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viernes, 6 de diciembre de 2019

La Fiscalía pide repetir el juicio por el crimen de los Sala tras alegar "falta de imparcialidad"

ALICANTE.- La Fiscalía ha recurrido en apelación ante la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) la sentencia que absolvió a Miguel López del crimen de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, al igual que ya hiciera la acusación particular que ejerce el primogénito de la víctima.

El ministerio público justifica la solicitud para recurrir la sentencia de "no culpable" del único acusado en que no ha tenido acceso a la primera acta emitida por el jurado, que ha sido destruida, en la cual las seis mujeres y tres hombres elegidos de manera aleatoria, determinaron inicialmente que López era el autor de los disparos que acabaron con la vida de su suegra.

El teniente fiscal, José Llor, ha acusado por este motivo a la magistrada de la causa, Francisca Bru, de "falta de imparcialidad" y de "evidente oscurantismo", y ha solicitado "la celebración de nuevo juicio con un nuevo magistrado presidente y un nuevo letrado de la Administración de Justicia", según el recurso al que ha tenido acceso Efe.

Dicha primera acta emitida por el jurado fue devuelta por Bru por considerar que carecía de una motivación suficiente, según se informó a las partes, y posteriormente fue destruida sin dar opción a la fiscalía y al abogado del hijo primogénito del matrimonio Sala Martínez a estudiar los detalles de su contenido.

En su escrito, Llor indica que no tuvo "la posibilidad de conocer el acta del jurado que se devolvía, su contenido", y si "estaba suficientemente motivado". En esta línea, el recurso añade que tampoco pudo "solicitar, en orden a la motivación, las inclusiones o exclusiones que creyese adecuadas" ni que "constasen en el acta las peticiones denegadas" o "la posibilidad de efectuar las correspondientes protestas".

Por todos estos motivos, alega "evidente indefensión" y que se repita la vista oral, que duró cuatro semanas. En el recurso de la Fiscalía, Llor señala que "aunque, en ningún momento la magistrada presidente dice el contenido del veredicto, del conjunto de sus indicaciones al jurado se desprende que era condenatorio".

En su opinión, la magistrada que presidió el juicio, Francisca Bru, dirigió a los integrantes del jurado popular hasta el punto de creer que pudo "influir" en ellos para que valoraran pruebas presentadas por la defensa. El fiscal sostiene en su escrito que las instrucciones impartidas por la magistrada al jurado demuestran "palmariamente" una "falta de imparcialidad" y "evidente oscurantismo".

El juicio del caso Sala, celebrado entre octubre y el pasado noviembre, tenía un único acusado, el yerno de la víctima Miguel López, al que las acusaciones señalaban como autor material de los dos disparos que acabaron con la vida de Martínez en el lavadero del concesionario de vehículos Novocar, propiedad de la familia y regentado por López.

Al procesado se le imputaban los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas con hasta 24 años de prisión. El jurado emitió un veredicto condenatorio a las 24 horas que fue devuelto por la magistrada Bru por creer que no estaba suficiente argumentado y a las 72 horas emitió otro (el segundo) absolutorio en el que se dictaminó que fue un "desconocido" el que asesinó a María del Carmen Martínez y donde se exculpó de todos los cargos a López, al que declaró no culpable.

martes, 5 de noviembre de 2019

El acusado del crimen de la CAM increpó a su hijo por poner 'Jaque Mate' en la red

ALICANTE.- Miguel López, único acusado del crimen de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de Caja Mediterráneo (CAM), increpó a su hijo al conocer que éste había colgado en Instagram un selfie con la frase "Jaque mate" al poco de morir su abuela, al que llegó a decir: "Te cojo del cuello y te doy dos hostias".

Así lo han escuchado las seis mujeres y tres hombres del jurado en la decimosexta sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Alicante por el asesinato de Martínez, donde Miguel López, uno de los tres yernos de la víctima, es el único acusado.
Se trata de una llamada del 12 de diciembre de 2016 (tres días después del crimen) de la hija pequeña de la víctima y esposa de López, Eva Fuensanta Sala Martínez, conocida como Fanny, a su hijo, Miguel, que en ese momento estudiaba en EEUU, y en la conversación se oyen claramente comentarios que dirige el acusado a éste último.
Fanny le cuenta a su hijo que se acaba "de enterar" de la foto que había colgado en Instagram, un selfie con la leyenda 'Jaque Mate' que retiró poco después, y le dice que es un "gilipollas" porque, recuerda en un tono dolido, "era mi madre, Miguel, tu abuela".
La madre añade que ese acto demuestra que es "un inmaduro: lo sigues demostrando", y en este momento se oyen las recriminaciones del padre y único acusado para que le escuchara su hijo: "Te cojo del cuello y te doy dos hostias".
Después de oírse varias veces a la madre pedirle "madura, hijo", la conversación telefónica termina con un "vale" en tono de disculpa del nieto de la asesinada.
En la jornada de esta mañana se han reproducido otras conversaciones telefónicas pinchadas por la Policía Nacional en las horas siguientes al crimen y el testimonio de dos agentes.
Está previsto que el juicio concluya mañana con los informes de las partes y el jueves se hará entrega a los miembros del jurado del objeto de veredicto para su deliberación.

miércoles, 18 de septiembre de 2019

Los exdirectivos de la CAM proponían un doble pacto para librarse de la cárcel

ALICANTE.- Después de siete años de investigación y de tres aplazamientos de la vista oral, la Audiencia Nacional busca ahora fechas libres para juzgar el proceso abierto por los negocios de la CAM en el Caribe. Una causa cuyo enjuiciamiento estaba señalado para ayer con la vista puesta en la posibilidad de que los exdirectivos de la caja Roberto López Abad y Daniel Gil Mallebrera hubieran seguido los pasos de sus compañeros de banquillo, los empresarios Juan Ferri y José Baldó, quienes hace meses aceptaron los hechos que se les imputan a cambio de evitar la cárcel, según relata el diario Información.

Los cuatro son los únicos acusados que quedan en este procedimiento después de que, tras admitir los hoteleros que recibieron créditos irregulares de la entidad, que defraudaron a Hacienda y pagar cerca de 28 millones al Fondo de Garantía de Depósitos y a la Agencia Tributaria, se retiraran las acusaciones para nueve de los once encausados, entre ellos uno de sus empleados, otros exdirectivos de la caja y cuatro exmiembros de la comisión de control.
De haberse sumado la conformidad de López Abad y Gil Mallebrera a la de sus otrora socios en Valfensal (la sociedad que Ferri y Baldó crearon con la CAM para la aventura empresarial de la caja al otro lado del Atlántico), el proceso hubiera quedado ayer visto para sentencia. Pero no fue así.
El acuerdo no ha sido posible y no porque los ex altos ejecutivos no hayan barajado esa posibilidad para evitar el riesgo de acabar en prisión por los cuatro años que se les reclaman a cada uno por un delito de administración desleal.
La propuesta planteada por sus representantes legales pivotaba sobre dos vértices: admitían la culpa a cambio de una rebaja considerable en la cantidad con la que tendrían que hacer frente a la responsabilidad civil y, además, su exclusión de otra de la causas abiertas por la gestión de la CAM en la que ambos figuran como investigados, la que indaga si la caja financió pelotazos de una decena de mercantiles en la compra de terrenos. Un proceso, denominado TIP Suelo, aún en fase de instrucción.
La exculpación fue rechazada de plano por el Fondo, acusación particular en este proceso, en línea, en lo relativo a lo económico, con la postura de Caser. La aseguradora con la que la caja tenía contratada una póliza de responsabilidad civil de sus altos cargos tampoco está por la labor de hacer frente al abono de alrededor de siete millones (de los más de 13 que reclama el Fondo) a cambio de no arriesgarse a una condena que le obligue a desembolsar los 15 millones de la póliza.
De haberse aceptado la propuesta de los exdirectivos, López Abad habría saldado sus cuentas con la Justicia con menos de un año de prisión en esta pieza del Caribe a expensas de lo que diga el Supremo en la de las dietas del expresidente Modesto Crespo, única causa en la que ha sido condenado (a dos años y medio de cárcel) tras dos absoluciones refrendadas ya por el Alt0 Tribunal.
Para Daniel Gil, habría sido su primera condena pero, excluido de TIP Suelo, únicamente le habría quedado pendiente el proceso que indaga las relaciones de la caja con Hansa, donde se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por otro delito de administración desleal. Comparte banquillo ahí con la exdirectora general María Dolores Amorós, con el fundador de la promotora, Rafael Galea, y con el exdirector del holding inmobiliario de la caja.
La falta de esa conformidad unánime en la pieza del Caribe, donde el Banco de España y las acusaciones sostienen que las operaciones provocaron una agujero a la caja de 28 millones, obliga a la Audiencia Nacional a buscar hueco en su agenda para un juicio que está previsto que se prolongue un par de semanas.

martes, 17 de septiembre de 2019

Suspendido hasta marzo el juicio por los negocios de la CAM en el Caribe

MADRID.- La Audiencia Nacional ha suspendido hasta el próximo marzo el juicio al ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y al exdirectivo Daniel Gil por los negocios de la entidad con Valfensal en el Caribe, que habrían causado un perjuicio de 28 millones de euros.

