domingo, 9 de julio de 2017

La consejera Arroyo no quiere perder la 'teta' y se lanza a la desesperada a defender lo indefendible: corrupción x PAS


MURCIA.- El secretario de Comunicación del PSRM asegura que pedirá la comparecencia de Noelia Arroyo, consejera de Transparencia, Participación y portavoz del Gobierno, en la Asamblea Regional y le pide que se dedique a defender el cumplimiento de las leyes en la Región.

El secretario de Comunicación del PSRM y diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Emilio Ivars, ha asegurado que "es vergonzoso que la portavoz del Gobierno regional use el cargo que ostenta para defender a un diputado del PP que está a las puertas del juicio oral por dos casos: Púnica y Auditorio".
Ivars ha señalado que el Grupo Parlamentario Socialista pedirá la comparecencia de la consejera portavoz por "el uso de un cargo público y de medios de comunicación públicos para defender a un diputado del PP y que ya no representa a nadie".
"Es vergonzoso que una consejera se dedique a defender lo indefendible y a un político que ya no es miembro del Consejo de Gobierno. Lo que tiene que hacer es dedicarse a hacer cumplir las leyes y a velar por el interés de los murcianos y murcianas, y dejar de apoyar a su amiguito del alma", ha aseverado el dirigente socialista.
Ivars ha manifestado que la consejera lo que tiene que hacer es "defender que aquellos políticos que se van a sentar en el banquillo de los acusados abandonen su responsabilidad pública y dejen el escaño en la Asamblea Regional, como es el caso del diputado Pedro Antonio Sánchez".
Le ha salido al paso el espontáneo vocero del PPRM y vicesecretario de Acción Política, el diputado Francisco Bernabé, ex alcalde de La Unión, quien dice sentirse sorprendido por estas declaraciones de Ivars.
 El responsable 'popular' ha subrayado que lo que resulta "verdaderamente vergonzoso que sea el PSRM el que vaya impartiendo lecciones de moral, cuando ellos están gobernando en el Ayuntamiento de Cartagena y mantienen a personajes como el exalcalde José López en el equipo de Gobierno como teniente de alcalde".
En este sentido ha recordado que el exalcalde de Cartagena se encuentra actualmente investigado por la Justicia.
"En el PP nunca hemos estado a favor de las dimisiones preventivas", ha afirmado Bernabé, que ha aseverado no compartirlas pero a juicio del responsable'popular' "todos esos como el PSOE, los populistas cartageneros o los podemitas y comunistas regionales que han exigido comportamientos ejemplarizantes es el momento que demuestren que lo que decían y defendían eran más que palabras
El vicesecretario del PPRM lamenta que el PSOE mantenga a cargos como López o la que fue alcaldesa de Moratalla, la comunista y sindicalista Cándida Marín

El turismo rural aumenta un 42% en la Región

MURCIA.- El número de viajeros en alojamientos rurales de la Región aumentó en los primeros cinco meses del año un 42,1%, superando en más de 30 puntos el crecimiento de la media nacional según las Encuestas de Ocupación en Apartamentos, Campings y Rural del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, la Región registró 17.933 turistas rurales, «el mejor registro para el período que va de enero a mayo desde que se tienen datos», según constató el director general del Instituto de Turismo, Manuel Fernández-Delgado, que afirmó que «esta subida se debe al tirón de los visitantes nacionales, cuya cifra aumentó un 44,9%».
Asimismo, el total de viajeros rurales generaron 37.399 pernoctaciones, un 29,4% más respecto al mismo periodo de 2016 -en el conjunto de España crecieron un 10,5%-. Las pernoctaciones de los turistas nacionales crecieron un 31,4%, alcanzando las 33.075, y las de los extranjeros aumentaron un 15,9%, llegando a las 4.326.
«El alojamiento rural supone una cifra modesta en relación con el total del turismo alojado en establecimientos turísticos de la Región, sólo un 3,1%; pero las cifras nos indican que se está produciendo una diversificación de la demanda que sin duda está contribuyendo a reactivar el desarrollo de los núcleos rurales del interior de la Región, a reducir la estacionalidad y a crear nuevos puestos de trabajo en estas zonas», afirmó el director general.
La tendencia a realizar escapadas cortas frente al viaje largo, los avances realizados en infraestructuras, el impulso de la comercialización de paquetes de turismo activo y de naturaleza y el cada vez mayor nivel de profesionalización está resultando fundamental en el fortalecimiento de este sector que va creciendo en consonancia con el aumento constante de la oferta, que en la actualidad registra 594 alojamientos y 3.873 plazas (un 12% más que hace cinco años).
Durante los primeros cinco meses de 2017, los viajeros en los apartamentos turísticos de la Región aumentaron un 12,3% hasta alcanzar los 33.416 -la cifra subió un 11,4% en España-. Este aumento se debió al impulso de los visitantes nacionales, que crecieron un 24,1% y llega 22.631.
Respecto a los viajeros registrados en campings de la Región, 45.059, su número aumentó un 7,4% respecto al mismo periodo del año anterior -creció un 9,9% en el conjunto nacional-. También en esta modalidad el incremento fue debido al aumento del número del 17,2% de viajeros residentes en España, 23.927.

La Comunidad Autónoma pide más participación y financiación para las regiones que reciben inmigrantes

MURCIA.- El director general de Unión Europea, Acción Exterior y Cooperación, Manuel Pleguezuelo, participó esta semana en la Asamblea General de la Comisión Intermediterránea en Nápoles, en la que se reunieron todas las regiones que forman parte de ella para adoptar las principales decisiones políticas y presupuestarias. En la Comisión participan más de 40 regiones pertenecientes a 10 países mediterráneos, tanto europeos como de la ribera sur.

