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miércoles, 11 de octubre de 2023

El Gobierno de España destina casi 32 millones al nuevo cuartel de la Guardia Civil, en Cartagena


CARTAGENA.- El Consejo de Ministros ha aprobado este pasado martes el acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras para la demolición y reconstrucción del acuartelamiento de la Guardia Civil, en Cartagena, por 31.956.070 euros.

El acuartelamiento de Cartagena está compuesto por doce edificios construidos en 1962, once de los cuales presentaban un estado de deterioro agravado por los desperfectos causados por la intensa DANA que lo sacudió el pasado mes de mayo.

Ante esa situación, se decidió demoler esos once inmuebles y sustituirlos por otros tantos de nueva construcción, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia en un comunicado.

Respecto al Edificio 9, el único que solo requiere de una reforma integral, las obras se tramitan también por el procedimiento de urgencia, ya que sus deficiencias requieren reparación inmediata.

sábado, 23 de septiembre de 2023

Murcia, entre las CCAA que el Consejo de Ministros declarará como 'Zona Catastrófica' por las lluvias


MADRID.- La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha anunciado hoy que este lunes el Consejo de Ministros declarará Zona Afectada Gravemente por Emergencias de Protección Civil aquellos territorios que sufrieron las precipitaciones persistentes y generalizadas de principios de este mes de septiembre, que registraron un balance de ocho fallecidos y cuantiosos daños personales en prácticamente todas las provincias.

Especialmente se ha referido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.

Un acuerdo, ha explicado la ministra en funciones, que "responde al compromiso del Gobierno con la reducción de los plazos de tramitación de las ayudas a entidades locales por catástrofes naturales a un tercio del tiempo empleado en antiguas legislaturas".

Si en 2015 pasaban 461 días hasta la publicación de la convocatoria, en la actualidad se ha reducido el periodo de tramitación a 148 días, a pesar de que ha habido que afrontar en este periodo la gestión de la pandemia y las consecuencias económicas de la guerra.

Isabel Rodríguez ha destacado la colaboración entre las distintas administraciones públicas durante la pasada legislatura en la pandemia."Tuvimos que gestionar desde la adversidad y, desde el impulso del Gobierno de España, participamos todas las administraciones juntas en la recuperación, aportando lo mejor de este país, con la colaboración de alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, presidentes de diputaciones elegidos por ellos, y la sociedad".

"Todas las administraciones públicas estuvieron a la altura ante la mayor amenaza desde la guerra civil en términos humanitarios y económicos. Mi reconocimiento a quienes gestionaron aquellos momentos, a la sociedad y a las administraciones públicas por la cooperación leal que nos dimos", ha añadido.

miércoles, 22 de abril de 2020

El Gobierno prorroga dos meses la preferencia del teletrabajo y baja el IVA a mascarillas y otros productos sanitarios

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley, con más de 30 medidas económicas, entre las que se incluye prorrogar durante dos meses el carácter preferente del teletrabajo, así como el derecho de los trabajadores con deberes de cuidado a adaptar o reducir su jornada laboral, según ha anunciado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño. 

El Consejo de Ministros ha aprobado además la exención del pago de IVA para el suministro de material sanitario a instituciones públicas y la bajada al 4 % del de libros y prensa en formato electrónico, ha informado Calviño.
Según ha explicado este martes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, también se ha incrementado el ámbito de aplicación de los ERTE por causa de fuerza mayor en sectores considerados esenciales que también han visto reducidos sus ingresos.
Según ha detallado el Gobierno, la fuerza mayor de una actividad esencial podrá tener carácter parcial y no extenderse, por tanto, a toda la plantilla de una empresa. Junto a esto se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada.
El objetivo de todas estas medidas es seguir protegiendo a trabajadores en esta crisis, ha subrayado Calviño quien ha avanzado que habrá medidas de financiación especificas para las empresas que están apostando por el teletrabajo.
Según ha detallado el Gobierno, se amplía la cobertura de la prestación de desempleo a los trabajadores cuyos contratos terminaran durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo desde el 9 de marzo o aquellos que dejaran un trabajo por tener una oferta laboral en firme que no se haya materializado a causa de la pandemia.
También se refuerza la protección de los trabajadores fijos discontinuos que podrán incorporarse a los ERTE o percibir una prestación aun cuando hubiesen agotado el desempleo.
Estos trabajadores tendrán una prestación de 90 días independientemente de que hubiesen consumido su desempleo o de que hubiesen cotizado.
Se ha acordado suspender plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, salvo en los casos en los que la intervención del organismo sea necesaria para garantizar la protección del interés general o por estar relacionados con el COVID-19- y reforzar los mecanismos de control y sanción para evitar comportamientos fraudulentos en la percepción de las prestaciones.
Habrá una sanción específica aplicable a las empresas que presenten solicitudes fraudulentas para la obtención de ERTE que además y se obligará a las empresas a devolver las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores.
El Ejecutivo también ha acordado la reducción de las cotizaciones para determinados trabajadores agrarios durante los periodos de inactividad en 2020.
Además, Calviño ha indicado que las nuevas medidas permitirán liberar más de 1.100 millones en liquidez para las empresas, sobre todo a autónomos y pymes, y ha destacado el “enorme esfuerzo” para abordar medidas que afectan a los ingresos y el gasto con el fin de reforzar la financiación de la economía.
En concreto, se ha aprobado que los trabajadores autónomos puedan realizar el cálculo del pago fraccionado del IRPF y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del IVA con el método de estimación objetiva, lo que permitirá que durante el periodo afectado por el estado de alarma se ajuste su pago a los ingresos reales.
Además, se establece una reducción en el pago fraccionado del IRPF y el IVA, pudiéndose descontar en cada trimestre los días del estado de alarma, y las empresas podrán adaptar sus liquidaciones de ingresos a cuenta a la previsión de ingresos estimada para 2020.
Además, se fija la posibilidad de supeditar el pago de deudas tributarias del Impuesto de Sociedades a la obtención de la financiación a través de las líneas de avales del ICO.

Supresión de IVA sanitario

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la exención del pago de IVA para el suministro de material sanitario a instituciones públicas y la bajada al 4 % del de libros y prensa en formato electrónico, ha informado Calviño.
La ministra ha precisado que la reducción a cero del IVA del suministro de material sanitario de productores nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios permitirá ahorrar más de 1.000 millones de euros.
Ha detallado que esta bajada del IVA está en línea con la reducción de los aranceles por parte de la Unión Europea y tiene objetivo de garantizar la igualdad de trato entre productores nacionales y extranjeros.
Asimismo, se ha incluido en el real decreto-ley la reducción del IVA de libros, revistas y periódicos electrónicos, que hasta ahora era del 21 %, para adaptarlos a la tributación de aquellos de papel, que es del 4 %.

