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sábado, 22 de mayo de 2010

Camino pierde las elecciones en el COAMU por un estrecho margen

MURCIA.- El actual decano del Colegio de Arquitectos de Murcia, el asturiano Francisco Camino Arias, ha perdido esta semana, por estrecho margen de votos, las elecciones para renovación del cargo frente a su oponente Antonio García Herrero. Mientras el primero obtuvo 261 votos de los 569 emitidos válidos, el segundo se alzó con la victoria por 284.

Así, para el resto de la nueva Junta de Gobierno, María Pérez Zulueta (290) se impuso para el vicedecanato a José Manuel Artés Aracil (252); Rafael Pardo Prefasi (300) a Ricardo García Baño (249) para la Tesorería. Y María José Peñalver Sánchez (293) a José María López Martínez (251) para la Secretaría.

En cuanto a las vocalías, José Luis Fernández Romero (283) obtuvo la 1ª frente a Helia de San Nicolás Juárez (260); Antonia Martínez Inglés (296), la 2ª, frente a Patricia Reus Martínez (247); Alfonso Castilla Agüera (301), la 3ª, frente a Manuel Clavel Rojo (233); Flora Cánovas Otón (297), la 4ª, frente a Cristina Rodrigo de la Casa (245). Y Ángel Galera Sánchez (283), la 5ª, frente a José Amorós Martínez (260).

Según el acta del escrutinio, el censo era de 973 electores, concurrieron 583, se anularon 14 votos, y en blanco hubo 9. Los válidos emitidos fueron, pues, 569.

Curiosamente, el ganador solicitó constase en acta su deseo de impugnación de estas elecciones por la decisión de la Comisión Electoral de incluir en el escrutinio los votos por correo pendientes de resolución por la Junta de Garantías.

jueves, 29 de abril de 2010

La reforma del visado obligatorio reducirá costes para empresas y particulares en 807 millones

MADRID.- La reforma del visado obligatorio reducirá costes para empresas y particulares por importe de 807 millones de euros de los 932 millones que actualmente se ingresan por este concepto, según las estimaciones realizadas por los servicios técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda.

En concreto, el 30% de la reducción (unos 228 millones) procederá de los ingresos de los Colegios Profesionales, mientras que el 70% restante (unos 579 millones) serán ahorro de costes indirectos.

Así lo puso de manifiesto el secretario general de Política Económica, Ángel Torres, quien explicó que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha analizado el proyecto de Real Decreto de racionalización del visado colegial obligatorio, una iniciativa que será aprobada antes del verano.

De esta forma, se ha iniciado la tramitación del Real Decreto, que se someterá ahora a consulta pública de los Colegios Profesionales y demás instancias afectadas y a dictamen de Consejo de Estado, para ser finalmente aprobada por un Consejo de Ministros a finales de junio o principios de julio.

Según Torres, la mayor parte del ahorro en costes (el 70% del total) proviene de la reducción de cargas que supone la eliminación de los trámites para cumplir con estas obligaciones.

La nueva ley exige que el visado sea obligatorio sólo en los casos estrictamente necesarios, pasando así de un total de 82 trabajos profesionales a sólo una decena referidos al ámbito de la edificación, la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones en edificaciones, la fabricación y venta de explosivos, las voladuras y demoliciones de edificios o el aprovechamiento de recursos mineros.

Los motivos que están detrás de la restricción es que en estos casos es necesario el visado por tratarse de profesionales cuyo trabajo afecta de forma directa a la seguridad e integridad física de las personas.

Además, en todos esos casos se ha considerado que el visado es el instrumento de control más proporcionado por resultar menos restrictivo de la actividad económica de entre otras alternativas posibles.

Para el resto de trabajos, se ha eliminado la exigencia de visado, aunque siempre se podrá solicitar de forma voluntaria. Además, los Colegios podrán ofrecer otros servicios de asistencia técnica.

La medida se enmarca en el proceso general de reducción de trabas y requisitos de actividad económica impulsada por la directiva de servicios y pretende dotar a la economía de más competitividad.

Desde el Ministerio, Torres aseguró que el Real Decreto no disminuye la seguridad, que no se elimina ningún visado de forma que pueda seguir siendo voluntario y que sólo se limita la exigencia allí donde resulta redundante sin externalizar los controles, tal y como denuncian los Colegios.