Pleguezuelo reivindicó en su intervención acerca del denominado ‘Instrumento de vecindad’ y la acción exterior de la Unión Europea en el Mediterráneo, que las regiones europeas participen más activamente en dicho Instrumento, cuyo propósito es financiar acciones de cooperación que favorezcan el desarrollo y el trabajo conjunto de entidades en las riberas del Mediterráneo.
El debate giró en torno a la situación geo-política y socio-económica en la cuenca mediterránea, y el papel de las autoridades regionales y locales desde el punto de vista del desarrollo territorial integrado, las necesidades para los jóvenes, la ciudadanía europea y la cohesión económica y social. 
También se debatió sobre cómo actuar de manera más eficiente en el tema migratorio, la cooperación y el desarrollo de los países de tránsito, origen y destino de los migrantes, explotando todo el valor añadido que las autoridades locales y regionales pueden aportar, así como las universidades y las organizaciones de la sociedad civil.
A este respecto, se demanda financiación directa a las regiones que reciben y acogen a inmigrantes, y que se facilite el acceso de las regiones a los fondos destinados a la política europea de vecindad.
La Asamblea General abordó la aprobación del Plan de acción global 2017-2018 y los planes de acción sectoriales de los cuatro grupos de trabajo: Cooperación territorial y estrategias macro-regionales; Agua y energía; Transportes y política marítima integrada; y Cohesión económica y social.
A la Región de Murcia, que lidera a las regiones mediterráneas en el área de Transportes en esta organización, le correspondió la presentación del Plan de Actuación, entre cuyas acciones relevantes se encuentra el seguimiento de la implementación de las Redes Transeuropeas de Transporte que afectan al Mediterráneo y, en particular, de los corredores financiados por el mecanismo Conectar Europa.
En el caso del Corredor Mediterráneo, cabe recordar que las regiones implicadas han sido invitadas a participar en el Foro Mediterráneo, a propuesta de esta red regional de la Conferencia de las Regiones Periférico-Marítimas, con la posibilidad de reivindicar aquellos proyectos que consideran prioritarios, siempre de acuerdo y en coordinación con los respectivos Estados. 
Asimismo, la Región de Murcia ha llevado sus reivindicaciones respecto a la necesidad del Corredor a los foros nacionales e internacionales en los que participa, señalando esta infraestructura como “motor del modelo productivo de la Región”.
En este mismo sentido, se planteó la petición a la Comisión Europea y a los Estados miembros de acelerar la implementación de las infraestructuras localizadas en los corredores que afectan al Mediterráneo, siempre de acuerdo con los proyectos prioritarios para las regiones, así como aquellos que supongan una mejora de las conexiones con las autopistas del mar.
Igualmente, se abordó la participación de las regiones en la revisión del mecanismo financiero europeo para transportes, con la introducción del criterio de accesibilidad y conectividad en la selección de proyectos para las convocatorias del mecanismo Conectar Europea, con el fin de beneficiar a las regiones periféricas, ultraperiféricas e insulares.

Investigan nuevas mallas de sombreo para mejorar la calidad de los cultivos hortícolas


MURCIA.- El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, estudia la aplicación de nuevas mallas de sombreo fotoselectivas para mejorar el aprovechamiento de la radiación solar en los cultivos agrícolas. Este estudio se enmarca en el proyecto de investigación FEDER «Innovación en productividad mediante protección de cultivos en condiciones adversas (uso de polímeros plásticos)».

Estas mallas harían viable el cultivo en épocas en las que las producciones en invernadero pierden presencia en el mercado, ya que podrían utilizarse directamente como cubiertas en túneles de cultivo, sin necesidad de colocar un filme plástico de superficie adicional.
Los resultados preliminares de algunos prototipos evaluados en el Campo de Cartagena, sobre cultivos de pimiento en un ciclo de primavera-verano, muestran que la influencia de la fotoselectividad en esta zona, con condiciones climáticas mediterráneas, es importante, ya que, según la investigación, dependiendo del tipo de malla empleada, se observan algunas mejoras en la calidad nutricional del fruto y en el rendimiento final del cultivo.
Las elevadas temperaturas registradas a finales de primavera y en verano en los invernaderos del Campo de Cartagena influyen negativamente en los rendimientos y en la calidad de la producción de algunos cultivos, como el pimiento. De ahí la necesidad de paliar la incidencia de la radiación solar mediante sistemas de sombreo.
Estos sistemas deberán delimitar parcialmente la radiación incidente, sin afectar severamente a los procesos fotosintéticos de la planta.
Las mallas que tradicionalmente fueron usadas en estas zonas agrícolas para reducir la penetración de la radiación en el invernadero podían causar algún problema en la planta si, una vez colocadas, se producía un período de baja iluminación. Pero han aparecido en el mercado nuevos diseños que aportan mejores cualidades del sombreado que generan.
Las mallas de sombreo disponibles actualmente son fabricadas con diferentes materiales, presentando distintos porcentajes de transmisión, absorción y reflexión de la luz. El material de base sigue siendo el polipropileno, por lo que resultan más económicas que otras protecciones más sofisticadas. Pueden ser colocadas sobre estructuras ligeras y en infraestructuras poco complejas y poco mecanizadas.
Estos nuevos prototipos basan su funcionamiento en la selectividad pasiva de la radiación solar que incide en la cubierta de la superficie protegida, seleccionando los aspectos más positivos de esta.

La población escolarizable en la Región disminuirá un 12,6% en 2029

MADRID.- El número de personas en edad escolarizable en España, es decir, de hasta 24 años, se reducirá una media del 12,2 % hasta 2029, una variación será negativa en todas las comunidades -con una caída del 12,6% en la Región de Murcia, de los 421.227 de 2015 a los 368.293 alumnos- y solo positiva en Ceuta y Melilla.