Los viajes no imprescindibles a países de la UE seguirán restringidos hasta el 15 de mayo

MADRID.- El Gobierno ha prorrogado los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública hasta el próximo 15 de mayo.

Así lo recoge la Orden INT/356/2020 que recoge el BOE de este martes, y que aboga por extender la aplicación de la medida que fue tomada el pasado 17 de marzo por los miembros del Consejo Europeo para limitar la expansión de la pandemia.
De esta forma, los únicos nacionales de terceros países de la Unión Europa que podrán viajar son los residentes que se dirijan a su lugar de residencia, los titulares de un visado de larga duración expedido por un país miembro al que se dirijan y los trabajadores transfronterizos.
Además, están autorizados a desplazarse los profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que regresen de realizar su labor, el personal dedicado al transporte de mercancías, el personal militar, diplomático o consular y aquellas personas que acrediten causas de fuerza mayor o motivos familiares imperativos.
Así, solo se permitirá entrar en España a las personas registradas como residentes que se dirijan directamente a su lugar de residencia en otro estado miembro, Schengen o Andorra. Eso sí, estas condiciones no serán aplicables en la propia frontera con Andorra o en Gibraltar.
Por otro lado, la orden publicada este martes en el BOE también establece que se mantiene el cierre, con carácter temporal, de los puestos terrestres habilitados para la entrada y la salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla.
La orden, firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlsaka, entrará en vigor a las 00:00 horas del 22 de abril y tendrá vigencia hasta las 24:00 horas del 15 de mayo sin perjuicio, en su caso, de las eventuales prórrogas que pudiesen acordarse.

miércoles, 1 de abril de 2020

Estas son las principales medidas aprobadas por el Gobierno para sostener la economía

MADRID.- El Gobierno ha dado luz verde a un nuevo paquete de medidas para ayudar a autónomos, inquilinos vulnerables y empleadas del hogar. “Complementa todas las que se han ido aprobando en las semanas anteriores”, ha dicho este martes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Nuestro compromiso es que nadie se quede atrás”, ha agregado.

Ya a mediados de marzo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez había anunciado un plan de choque para hacer frente al desafío sanitario y económico sin precedentes que supone la pandemia del coronavirus. Ese paquete significa una inyección de liquidez de 200.000 millones de euros, cerca del 20% del PIB, para sostener la economía y permitir que una vez pasada la emergencia la recuperación “sea una V y no una L”. Es decir, para que el sistema vuelva a crecer rápido desde el punto en el que se había quedado antes de su paralización por el virus.
Pero el escenario está en constante evolución y la profundización de la crisis, que ha llevado el Gobierno a paralizar aún más la actividad económica para contener la curva de contagios, ha obligado a abordar medidas adicionales. Todavía no se conocen los detalles para saber el alcance de este nuevo paquete y cómo será su efectiva implementación, que tendrán que desglosar los ministerios competentes.

Principales medidas aprobadas este martes

- Alquileres: se suspenden los desahucios por alquiler para las personas vulnerables durante seis meses y se aprueba una prórroga de la misma duración para los contratos que estén a punto de vencer; para el mismo colectivo se concederán microcréditos estatales al 0% y sin comisión, a devolver en un plazo de seis años ampliable a diez. El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha asegurado que las condiciones de “vulnerabilidad” son amplias, ya que por ejemplo pueden acogerse a estas ayudas ciudadanos afectados por ERTE, reducciones de jornada, caída de ingresos... Además, el Gobierno asegurará que los pequeños propietarios perciban íntegramente las rentas, mientras que los grandes propietarios y fondos buitre deberán asumir parte impacto efectuando quitas o reestructurando el alquiler.
- Prohibición de cortes de suministros: los cortes energéticos y de agua en la vivienda habitual estarán prohibidos para el conjunto de la población mientras esté en vigor el estado de alarma. Se amplía también el bono social para que las personas que queden en situación de vulnerabilidad, como trabajadores afectados por despidos o autónomos que hayan tenido que cesar en su actividad, puedan acogerse a él.
- Empleadas del hogar y trabajadores temporales: se crea una prestación por desempleo extraordinaria para las trabajadoras del hogar equivalente al 70% de su base de cotización. Para los trabajadores temporales, aunque no tengan la cotización necesaria, se aprueba una ayuda de unos 440 euros, el 80% del Iprem.
- Ampliación de la moratoria de hipotecas: Se amplía a tres meses la moratoria en el pago de hipoteca para aquellas personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos frente al mes que contemplaba hasta ahora. También se amplía la moratoria a los autónomos. Para compatibilizar esta nueva moratoria con la hipotecaria, se ha procedido a ajustar el régimen de acreditación. Así, las entidades no deben tener en cuenta la aplicación de una posible moratoria hipotecaria a efectos de calcular si se ha alcanzado o no el límite de la carga del 35% de los ingresos.
- Autónomos: moratoria en el pago de cotización de mayo, junio y julio durante seis meses sin intereses; aplazamiento en el pago de las deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio.
- Prohibición de la publicidad del juego online: durante el estado de alarma la publicidad de este tipo de juego quedará limitada a un horario de 1:00 a 5:00 de la mañana, tanto en televisión, radio y plataformas de intercambio de videos, como Youtube.
- Moratoria de pago en los créditos al consumo y reembolso de viajes: Se otorga una moratoria de tres meses a los créditos al consumo para las personas consideradas en vulnerabilidad económica, ampliable si fuera necesario. El Ejecutivo ha aprobado además que en caso de viajes combinados cancelados, los clientes podrán disponer de un bono a utilizar en un año; de no emplearse, se procederá a la devolución del dinero abonado. Otras empresas, como hoteles, tendrán 60 días para ofrecer una alternativa, y en caso de no hacerlo o no ser aceptada por el cliente este tendrá derecho a reembolso.
- Planes de pensiones: los partícipes de un plan de pensiones que, como consecuencia de la crisis del coronavirus, estén en situación de desempleo por un ERTE o de cese de negocio, podrán rescatar sus ahorros, bajo una serie de condiciones, con un importe máximo a disponer no superior a los salarios dejados de percibir.
- Portabilidad telefónica: los usuarios podrán volver a cambiar de compañía telefónica aprovechando el procedimiento de la portabilidad, que permite esa posibilidad de forma gratuita y conservando el número de teléfono, siempre que no suponga un desplazamiento de técnicos al hogar para cualquier instalación. La medida va acompañada de la prohibición de que las operadoras puedan subir las tarifas mientras que esté vigente el estado de alarma.
- Violencia de género: se garantizan como servicios esenciales los servicios de atención a víctimas de explotación sexual y se refuerza la ayuda a víctimas de violencia machista.

