tanto, ha subrayado, "los avales que hay solicitados se están tramitando por su vía ordinaria y, en este sentido, en el que afecta al aval por el proyecto de Paramount está dentro del Icref y sigue en situación de análisis".
   La Ley de Acompañamiento introduce un refuerzo del control del sector público regional, con el fin de regular las relaciones económicas y presupuestarias para garantizar el equilibrio financiero de la Administración regional. Se refuerzan las competencias, en materia de Hacienda, para dictar instrucciones de obligado cumplimiento sobre presupuestos, control y optimización del gasto, contratos-programa, políticas de personal, contratación y control del gasto público.
   Estas medidas afectan a los entes públicos, entes fundacionales y consorcios, y demás entidades vinculadas o dependientes del sector público regional, que deberán elaborar, aprobar y ejecutar sus presupuestos en términos de equilibrio financiero o superávit presupuestario, con la obligación de remitir periódicamente información sobre su evolución.
   Asimismo, en estas medidas de control del sector público se recoge la regulación del régimen jurídico de los puestos directivos de máxima responsabilidad, para su homologación con la Administración General, prohibición de indemnizaciones, aplicación del régimen jurídico de incompatibilidades y principio de responsabilidad en su gestión.

lunes, 21 de mayo de 2012

La Defensora del Pueblo ve como un "éxito" la circular sobre redadas a inmigrantes

MADRID.- La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha considerado como un "éxito" de la Institución y las ONG la nueva circular de la Dirección General de la Policía, que prohíbe los cupos de detención y las redadas "indiscriminadas" a inmigrantes. Asimismo, ha afirmado que este hecho supone que "el Gobierno ha reflexionado sobre que el camino emprendido desde, al menos, 2010, no era el correcto".

  Cava de Llano ha recordado que ésta era una pretensión de la Institución desde que salió a la luz la "nefasta" Circular 1/2010, de 25 de enero, con el objetivo de que se interpretasen de forma correcta los supuestos de detención cautelar y traslado a comisaría los ciudadanos inmigrantes.
   "Nos empeñamos en ello y ha tenido sus frutos", ha señalado la Defensora, que se muestra "contenta" de que las propuestas que se llevan a cabo últimamente desde la institución "no caigan en saco roto". En cualquier caso, ha advertido de que quedan "a la espera de conocer lo que pueda incluir el texto y de su futura aplicación". 
"Nunca es tarde sin la dicha es buena", ha apostillado.
   De esta forma, desea que quede atrás "una práctica que ha sido denunciada por organismos internacionales como el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial" y que, además, "era contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", un acuerdo que consagraba el principio de la no discriminación y que, incluso, "condenó al Estado español al pago de una indemnización en un caso concreto".
   Por último, Cava de Llano también ha solicitado que se establezcan mecanismos de control que permitan verificar el número y la motivación de las identificaciones realizadas en la vía pública por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

domingo, 29 de abril de 2012

Valcárcel 'apuñala' a Ruíz Abellán al dejarlo casi sin presupuesto propio

MURCIA.- El Defensor del Pueblo, José Pablo Ruiz Abellán, asegura que el recorte del 75% previsto, aproximadamente, por la Comunidad en la institución, les afecta de manera sustancial y que tendrán que utilizar los servicios administrativos de la Asamblea Regional, "puesto que de ella provenimos".

   Tras conocer la información, asegura el Defensor, se pusieron en contacto con la Asamblea Regional. Y señala que el Parlamento autonómico "nos va a apoyar y ayudar en gran parte de los gastos que tenemos".
   Ruiz Abellán apunta, en este sentido, que "disminuirán de forma importante los gastos administrativos y de apoyo logístico a la institución, puesto que se van a dar desde la propia Asamblea Regional".
   Al respecto, el Defensor del Pueblo dice que tiene conocimiento del recorte a la institución por la información que ha ofrecido el vicepresidente económico, Juan Bernal, y que ya elabora un Plan de reajuste que atiende a lo contenido para su Defensoría en el Plan de Reequilibrio Económico y Financiero de la Comunidad Autónoma.
   "Este reajuste nos supone seguir trabajando con los servicios jurídicos pero afectará a la parte administrativa, que contará con el apoyo de la Asamblea", así cree Ruíz Abellán que "en un futuro tendremos que desplazar la ubicación de Murcia a Cartagena para disminuir gastos".
   Pero, aclaró, "quedan todos los flecos por concretar".
   "El apoyo de la Asamblea nos permitirá dar el mismo servicio a los ciudadanos para la reproducción de sus quejas", insistió.
   Finalmente, Ruiz Abellán opina que la institución "es necesaria", y a pesar de la crisis, recuerda que la Defensoría "apoya a los ciudadanos y es una institución que presta un servicio ágil y gratuito".