En toda España, se va a pasar de los 11,5 millones de personas en edad escolarizable que había en 2015 a los 10,1 millones dentro de 12 años, según alerta el Consejo Escolar del Estado en su 'Informe 2016 sobre el estado del sistema educativo'.
"Un bajísimo nivel de fecundidad continuado en los últimos más de treinta años ha tenido como consecuencia un descenso muy acentuado del tamaño de las generaciones que están en las edades escolares", explica la profesora titular de Geografía Humana de la Universidad de Navarra, Dolores López.
Recuerda que la importante llegada de inmigrantes entre el final del pasado siglo y la primera década de este aportó "algunos efectivos a estos grupos", aunque se ralentizó a partir de la crisis económica.
López destaca que la relación entre demografía y sistema educativo "varía mucho", sobre todo en función de si la educación es obligatoria.
Así, una sociedad con educación obligatoria en el tramo 6-16 años (como en España) mira el tamaño de las generaciones que se van a ir incorporando a esas edades y puede tener una idea de "la demanda futura".
En cuanto a las consecuencias de la disminución de alumnos asociada a la llegada a las edades escolares de generaciones pequeñas, esta experta señala que disminuye el ratio alumno/aula y ello "no siempre es negativo".
Pero si baja mucho el número de alumnos en un lugar concreto puede disminuir el número de aulas por nivel y cuando la disminución es muy importante "puede poner en peligro la subsistencia del centro educativo", afirma López, que comenta que en muchos ámbitos rurales o barrios muy envejecidos esto está pasando.
El análisis realizado en su informe por el Consejo Escolar se basa en la evolución de la población en edad escolarizable entre 2015 y 2029 con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Si en ese periodo la población de todas las edades se reducirá un 2,1%, el peso de las personas escolarizables con relación a la población total disminuiría alrededor de 2,6 puntos porcentuales, al pasar de un 24,8% en 2015 a un 22,2% en 2029.
Los mayores descensos se producirán en Canarias (17,7%), Comunidad Valenciana (16,9 %) y Extremadura (16,6%).
Y las menores bajadas en Baleares (6,1) Aragón (7,6%) y Madrid (8,2%)
Y si se analiza un horizonte hasta 2064, disminuirá en casi setecientas mil el número de personas entre 5 y 24 años, recalca Dolores López.
"Esa disminución variará enormemente de unas comunidades a otras, de las zonas rurales a las urbanas e incluso entre barrios de una misma ciudad. Por lo tanto, en algunos lugares se cerrarán colegios y en otros habrá que abrirlos", asevera.
Y aunque la enseñanza universitaria no sea obligatoria, "si hay una generación llena en la que muchos de ellos quieren estudiar en la universidad, el factor demográfico importa", según López.
Respecto al sentido o no de abrir nuevas universidades cuando está bajando la natalidad, Dolores López subraya que en los últimos años se ha producido una importante internacionalización de los universitarios, tanto en los centros públicos como privados.
"Al disminuir la población residente en España demandante de estudios universitarios, cada vez cobra más importancia la calidad de las universidades y su capacidad para atraer a talento más allá de nuestras fronteras", concluye.

La erosión costera pone en peligro las dunas del Mar Menor


MURCIA.-El intenso proceso de urbanización que ha sufrido La Manga del Mar Menor ha hecho desaparecer gran parte de las dunas, propias del litoral y su ausencia ha tenido como consecuencia el aumento de la erosión costera de las playas de esta zona. 

Así se desprende de una tesis de la Universidad de Murcia de Daniel Ibarra, presentada en noviembre de 2016 y consultada por Europa Press y que añade que en términos generales las playas más afectadas por la erosión costera en La Manga coinciden con las situadas próximas a los puertos, áreas en la que se producen discontinuidades en el transporte de sedimentos por parte de la deriva litoral como suceden en las playas de la Llana en San Pedro del Pinatar.
Por lo que recomienda "tomar medidas para la protección de las dunas, en especial las situadas en el Parque de las Salinas de San Pedro, debido al valor ecológico que presentan y a su papel como moduladoras de la erosión de las playas con las que conectan".
Según este trabajo, las dunas jugaron un papel importante acumulando el material sedimentario por medio de la acción eólica, manteniendo el equilibrio dinámico de La Manga.
Destaca que el espacio era virgen hasta la década de 1960 en la que La Manga se descubrió como un destino turístico y sufrió un acelerado proceso de urbanización, que supuso la destrucción de la mayor parte de los sistemas dunares y la consecuente transformación de las playas originales.
Concretamente, señala que las variaciones temporales de las áreas de playas revelan una erosión costera generalizada desde 1956 debido al progresivo aumento de la superficie urbanizada a partir de la década de 1970, en la que se construyeron más de 4.000 viviendas.
Así como pérdidas de 40 metros de anchura de playa en algunos sectores de la Ensenada del Esparto y playa Galua y de hasta 50 metros al sur de la gola de Marchamalo en el tramo de la playa del Barco Perdido, playa de las Amoladeras y playa de Levante.
Como resultados de la investigación, se sostiene que en la actualidad el núcleo urbano de La Manga concentra una población de 3.000 habitantes que se multiplican en el periodo estival hasta superar los 200.000 y cuya evolución urbana ha sido "imparable" desde la década de 1970.
De hecho, las zonas urbanas del cordón en el año 1956 se limitaban a algún edificio aislado, como el de las Encañizadas, que ocupaban una superficie de poco más de 1,8 hectáreas. En el periodo comprendido entes este año y 1981, La Manga fue rápidamente desnaturalizada, alcanzando las 300 hectáreas.

El Vaticano, en contra de las hostias sin gluten


CIUDAD DEL VATICANO.- La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ha enviado una Carta circular a los Obispos sobre el pan y el vino para la Eucaristía, en la que recuerda que las hostias sin nada de gluten son materia inválida para la Eucaristía.