Ayudas aprobadas con anterioridad

- 600 millones de euros para reforzar los servicios sociales, con transferencias a comunidades autónomas y Ayuntamientos, protección de los suministros básicos (luz, agua y gas) y los servicios de telecomunicaciones.
- Moratoria en el pago de hipotecas para primera vivienda para personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el coronavirus.
- Relajación de la regla de gasto para permitir a los Ayuntamientos gastar sus ahorros en servicios sociales, dependencia, y otro tipo de actividades sociales relacionados con el coronavirus.
- Flexibilización de los ERTE: los afectados se beneficiarán de la prestación por desempleo, incluso si no tienen derecho a ella por no haber cotizado lo suficiente. Si el ERTE se solicita por causa de fuerza mayor, las empresas con menos de 50 empleados tendrán una bonificación del 100% en las cotizaciones, y del 75% si la plantilla es mayor. Las prestaciones cobradas durante el estado de alarma no computarán para el desempleo de después.
- Posibilidad para pymes y autónomos de aplazar las deudas con Hacienda hasta 30.000 euros durante seis meses, con tres meses de carencia.
- La consideración de las bajas y cuarentenas forzosas como accidente de trabajo.
- Prohibición de los despidos vinculados a la crisis del coronavirus; todos los trabajadores tendrán derecho a reorganizar o reducir su jornada laboral, incluso hasta el 100%, para cuidar a familiares, mayores o niños, ante el cierre de colegios y servicios sociales.
- Prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos que hayan tenido que cerrar su negocio a causa del estado de alarma, o cuya facturación haya caído un 75% en relación con el semestre anterior. La prestación es compatible con la exoneración del pago de cuotas y con el ERTE para aquellos trabajadores por cuenta propia que tengan empleados.
- Línea de avales de garantías públicas al 80% para facilitar liquidez a empresas por importe de 100.000 millones de euros; línea dotada con 2.000 millones para las empresas exportadoras; apoyo a la digitalización de las pymes y planes de I+D para fomentar el teletrabajo.
- Prohibición de las ofertas públicas de adquisición (opa) desde fuera de la UE a cotizadas españolas consideradas estratégicas.
- Apoyo a la investigación científica en la búsqueda de una vacuna; 30 millones de euros para el CSIC y al Instituto de Salud Carlos III.

lunes, 17 de febrero de 2020

El Gobierno aprueba mañana las tasas Google y Tobin y elimina el despido por bajas

MADRID.- El Consejo de Ministros prevé aprobar mañana los nuevos impuestos a las transacciones financieras y determinados servicios digitales, conocidos como tasas Tobin y Google, y eliminará la posibilidad de despedir por encadenar bajas por enfermedad.

Los impuestos a las transacciones financieras y determinados servicios digitales ya fueron aprobados en enero del pasado año, aunque su tramitación decayó ante la convocatoria de las elecciones generales de abril, por lo que nunca llegaron a ponerse en marcha.

El impuesto sobre transacciones financieras, con el que el Gobierno espera recaudar 850 millones de euros, gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.

El impuesto será liquidado por el intermediario financiero y no afectará a las salidas a bolsa, reestructuraciones empresariales, operaciones entre sociedades del mismo grupo ni cesiones de carácter temporal.

El impuesto sobre determinados servicios digitales gravará con un 3% los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.

Solo afectará a las multinacionales tecnológicas con unos ingresos anuales de al menos 750 millones de euros a nivel mundial y 3 millones en España y con él se esperan recaudar 1.200 millones de euros.

Despido por bajas

En materia laboral, el Gobierno prevé eliminar el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por encadenar bajas por enfermedad, un apartado que existe desde que se aprobó la norma en 1980, aunque fue modificado en las reformas laborales de 2010 y 2012 para facilitar el uso de este tipo de despido objetivo ligado al absentismo.

El artículo 52.d avala el despido objetivo "por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses".

Originalmente el artículo permitía este despido siempre que el índice de absentismo total de la plantilla superase el 5% en los mismos periodos de tiempo, una tasa que la reforma de 2010 bajó al 2,5% y que la de 2012 eliminó.

Aunque la posibilidad de despedir por faltas de asistencia al trabajo ha estado vigente desde 1980, fue la sentencia del pasado octubre del Tribunal Constitucional -que rechazó un recurso de inconstitucionalidad contra este precepto- lo que hizo movilizarse a los sindicatos.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha justificado que la derogación no se ha sometido a negociación con los agentes sociales (patronal y sindicatos) porque "no se puede dialogar cuando hay vulneración de los derechos fundamentales".

martes, 11 de febrero de 2020

Acuerdo del Consejo de Ministros para reparar los daños causados por la DANA en la AGA

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las actuaciones necesarias para devolver la operatividad a la Academia General del Aire y sus unidades dependientes.

El artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, establece la facultad de la Administración para actuar de manera inmediata a causa de situaciones que supongan un grave peligro, de manera que el órgano de contratación podrá actuar sin ajustarse a los requisitos formales establecidos en la ley.
Además, añade que si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo de treinta días.
Así, el Consejo de Ministros ha declarado la tramitación de emergencia de las actuaciones necesarias para devolver la operatividad de la Academia General del Aire (Base Aérea de San Javier) y unidades dependientes para reparar los daños que sufrieron en sus instalaciones los días 12 y 13 de septiembre de 2019 con ocasión una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA).
El importe de las actuaciones necesarias, asciende a ocho millones doscientos cuarenta y seis mil doscientos veintinueve euros con sesenta y cinco céntimos (8.246.229,65 euros).

El Consejo de Ministros nombra al graduado social José Vélez delegado del Gobierno

MURCIA.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el nombramiento de José Vélez, alcalde de Calasparra, como delegado del Gobierno en la Región de Murcia.