Según han informado hoy fuentes jurídicas, la sección primera de la Sala de lo Penal, que ha alegado cuestiones de agenda, ha adoptado esta decisión apenas minutos antes de que diera comienzo la sesión de este martes, al constatar los magistrados que la falta de acuerdo entre las partes hacía necesaria la celebración de la vista.
Es la segunda ocasión en la que el tribunal pospone el comienzo del juicio, que ya fue aplazado el pasado julio cuando la Fiscalía Anticorrupción modificó sus conclusiones provisiones tras la ratificación del pacto alcanzado con los administradores de Valfensal, Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.
En virtud del acuerdo, al que se adhirió el Fondo de Garantía de Depósito (FGD), ambos empresarios aceptaron seis meses de prisión por administración desleal y otros 18 meses por la comisión de tres delitos fiscales por importe de 6,5 millones, condenas muy inferiores a los 22 años que inicialmente solicitaba el Ministerio Público.
Con el objetivo de reparar el daño causado, los dos abonaron además 12,5 millones de euros equivalentes al total no asegurado por la póliza de responsabilidad de los altos cargos de la CAM, al FGD, representado por el abogado Carlos Gómez-Jara y al que resarcirán de forma adicional con las costas del proceso.
El cambio de la Fiscalía y la consiguiente adhesión del fondo, que conseguía así su primera indemnización por vía penal, supuso el sobreseimiento automático de la causa respecto al ex director general de la participada TIP Vicente Sánchez, al ex director de la división internacional y negocio hotelero César Véliz, y a los miembros de la comisión de control de la CAM.
Tampoco se sentará en el banquillo el ex director económico de Valfensal Francisco Climent, que se enfrentaba a 12 de años de prisión como presunto cooperador de los delitos fiscales y al que la fiscal Belén Dorremochea retiró su acusación.
La causa parte de la querella que interpuso en 2012 el FGD, que sostiene que "con el conocimiento y consentimiento de López Abad y Gil, se desviaron fondos en beneficio de Ferri y Baldó, sus socios de Valfensal, gracias a una política de opacidad y falta de transparencia que generó en una provisión de 28 millones de euros".
El fondo denuncia que los órganos de control tanto de la caja como de TIP "infringieron sus deberes" al avalar tales operaciones, gracias a las cuales los empresarios "se beneficiaron" de importes millonarios transferidos desde Valfensal "a cuentas en Andorra de sociedades radicadas en paraísos fiscales".
Irregularidades que contrastan con el estado "crítico" en el que se encontraba la CAM entre 2009 y 2010, cuando "por instrucción expresa" de López Abad y Gil, para los que Fiscalía pide cuatro años de prisión en su escrito inicial, se llegaron a refinanciar tales inversiones.
La de Valfensal es la tercera pieza de la que se pronuncia la Audiencia Nacional, que en octubre de 2017 condenó a López Abad, a su sucesora María Dolores Amorós, y a otros dos antiguos miembros de la cúpula de la CAM a tres años de cárcel por "distorsionar" los estados contables entre 2010 y su intervención en 2011.
Casi un año después, suspendía el juicio por las preferentes de la entidad tras la retirada de las acusaciones particulares.
El pasado julio, el Tribunal Supremo absolvió al que fuera director general de la caja tras apreciar una "duda razonable" sobre el efecto real que tuvieron ciertas decisiones en la imagen de las cuentas de 2010, suerte que no corrió Amorós, a la que, no obstante, se rebajó su pena de tres años a un año y seis meses de cárcel.

lunes, 1 de julio de 2019

Se aplaza a septiembre el juicio por 'Valfensal' y López y Gil se quedan solos en el banquillo de la Audiencia Nacional


MADRID.- El juicio que acogía desde este lunes la Audiencia Nacional por el 'roto' de 28 millones de euros que dejó los negocios de Valfensal en la CAM se ha aplazado hasta el 17 de septiembre después de que el Fondo de Garantías de Depósitos (FGD) haya retirado su acusación contra los exmiembros de la Comisión de Control, adhiriéndose así al criterio del Ministerio Fiscal, según avanzó hoy el diario económico digital www.lainformacion.com

A ello hay que sumarle el acuerdo de conformidad alcanzado con los dos empresarios acusados en el procedimiento (Juan Ferri y José Baldó) por lo que éste se dirigirá únicamente contra el exdirector de la caja alicantina Roberto López Abad y el exdirector general de Empresas Daniel Gil.
De esta forma, se ha retirado la acusación contra el que fuera presidente de dicha comisión el murciano Juan Ramón Avilés Olmos y otros tres exmiembros de este órgano y del comité de auditoría de la entidad. 
El Fondo, personado como acusación, pedía para cada uno de ellos cuatro años de prisión por delito continuado de administración desleal al considerar que actuaron con "ignorancia deliberada" ante las presuntas inversiones fraudulentas en diversos hoteles en México y de una parcela en República Dominicana. 
A esta lista debe sumarse además otros tres nombres: Francisco Climent (empleado en Valfensal); Vicente Sánchez Asensio (director general de TIP de la CAM) y César Véliz (director de la división hotelera). 
De este modo, el juicio que se dirigía inicialmente contra un total de 11 personas queda reducido únicamente a los exaltos cargos de la CAM. Esto es así porque, además, los empresarios Juan Ferri y José Baldó alcanzaron acuerdo de conformidad con la Fiscalía y con el Fondo, que se ha rubricado esta misma mañana al arranque de la vista. 
Los dos exdirectivos de la empresa Valfensal se enfrentaban a una pena de 22 años de prisión cada uno por seis delitos contra la Hacienda Pública y administración desleal. El acuerdo cerrado implica la devolución a las arcas del FGD de 12 millones de euros y la condena de dos años de prisión por tres delitos fiscales y administración desleal, por lo que evitarán casi con total probabilidad su entrada en la cárcel.
A tenor de los cambios introducidos en esta primera sesión de vista oral, la magistrada presidenta del tribunal, Concepción Espejel, ha suspendido la vista -que estaba señalada en principio para dos semanas- y ha dado a las partes un plazo de 10 días para reformular la petición de pruebas periciales a reproducir durante el juicio, que se reanudará ya a mediados de septiembre. 
En el mismo solo se sentarán en el banquillo de los acusados Roberto López Abad y Daniel Gil. Los exdirectivos de la caja alicantina se enfrentan a una petición de cuatro años de prisión por estos hechos ocurridos entre los años 2004 y 2008.
El FGD reclamaba a los acusados un total de 28 millones de euros por los negocios de Valfensal en el Caribe y puso el foco en el funcionamiento de la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), creada por la caja en el año 2001 para gestionar los proyectos de inversión. 
El organismo denuncia que los acusados no cumplieron con las normas de control interna y permitieron estos proyectos sin haber hecho un estudio previo de la viabilidad de los mismos. Tampoco se habían realizado análisis específicos de mercado en México ni en Punta Cana, de acuerdo con las conclusiones alcanzadas por la UCO y que fueron aportadas a la causa.

Beneficios inexistentes
Las mismas las recogió el Fondo en su escrito de acusación junto con declaraciones de otros cargos de la entidad que reconocieron abiertamente que no disponían de información contable suficiente de Valfensal como para autorizar estas inversiones. 
Además denunció que, pese a que se había estimado un reparto de beneficios para el TIP de hasta 50 millones de dólares entre los años 2006 y 2008, éstos no se llegaron a materializar en ningún momento. De hecho, el Banco de España cifró en 1.011 millones de euros las pérdidas que tuvo que asumir la CAM por las financiaciones en los proyectos de inversión inmobiliarios de 65 sociedades.
Con todo, esta no es la única pieza de la CAM pendiente de juicio. Daniel Gil volverá a sentarse en el banquillo junto con los exdirectivos Dolores Amorós, Vicente Sánchez y el empresario Rafael Galea por operaciones inmobiliarias con la promotora Hansa
La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón abrió juicio oral contra todos ellos el pasado mes de marzo y les impuso una fianza de 189 millones de euros por las presuntas irregularidades que se han investigado en esta otra pieza de los negocios de la caja y que habrían dejado un agujero de 37 millones de euros. 
La Fiscalía solicita cuatro años de cárcel para los exaltos cargos de la entidad y dos años para el empresario por el presunto desfalco provocado con esta operativa concreta.

Causaron 28 millones de pérdidas

Según la agencia Efe, la Audiencia Nacional iba a juzgar desde hoy al ex director general de Caja Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y a otra decena de personas, entre ellas el exedil del PP en Murcia Juan Ramón Avilés, por administración desleal en operaciones supuestamente irregulares en el Caribe que habrían ocasionado un perjuicio de 28 millones.
En la vista se iban a analizar una serie de operaciones de crédito para la compra de hoteles y parcelas en México y República Dominicana suscritas con la sociedad Valfensal, cuyos administradores han llegado a un acuerdo con la acusación.
En su auto de procesamiento, conocido hace un año, la entonces titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3, Carmen Lamela, percibía indicios de actuaciones «sospechosas», en virtud del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El documento advertía de «irregularidades comunes» en la información aportada por los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó a los directivos de la sociedad TIP, participada por la CAM, así como de los «muy deficientes» estudios sobre los terrenos.
A tenor de las pesquisas, López Abad y su director general de Empresas, Daniel Gil, habrían consentido que los anteriores «dispusieran de elevadas cantidades económicas», contribuyendo a «generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas». Hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión para los dos ejecutivos de la caja.
Aunque el escrito de la fiscal Belén Dorremochea se dirigía además contra Ferri y Baldó, para los que pedía hasta 22 años de cárcel y 23,6 millones de multa también por delitos contra la Hacienda Pública entre 2008 y 2013, ambos han comunicado a la Sala su conformidad con los hechos.
Con el objetivo de reparar el daño causado, los empresarios han abonado al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) los 12,5 millones de euros equivalentes al total no asegurado por la póliza de responsabilidad de los altos cargos de la CAM.
Según fuentes jurídicas, será la primera vez que el fondo, que asumió las pérdidas de la extinta caja a través de una inyección de capital público de 5.249 millones antes de su venta al Sabadell, recibe una indemnización en la vía penal.
Para Ferri y Baldó el acuerdo les supone una contundente rebaja de la pena por administración desleal hasta los seis meses de prisión.
Se iban a sentar además en el banquillo el ex director económico de Valfensal Francisco Climent, sobre quien pesaba una petición de 12 años de cárcel como presunto cooperador de los delitos fiscales.
También el ex director general de TIP Vicente Sánchez y el exdirector de la división internacional y negocio hotelero César Véliz, para los que el Ministerio Público reclamaba cuatro años de prisión y multa del triple del beneficio obtenido (64 millones).
Lo mismo sucedía con los exdirectivos de la CAM Juan Ramón Avilés, exconcejal del PP en Murcia, Remedios Ramón, Asunción Martínez y Francisco Grau, absueltos hace casi tres años en el caso de las dietas.
La causa parte de la querella que interpuso en 2012 el FGD, que sostiene que «con el conocimiento y consentimiento de López Abad y Gil se desviaron fondos en beneficio de Ferri y Baldó, sus socios de Valfensal, gracias a una política de opacidad y falta de transparencia que generó una provisión de 28 millones de euros».