Por encargo del Papa Francisco, el documento exhorta "a vigilar sobre la calidad del pan y del vino destinados a la Eucaristía y, por tanto, a aquellos que los preparan" y, reiterando las disposiciones vigentes, sugiere algunas indicaciones prácticas.
"Las hostias sin nada de gluten son materia inválida para la Eucaristía. Son materia válida las hostias con la mínima cantidad de gluten necesaria para obtener la panificación sin añadir sustancias extrañas ni recurrir a procedimientos que desnaturalicen el pan", señala en relación a las normas respecto a las personas que, por diversos y graves motivos, no pueden tomar pan preparado normalmente o vino normalmente fermentado.
Así, también señala que es materia válida para la Eucaristía el mosto, esto es, el zumo de uva fresco o conservado, cuya fermentación haya sido suspendida por medio de procedimientos que no alteren su naturaleza (por ejemplo el congelamiento).
Igualmente, apunta que la materia eucarística preparada con organismos genéticamente modificados puede ser considerada materia válida, al tiempo que añade que "los que preparan el pan y producen el vino para la celebración deben ser conscientes que su obra está orientada al Sacrificio Eucarístico y esto pide su honestidad, responsabilidad y competencia.
Tras recordar ante todo que "el pan que se emplea en el santo Sacrificio de la Eucaristía debe ser ácimo, de sólo trigo y hecho recientemente, para que no haya ningún peligro de que se corrompa", se señala que "es un abuso grave introducir, en la fabricación del pan para la Eucaristía, otras sustancias como frutas, azúcar o miel". 
"Es claro que las hostias deben ser preparadas por personas que no sólo se distingan por su honestidad, sino que además sean expertas en la elaboración y dispongan de los instrumentos adecuados", añade.
La Carta recuerda también que "el vino que se utiliza en la celebración del santo Sacrificio eucarístico debe ser natural, del fruto de la vid, puro y sin corromper, sin mezcla de sustancias extrañas. [...] "Téngase diligente cuidado de que el vino destinado a la Eucaristía se conserve en perfecto estado y no se avinagre", añade al tiempo que subraya que "está totalmente prohibido utilizar un vino del que se tiene duda en cuanto a su carácter genuino o a su procedencia".
Por otro lado, el documento pone de manifiesto que mientras que hasta ahora, por lo general, algunas comunidades religiosas se ocupaban de preparar el pan y el vino para la celebración de la Eucaristía, hoy se venden también en los supermercados, en otros negocios y a través de Internet. 
Por ello, el Dicasterio sugiere, "para no dejar dudas acerca de la validez de la materia eucarística", que los Ordinarios den indicaciones al respecto, por ejemplo, garantizando la materia eucarística mediante certificados apropiados.
La Carta está fechada el 15 de junio de 2017, Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo y está firmada por el cardenal Robert Sarah y por el arzobispo Arthur Roche, prefecto y secretario, respectivamente, de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

El Gobierno se dejó engañar / Ángel Montiel *

Un alcalde, un arquitecto y un constructor se confabularon para que el Ayuntamiento obtuviera una subvención de la Comunidad autónoma que debiera ir destinada a un teatro auditorio de nueva planta, para lo que se ingenió un proyecto que nada tuvo que ver con el que finalmente se ejecutó en un espacio distinto, con un diseño y dimensiones distintas, cuya construcción quedó inconclusa porque no alcanzó el presupuesto, y en las zonas aprovechables se improvisaron otros usos de tipo cultural, pero en modo alguno el previsto. 

A groso modo, esta es la deducción de algunos de los apuntes de la resolución del instructor del caso Auditorio que permite endosar al alcalde en cuestión, Pedro Antonio Sánchez, el delito de ´fraude en las subvenciones´, uno de los tres en que el auto resuelve la gestión del alcalde, y en el que me voy a detener en este artículo.
Hay algo que llama, de entrada, la atención. Se cometió un fraude que, según deducimos de las conclusiones judiciales, fue continuado y para el que se realizaron múltiples cambios en el proyecto, además de emplearse en él, ya se ve que temerariamente, una evidente ingeniería administrativa, hasta el punto de que el juez resuelve que el alcalde «hizo lo que le dio la gana». Pues bien ¿cómo ocurrió todo esto durante años ante los ojos de quienes otorgaron la subvención sin que percibieran el más mínimo indicio que se estaban modificando de manera insostenible las condiciones de la misma? 
La pregunta debiera llevarnos a la alarma, pues pudiera ser que en esta Región se hayan construido polideportivos con subvenciones para bibliotecas o piscinas cubiertas con subvenciones para restauración del patrimonio. Todo pudiera ser si la solvencia en el seguimiento del destino de las subvenciones por parte de la Comunidad Autónoma es del rigor que se percibe, según el relato judicial, en el caso Auditorio de Puerto Lumbreras.
Por eso reclama todavía más la atención que no haya imputaciones en el otro lado, es decir, en la institución que entregó el dinero (seis millones de euros) y dejó hacer todo lo que el juez asegura que el alcalde hizo. Es más, se supone que el alcalde no podría haber hecho algo de lo que se le imputa si hubiese existido el normal control del destino de la subvención por parte de los responsables de custodiar su correcto uso. Todo el mundo sabe que hasta la más modesta subvención concedida a una simple asociación ha de ser justificada, según un protocolo administrativo muy estricto para evitar desviaciones, aunque éstas fueran voluntariosas o con fines amables. 
Hay que suponer, por tanto, en buena lógica, que la Comunidad Autónoma no puso demasiado interés en el control de la subvención para el Auditorio, y aceptó como buenos los pretextos administrativos que se iban sumando al expediente para cambiar la ubicación y el uso, sin advertir que el coste establecido era finalista y cerrado. Es legítimo sospechar que la influencia política de Sánchez, entonces ya destinado a ser futurible, pudo condicionar la cesión de ´facilidades´, de modo que tenemos dos opciones: una, la de complicidad; otra, la de ineptitud y desidia al permitir que una subvención tan elevada acabe siendo derrochada en las circunstancias que se conocen. 