José Vélez sustituirá en el cargo a Francisco Jiménez, que ha ocupado el cargo desde hace unos diez meses, cuando renunció al puesto el secretario general del PSOE, Diego Conesa, para ser candidato en las elecciones autonómicas de mayo de 2019.
Nacido en 1966, Vélez cursó los estudios de diplomatura en Relaciones Laborales y grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Murcia. Es miembro del Colegio de Graduados Sociales de Murcia.
En la actualidad pertenece al Cuerpo de Gestión del Servicio Murciano de Salud. Desde el año 1999 hasta el 2014 ocupó el cargo de concejal en el. Ayuntamiento de Calasparra y, desde entonces ha ocupado la Alcaldía, a la que renunciará este jueves.  
También ha ocupado durante varios años el cargo de presidente de la Mancomunidad de Servicios del Noroeste de la Región de Murcia, así como de la Mancomunidad de Turismo del Noroeste de la Región de Murcia.
Según se recoge en la referencia del Consejo de Ministros, el nuevo delegado del Gobierno tiene formación académica universitaria en gestión Administrativa y Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a la Administración Pública (Universidad Rey Juan Carlos); Gestión Económica y Financiera (Universidad Autónoma de Madrid); Políticas Públicas y Género: La igualdad como eje de un nuevo modelo económico y social sostenible (Universidad de Murcia).


El portavoz del PSRM y viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, ha felicitado al hasta hora alcalde de Calasparra y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pepe Vélez, por su nuevo cargo como delegado del Gobierno en Murcia, que ha sido nombrado en el Consejo de Ministros. 
"Estoy seguro de que Pepe Vélez se dejará la piel y trabajará con rigor y responsabilidad para defender las necesidades y los intereses de la Región de Murcia desde el Gobierno de España", ha señalado.
Pepe Vélez nació en Calasparra en 1966 y es diplomado en Relaciones Laborales y graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Murcia. Desde 2015, es alcalde de Calasparra, y desde 2017, secretario de Pequeños Municipios de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Por su parte, Ciudadanos espera que el nuevo delegado del Gobierno del PSOE, José Vélez, "abandone la confrontación y apueste por el diálogo institucional, abriendo las vías de diálogo con el Gobierno regional de coalición que hoy parecen cerradas".
El portavoz de la Gestora de Cs Región de Murcia, Jerónimo Moya, ve "necesario" que el socialismo que representa el PSRM de Conesa "sea murciano antes que partidista".
Cree que Vélez "tendrá que ganarse ahora la autoridad moral para ponerse al frente de quienes velan por el cumplimiento de la ley y en pro de todos los murcianos".
Moya, igualmente, que "respetarán los tiempos de la justicia en todo caso y que lo ideal sería que se abriera una vía de diálogo, porque por encima de los partidos siempre está el interés de todos los murcianos, que se beneficiaría de una relación fluida entre ambas administraciones, sobre todo ante los retos que afronta nuestra Región", y para ello "le tiende la mano" al nuevo delegado del Gobierno.
El representante liberal ha indicado también que Ciudadanos Región de Murcia "siempre pondrá por delante de cualquier otra consideración el bienestar de los murcianos, y hoy más que nunca restablecer el diálogo entre Gobierno Central y Gobierno regional es una prioridad en la que Ciudadanos está llamado a jugar un papel importante, por el bien de todos los murcianos".

miércoles, 5 de febrero de 2020

El Gobierno autoriza la licitación del mantenimiento de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante por 63,56 millones de euros

MADRID.- El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar, a través de Adif, el contrato para los servicios de mantenimiento y pre-mantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante, en el ámbito de las bases de mantenimiento situadas en Villarrubia de Santiago (Toledo) y Gabaldón (Cuenca). El contrato tiene un valor estimado, incluyendo posibles prórrogas, de 63.567.844,45 euros (sin IVA) y un plazo de ejecución de 48 meses.

Las mencionadas bases atienden el mantenimiento de los tramos Torrejón de Velasco-Minglanilla, Bifurcación de Albacete-Bonete y Bifurcación de Los Blancales-Yeles Vía 1, todos ellos en explotación, así como de los tramos en construcción entre Chamartín y Torrejón de Velasco (nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante, que incluye el túnel en ancho UIC entre las estaciones de Atocha y Chamartín) y Bifurcación de Los Blancales y Yeles Vía 2. En estos últimos tramos, al encontrarse ya construida la plataforma y la vía instalada en algunos subtramos, se hace necesaria su conservación hasta su puesta en servicio.
El objetivo de estas actuaciones es garantizar en todo momento el óptimo estado de las instalaciones ferroviarias y su disponibilidad, eficacia, funcionalidad y confort, reduciendo al máximo la probabilidad de incidencias..
Los trabajos incluyen la conservación de la plataforma ferroviaria, vías generales, secundarias y de apartado, aparatos de vía (desvíos o cambios de agujas y travesías), ramales de conexión, bases de mantenimiento y cambiadores de ejes, entre otras instalaciones, así como la evaluación de su estado, la programación de intervenciones de mejora y la disposición y aplicación de recursos para actuar con inmediatez en caso de incidencia.
En los tramos en construcción, los trabajos de pre-mantenimiento comprenden la conservación de la plataforma y la vía ya instalada para mantener sus prestaciones hasta su puesta en servicio.

sábado, 21 de diciembre de 2019

El Gobierno autoriza la licitación de un contrato para conservación y explotación en carreteras del Estado en Murcia

MADRID.- El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha autorizado la celebración de un contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado en Murcia, con un valor estimado de 18,15 millones de euros.

El sector de carreteras afectado en es el nº1, que incluye las siguientes carreteras:
·        A-7, PP.KK. 598+000 AL 662+089 (Enlace Alhama de Murcia - L.P. Almería-Murcia).
·        A-91, PP.KK. 0+025 AL 17+098 (L.P. Almería-Murcia A-92N - Intersección A-7S).
·        N-342a, PP.KK. 83+006 AL 98+067 (Acceso A-91 - L.P. Almería-Murcia).

Características Técnicas
Los contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado tienen el objetivo de realizar los trabajos de servicios de comunicaciones, servicios de vigilancia, atención a accidentes, mantenimiento de los elementos de la carretera, mantenimiento sistemático de las instalaciones de suministro de energía eléctrica, alumbrado, señalización variable y semaforización.
Además, se incluyen las labores de establecimiento de inventarios y reconocimientos de estado, agenda de información de estado y funcionamiento de la carretera, programación, coordinación, seguimiento e información de la ejecución de los trabajos, actuaciones de apoyo a la explotación, estudios de accidentalidad e informes de seguridad vial.
Asimismo, se realizarán los trabajos de desbroce, fresados y reposición del firme, limpieza de cunetas, y en general, todas las labores de conservación ordinaria de las vías a su cargo.

viernes, 13 de diciembre de 2019

El Consejo de Ministros aprueba destinar 200.000 euros a ayudar a los pescadores del Mar Menor

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un acuerdo por el que se destinan 200.000 euros para contribuir a las ayudas a los pescadores por los daños causados por el temporal DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en el Mar Menor.