El pacto de Ferry y Baldó con la Fiscalía

La fiscal Belén Dorremochea ha retirado su acusación al ex director económico de Valfensal Francisco Climent, que se enfrentaba a 12 años de prisión como presunto cooperador de los delitos fiscales, así como del exconcejal del PP en Murcia, y miembro de la Comisión de Control de la entidad bancaria, el murciano Juan Ramón Avilés.
En la sesión de hoy, la sección primera de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a la media docena de integrantes del órgano de control de la CAM, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya modificado sus conclusiones provisionales una vez ratificado el acuerdo de conformidad alcanzado con los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, administradores de Valfensal.
Según el pacto, al que se ha adherido el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), ambos aceptan seis meses de prisión por administración desleal y otros 18 meses por la comisión de tres delitos fiscales por importe de 6,5 millones, condenas muy inferiores a los 22 años que inicialmente solicitaba el Ministerio Público.
Además, con el objetivo de reparar el daño causado, los empresarios han abonado 12,5 millones de euros equivalentes al total no asegurado por la póliza de responsabilidad de los altos cargos de la CAM, al FGD, representado por el abogado Carlos Gómez-Jara y al que resarcirán de forma adicional con las costas del proceso.
Es la primera vez que el fondo, que asumió las pérdidas de la extinta caja a través de una inyección de capital público de 5.249 millones de euros antes de su venta al Sabadell, recibe una indemnización en vía penal.
De igual modo, la fiscal Belén Dorremochea ha retirado su acusación al ex director económico de Valfensal Francisco Climent, que se enfrentaba a 12 años de prisión como presunto cooperador de los delitos fiscales.
La adhesión del Fondo al nuevo escrito de Anticorrupción ha supuesto el sobreseimiento automático de la causa respecto al ex director general de TIP Vicente Sánchez, al exdirector de la división internacional y negocio hotelero César Véliz, y a los miembros de la comisión de control de la CAM (Juan Ramón Avilés, Remedios Ramón, Asunción Martínez, Francisco Grau), a quienes sólo acusaba el organismo.
En su turno de palabra, el abogado de López Abad ha cargado contra las conformidades de Ferri y Baldó ya que "se dan en una situación a la que se ha llegado por otros delitos", en alusión al fraude fiscal, "y no porque los hechos en sí sean ciertos".
Acto seguido, la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, ha suspendido la vista a fin de reorganizar el procedimiento, en el que también se mantiene la aseguradora Caser como responsable civil subsidiaria.
La causa parte de la querella que interpuso en 2012 el FGD, que sostiene que "con el conocimiento y consentimiento de López Abad y Gil, se desviaron fondos en beneficio de Ferri y Baldó, sus socios de Valfensal, gracias a una política de opacidad y falta de transparencia que generó una provisión de 28 millones de euros".
Irregularidades que contrastan con el estado "crítico" en el que se encontraba la CAM entre 2009 y 2010, cuando "por instrucción expresa" de López Abad y Gil se llegaron a refinanciar tales inversiones.
La de Valfensal es la tercera pieza de la que se pronuncia la Audiencia Nacional, que en octubre de 2017 condenó a López Abad, su sucesora María Dolores Amorós y otros dos antiguos miembros de la cúpula de la CAM a tres años de cárcel por "distorsionar" los estados contables entre 2010 y su intervención en 2011.
Casi un año después, suspendía el juicio por las preferentes de la entidad tras la retirada de las acusaciones particulares. Al margen de ambas, la Audiencia Provincial de Alicante condenó el pasado noviembre a López Abad a dos años y medio de prisión por el cobro irregular de dietas del expresidente Modesto Crespo.

jueves, 20 de junio de 2019

El complicado horizonte judicial del ex director general de la CAM y otros ex directivos y ex consejeros ya procesados

ALICANTE.- El horizonte judicial se le complica por momentos a Roberto López Abad, ex director general de Caja Mediterráneo (CAM), a cuenta de las presuntas irregularidades realizadas por la Caja y la empresa hotelera Valfensal en varias operaciones inmobiliarias ejecutadas entre 2005 y 2010 en México, República Dominicana y España, según ha publicado El Mundo

El pacto que han alcanzado los empresarios alicantinos Juan Ferri y José Baldó (socios de la CAM en Valfensal) tanto con el Ministerio Fiscal como con el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para evitar la cárcel a cambio del pago de unos 12,5 millones de euros deja a López Abad en un posición muy difícil de cara al juicio oral que debe celebrarse a partir de 1 de julio en la Audiencia Nacional.
El ex jefe de la CAM, otros cuatro directivos y varios ex consejeros se sentarán en el banquillo por los negocios de la Caja en el Caribe. Las acusaciones consideran que directivos y consejeros de la Caja regalaron a Valfensal un conjunto de préstamos por un importe de unos 200 millones de euros para la compra de hoteles y parcelas, operaciones que perjudicaron a la entidad por vulnerar las reglas de la praxis habitual bancaria y de la propia normativa interna de la caja respecto a las garantías exigibles para autorizar dichas operaciones.
Por su parte, Ferri y Baldó aprovecharon, supuestamente, estos créditos para adquirir terrenos con los que dieron varios pelotazos urbanísticos en el Caribe. El dinero obtenido de estas operaciones y de la actividad de los hoteles adquiridos se desviaba, según el fiscal, a una sociedad pantalla domiciliada en el paraíso fiscal de Curaçao.
Según avanzó anteayer El Confidencial, Ferri y Baldó han alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía y el FGD. En virtud de este acuerdo, los empresarios, que están acusados de un delito de administración desleal por el que se juegan cuatro años de prisión, reconocen que han cometido este delito y quedarían, en principio, exonerados de esa posible pena (el castigo se rebajaría a seis meses de cárcel y no entrarían en prisión).
Estos 12,5 millones de euros que han devuelto los empresarios irán a parar a las arcas del Fondo de Garantía de Depósitos, que es el principal perjudicado de las operaciones de la CAM y Valfensal (el perjuicio económico de todos estos negocios se cifró en 28 millones de euros), ya que fue el FGD quien asumió el rescate de la caja (unos 10.000 millones de euros).
De forma paralela, Ferri y Baldó también se encuentran en negociaciones con la Agencia Tributaria para salvarse de seis delitos contra la Hacienda Pública. Ambos están acusados de incurrir en un fraude fiscal de hasta 11,6 millones de euros en el impuesto de sociedades de Valfensal entre 2008 y 2013. La pena en este caso es mucho mayor: el fiscal pide 18 años de cárcel para cada empresario.
No obstante, de alcanzar un pacto con Hacienda -que conlleva la confesión de los delitos- y con el pago de la multa (unos 23 millones de euros), Ferri y Baldó también verían suavizadas su condenas y tampoco entrarían en prisión.
Con este panorama, las estrategias de defensa de López Abad y el resto de ex directivos de la CAM procesados (Daniel Gil, Vicente Sánchez, Francisco Climent y César Véliz, además de los ex integrantes de la comisión de control de la Caja: el murciano Juan Ramón Avilés, Asunción Martínez, Remedios Ramón y Francisco Grau, asesor fiscal de Eduardo Zaplana e investigado por el caso Erial, todos ellos acusados de administración desleal), quedan muy tocadas. Ya que si los dos principales acusados -Ferri y Baldó- reconocen que se han cometido los delitos -fraude fiscal y administración desleal-, esto deja en una situación muy débil a los procesados.
Algo similar sucedió con el caso de las dietas del ex presidente de la CAM, Modesto Crespo, que antes del inicio del juicio oral pactó con la Fiscalía, admitiendo un delito de apropiación indebida. Crespo vio rebajada su condena hasta los nueve meses de prisión, no entró en la cárcel y se comprometió a devolver los 600.000 euros que él mismo reconoció que se había embolsado de forma irregular entre 2009 y 2011 como presidente de la empresa Tinser Cartera (participada por la CAM).
Esta confesión destrozó las estrategias de defensa del resto de los imputados, entre ellos López Abad. Tal es así, que en noviembre de 2018, López Abad fue condenado a dos años y medio de prisión por apropiación indebida, por idear el sistema con el que se valió Crespo para cobrar de la CAM. 
Otros cuatro ex consejeros de la CAM (Martín Sevilla, Luis Esteban, Antonio Gil-Terrón y José Forner) también fueron condenados a año y medio de prisión (esta sentencia está pendiente de revisión en el Tribunal Supremo). Ahora, con el caso Valfensal, podría suceder lo mismo tras las confesión de Ferri y Baldó. 
Al menos, el riesgo de condena se eleva de forma considerable para el resto de acusados. Además, López Abad tiene otra condena que debe ser revisada por el Supremo (la Audiencia Nacional le condenó a tres años de prisión por la falsificación de los estados contables de la CAM).
Asimismo, el movimiento de Ferri y Baldó podría reproducirse en otros procesos, como el caso Grand Coral, donde está procesada la cúpula de Bancaja (incluyendo al ex presidente y ex jefe del Consell, José Luis Olivas) junto a estos dos empresarios también por supuestas irregularidades en operaciones inmobiliarias y de compraventa de sociedades en México entre 2005 y 2009.

miércoles, 19 de junio de 2019

El TSJCV ratifica que un jurado popular juzgue al acusado del crimen de la viuda del expresidente de la CAM