Curiosamente, la Justicia no ha indagado demasiado en esa acera, pero es obvio que existen responsabilidades políticas. Y tocan al entonces presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, padrino político de Sánchez para su conversión en heredero, y al que fuera consejero de Cultura en esa fase, Pedro Alberto Cruz. Da la casualidad que quien por entonces estaba a cargo de la dirección regional de Cultura, un tal Lorca, ha sido ahora repescado, aunque se desconoce en consideración a qué clase de mérito, para volver a hacerse cargo de ese departamento. También Valcárcel es, tras la apertura para Sánchez del seguro camino hacia el banquillo, responsable político de la crisis consecuente para el PP, dado que impulsó al exalcalde de Puerto Lumbreras a la candidatura a la presidencia de la Comunidad a sabiendas de que llevaba la mochila del caso Auditorio
Hay algo más a este respecto. El juez instructor ha señalado a Sánchez como posible autor del delito de ´fraude de subvenciones´. ¿Y a quién defraudó, en tal caso, el acusado? Respuesta: a la Comunidad Autónoma. Pues bien, en buena lógica, tocaría a ésta, como institución, añadirse como denunciante contra Sánchez. Si los Servicios Jurídicos gozaran de la necesaria independencia es lo que les correspondería hacer. No cabe esperar que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en defensa de los intereses de la institución que preside y que presuntamente han sido defraudados, tomara la decisión de unirse a las acusaciones contra quien ha sido su mentor, pero técnicamente también es lo que correspondería. 

Y es que estamos asistiendo a una paradoja: son otros, los partidos de la oposición, quienes están defendiendo el interés general, ya se ve que con indudable éxito de sus argumentaciones en sede judicial, mientras que quienes han de custodiar el buen uso de los fondos públicos no sólo no indagan en su justificación, sino que aportan cada día su acto de fe en que no ha existido fraude alguno. Han llegado, además, a incurrir en la falacia de que no hay responsabilidad política si el dinero de la subvención no ha ido al bolsillo de quien la pidió, como si el mal empleo de la misma, descrito en la resolución judicial, fuera un eximente y hasta hubiera que agradecerlo. Todavía persisten en denominar ´posibles errores administrativos´ a lo que en traducción judicial se describe como delitos continuados.
Debiera ser, ya digo, la Comunidad Autónoma, que en su día hizo la vista gorda sin que esto haya tenido consecuencias judiciales para sus responsables de entonces, la que se personara ahora con más propiedad en la petición de responsabilidades. Pero esto, que es tan elemental, no lo verán nuestros ojos.


(*) Columnista


Bucle histórico / Alberto Aguirre de Cárcer *

El 10 de mayo de 1925, hace 92 años, la Diputación Provincial iba a celebrar una asamblea en la que estaba en juego la unidad de los municipios murcianos en favor de la construcción de dos pantanos, el de la Caridad (Taibilla) y el de la Fuensanta. Se trataba de un proyecto hidráulico diseñado para aprovechar las aguas del río Taibilla, que impulsaban los ayuntamientos de Murcia y Cartagena. 

Había importantes objetivos en liza: garantizar el abastecimiento a 500.000 personas de casi todas las poblaciones de la provincia, incluida la base y el puerto de Cartagena; evitar inundaciones graves como las de 1879 y «llevar a los campos yermos el líquido fertilizante e impulsor de la riqueza», como escribía ‘La Verdad’ ese día en su portada, en un artículo titulado ‘Unidad indispensable’. 

Además de proteger contras las avenidas, ambos embalses ayudarían a acabar con la insalubridad de las aguas, evitando 600 muertes y 6.000 enfermedades graves cada año solo en Cartagena, habitada entonces por 60.000 personas. La situación era igualmente penosa en Murcia, que carecía de canalizaciones para llevar el agua a las casas.

Pero también, los dos vasos proyectados en el afluente del Segura abrían la posibilidad de mantener 100.000 hectáreas de cultivos en la provincia, ya entonces sometida a un importante déficit hídrico, con periodos de prolongadas sequías. Sin embargo, según avanzaba el proyecto, se suscitaron varias controversias, aireadas en los periódicos de la época, sobre quiénes debían tener uso preferente para la agricultura de los caudales sobrantes y por el temor de algunos municipios a quedar preteridos en el reparto. Había dudas sobre qué derechos de uso tendrían los regantes tradicionales del Segura y sobre el precio de ese agua. La posición defendida por este diario era que, frente a las «divergencias y las parcialidades», importaba «sobremanera no comprometer el éxito de la empresa suscitando rivalidades». 

En definitiva, que era un tema vital para la provincia y por tanto resultaba indispensable la unidad para lograr un solo anhelo: que los pantanos fueran «construidos para salvar de la tormenta de la sequía a toda una región feraz». Dos años después, en plena dictadura de Primo de Rivera, se crea por decreto-ley la Mancomunidad de Canales del Taibilla y se revisa el proyecto de 1925. 

Pero cuando todo parecía marchar hacia adelante, resurgió una propuesta alternativa que había sido descartada (la toma de agua del río Mundo), lo que provocó confusión a los ayuntamientos y la pérdida de esa unidad, que no hizo sino acrecentarse en tiempos de la República. Tras múltiples vicisitudes, y pese al enfrentamiento por el agua sobrante entre los regantes tradicionales del Segura y los agricultores de Lorca, Totana y Alhama, cuando iban a arrancar las obras del pantano del Taibilla estalló la Guerra Civil. No fue hasta 1945 cuando el agua del Taibilla llegó a Cartagena.

Con el trasvase Tajo-Segura cerrado, la Región vuelve, una vez más, a estar inmersa en una comprometida situación que amenaza hoy a un sector que representa el 20% del PIB regional y el sustento de más de 100.000 personas. Con una grave sequía que afecta duramente a gran parte del país, y en un escenario de galopante calentamiento por el cambio climático, la ministra de Agricultura acaba de iniciar los primeros contactos para intentar, por fin, un Pacto Nacional del Agua que debería aportar soluciones estructurales a nuestro déficit hídrico. Y de cara a esas negociaciones políticas que tienen complejas aristas territoriales, los partidos de la Región han comenzado los contactos para alcanzar una posición común que defender en Madrid. 