Con ello se ratifica el acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial de Pesca celebrada el pasado 10 de diciembre, según ha señalado el departamento de Agricultura.
Esta contribución representa el 50% del total de las ayudas compensatorias destinadas a los pescadores afectados por la situación extraordinaria que se produjo a principios del pasado mes de octubre.
En concreto, las lluvias ocasionadas por la DANA provocaron arrastres con abundantes materiales en suspensión a través de las ramblas que desembocan en las riberas de la laguna del Mar Menor, deteriorando el espacio costero y llevando al Gobierno a la Declaración de Zona afectada gravemente por emergencia de protección civil.
Uno de los sectores afectados por el estado del Mar Menor ha sido, según el Ministerio, el pesquero de artes menores, tras la abundante mortalidad de diferentes especies, objetivo de las pesquerías artesanales.
Este hecho obligó a los productores pesqueros a abandonar la pesca hasta que mejoraran las condiciones ecológicas del Mar Menor, favoreciendo de esta forma la regeneración del recurso pesquero.
Dado que la flota de buques de pequeño tamaño de pesca artesanal tiene una gran dependencia económica de este recurso de la zona, estas ayudas, según ha resaltado el Ministerio, permitirán compensar las pérdidas de los pescadores del Mar Menor.

viernes, 27 de septiembre de 2019

Interponen un recurso de inconstitucionalidad al Gobierno regional por su déficit

MADRID.- El Consejo de Ministros ha acordado este viernes interponer un recurso de inconstitucionalidad a los Gobiernos de Canarias y Murcia al considerar que, en el caso canario, existen incompatibilidades entre el Fondo de Acción Social y la Ley autónoma de Presupuestos de 2018 y, por parte de la región murciana, la falta de cumplimiento con los objetivos de déficit.

En el caso de la Región de Murcia, el Gobierno ha interpuesto el recurso contra la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019 donde se regula la recuperación en el ejercicio 2019 de los conceptos retributivos dejados de percibir correspondientes en diciembre de 2013 --se suprimió una paga adicional del complemento específico-- y establece el calendario de recuperación para la de junio de 2014.
Sin embargo, el artículo 23 del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, sólo permite que "se devuelvan las cuantías por aquellas administraciones que cumplan los objetivos de déficit así como la regla de gasto".
El Ministerio de Hacienda ya emitió, en octubre de 2018, un informe en el que consta que Murcia "no cumplía los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto" de 2017. 
A ello, se le suma otro informe posterior, en mayo de 2019, donde el ministerio volvió a confirmar que Murcia "tampoco ha cumplido" con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto de 2018.
En consecuencia, el Gobierno ha acordado que no se puede aprobar la medida consistente en "restablecer o recuperar" conceptos retributivos correspondientes a ejercicios anteriores.
Previamente a la interposición de ambos recursos, se había iniciado una negociación previa con los gobiernos de Canarias y Murcia, pero no se alcanzó ningún acuerdo satisfactorio en ninguno de los casos.

viernes, 20 de septiembre de 2019

Las ayudas de 746 millones del Gobierno central por el temporal tardarán un año en llegar

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley mediante el cual destinará 746 millones de euros a paliar los daños y las necesidades de los afectados por los graves inundaciones e incendios registrados en España desde el pasado mes de junio.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, ha defendido que en medio de la situación de repetición electoral, el "Gobierno está a la altura" y ha dictado un Real Decreto Ley para atender a estas necesidades en el que ha participado 9 de los 17 Ministerios.
Así, ha asegurado que "este es un gran país" cuyo Gobierno, "incluso en funciones" se afana en atender las necesidades más perentorias de los ciudadanos que acaban de sufrir estos días los efectos de las inundaciones e incendios con "todas las fuerzas", la Unidad Militar de Emergencias, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los voluntarios que se ofrecieron a ayudar en la emergencia.
Celaá ha justificado la necesidad del Real Decreto Ley --que convalidará la Diputación Permanente -- en las "catastróficas" consecuencias del "último y letal" episodio de lluvias, las inundaciones, pero también por otras inundaciones y graves incendios registrados en España desde junio. Para ello, ha añadido se ha aprobado un "amplio" paquete de medidas para paliar estos efectos.
La ministra ha repasado algunos de los eventos que estarán atendidos por el Real Decreto Ley, tales como las tormentas e inundaciones de julio en Orense; o los gravísimos incendios forestales de agosto en Canarias o en junio en el Bajo Ebro y, finalmente los "gravísimos" efectos de la DANA que no ocurrían desde hace 140 años en Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Baleares o Madrid.
Estas zonas serán declaradas gravemente afectadas por una emergencia de Protección Civil para poder atender "rápidamente a los afectados" como "muestra de la voluntad del Gobierno" con los desfavorecidos.

Un año para recibir las ayudas


Posteriormente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha apuntado que el plazo en el que se podrán cobrar estas ayudas podría ser de un año, ya que ha asegurado que se hará "lo antes posible dentro del respeto a la Ley y los procedimientos".
Comparando con el plazo que está tardando la recepción de las ayudas de las inundaciones de hace casi un año en Baleares, Planas ha valorado que la rapidez de ese procedimiento en el que las ayudas directas y personales ya han sido abonadas, mientras que las de las corporaciones locales se abonarán en las próximas semanas.
Planas cree que en el caso de Baleares el Gobierno ha sido capaz de resolverlo en ese plazo aproximado de un año algo que es "una circunstancia casi récord con situaciones similares del pasado". Desde el punto de vista legal y presupuestarios hay procedimientos a seguir y ha asegurado comprender la preocupación en ese sentido.
Por su parte, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que el RD incluye no solo a estas catástrofes sino las acaecidas desde el 1 de abril y serán también de aplicación las medidas a todos los eventos que puedan concretarse hasta el 31 de marzo de 2020.
Grande-Marlaska ha asegurado que España cuenta con un sistema "bien preparado" para atender a las emergencias en las que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
En concreto, ha precisado que el Real Decreto incluirá a los afectados por la DANA que alcanzó a España del 9 al 15 de septiembre que además de los daños "de todo tipo" terminó con la vida de siete personas.
Respecto a la situación, ha garantizado que la fase de predicción de la emergencia funcionó "adecuadamente" y que durante el desarrollo de la misma todo el personal, efectivos y voluntarios dieron "lo mejor de sí mismos".
El ministro del Interior, ha añadido que en la fase de recuperación el Gobierno dará "respuesta inmediata" para el que se habilitarán "todos los créditos que sean necesarios".
Tras enumerar las zonas afectadas por las emergencias que estarán incluidas en el decreto de ayudas, que recogerá medidas de diversa naturaleza, para el dominio público marítimo terrestre, el dominio público hidráulico y otras zonas de titularidad pública para que los afectados "puedan mirar al futuro con esperanza".
Por su parte, Planas ha afirmado también que el Real Decreto como un trabajo "coral" que supone la "respuesta más eficaz en los últimos años ante un fenómeno como este".