ALICANTE.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso de Miguel López, yerno de la víctima, para que no fuera juzgado por un jurado popular por el asesinato de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala. La defensa alegaba los riesgos de contaminación del jurado, debido al impacto mediático que había tenido el caso, por lo que el hecho de derivar el juicio a un tribunal profesional sería una manera de remediar el «grave juicio paralelo producido», según adelanta el diario Información

En el auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV se argumenta que la repercusión mediática del juicio, "no implica que de antemano debamos cuestionar el futuro del resultado de un juicio", en el que recuerda que aún no se ha constituido el tribunal. En este sentido, recuerda que en la Ley del Jurado hay otros mecanismos previstos para evitar esa posible contaminación.
María del Carmen Martínez fue asesinada de dos disparos en la cabeza la tarde del 9 de diciembre de 2016 en un establecimiento de automoción que regentaba su yerno, único sospechoso de un crimen por el que se enfrenta a una petición de más de 24 años de prisión por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas. La causa está en la Audiencia Provincial de Alicante a la espera de juicio. 
La vista para decidir sobre la competencia del jurado se celebró en la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJCV, ante un tribunal formado por los magistrados Antonio Ferrer Gutiérrez, Carmen Llombart y Vicente Manuel Torres.
El TSJCV considera que no basta la mera susceptibilidad de la parte ante la repercusión pública de los hechos, sino que la incidencia en el proceso ha de quedar de alguna manera objetivada a la vista del resultado del juicio. 
La defensa reiteró a la sala los riesgos de contaminación del jurado, debido al impacto mediático que había tenido el caso, por lo que el hecho de derivar el juicio a un tribunal profesional sería una manera de remediar el «grave juicio paralelo producido». 
El letrado insistió en que, en el caso de que se mantuviera la competencia del jurado se adoptaran otras medidas para evitar la contaminación, como formar el tribunal popular con personas de otras comunidades autónomas y mantenerlos incomunicados desde el inicio del juicio. 
El letrado defensor Sánchez-Vera también planteó que el crimen fue consecuencia de un robo, una hipótesis no contemplada por las acusaciones, y que por lo tanto este delito determinaría que la competencia no sea de un jurado. 
Estos argumentos han sido desestimados por el tribunal.

martes, 18 de junio de 2019

El Tribunal Supremo condena a todas las antiguas cajas de ahorro a pagar un plus salarial a su plantilla

MADRID.- El Tribunal Supremo acaba de condenar a todas las entidades financieras sujetas al convenio de cajas de ahorro a abonar un complemento salarial al conjunto de su plantilla al dar finalmente la razón a la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) en un largo pulso judicial abierto en torno a las condiciones del último acuerdo laboral del ramo, según Cinco Días.

En un fallo emitido el 13 de mayo y difundido este martes, la Sala de lo Social del Alto Tribunal ha declarado nula la suspensión de una paga lo que obligará al sector a pagar unos 450 euros de media a sus 80.000 empleados. Aunque la cifra supondría un coste estimado de 35 millones para el conjunto de entidades desde la patronal de las cajas limitan el impacto conjunto a 13,2 millones (si bien esta cifra no contemplaría el coste para CaixaBank, que ya fue condenada en un litigio aparte).
Se trata de un complemento variable de entre 217,75 y 647,51 euros por empleado, en función de su categoría, cuyo pago quedó en suspenso durante la enconada negociación del convenio colectivo de cajas de ahorro para el periodo 2015 a 2018, firmado en agosto de 2016.

martes, 14 de mayo de 2019

El FROB reduce un 5% sus pérdidas en 2018, hasta 905 millones de euros

MADRID.- El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), fondo creado con el objetivo de reforzar los fondos propios de las entidades financieras y gestionar íntegramente los procesos de restructuración del sistema financiero español, cerró el ejercicio 2018 con unas pérdidas de 905 millones de euros, casi un 5% menos que en el año anterior, un resultado que se explica principalmente por los deterioros registrados por la valoración contable de sus participadas.

El activo en 2018 fue de 10.936 millones de euros y el pasivo de 11.404 millones de euros, por lo que el patrimonio neto del FROB arrojó un resultado negativo de 469 millones de euros.
El activo del balance del FROB recoge las participaciones en BFA y la inversión en Sareb, además de la posición de tesorería. En el pasivo, el FROB se financia mediante el préstamo recibido del Tesoro, cuyo saldo al cierre del ejercicio ascendía a 10.456 millones de euros.
Según ha explicado el FROB, este balance supone que el resultado financiero de la institución sea recurrentemente negativo, ya que los activos no generan ingresos financieros suficientes para compensar dicho gasto. Aunque la ley le permite operar con este patrimonio, también prevé mecanismos para incrementarlo.
En cuanto a la valoración de sus participadas, el FROB ha procedido a estimar el valor recuperable de su participación en el Grupo BFA, para lo que ha comparado el valor contable de BFA registrado por el Fondo al cierre del ejercicio anterior con el patrimonio neto consolidado del grupo BFA (corregido por los intereses minoritarios) y reflejado en sus cuentas anuales consolidadas, más las plusvalías tácitas de fácil realización de la cartera de renta fija.
El resultado ha sido un impacto negativo en cuenta de resultados de 297 millones de euros, que contrasta con el impacto positivo de 60 millones de 2017 tras la aprobación de la fusión por absorción de BMN por parte de Bankia.
Asimismo, ha registrado un deterioro de su inversión en Sareb por un total de 382 millones de euros correspondiente a la deuda subordinada suscrita, como consecuencia de la comparación del valor en libros del FROB al cierre del ejercicio anterior con el valor actual de la previsión de flujos de efectivo futuros a recibir por el organismo, considerando las proyecciones de recuperación obtenidas del plan de negocio aprobado por la compañía.
El FROB ha comunicado que durante 2018 se registraron movimientos de provisiones relacionados con contingencias legales y garantías otorgadas en diferentes procesos de venta de entidades, que tuvieron un impacto neto conjunto negativo en la cuenta de resultados por importe de 118 millones de euros.
De este importe destacan las dotaciones por posibles contingencias derivadas de procesos judiciales relativos a la desinversión en entidades, un total de 253 millones de euros, la liberación de provisiones de 95 millones relacionadas con garantías otorgadas en el proceso de desinversión de Banco Gallego y la reducción del coste estimado por el esquema de protección de activos concedido en la venta de Banco de Valencia, que asciende a 62 millones de euros.
El FROB ha indicado que dispone de una posición de tesorería "suficiente" para hacer frente a sus compromisos previstos a medio plazo. Así, a 31 de diciembre de 2018 el importe de la tesorería no comprometida del FROB ascendía a 1.103 millones de euros, que se encuentran invertidos en activos de deuda pública del Estado y en la cuenta corriente del Banco de España.
El FROB financia sus gastos de explotación sin cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sino mediante una tasa sufragada por la industria financiera, lo que supuso un ingreso en 2018 de más de 18 millones de euros.
Por su parte, el Fondo de Resolución Nacional (FRN) registró un resultado positivo de 42.000 euros, procedente de la recaudación de las contribuciones al FRN realizadas por las empresas de servicios de inversión no incluidas en el ámbito de la supervisión en base consolidada de su entidad matriz realizada por el Banco Central Europeo (BCE).
Al cierre del ejercicio, el patrimonio neto del fondo asciendía a cuatro millones de euros, acumulando las contribuciones realizadas por estas entidades entre 2015 y 2018 (ambos incluidos).

viernes, 1 de marzo de 2019

Procesan a la exdirectora general de la CAM por irregularidades en la participada TIP


MADRID.- La Audiencia Nacional ha decidido procesar a la ex directora general de la CAM Dolores Amorós y a otras tres personas por un presunto delito de administración desleal, por presuntas irregularidades relacionadas con la participada Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).

Un auto del juzgado central de instrucción nº 3 señala a Amorós y al que fuera director general de Empresas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Daniel Gil Mallebrera, así como al exdirector general de TIP Vicente Sánchez Asensio, como autores, así como al empresario Rafael Galea, como cooperador necesario.
Según relata el auto, a instancias de Daniel Gil (en la imagen) se creó en 2002 la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) para que la CAM pudiera participar en operaciones de desarrollo de suelo; participada al 100 % por la caja, operaba con diferentes empresas, una de ellas Hansa Urbana, propiedad de Rafael Galea.
Todo ello se habría hecho con la intención de aflorar plusvalías en Hansa Urbana y TIP para mejorar el resultado de estas sociedades; en concreto, se detalla una operación en Cabo Cortés (México), con unos terrenos valorados por Tinsa en 443 millones de euros.
Pese a que la CAM contaba también con otra valoración efectuada por Richard Ellis que tasaba los terrenos en 196 millones de euros, se tuvo en cuenta la tasación de Tinsa, aunque no se habían obtenido las licencias preceptivas y por lo tanto no se podía iniciar el proyecto inmobiliario.
Debido a esta valoración, prosigue el auto, la CAM pudo aflorar en el ejercicio contable de 2010 un resultado positivo de 40 millones de euros, que los auditores externos, una vez analizadas las cuentas, rechazaron.
Asimismo, a mediados de 2011 Hansa se encontró con una "crítica posición de liquidez", lo que llevó a la CAM, que tenía "mucha participación en ella", a reestructurar su deuda.
Para ello, se decidió efectuar un canje de la deuda que Hansa tenía en México, tomando como valor de los terrenos la tasación de 443 millones de euros, "sin que se hubiera producido ningún cambio en la concesión de licencias".
Ello ocasionó a la CAM, según el perito del Banco de España que examinó la operación, un perjuicio de 37,7 millones de euros, que posteriormente fue saneado por el Fondo de Garantía de Depósitos, que en total inyectó en la entidad 5.249 millones de euros.