Como expresamos hace 92 años en estas páginas, pensamos que la unidad es indispensable en un tema vital para la Región. La altura de miras que demostraron PP y PSOE, cuando el anteproyecto de estatuto manchego puso fecha de caducidad al Trasvase, puede y debe volver a reeditarse para alcanzar un acuerdo regional lo suficientemente sólido para que no acabe convertido en una débil baza negociadora en Madrid. 

Debe servir de lección lo ocurrido con los prometidos mecanismos de compensación previstos en el Memorándum que ahora se nos hurtan. Hoy solo es posible garantizar los recursos hídricos necesarios, presentes y a medio plazo, si se combinan los trasvases de otras cuencas, las desalinizadoras y las aguas subterráneas. 

Desde sus distintas y legítimas posiciones, los políticos de la Región deberían hacer un esfuerzo por aparcar prejuicios e intereses partidistas y enhebrar acuerdos que permitan el desarrollo sostenible de nuestro sector agroalimentario sin causar perjuicios medioambientales. Es en estos momentos difíciles cuando los políticos exhiben su auténtica talla. Aquí y ahora se juegan de nuevo el futuro de todos.



 (*) Periodista y director de La Verdad
 


La Región encabeza el abandono escolar temprano / Diego Fco. Fernández Pascual *

Un informe de la Federación de Enseñanza de CC OO (¿Por qué la población joven abandona los estudios?) presentado esta misma semana y basado en cifras oficiales del ministerio de Educación da cuenta de la evolución de la tasa de abandono escolar temprano en el conjunto del país y en cada una de las Comunidades autónomas durante el último cuarto de siglo.

El abandono escolar temprano recoge el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que abandonan los estudios sin un título post-obligatorio (bachillerato o FP).

El informe pone de manifiesto que se ha producido una significativa disminución (desde el 41% en 1992 hasta el 19% en 2016) que a pesar de todo no consigue alcanzar la tasa media de la UE a 28 que se sitúa (10,7%) en casi la mitad de la española. Los datos indican claramente la práctica imposibilidad de que el Estado pueda cumplir los objetivos de la estrategia Europea de Empleo 2020 (reducir el abandono temprano al 10%).

En este contexto las cifras de la Región de Murcia son especialmente negativas: si en 1992 la Región era la cuarta Comunidad con mayor tasa (46,1) en 2016 lidera este indicador negativo con un 26,4.

El estudio presentado por CC OO diferencia tres periodos en este último cuarto de siglo:
1992 a 2000, periodo de implantación de la LOGSE y de ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años, en el que la tasa disminuyó hasta el 29,5 debido al nuevo impulso dado a la FP por la LOGSE y a la construcción de los IES correspondientes que permitió la obtención de títulos postobligatorios por los jóvenes.

De 2000 a 2008, etapa con las competencias transferidas a todas las Comunidades autónomas en la que la tasa volvió a aumentar hasta el 31,9, hecho atribuible al freno de las políticas educativas anteriores y a un mercado de trabajo que absorbía cantidades de empleo juvenil no cualificado desincentivando la continuidad en las aulas.

De 2008 a 2016, años de la crisis y de incipiente salida de la misma y en los que la intemperie laboral ha retenido en las aulas (o ha devuelto a las mismas) a jóvenes sin alternativas en el mercado de trabajo y en los que la tasa ha descendido hasta los 19 puntos.

Esta evolución ha sido diferente en la Región de Murcia: en el año 2000, cuando por primera vez la tasa estatal bajó del 30%, Murcia repuntaba hasta el 40%; en 2008 se mantenía en esas mismas cifras (40,6) y era ya la segunda Comunidad con peor resultado superada sólo por Baleares; situación que mantiene en 2016 (a pesar de la reducción de 14 puntos) tras experimentar una quiebra en la tendencia descendente y situarse en el 24,6.

Estas altas tasas no pueden entenderse como fatales o inevitables, así lo demuestras Comunidades como Cantabria o País Vasco que se encuentran por debajo de la media de la UE (8,6 y 7,9 respectivamente) poniendo de manifiesto que es posible dentro del marco normativo estatal avanzar significativamente en la lucha contra esta lacra.

Parece claro que habría que hacer un esfuerzo por recuperar a ese sector juvenil (687.000 personas en el conjunto del país y casi 34.000 en la Región) la mitad del cual no posee el graduado en Secundaria. Y entre los cuales los hombres doblan el número de las mujeres. Al principio de la crisis dos de cada tres de estos jóvenes estaban trabajando, en la actualidad no llegan a la mitad y lo hacen en empleos precarios y de nula cualificación.

Para conseguir el éxito en este empeño es necesario iniciar la reversión de los recortes: desmasificar las aulas, aliviar la carga lectiva del profesorado y exonerarlo de tareas burocráticas inútiles, recuperar los recursos perdidos de atención a la diversidad (PTs, ALs y Educación Compensatoria) y potenciar las tareas y recursos para la orientación educativa y el trabajo socio-educativo.

Habría, además, que apostar decididamente por mejorar y aumentar la oferta de Formación Profesional que debería estar presente en todos los IES y rentabilizar las instalaciones y equipamientos ya existentes para aumentar las ofertas vespertinas y nocturnas de estas enseñanzas.

También deben reforzarse las enseñanzas de segunda oportunidad (Centros de Adultos) para alcanzar la titulación obligatoria o acceder a la postobligatoria aumentando los grupos dedicados a preparar las correspondientes pruebas de acceso; así como incrementar el número de Bachilleratos nocturnos.

Hay que apostar por las medidas de apoyo y refuerzo a la diversidad de intereses educativos del alumnado a fin de reducir el porcentaje de jóvenes en situación de abandono sin Graduado en Secundaria.

Finalmente, se debe fortalecer el reconocimiento de la formación específica en la contratación laboral, incentivando esta modalidad en los planes de empleo juvenil.

Es decir, todo lo que no hace nuestra Administración regional volcada en estas fechas en asestar un nuevo golpe a la Educación de Adultos y en transferir dinero público a la concertación de centros privados de élite.