Medidas y cuantías


A las ayudas podrán acogerse particulares, personas físicas y jurídicas, empresas, establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, pesqueros, turísticos, corporaciones locales para gastos derivados de obras inaplazables no contempladas en sus presupuestos. Entre otras medidas, el decreto exime del pago de la cuota del IBI, del de actividades económicas en el ejercicio correspondiente y, las ayudas personales estarán exentas en el IRPF.
Desde el ámbito del Ministerio de Trabajo, se aprobarán las normas relativas a bonificaciones, moratorias, exenciones de cuotas relativas a la suspensión o exención de relaciones laborales y los pagos a la seguridad social de empresarios por trabajadores por cuenta ajena y autónomos.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, se acometerán obras para restaurar el dominio público marítimo terrestre y el dominio público hidráulico y desde el departamento de Fomento se acometerán las obras de emergencia para reparar los daños en infraestructuras de titularidad pública.
Mientras, por parte del Ministerio de Hacienda y Agricultura, Pesca y Alimentación se aprobará la reducción que corresponda al ejercicio fiscal de 2019 que ajuste los módulos de la estimación afectiva singular para explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas.
También se aprueban en el Real Decreto indemnizaciones del seguro agrario combinado en determinados supuestos, para actividades ganaderas y vinculadas a ella que puedan estar o no cubiertas ante la catástrofe por una póliza.
Igualmente se habilita el mecanismo de cobertura de la Administración Pública de los daños no cubiertos por el seguro agrario combinado así como aquellas actividades agrícolas, ganaderas y acuícolas.
En materia de incendios, Planas ha adelantado que se realizarán actuaciones urgentes en materia de restauración hidrológico forestal para tratar de restablecer el hábitat natural de flora y fauna correspondiente para el control de plagas, las infraestructuras rurales y "muy en particular" para evitar la erosión derivada de los momentos posteriores.
Respecto a las cantidades, tras precisar que son "cálculos provisionales que deben seguirse con prudencia" y suponen una "hipótesis de partida", ha detallado el desglose de los 746,3 millones de euros.
De forma absolutamente provisional, el importe de las ayudas se estima en 557,7 millones de euros. A esta cantidad habría que sumar 130,2 millones en actuaciones de la Administración General del Estado y 58,4 millones de euros en exenciones y bonificaciones en materia de empleo y Seguridad Sociales, por parte de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se distribuirán unos 13 millones, 2 para restauración forestal y 4,8 para actuaciones de la financiación de avales y compensación de daño asegurados en explotaciones; del Ministerio de Fomento 60,71 millones; desde Transición Ecológica, 62,3 millones; Política Territorial, 541,69 millones en daños a corporaciones locales. Desde el Ministerio de Economía se destinarán 10 millones. Mientras, Hacienda, 28 millones de euros en exención de impuestos.

martes, 17 de septiembre de 2019

El Gobierno de España aprobará el viernes las primeras medidas por los daños de la gota fría

MADRID.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha explicado este martes que el Consejo de Ministros adoptará el próximo viernes las primeras medidas "ante la urgente situación" provocada por la gota fría de la semana pasada en el sudeste español.

Respecto a las diferentes peticiones de los ayuntamientos y las comunidades autónomas de la declaración de zona catastrófica, ha apuntado en declaraciones a la Cope que las delegaciones de Gobierno están recopilando la información, ya que el Ejecutivo "ha de dar una respuesta lo más inmediata posible, teniendo en cuenta todas las circunstancias".
"Hay amplias zonas afectadas en la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid que deberán tener ese tratamiento", una declaración que "no es una varita mágica, sino un instrumento a través del cual se coordinan una serie de actuaciones de diversos ministerios para dar una respuesta más eficaz", ha añadido.
A su juicio, lo importante es "la agilidad y prontitud en la toma de decisiones", ante la "situación muy grave" que atraviesan muchas zonas.
Entre las propuestas que puede aprobar el Gobierno, "que por estar en funciones tiene una capacidad de actuación limitada", se ha referido a posibles medidas fiscales y ayudas extraordinarias.

viernes, 5 de julio de 2019

El Consejo de Ministros aprueba 629.856 euros destinados a los comedores de verano en la Región

MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó este viernes 5 de julio el reparto a las comunidades autónomas de los 15 millones de euros destinados al Programa para la Garantía de los Derechos a la Alimentación, Ocio y Cultura de los Menores durante las Vacaciones Escolares (VECA) de 2019. La Región de Murcia tiene asignado un presupuesto de 629.856 euros por parte del Gobierno nacional.

Andalucía es la región que más presupuesto recibirá con un total de 2.580.188 euros, seguida de Cataluña (1.801.739 euros), la Comunidad de Madrid (1.473.460 euros), la Comunidad Valenciana (1.387.326 euros), Galicia (1.137.097 euros), Castilla y León (1.060.937 euros), Castilla-La Mancha (861.434 euros) y Canarias (765.562 euros).
Por su parte, Extremadura tiene asignado un presupuesto de 662.376 euros, comunidad a la que siguen por volumen presupuestario la Región de Murcia (629.856 euros), Aragón 539.542 euros), el Principado de Asturias (515.171 euros), Baleares (376.974 euros), Cantabria (358.208 euros), Ceuta (313.900 euros), Melilla (298.630 euros) y La Rioja (237.600 euros).
Según explicó el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social esta segunda edición del programa, que fue presentado al Consejo de Ministros el pasado 21 de junio, cuenta con el acuerdo por parte del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del reparto de los 15 millones que se destinarán a desarrollarlo.
En este sentido, destacó que el programa ofrece a menores en situación de vulnerabilidad campamentos de verano y actividades culturales y de ocio en un marco generalista, junto a otros niños y niñas que no sean beneficiarios de las ayudas. También pretende garantizar -en ausencia de las becas de comedor escolar por las vacaciones- una alimentación sana y equilibrada durante el periodo estival.
«Además, busca facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias económicamente vulnerables que no tienen recursos para permitirse pagar servicios generales de cuidados para sus hijos e hijas», subrayó el departamento que dirige en funciones María Luisa Carcedo.