Por todo lo anterior, la juez  María Tardón ha propuesto juzgar por un posible delito de administración desleal a esos tres ex ejecutivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por la operación de reestructuración de deuda de la promotora inmobiliaria Hansa Urbana que acometió la entidad basándose en una falsa valoración de los terrenos que esta mercantil poseía y generando un agujero de más de 35,7 millones de euros.
En concreto acuerda el paso a procedimiento abreviado por ver indicios delictivos suficientes para juzgar a  Amorós; Gil Mallebrera; Sánchez Asensio; y Galea Expósito, de Hansa.
Los hechos se remontan a 2002, cuando a propuesta de Gil Mallebrera, la CAM creó TIP para participar en proyectos de desarrollo de suelo con sus clientes creando sociedades conjuntas y facilitando después que la CAM financiara las operaciones. Una de esas empresas 'cliente' era Hansa Urbana, dedicada a la promoción inmobiliaria y en menor medida, a intereses en hoteles.
Cuando a finales de 2010 la CAM afrontaba la amenaza de intervención del Banco de España, acordó con Hansa Urbana una doble operación que buscaba arrojar plusvalías de 40 millones de euros a su cuenta de resultados.
Primero, TIP vendería a Hansa Urbana las participaciones que tenía en dos de sus filiales a cambio de más peso en la matriz. Después, vendería al socio mayoritario de Hansa, Rafael Galea, esos nuevos títulos por recompra.
En esa primera operación se valoraron las participaciones atendiendo a unos terrenos que constituían el principal activo de Hansa, tasados en 443 millones de euros en un informe de 2010 en el que se advertía de que había que estimar el valor comercial de aquel suelo teniendo en cuenta, entre otras cosas, que se dieran licencias urbanísticas que hicieran posible el proyecto. Sin considerar esta situación, la CAM dio por buena la tasación. Los permisos nunca llegaron.
El auto explica que Vicente Sánchez Asensio expuso a la CAM el proyecto en diciembre de 2010 "omitiendo de forma deliberada y consciente que la tasación estaba condicionada a la obtención de unas licencias que aún no habían sido conseguidas".
Dolores Amorós, que defendió la iniciativa ante la comisión económica de la CAM y en presencia de Daniel Gil Mallebrera, tampoco comunicaron a la Caja esta información.
En junio de 2011, Hansa Urbana entró en una situación "crítica" por problemas de liquidez y como la CAM tenía una alta participación en la mercantil, Amorós defendió ante el Consejo de Administración de la caja una reestructuración de su deuda que implicó, entre otras medidas, comprar los mismos terrenos objeto de la primera operación tomando como referencia la tasación de 443 millones de euros, sin que se hubieran dado las licencias necesarias para que tuviese ese valor.
De este modo, "a pesar de no contar con las autorizaciones preceptivas, la CAM, a través de Amorós, Gil Mallebrera, Sánchez Asensio y en connivencia con Galea Expósito, acordaron el valor de los terrenos de acuerdo con una tasación que los estimaba en un valor muy superior al real", de modo que por el 24,9% de los mismos la caja perdonó 35,7 millones de euros de deuda a Hansa Urbana.
El "valor auténtico" de aquellos terrenos, según explica el auto, era de cero euros.
La juez entiende que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de administración desleal en el caso de los tres ex ejecutivos de la CAM y de cooperación necesaria para la comisión de ese hecho en lo relativo a Rafael Galea.
Mientras, archiva las actuaciones para otras personas que fueron investigadas en la fase de instrucción: Roberto López Abad, Juan Ramón Avilés, Remedios Ramón, Asunción Martínez y Francisco Grau.

lunes, 14 de enero de 2019

Las pérdidas del FROB se elevarán un 4 % en 2019, hasta los 122 millones

MADRID.- Las pérdidas previstas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para este ejercicio se incrementarán hasta los 122,1 millones de euros, el 4,4 % más que el año pasado, según consta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 presentado hoy. 

Según la cuenta de pérdidas y ganancias de los presupuestos del Fondo, el resultado del FROB estará condicionado por la caída de sus ingresos financieros, que se sitúan en 327.000 euros, frente a los 665.000 euros de un año antes.
Por el contrario, el FROB aumentará los gastos financieros, que se elevarán hasta los 126 millones de euros, frente a los 119,83 millones de 2018.
El resultado financiero condiciona las cuentas finales del FROB, ya que arroja unas pérdidas de 125,7 millones de euros, superiores a las 119,1 millones de un año antes.

Abren juicio a Miguel López por matar presuntamente a su suegra, viuda del expresidente de la CAM

ALICANTE.- Un juez de instrucción de Alicante ha acordado que haya un juicio con jurado por el asesinato de la viuda del expresidente de Caja Mediterráneo (CAM) María del Carmen Martínez con su yerno, Miguel López, como único acusado por presunto autor.

Fuentes judiciales han confirmado hoy que esta es la decisión del titular del juzgado de Instrucción número 7 de la ciudad, José Luis de la Fuente, por lo que el caso se eleva ahora a la Audiencia Provincial para que el yerno de la víctima y del expresidente de la CAM Vicente Sala sea enjuiciado por el procedimiento del jurado.
La decisión se produce después de una vista, el pasado martes, donde tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejerce el hijo mayor de la víctima, Vicente Sala Martínez, demandan 24 años y medio de prisión para López: 23 por un supuesto delito de asesinato y 18 meses más por tenencia ilícita de armas.
Por su parte, la defensa pidió sin éxito al juez instructor la libre absolución y el sobreseimiento de las actuaciones.

domingo, 30 de diciembre de 2018

El "gurú" De Guindos cuando vendía las cuotas participativas fallidas de la CAM

MADRID.- Un caluroso día del mes de mayo de 2008 en Alicante, la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) reunía a todos sus directivos y directores de oficina para arengarles ante la crisis que acechaba y presentar el producto financiero estrella que les iba a permitir superar el temporal y "hablar de tú a tú" a la gran banca comercial. Las cuotas participativas, según recuerda el.diario.es

EE UU ya había entrado en recesión y varios de sus bancos habían caído a causa de las hipotecas basura. La tormenta ya hacía temblar los cimientos bancarios de Suiza y Gran Bretaña. Pero en España, la música seguía sonando al son de la batuta de prestigiosos gurús económicos, el Banco de España y el Gobierno del PSOE.
El producto estrella lo presentaban a los directivos de la CAM el economista de Analistas Financieros Internacionales Emilio Ontiveros y el otrora presidente ejecutivo para España y Portugal del también fallido y piedra angular de la crisis Lehman Brothers, Luis de Guindos, entidad que ayudaría en la comercialización de las cuotas participativas por primera vez en la historia de España y gracias a la autorización del Gobierno. Más de 50.000 clientes adquirieron este producto.


¿Qué podía fallar? De Guindos había sido secretario de Estado con Rodrigo Rato y uno de los padres del "milagro español", (amén de posteriormente gran protector político del banquero murciano Egea Krauel). Pero las cuotas participativas -una especie de acciones de las cajas de ahorros pero sin "derechos políticos"- acabaron siendo uno de los mayores pufos de la historia de las finanzas en España que, con el hundimiento de la CAM por su insolvencia, arruinó a miles de pequeños inversores a los que se les vendió el producto como un plazo fijo. 
Este acto triunfalista y su impacto en la historia de la CAM -absorbida por un euro por Banco Sabadell años después tras fracasar en una fusión- se incluye en una de las cuatro partes en que se divide el último libro del periodista Ernesto Ekaizer El libro negro. Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos (Espasa, 2018). 
Eldiario.es ha accedido al vídeo del acto que acompaña a la noticia y cuya conversación se reproduce a continuación por su interés periodístico para entender la magnitud tragicómica de la crisis y a algunos de sus personajes.
La presentación de las cuotas participativas se realizó en la sala principal de la Institución Ferial de Alicante y se planteó como un show al estilo americano. Antes de la charla de Guindos y Ontiveros moderada por una conocida presentadora de televisión, los más altos directivos de la CAM habían animado a la tropa preocupada por la llegada de una crisis financiera que el Gobierno de Zapatero y el Banco de España todavía se empeñan en negar.
El acto sobre las cuotas participativas se planteó como un diálogo entre las dos estrellas invitadas con preguntas teledirigidas de la periodista para sacar el máximo provecho a los expertos. Guindos explica que las cuotas son como acciones, pero sin "derechos políticos". Según el actual vicepresidente del BCE, "son el recurso de mayor valor para los mercados financieros" y que "más crecerá en la actual situación" de inestabilidad.
Tras la presentación inicial llegó la soflama: "Las cuotas participativas será algo que, con el tiempo, tres o cuatro años, será estudiado en las mejores escuelas de negocio del mundo", asegura De Guindos, que antes había sido precedido por Ontiveros llamando a la tranquilidad. "Este producto no te convierte en un rentista de riesgo, sino en participante de los éxitos de la CAM. El paso que faltaba a las cajas para hablarles de tú a tú a los grandes financieros", argumenta el economista.
Y sigue la arenga el exministro: "Estamos haciendo historia económica. Por primera vez se da a terceros la oportunidad de participar en la historia de éxito de la CAM". El resto de la historia de la caja de ahorros alicantina y del "éxito" de las cuotas participativas que miles de clientes llevaron a los tribunales tras perder todo lo invertido ya es conocido y ha sido contado. 
En abril de este año, la Audiencia Nacional archivó la causa penal contra los directivos de la caja alicantina por la comercialización de las cuotas participativas y son ahora los juzgados de lo civil de los partidos judiciales donde había oficinas de la CAM los que atienden las demandas de los afectados. El primer juicio por esta vía se celebró el pasado mes de septiembre. Todos esperan a recibir justicia.

jueves, 27 de diciembre de 2018

El ex ministro Luis de Guindos hundió al sistema financiero para tapar su pasado y su paso por BMN


MADRID.- Luis de Guindos fue nombrado por Mariano Rajoy como ministro de Economía a finales de 2011. Se estrenó con una entrevista en la primera semana de enero de 2012 al Financial Times en la que declaró por sorpresa que los bancos y cajas españoles necesitaban 60.000 millones de euros, recuerda hoy Diario 16 sobre el gran protector y amigo del financiero murciano Egea Krauel. 