El camino equivocado.


(*) Profesor de FP y de Enseñanza Secundaria. Sindicalista


http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/07/09/murcia-tope/843872.html

Puigdemont y los huevos de Fray Ruperto / Pedro J. Ramírez *

Puesto que durante este centenario de todo lo que protagonizó, nadie habla ni escribe en Barcelona sobre Cambó -ni siquiera en La Vanguardia, el periódico otrora editado a su imagen y semejanza-, seguiré haciéndolo yo.

Nos habíamos quedado hace unas semanas en los sucesos de junio de 1917, cuando los oficiales de las guarniciones de Barcelona doblegaron al Gobierno constitucional, imponiéndole la puesta en libertad de los líderes de las Juntas de Defensa, encarcelados por desobediencia en el castillo de Montjuich. Y como al perro flaco todo son pulgas, el gabinete presidido por el conservador Eduardo Dato -tan similar a Rajoy en tantas cosas- tuvo enseguida que hacer frente al desafío de la convocatoria de la llamada Asamblea de Parlamentarios, con la que la Lliga, a la vez que respondía al cierre de las Cortes, pretendía promover elecciones constituyentes.

Tras recibir en Sitges las bendiciones de un Prat de la Riba con medio cuerpo ya en el sepulcro, Francesc Cambó lideraba la convocatoria, dirigida a todos los diputados y senadores, y encuadrada bajo el ambicioso proyecto de la "Catalunya lliure dins l'Espanya gran". Se trataba de algo mucho menos ilegal que el referéndum del 1 de octubre, pues no pretendía tener efecto vinculante alguno. Sin embargo, Alfonso XIII se tomó la iniciativa como una usurpación de sus prerrogativas y, espoleado por los partidos del turno dinástico, trató de impedir que culminara en una reunión formal.

Para ello recurrió, según las más puras reglas del borboneo, a un capellán castrense que a su vez contactó con el coronel Benito Márquez, cabeza visible del movimiento juntero en Barcelona. El carismático oficial mantenía por entonces una relación epistolar de cortejo mutuo con "en Francisquet", que es como llamaba a Cambó.

El líder de la Lliga, católico practicante donde los hubiera, fue citado "a primeros de julio" de hace cien años en el convento de Pompeya, recién construido en la conjunción entre el Paseo de Gracia y la Diagonal. Allí le esperaba Márquez, junto a un “misterioso padre Ruperto" que, según el militar, hacía las veces de anfitrión, hablaba por teléfono con Madrid y terminó convirtiéndose en el componedor del entuerto.

No era otro que el capuchino Ramón Badia i Mullet, más conocido por su nombre eclesial de Rupert María de Manresa, fundador del convento, animador de una gran obra social para socorrer a los pobres y mediador habitual entre la alta burguesía catalana y la divina providencia. Hombre tan culto como atrevido, su carácter quedó definido en un pareado de Josep María de Sagarra: “No hi ha al món un tal encert/ com els ous de Fra Rupert”. En castellano la rima funciona igual que en catalán: “No hay en el mundo mayor acierto/ que los huevos de Fray Ruperto”.

Las posiciones parecían irreconciliables. El coronel Márquez pidió, en nombre de "un inquilino de la Plaza de Oriente", la desconvocatoria de la Asamblea de Parlamentarios, prevista para el 19 de ese mismo mes de julio, y Cambó respondió que eso era imposible puesto que las invitaciones ya habían sido cursadas a todos los partidos españoles y estaba en juego su "crédito político". Fue entonces cuando "el cerebro del padre Ruperto" propuso un guión "aceptable para todos". Ahora veremos cómo se materializó, pero detengámonos antes en la síntesis de su filosofía, tal y como la compendió Márquez en un hoy apolillado libro de recuerdos:

"¡Oh, maravilloso padre Ruperto! En pocas horas elabora el modo de que los parlamentarios se reúnan y no se reúnan; de que la corrupción dicte sus disposiciones y de que no las dicte; de que acuerden lo que tengan por conveniente y no acuerden nada; de que le digan al Rey la necesidad de una reforma de la Constitución y de que no se lo digan; de que sepa España entera que los poderes actuantes están encanallados y de que no lo sepa; de que España está gobernada por los peores y de que no lo está; y, en fin, de que se intenta renovar todo lo podrido y de que no se intenta". Más rajoyesco imposible.

Los días que precedieron a la convocatoria fueron "febriles", según Cambó. "Todo el mundo quería y esperaba que pasara algo", escribe en sus Memorias. La propia mañana del 19, la sensación de inminente acontecimiento quedó reforzada por el despliegue policial que, por orden del gobernador Leopoldo Matos, impedía el acceso al Ayuntamiento, sede prevista de la Asamblea. La mayoría de los comercios cerraron en solidaridad con la convocatoria.

Según el plan convenido, a medida que diputados y senadores se acercaban a la plaza de Sant Jaume eran agrupados en taxis y enviados hacia el restaurante del Parque de la Ciudadela. Allí se había hecho una discreta reserva para una boda de un centenar de personas. Los camareros no salían de su asombro al descubrir que los "novios" eran Cambó y su correligionario lligaire Raimon d'Abadal, y que entre los convidados destacaban rostros tan conocidos de la vida española como Lerroux, Melquiades Álvarez o el Abuelo Pablo Iglesias.

Tras un almuerzo de fraternidad, la Asamblea quedó formalmente constituida en un palacete cercano, bajo la presidencia de Abadal. Había 68 parlamentarios en representación del catalanismo, el centro reformista, los liberales, los radicales, la izquierda y hasta el carlismo. El gran ausente fue Maura, que impuso a sus diputados el boicot a lo que bautizó despectivamente como "parlamento Codorniú".

Enseguida se tomaron las resoluciones clave "para emprender juntos una obra de engrandecimiento común". Hacían referencia a la autonomía municipal, el Ejército o el desarrollo económico, pero la principal de todas reclamaba "la indispensable convocatoria de nuevas Cortes en funciones de constituyentes... por un Gobierno que encarne la voluntad soberana del país".