Las ayudas crecen un 44%

De este modo, las ayudas para 2019 aumentan en un 44% los 10,4 millones de la primera edición. El nacimiento del Programa VECA supuso duplicar los fondos que se habían destinado a este tipo de ayudas en 2017, de 5,2 millones. El programa también permitirá este año un aumento de un 50% de los beneficiarios respecto al verano pasado, hasta alcanzar los 100.000 niños y niñas. En su primera edición, en 2018, el programa duplicó el número de niños que se beneficiaban de este tipo de las prestaciones.
Según destacó el Ministerio, el Programa VECA refuerza las distintas actividades estivales de ocio educativo que llevaban funcionando desde hace varios años en diferentes ciudades y municipios. «Pretende contribuir a mejorar el grado de desarrollo de los llamados campamentos de verano, así como garantizar una alimentación adecuada entre menores en situación desfavorecida», añadió.
Además, priorizará líneas de financiación para actividades ya existentes que se propongan ampliar su oferta para incluir a niños, niñas y adolescentes vulnerables desde un punto de vista socioeconómico. Los servicios ofrecidos deben incluir desayuno, actividades de carácter lúdico, recreativo, cultural y educativo, servicio de comedor y bolsa de cena cuando las carencias del hogar lo aconsejen.
El programa asumirá el coste de las plazas para los niños de aquellas familias que de otro modo no podrían permitírselo. Su puesta en marcha se desarrolla a través de los Servicios Sociales Municipales y los centros escolares, de forma que se facilita el acceso de las familias potencialmente beneficiarias, a través de los sistemas de información de las becas de comedor.
Actualmente, las actividades que ya se llevan a cabo se engloban dentro de distintas iniciativas. Una de ellas son los campamentos de verano que organizan en su mayoría los municipios. Incluyen programación de actividades culturales y de ocio inclusivo y la matrícula es abierta a todos los niños y niñas, aunque se dispone de becas para las familias de pocos recursos.
Además, se conceden cheques para comida destinados a las familias de los niños y niñas que tienen beca de comedor durante el curso escolar. De esta forma, sus familias pueden asegurar una alimentación adecuada y además, se complementan con actividades deportivas y de ocio. También se establecen contratos a través de Servicios Sociales con Entidades del Tercer Sector que organizan campamentos diurnos o con pernoctación, en entornos urbanos o rurales.

Otras ayudas sociales

Los 15 millones del Programa VECA forman parte de los fondos destinados a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, para la realización del Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, cuyo reparto también acordó el Consejo de Ministros.
Este crédito asciende a 100 millones y además de los 15 millones del Programa VECA contempla 45 millones para otros proyectos de intervención social destinados a la protección a la familia y atención a la pobreza infantil. 
También incluye otros 40 millones destinados a financiar prestaciones básicas de servicios sociales, gestionadas por los ayuntamientos y que cuentan al menos con la misma inversión por parte de las corporaciones locales y las comunidades autónomas.
Por otra parte, el Consejo de Ministros acordó la distribución de 412.500 euros para financiar proyectos de intervención social para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano. Finalmente, acordó un crédito de 75.000 euros para la celebración del Congreso estatal del Voluntariado, que organizará la Comunidad Valenciana.

viernes, 21 de junio de 2019

El Gobierno aprueba la subida del 0,25% ligada al PIB para los funcionarios

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes ejecutar con efectos 1 de julio la subida salarial del 0,25 % adicional para los funcionarios que estaba vinculada a la evolución del PIB de 2018.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El II Acuerdo para la mejora del empleo público, firmado en marzo de 2018, preveía una subida salarial fija del 2,25 % en 2019 para los empleados públicos, que ya se aplicó en enero, más un alza variable del 0,25 % si el PIB de 2018 aumentaba más de un 2,5 %, un repunte que finalmente fue del 2,6 %.

El Gobierno central aumenta el 50% las ayudas para comedor y ocio infantil en verano

MADRID.- El Gobierno ha aumentado un 50 por ciento las ayudas para actividades de ocio y comedores en verano destinadas a menores en situación de vulnerabilidad, por lo que invertirá 15 millones de euros -10 millones en 2018- que beneficiarán a 100.000 menores para "romper el círculo de desventaja" entre los niños.

Lo ha explicado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que ha aprobado el programa para la Garantía de los Derechos a la Alimentación, Ocio y Cultura de los Menores durante las Vacaciones Escolares (VECA) 2019.
"En una democracia que se califica de calidad es necesario que todos los niños tengan las mismas oportunidades" y este programa quiere ofrecer una alimentación saludable y equilibrada para los menores más vulnerables y garantizar su ocio tras el fin del curso escolar.
En la iniciativa se incluyen servicios como desayuno, comida y eventualmente bolsas para la cena, junto a actividades, como campamentos de verano de carácter lúdico, recreativo, cultural y educativo.
El Programa VECA refuerza las distintas actividades estivales de ocio educativo que llevaban funcionando desde hace varios años en diferentes ciudades y municipios y asume el coste de las plazas de los niños más vulnerables para que puedan disfrutar de actividades "sin riesgo de sufrir estigma o segregación".
El Programa está en conexión con los Servicios Sociales Municipales y los centros escolares, de forma que se facilita el acceso de las familias potencialmente beneficiarias, a través de los sistemas de información de las becas de comedor que disfrutan durante el curso.
Carcedo ha destacado que muchos niños en situación vulnerable sufren desnutrición por una alimentación "ni saludable, ni equilibrada".
En este sentido, ha alertado de que el 20 por ciento de los niños que viven con menos recursos consumen tres veces más alimentos procesados y que, si siete de cada diez menores comen fruta diaria, en las familias en riesgo de exclusión ese dato se reduce a cinco de cada diez.
Todo ello, deriva en que estos niños sufran mayor obesidad y otras enfermedades vinculadas al sobrepeso, ha añadido.
El Gobierno, a través del Alto Comisionado de la Lucha Contra la Pobreza Infantil, diseñó el pasado año el programa VECA que dotó con 10,4 millones de euros; entonces esa cantidad duplicó los fondos destinados hasta entonces a la lucha contra la pobreza infantil en verano.
Las ayudas para este año contemplan triplicar respecto a 2017 el número de beneficiarios de estas prestaciones, hasta alcanzar a 100.000 menores, mientras que en 2017 fueron 33.000 y en 2018, 66.000 participantes.
"El Gobierno tiene el objetivo de situar a los niños en el centro de la política" y "evitar el olvido veraniego que muchas veces sufren los niños de lasa familias más desfavorecidas.

viernes, 26 de abril de 2019

El Gobierno cambia la regulación del pan y rebaja el IVA al 4% a más productos

MADRID.- Los españoles han reducido su consumo de pan en un 80% en dos décadas; el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto con la norma de calidad de este alimento en la que se aclaran diferentes conceptos y se amplía el número de productos considerados "pan común" y con un IVA del 4%.