El efecto de este anuncio fue devastador para los bancos españoles, que se estrellaron en la Bolsa; para las Cajas de Ahorro, a las que se cerraron los mercados; para Bankia, sobre la que el propio ministro extendió las dudas y, cosas de la falta de planificación o no, como diría Rajoy, para la deuda pública: nadie quería la deuda española, con la prima de riesgo por encima de los 600 puntos básicos. Tan mala gestión fue así calificada por el BCE: de una sola tacada De Guindos se cargó el sistema financiero y el crédito del país.
Entre las múltiples preocupaciones de Luis de Guindos estaba su pasado en Lehman Brothers como comercializador de las Participaciones Sociales de la CAM, que fueron un fracaso absoluto, y como consejero y presidente de la Comisión de Auditoría de BMN, entidad producto de la fusión entre Cajamurcia, Caja de Granada, Caixa Penedés y Sa Nostra, de la que tantos escándalos se conocieron después.
Luis de Guindos abandonó su puesto en BMN para ser ministro de Economía. El año siguiente, BMN fue la caja de ahorros que en términos porcentuales más ayudas públicas requirió, más que Bankia, curiosamente la entidad que recientemente adquirió a BMN, para que, entre otras cosas, el rastro del actual Vicepresidente del BCE se perdiese en una entidad tan grande.
¿Puede alguien explicar qué méritos acompañaban a Luis de Guindos para ser ministro de Economía? Dicho de otra manera, ¿cabe acumular más deméritos objetivos?: presidente de Lehmann Brothers en España, comercializador de las cuotas de la CAM que quebró inmediatamente después, ser consejero de la Caja que más ayudas ha recibido del Estado.
¿Es posible dejar un país en manos de alguien que sólo pretendía su propio beneficio a costa de lo que fuese y que dijo en 2012 que a España le quedaban unos días de vida si no pedía la intervención de la UE, como Grecia? 
Sólo se entiende porque, ahíto de soberbia, pensaba que podría ser el presidente de Gobierno, sustituyendo a Rajoy, deponiéndolo por vía de hecho.
Volviendo a mayo de 2012, como en su día dijo el BCE, el problema de Bankia no se pudo gestionar peor y puso al país al borde del abismo, con su sector financiero a la cabeza. 
A través de las páginas del Financial Times, los banqueros y los ciudadanos se enteraron que, según sus estimaciones, el inefable Luis de Guindos, el que había felicitado a los presidentes del Popular y del Pastor sólo unas semanas atrás, decía que hacían falta 60.000 millones de euros para sanear el sector.
El caos dominó la primera parte de 2012, el Eurogrupo ofreció su generosa ayuda, «un préstamo a devolver en cómodos plazos de hasta 100.000 millones de euros», según declaró Rajoy al pie de la escalerilla del avión que le trasladó para asistir a la Eurocopa de Polonia y Ucrania de 2012. 
Sin embargo, las consecuencias de la intervención de España por el Eurogrupo tras el desastre de recapitalizar Bankia con más de 20.000 millones de euros, en un claro ajuste de cuentas de Guindos con Rato, fueron tremendas:
  • Se sometió al sistema financiero español a un test de estrés dirigido por Oliver Wyman. El test de estrés supuso un ejercicio de transparencia no emulado por nadie en Europa, ya que nunca hemos conocido cómo estaba por dentro el sistema financiero alemán o francés.
  • Desaparecieron las Cajas de Ahorro, que si bien causantes del desastre financiero, eran un instrumento que bien utilizado había servido para la bancarización del país y la financiación de las clases más desfavorecidas y de las pequeñas empresas.
  • Tal y como publicó Diario16 hace unos días, la maniobra completa, en la que estaba De Guindos, pasaba por entregar el Popular a otra entidad financiera y, sólo la reacción del banco ampliando capital en un momento delicadísimo para el sistema financiero y para el propio país, salvó de la confiscación del Popular, algo que consiguió con el Banco Santander cinco años después.

martes, 27 de noviembre de 2018

Los jefes de la CAM, en manos del Supremo

ALICANTE.- La sentencia conocida la semana pasada del caso de las dietas de la CAM, que ha supuesto una nueva condena de prisión para el ex director general de la Caja, Roberto López Abad, por idear un plan para regalar un sueldo de 300.000 euros al año al presidente Modesto Crespo (la primera condena de tres años de cárcel fue por la falsificación de las cuentas de la entidad), será recurrida, según El Mundo

Otra cosa es el éxito que puedan tener el propio López Abad y los ex consejeros también condenados -Martín Sevilla, Luis Esteban, José Forner y Antonio Gil-Terrón- en sus respectivos recursos ante la sala segunda de lo Penal del Tribunal Supremo para evitar que se confirme la condena por apropiación indebida (las penas oscilan entre los 1,5 y los 2,5 años de prisión).
Y es que el pacto de Crespo con el fiscal, por el que el presidente de la CAM reconoció las acusaciones antes del inicio del juicio oral en mayo y confesó haber cobrado este dinero pese a no trabajar y pese a vulnerar los estatutos de la caja, echó por tierra las estrategias de las defensas. 
A cambio de admitir un delito de apropiación indebida, Crespo aceptó una condena de nueve meses de prisión (condena ahora confirmada por la Audiencia de Alicante aunque será suspendida); también se comprometió a devolver los 600.000 euros percibidos entre junio de 2009 y junio de 2011. 
El dinero irá a parar al Sabadell, que curiosamente no estaba en el proceso, ni reclamaba nada ni se sentía perjudicado. Este será uno de los argumentos que usarán las defensas ante el Supremo: que se va a resarcir a alguien que no se siente perjudicado.

Los obstáculos

Con todo, los condenados tienen que cuadrar un círculo imposible. Crespo reconoció que cobró sin trabajar, y que su sueldo se aprobó al margen de los estatutos y gracias a un plan de «ingenieraía societaria» para que él recibiera 300.000 euros anuales por presidir la sociedad Tinser Cartera, perteneciente a la Caja. El ex director general y los ex consejeros tienen que demostrar lo contrario. Es decir, tienen que desmentir una confesión del propio acusado, que ha reconocido que cometió un delito.
Uno de los salvavidas a los que se pueden agarrar los altos cargos condenados es la sentencia de la Audiencia Nacional (diciembre de 2015) que absolvió al propio López Abad y a los miembros de la comisión de control del holding inmobiliario TIP (del grupo de empresas de la CAM) por un caso similar al de las dietas de Crespo. 
López Abad fue acusado también de idear un plan para que los componentes de este órgano de gobierno cobraran suculentas dietas por asistir a las reuniones de TIP. Todos fueron absueltos y el Supremo confirmó el fallo.
No obstante, la Audiencia Provincial de Alicante sostiene en su sentencia sobre el caso de las dietas de Modesto Crespo que hay una «discrepancia de alcance fáctico y no jurídico» con el citado proceso. 
Según el tribunal, a diferencia del caso de la sentencia de la Audiencia Nacional, la presunta maniobra para que Crespo cobrara de la CAM «afectaba directamente al presidente de la Caja». 
También se explica en la sentencia que «la creación del consejo de administración de Tinser Cartera no tenía justificación real, no conllevó modificación alguna de la gestión, no supuso dedicación ni responsabilidad diferenciada, y se utilizó, exclusivamente, para servir de pantalla aparente de legalidad a la percepción de una remuneración sin contraprestación que estaba vedada por los estatutos de la CAM». 
En el caso de las dietas de TIP, el fiscal responsabilizaba a López Abad de crear la comisión de seguimiento y control de TIP como «un mero y burdo instrumento para permitir que los miembros de la comisión de control de CAM cobraran unos emolumentos muy superiores»; además, también se acusaba a estos de cobrar por no realizar trabajo alguno. 
La Audiencia sentenció que la creación de este órgano fue aprobada por todos los órganos de gobierno de la Caja, y ni siquiera entró a valorar si trabajaban o no los miembros de la comisión de TIP.
La sentencia de la Audiencia Provincial sobre el caso de Crespo argumenta, para sostener la acusación contra López Abad y los cuatro ex consejeros, que la dieta del presidente se activó «sin la debida aprobación expresa del consejo de administración». 
Esta ha sido una de las claves para condenar a López Abad y los cuatro ex consejeros. Sin embargo, Crespo confesó al fiscal -y por extensión al tribunal tras ratificar su pacto de conformidad- que en la reunión del 27 de noviembre de 2009, el consejo de administración de la CAM sí «acordó que el consejo de administración de Tinser estuviese presidido por Modesto Crespo, y que la dieta anual a percibir por este fuese de 300.000 euros anuales, mediante cuatro abonos trimestrales y con carácter retroactivo respecto a los dos últimos trimestres del año 2009».
La Audiencia de Alicante ha dado por buena la versión de Crespo en su totalidad, excepto este extremo, es decir, el tribunal asume que se ideó un plan para que Crespo cobrara 300.000 euros al año de forma irregular y por una dedicación inexistente, si bien el tribunal no se ha creído que el consejo de administración aprobara el polémico salario, pese a que así lo afirmaron el propio Crespo y también la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué? 
Porque el tribunal mantiene que el acta oficial de esa reunión del consejo no refleja la realidad de lo que de verdad ocurrió , y que el documento fue «alterado» por el secretario del consejo, José Forner, para tratar de que el sueldo de Crespo tuviera toda la apariencia legal posible.
La Audiencia de Alicante llega a esta conclusión tras comprobar las versiones contradictorias ofrecidas por los consejeros acerca de lo que pasó en esa reunión (15 consejeros aseguran que no se aprobó la dieta, otros cuatro, incluido Crespo, dicen que sí se aprobó y uno no recuerda nada), y después de no dar verosimilitud al testimonio del testigo Juan Martínez Abarca, letrado asesor del consejo, que indicó al tribunal que el sueldo de Crespo, tal como se recoge en el acta, sí se aprobó en la reunión de 27 de noviembre de 2009.
Las defensas podrán recordar en sus recursos al Supremo que durante el proceso de instrucción del caso de las dietas de Modesto Crespo, tanto la Audiencia Nacional (el proceso se abrió en este tribunal) como el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que continuó y acabó la instrucción del caso, siempre dieron por bueno el acta del citado consejo, con lo que descartaron que se hubiese manipulado el documento. 
Así, la Audiencia Nacional ni entró a valorar la validez del acta, mientras que el juzgado de Alicante en la instrucción, además del fiscal Felipe Briones durante el juicio, mantuvieron que lo que reflejaba el documento -la aprobación del sueldo de Crespo por parte del consejo de administración- es lo que sucedió. Ahora le toca hablar al Supremo.

jueves, 22 de noviembre de 2018

Dos años y medio de cárcel para el exdirector de la CAM por el cobro ilegal de dietas con valor de 600.000 euros

ALICANTE.- La Audiencia de Alicante ha condenado a dos años y medio de cárcel al ex director general de la extinta CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) Roberto López Abad, así como a un año y medio a otros cuatro antiguos consejeros por el cobro irregular de dietas de quien fuera presidente Modesto Crespo, condenado a su vez a nueve meses.