La nueva norma de calidad del pan amplía la definición de pan común, con el IVA al 4%; incluye ahora a panes elaborados con otras harinas distintas a las de trigo, como los elaborados con harinas integrales, con salvados o bajo contenido en sal que antes se gravaban con el 10 % de IVA.
-Se limita la cantidad de sal que se puede emplear para elaborar el pan común. El límite máximo del contenido en sal será obligatorio a partir de abril de 2022.
-Los requisitos para considerar un pan integral serán más estrictos, pues es obligatorio que el 100% de la harina empleada sea integral. Los que no estén elaborados de forma exclusiva con ese tipo de harinas, indicarán el porcentaje en el etiquetado.
-La definición de pan multicereal: elaborado con tres o más harinas; cada una de las tres estará en una proporción mínima del 10 % y las harinas procedentes de cereales no podrán suponer menos del 30 % de la mezcla total.
-La masa madre: Se define como la masa activa compuesta por harina de trigo u otra cereal o mezcla de ellas, y agua, con o sin adición de sal, sometida a una fermentación acidificante cuya función es asegurar la fermentación de la masa del pan. La masa madre contiene una microflora acidificante constituida esencialmente por bacterias láctinas y levaduras salvajes.
- Elaboración artesana del pan, la definición señala que "debe primar" el factor humano frente al mecánico y se especifican los requisitos.
- La denominación "pan de leña" o "de horno de leña" sólo podrá usarse con planes cocidos íntegramente en un horno que utilice como combustible la leña.
 
El consumo per cápita de pan en España ha descendido dramáticamente en los últimos veinte años: de los 57 kilos que se ingerían en 1998 a los 31,8 de 2018.
-El gastó en 2018 se situó en 76,13 euros (-2,5%), una cantidad equivalente al 5,09% del presupuesto per cápita para llenar la cesta de alimentos y bebidas el pasado año, según datos del panel de consumo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca.
- El pan fresco y congelado supone el 80,7% de la cuota de pan en los hogares; el industrial o de larga duración o seco -molde, colines, regañás- es un 19,3% cuota.
- Los hogares más consumidores de pan se encuentran en ciudades pequeñas y medianas, de menos de 100.000 habitantes. El responsable de la compra suele tener más de 50 años.
- Por regiones, gallegos, andaluces y castellano-manchegos son los que más pan consumen en el hogar; por contra, en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana son las regiones con los índices más bajos.
-Pese a la caída del consumo, las 35 empresas fabricantes de masas congeladas agrupadas en la de Española de la Industria de la Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac), facturaron 1.357 millones de euros durante el último ejercicio, un 2,4 % más que un año antes.
 
El presidente de la Fundación Alimentación Saludable, Jesús Román, apunta que el 50 % de la ingesta calórica debe proceder de carbohidratos y "son preferibles" los de larga duración, como cereales y legumbres.
-Apunta que una manera de obtener estos carbohidratos es la incorporación en comidas y cenas, e incluso en el desayuno, de "una ración normal" de pan, de unos 100 gramos, y si es "integral, de verdad, mejor".
 "Se pueden ingerir 200 o 300 gramos diarios sin que sea un drama" señala.

miércoles, 24 de abril de 2019

El Consejo de Ministros declara la cultura del esparto Patrimonio Cultural Inmaterial


JUMILLA.- El Consejo de Ministros ha declarado la cultura del esparto como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Se aprobó el pasado el miércoles, pero tiene efecto desde hoy, una vez que la resolución se ha publicado en el BOE.

En Jumilla, el esparto fue una fuente económica de primer orden durante la primera mitad del pasado siglo XX. Además, el municipio cuenta en la sección de Etnografía del Museo Municipal Jerónimo Molina con una amplia zona dedicada al esparto, catalogada como la mejor de la Región de Murcia. 
Igualmente, en los últimos años se vienen organizando talleres y actividades con el objetivo de que su cultura no se pierda.
La cultura del esparto en España está siendo considerada en estos momentos como una de las manifestaciones inmateriales más importantes y representativas por su alto valor cultural y medioambiental.
En un contexto de globalización tecnológica y económica sin precedentes, gran parte de este patrimonio, aún vivo, presenta un rápido deterioro. La protección de este patrimonio podría evitar la pérdida de conocimientos ancestrales pertenecientes a una cultura milenaria común a España y al Mediterráneo.

sábado, 6 de abril de 2019

Declaración de urgente ocupación en las expropiaciones de las obras del último tramo de la Autovía A-33

MADRID.- El Consejo de Ministros ha acordado, en su reunión de hoy, la declaración de urgente ocupación en el procedimiento expropiatorio de las obras de construcción de “Autovía A-33 Tramo: Enlace con C-3223 a Yecla – Enlace con N-344”, con el fin de dar cumplimiento al mandato previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, modificado por la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, y por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre.

La finalización de la construcción de la autovía A-33 supondrá una alternativa para los viajes entre Murcia y Valencia por el interior, ya que la longitud del recorrido entre Murcia y Valencia quedará establecida en 212 km, frente a los 258 del recorrido actual por la costa, suponiendo un ahorro de 46 km y 25 minutos en el tiempo de viaje..
Con la finalización de la A-33 unido al futuro Arco Noroeste de Murcia se produciría un trasvase de tráfico del corredor mediterráneo de la A-7 y AP-7 hacia la A-33 en los tráficos con origen/destino Valencia y Andalucía, que ya no tendrían que pasar por la zona metropolitana formada en el entorno de las ciudades de Alicante y Murcia, reduciendo su congestión y mejorándose la seguridad vial.
El nuevo tramo de autovía se inicia al sur de la localidad de Yecla, donde la autovía A-33 conecta provisionalmente con la carretera autonómica RM-424 y finaliza conectando con el siguiente tramo de la A-33 al oeste de la población de Caudete.
La declaración de urgente ocupación permite avanzar en el procedimiento expropiatorio al objeto de obtener los terrenos necesarios para la ejecución de las obras.