Así se recoge en el fallo adelantado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que declara a los seis encausados autores de un delito de apropiación indebida agravada. En cambio, absuelve a otros quince antiguos miembros del consejo de administración de la CAM, a los que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular exoneraron de responsabilidad durante el juicio, celebrado entre los meses de junio y julio de este año.
Este procedimiento, referido al cobro de 600.000 euros en dietas por parte de Crespo entre 2009 y 2011, es uno de los instruidos por la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional por el presunto expolio de la CAM, aunque fue derivado en su día a los juzgados ordinarios de Alicante. Crespo llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particular y popular por la que admitió haber percibido de forma irregular 600.000 euros brutos como presidente de Tinser Cartera SL, una sociedad participada por la caja.
Tras declararse culpable de un delito de apropiación indebida agravada, aceptó una pena de nueve meses de prisión, una multa de 9.000 euros y devolver el dinero cobrado. La Audiencia de Alicante ha validado ahora ese acuerdo y además ha condenado a otros cinco procesados: el que fuera director general López Abad y los antiguos miembros de la comisión de retribuciones, José Forner, Antonio Gil-Terrón, Luis Esteban y Martín Sevilla.
Al primero le impone dos años y medio de cárcel y el pago de una multa de 48.000 euros, mientras que los otros cuatro implicados han sido condenados a un año y medio de prisión y a pagar 21.000 euros. 
Los estatutos de la caja alicantina, con 130 años de historia y que fue intervenida por el Banco de España en julio de 2011 antes de ser vendida por un euro al Banco Sabadell, establecían que los cargos de consejero general o presidente tendrían "carácter honorífico y gratuito" y no podrían generar remuneraciones distintas de las dietas por asistencia a reuniones o gastos de desplazamiento que aprobase la asamblea general.
Sin embargo, según recoge la sentencia de la Audiencia de Alicante en 2009, López Abad y Modesto Crespo actuaron "en connivencia" e "idearon un plan para burlar la prohibición estatutaria". Los miembros de la comisión de retribuciones aceptaron esa propuesta que, según los magistrados, era "inasumible" pues "vulneraba lo dispuesto en los estatutos y la política retributiva de los consejeros por ellos fijada".
El consejo de administración dio a su vez el visto bueno al nombramiento de Crespo como presidente de Tinser Cartera SL en una reunión celebrada el 27 de noviembre de ese año. Sin embargo, el tribunal entiende que no ha quedado acreditado que se sometiera a la consideración del consejo los emolumentos del presidente "ni mucho menos" su carácter retroactivo, por lo que exculpa a 15 de los 21 acusados.
Las remuneraciones sí fueron reflejadas en cambio en el acta de esa reunión, que fue "redactada y aprobada" con posterioridad por el secretario del consejo, José Forner, "con el único control del presidente". 
En cuanto a la responsabilidad civil, el fallo, que puede ser recurrido ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la limita al propio Crespo y declara como beneficiaria de la misma a la entidad Bansabadell Inversió Desenvolupament SA, del Banco Sabadell.
El expresidente de la entidad ya aceptó en su momento devolver a plazos los 600.000 euros que percibió de forma irregular y consignó una parte de esa cantidad en su momento ante la Audiencia alicantina. Ese pago adelantado le ha permitido beneficiarse de la aplicación de atenuante de reparación del daño, junto con la de confesión.

miércoles, 27 de junio de 2018

La Fiscalía mantiene la petición de cuatro años para el exdirector general de la CAM

ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción de Alicante elevó a definitiva la petición de cuatro años de prisión para el exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, por el pago de dos dietas de 300.000 euros al expresidente de la caja murciano-alicantina, Modesto Crespo. 

También mantiene la petición de tres años de prisión para miembros del Comité de Retribuciones y dos años para el resto de miembros del Consejo de Administración. 
A todos les exime del pago de la responsabilidad civil.

lunes, 18 de junio de 2018

La jueza Lamela sienta en el banquillo a directivos de la CAM por los negocios de la Caja en el Caribe


MADRID.- La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado la apertura de juicio oral en la causa por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la extinta Caja de ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe, para once investigados, entre ellos el exdirector general de la entidad Roberto López Abad y los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 les requiere para que en el plazo de 24 horas, de forma conjunta y solidaria, presten fianza por un total de 37,3 millones de euros por el delito de administración desleal y a Ferri y Baldó, además, por otros 15,5 millones de euros por delitos contra la Hacienda Pública,correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.
En su auto declara como responsable civil directo de la primera de las cantidades al grupo asegurador Caser y como responsable civil subsidaria de ambas fianzas al grupo hotelero Valfensal. Si no prestan estas cuantías en el plazo señalado, se autoriza al embargo de los bienes suficientes hasta alcanzar las cifras señaladas.
Igualmente acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de la exvocal de la Caja Dolores Mataix y el exvicepresidente de la comisión de control de la CAM José Manuel Uncio, al no formalizarse acusación el Ministerio Fiscal ni el Fondo de Garantía de Depósitos, personado en la causa por los perjuicios de 28 millones de euros ocasiones con estas operaciones.
Por su parte, la Fundación Obra Social Caja del Mediterráneo se aparta de la causa sin renuncia al resarcimiento del perjuicio que pudiera acordarse.

Hoteles en México y República Dominicana

La magistrada, que declara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano competente para el enjuiciamiento de los hechos, finalizó la instrucción de esta parte de la investigación el pasado mes de mayo al entender que se produjeron una serie de operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente para la adquisición de hoteles en México y República Dominicana.
Entre dichas operaciones se encuentra el envío de documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), la tasación sobre los terrenos o los estudios previos de mercado y jurídicos.
Estos estudios, según expuso la juez en su auto de mayo, «fueron muy deficientes y no respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal». Además se trató de propuestas aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas o al día siguiente en una de ellas.

Consentimiento de los exdirectivos de la CAM

Según el relato de hechos, Roberto López (ya condenado en la Audiencia Nacional a tres años de cárcel por falseo de cuentas de la entidad) y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, «consintieron» que Ferri y Baldó «dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas».
Conforme expresa el informe emitido por Deloitte en 2011 y el expediente sancionador del Banco de España en 2012, dice la magistrada, «es difícil concebir que toda la actividad desplegada por Roberto López Abad y Daniel Gil (en la imagen) en el seno de la CAM y TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad».
El Ministerio Fiscal solo ejerce acusación contra Roberto López Abad y Daniel Gil Mallebrera, a quienes pide cuatro años de prisión para cada uno; contra Juan Ferri y José Salvador Baldó, que se enfrentan a 22 años de cárcel y contra el exdirector económico de Valfensal Francisco Climent, para el que pide 12 años de cárcel.
Además de estas cinco personas, la juez sienta en el banquillo de los acusados a Vicente Sánchez Asensio, César Veliz Fiel, Juan Ramón Avilés Olmos, Remedios Ramón Dangla, María Asunción Martínez Muñoz y Francisco Grau Jornet.

jueves, 7 de junio de 2018

Tres ex consejeros justifican el salario de Modesto Crespo en la CAM

ALICANTE.- Antonio Gil Terrón, Martín Sevilla y Luis Esteban, los tres miembros de la comisión de retribuciones de Caja Mediterráneo que dieron su visto bueno a la polémica dieta de 300.000 euros anuales para Modesto Crespo por presidir la empresa Tinser Cartera coincidieron en que el sueldo fijado para el presidente para este cargo estaba justificado por el trabajo efectivo que iba a realizar, según la versión de El Mundo.

Durante sus declaraciones en el juicio de las dietas de Crespo que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Alicante, estos tres exconsejeros de CAM también compartieron que en la reunión de la comisión de retribuciones que dio luz verde al salario del expresidente (26 de noviembre de 2009) no se habló de la posibilidad de que recibiera parte de esta remuneración con carácter retroactivo y que la propuesta partió del entonces director general, Roberto López Abad. 
Los tres negaron cualquier atisbo de confabulación o plan para darle estos emolumentos a Crespo o para beneficiarse ellos de este sueldo.
No obstante, más discrepancias hubo entre los tres a la hora de valorar si el consejo de administración, en su sesión del 27 de noviembre de 2009, aprobó o no la dieta de Modesto Crespo. 
Gil Terrón y Martín Sevilla aseguraron que sí, que el sueldo se acordó en la reunión del consejo, remitiéndose a la literalidad del acta de esa reunión. «Me acojo a lo que dicen las actas», afirmó el primero ante el tribunal, mientras que el segundo siguió la misma línea: «Lo que está en el acta es válido».
En el acta de ese consejo se expone que el órgano de gobierno acordaba el nombramiento de Modesto Crespo como presidente de la empresa participada por la CAM, Tinser Cartera, con una retribución de 300.000 anuales, percibiendo además 150.000 euros con carácter retroactivo. 
Gil Terrón y Sevilla defendieron lo reflejado en el acta, si bien este último admitió que el documento no recogía fielmente lo sucedido un día antes en la comisión de retribuciones, donde no se mencionó la opción de que Crespo cobrara parte de su sueldo de forma retroactiva. 
Ambos insistieron en que fue Tinser la que decidió pagar a Crespo esta retribución, prueba de ello, explicó Sevilla, es que el expresidente va a devolver los 600.000 euros cobrados a Tinser, ahora propiedad de Banco Sabadell. 
Por su parte, Gil Terrón recordó que la limitación salarial fijada en los estatutos no era aplicable para los puestos en empresas participadas, de ahí que se pudiera retribuir a Crespo con 300.000 euros anuales.

Las versiones

La mayoría de los exconsejeros que se sientan en el banquillo acusados de colaborar en la fijación de este sueldo presuntamente ilegal sostienen que el consejo en esa reunión no aprobó jamás ese salario para Modesto Crespo, y que tan solo se acordó su designación como presidente de Tinser Cartera
Luis Esteban se ratificó en esta tesis, al declarar al tribunal que la cuestión del sueldo de Modesto Crespo «no se tocó en el consejo de administración». 
«Yo no lo oí», explicó.
 «No digo que no se dijera, pero yo no lo oí», comentó al respecto. 
 «Es muy difícil que eso [la aprobación de la dieta] pasara desapercibido», insistió, recordando que le sorprendió que se le pagara a Crespo parte de su sueldo con carácter retroactivo. 
De este modo, mientras que Gil Terrón y Sevilla siguieron la línea argumental de expuesta por López Abad un día antes en el juicio (también explicó que todo se aprobó por el consejo de administración), Esteban se distanció de lo mantenido por el exdirector general al señalar que el consejo no trató el salario de Modesto Crespo, que es la vía de escape que manejan la mayor parte de los acusados, la de que no se aprobó el sueldo en el consejo, para escabullirse de las acusaciones del fiscal, que mantiene lo contrario. 
Anticorrupción acusa a López Abad de idear un plan para asignar la dieta de 300.000 euros a Crespo pese a que este no realizaba trabajo alguno en Tinser Cartera y pese a que los estatutos de la Caja prohibían pagar al presidente de la entidad. El fiscal, además, mantiene que todo el consejo de administración colaboró en esta maniobra. Para todos ellos pide penas de hasta cuatro años de prisión por apropiación indebida y delito societario. 
Para Crespo, el Ministerio Público también solicitaba cuatro años de cárcel por cobrar este sueldo de forma indebida; sin embargo, Crespo llegó a un pacto con el fiscal, y mediante un escrito de conformidad corroborado este lunes, ha reconocido las acusaciones de Anticorrupción, de forma que su pena se vería reducida a nueve meses de prisión y a la devolución del dinero percibido, 600.000 euros. 
Martín Sevilla, en su declaración ante el tribunal, se refirió a este cambio de postura de Crespo, que hasta hace tres semanas justificaba contra viento y marea su sueldo en Tinser Cartera: «Me siento decepcionado con que ahora diga que no estaba trabajando», admitió el exconsejero, que reconoció que 300.000 era una cantidad «significativa» pero que estaba justificada porque Crespo iba a ser «presidente ejecutivo» de Tinser y por la importante labor que iba a desarrollar.

lunes, 14 de mayo de 2018

Los 'piratas del Caribe' que hundieron la CAM en un pozo de 28 millones

VALENCIA.- La Audiencia Nacional ha dado un paso más para sentar en el banquillo a los responsables de la trama inmobiliaria de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). La jueza Carmen Lamela investiga supuestas ilegalidades de la entidad en inversiones en el Caribe. El auto apunta a operaciones de crédito presuntamente irregulares entre la CAM y la sociedad Valfensal para la adquisición de hoteles y parcelas en la República Dominicana, México y Tenerife por un montante de 1.011 millones de euros, que ha ocasionado un perjuicio de 28 millones para el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG), personado en la causa, vuelve a recorda www.eldiario.es 

El auto de procesamiento ha devuelto a la actualidad los supuestos desmanes protagonizados por la que llegó a ser cuarta caja de ahorros de España, absorbida por 1 euro en 2011 por el Sabadell después de que el Fondo de Garantía de Depósitos la sanease con 5.249 millones de euros. La CAM también acabó siendo víctima del desmedido peso del negocio inmobiliario tanto en España como en el extranjero, que se vino abajo con la crisis financiera internacional. 
Esto permitió poner al descubierto toda “una serie de irregularidades comunes” como expresa el informe pericial de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que se apoya la jueza Lamela. Las irregularidades tienen el sello de exdirectivos de la caja, empresarios y miembros de la comisión de control que, por acción u omisión, creyeron encontrar en el Caribe el ansiado tesoro que todo pirata busca.
Todos ellos, 13 en total, han sido procesados por supuestos delitos de apropiación indebida y/o administración desleal por una causa abierta desde 2013. Además, los tres empresarios de la sociedad Valfensal con la que operaba la CAM deberán responder por seis delitos contra la Hacienda Pública al detectarse operaciones de pago a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales. 
Estos últimos son los hoteleros alicantinos Juan Ferri y José Baldó y el trabajador Francisco Climent, que se beneficiaron desde 2004 hasta 2011 de una serie de préstamos otorgados por la CAM a cuyo frente estaba el exdirector general Roberto López Abad y el exdirector general de Empresas Daniel Gil.
Indiciariamente, la magistrada asume que Abad y Gil “consintieron” que ambos empresarios “dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas”. 
Un ejemplo de ello, la adquisición del hotel Caracol y de una parcela anexa en Riviera Maya (México) por 60 millones de euros gracias a unos préstamos de la caja de ahorros “en los que no se cumplió con los requisitos propios de concesión del préstamo, como la inexistencia de información sobre el proyecto de forma previa a su realización o como la ausencia de análisis soportado y crítico sobre los aspectos económicos de las propuestas”, afirma el auto. 
También se hicieron en esta misma localización con el hotel Gala, dos terrenos para la construcción de complejos en Playa del Carmen (México) y la República Dominicana, así como la entrada en el accionariado de una compañía de hoteles de Tenerife.
Por otro lado, la Audiencia Nacional también está investigando las polémicas inversiones de Ferri y Baldó a través de la empresa Grand Coral que dispuso de una línea de crédito de más de 500 millones facilitada por Banco de Valencia y Bancaja para inversiones inmobiliarias en México, según ha venido contando El Mundo.
Cuando se destapó la trama, la Audiencia Nacional ordenó para estos dos empresarios de Benidorm y los dos exdirectivos de la CAM, Daniel Gil y López Abad, prisión preventiva bajo fianza que fueron depositando para quedar en libertad. De esta forma, López Abad se convirtió en el segundo banquero entre rejas tras el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Estuvo seis días preso hasta que sus familiares y amigos lograron reunir el millón y medio de euros de fianza. 
Volverá a sentarse en el banquillo de los acusados la semana que viene por las dietas que percibió el último presidente de la extinta CAM, Modesto Crespo, que ascendieron a 600.000 euros en dos años. En este sentido, según avanza el diario Información, Crespo reconocería los cobros a cambio de que la Fiscalía no ordenase su ingreso en prisión. Se enfrenta, como López Abad, a cuatro años.

Miembros de la comisión de control procesados

Además de los ya mencionados, entre los acusados por la magistrada se encuentran los seis miembros de la comisión de control de la CAM que, a su vez, también eran miembros de la comisión de control de TIP, sociedad que participaba en las inversiones,  y que también conformaban el Comité de Auditoría. 
Al frente de la misma estaba Juan Ramón Avilés Olmos desde principios de 2007; exconcejal del Partido Popular en Murcia que tuvo que lidiar con la Justicia por las dietas y créditos que recibió en una causa en la que finalmente quedó absuelto.
También están siendo investigados el que fuera director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con el Partido Popular entre 1995 y 2004 José Manuel Uncio. Uncio es un asiduo de los juzgados, aunque hasta la fecha ha quedado absuelto, por ejemplo, del caso del hotel de Jalance, municipio del interior de la provincia, por haber concedido como responsable del IVF en 1999 un préstamo a la mercantil del hotel. 
Aunque es más conocido el abuso que hizo de la tarjeta visa asociada a la entidad con la que derrochó casi 7.000 euros en maquinillas de afeitar, electrodomésticos y artículos de lujo por los que fue investigado primero y absuelto después por la fiscalía.
El tercer miembro de la comisión de control de la CAM procesado es el profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Alicante (UA), Francisco Grau, considerado del entorno cercano del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana. 
Le sigue Remedios Ramón, profesora de Economía en la UA y exintegrante de la Ejecutiva local del PSOE de Alicante. Fue sonada su intervención en el programa Salvados de La Sexta en el que denunció el descontrol de los órganos de la CAM. Luego se supo que había sido salpicada también por el cobro de dietas.
En el auto de la magistrada también se le imputan presuntos delitos de administración desleal y/o apropiación indebida a la procuradora (licenciada en Derecho) Asunción Martínez Muñoz
En la comisión de investigación de la CAM en las Corts Valencianes dijo en 2012 que "nunca" había oído de "paraísos fiscales" en la caja. 
También aparece en el auto Dolores Mataix, quien en dicha comisión parlamentaria aseguró que nunca había obtenido “ningún beneficio” de la entidad, aunque acabó reconociendo que no tenía “conocimientos financieros” de alto nivel –entró a la caja por sorteo como Martínez-. Nacida en Madrid, dijo residir en Zaragoza, lo cual no le impedía, aseguró, acudir a las reuniones que se solían celebrar en Alicante.
Por último, Lamela propone sobreseer y archivar las actuaciones contra el expresidente de la Cámara de Comercio de Alicante José Enrique Garrigós y contra, entre otros, Isabel Cambronero Casanova, profesora de danza en Murcia que, como ella misma adujo en la comisión de investigación, había acabado en la CAM “para no molestar mucho”.