Apenas quedó esto así fijado cuando, como si se tratara de una escena de las películas de los incompetentes Keystone Cops, tan en boga en ese año, la Policía rodeó el recinto. Tras enviar primero a un inspector y luego a un oficial para que requirieran en vano a los reunidos su dispersión, el propio gobernador Matos entró, sombrero en mano, en el salón. Allí mantuvo un versallesco diálogo con Abadal que, a modo de rigodón convenido, venía a constatar la naturaleza del encuentro y la contumacia de los presentes. Era como si el juramento del Jeu de Paume hubiera sido prestado ante un edecán de Luis XVI.

Cubierto ese trámite, Matos pronunció las palabras de rigor: "Quedan ustedes detenidos". Pero la "detención" se limitó a la simbólica imposición de la mano del gobernador sobre algunos hombros, quedando todos inmediatamente en libertad a la salida.

Matos apuntaba maneras: fue varias veces ministro hasta su asesinato al comienzo de la guerra civil. Mientras el gobernador telegrafiaba a Madrid que había "impedido" la celebración de la Asamblea, los asistentes eran aclamados en las Ramblas. "Foren especialment ovacionats els diputats castellans", recuerda un jovencísimo Josep Plá.

Apoyado en una férrea censura de la prensa, el Gobierno "hizo creer que creía -son palabras de Unamuno- que no se celebró la Asamblea de Barcelona". Cambó celebró lo ocurrido como un gran éxito político: "Si el Gobierno hubiera permitido la celebración... se habría producido una inmensa decepción. Toda la fuerza de la Asamblea radicó en su clandestinidad".

¿Alguien duda de que este empate político, este "todos satisfechos" de Fray Ruperto, fue lo que Rajoy ideó en comandita con Artur Mas para la consulta del 9 de noviembre de 2014 y lo que le gustaría ver repetido, primero mediante la "operación diálogo" de Soraya, ahora con el "esperar al momento oportuno" de la maquinaria jurídica, con el referéndum de Puigdemont?

Fiel a su naturaleza estaférmica, Rajoy aspira a poder decir que no haciendo nada es como también se consigue que nunca pase nada. Por mucho que Mas se saltara el guión para sacar un poco más de pecho de lo acordado, y a cambio le haya caído una inhabilitacioncita de la señorita Pepys , así es como básicamente ha pasado a la historia el 9-N.

No hace falta recurrir al Diccionario Secreto para darse cuenta del carácter polisémico de las referencias a "los huevos" de un determinado personaje. De hecho, Cela se burló de sí mismo mejor que nadie cuando dijo que, gracias a la nueva acepción de la RAE, "los españoles iban al fin a enterarse de que las gallinas ponen huevos, testículos y cojones". En el caso que nos ocupa, es obvio que cuando alguien menciona "los huevos de Mariano" no se refiere a su arrojo -como Sagarra al de Fray Ruperto- sino a su cachaza. Por eso abundan las invocaciones paradójicas a "los huevazos de Mariano" o más directamente al "huevón de Mariano". Y es que en efecto, manda huevos, que -como bien subrayaba ayer Margarita Robles en El Español- a la ebullición de Cataluña se responda sólo con la inacción.

El problema no es que Puigdemont no sea Cambó, sino que su enanismo político es tal que ni siquiera le llega a la suela del zapato a un Artur Mas situado ya muchos peldaños por debajo de Pujol. Tras pasar varios días a finales del mes pasado en Barcelona, la principal conclusión que saqué es que todos, tirios y troyanos, creen que Puigdemont está dispuesto a inmolarse en una especie de españolísimo "o llevarás luto por mí". Y el mensaje implícito en la destitución del conseller Baiget es que no permitirá a ninguno de los de su cuadrilla eludir el destino de los seguidores del reverendo Jones.

Veremos cuántos desertan a medida que se acerque la hora de la verdad y cuál es el margen de maniobra que, desde un punto de vista logístico, le queda a este aspirante al martirio independentista, en un Estado de Derecho en el que al sedicioso ni se le fusila ni -de momento- se le encarcela. Pero no cabe duda de que si se empeña en abalanzarse contra el orden constitucional con el cinturón explosivo del referéndum anticolonialista y la independencia unilateral bien ceñido, hasta el nuevo Fray Ruperto se verá obligado a sacar alguna de las pistolas jurídicas que le otorga la legalidad y abatirle fulminantemente, para que su cadáver político sirva de ejemplo y escarmiento... hasta la próxima.

Tanto si se desencadena el drama, como si deriva otra vez, in extremis, en la farsa de una nuevas elecciones "determinantes del futuro de Cataluña", es evidente que el nacionalismo está abocado a un nuevo Campo de los Mirlos. La pregunta es qué pasará después de su enésima derrota.

En mi opinión, se darán las condiciones óptimas para afrontar la reforma constitucional de corte federalista que propone Sánchez, siempre que implique un fortalecimiento institucional como el incluido en el dictamen que el Consejo de Estado hizo para Zapatero. De hecho, convendría adelantarse a los acontecimientos y sería bueno que Rivera e Iglesias propiciaran la creación en el Congreso de la comisión de estudios impulsada por el PSOE, antes de que llegue el 1 de octubre.

Dejaremos para otro día el relato de lo que consiguió Cambó tras aquella Asamblea de Parlamentarios, que a la vez se celebró y no se celebró el 19 de julio de 1917. Permítanme entre tanto, ya que parece que a nadie le pasa hoy en Barcelona, sentir nostalgia desde Madrid por ese catalanismo político que tuvo su continuidad en el último Tarradellas y el primer Pujol, o en los Pallach, Trías Fargas o Roca Junyent, y cuyo objetivo expuso Cambó a Prat de la Riba, con tanto candor como convicción, en aquel último encuentro de Sitges: 

 "Espanyolitzar el nostre moviment, lligant-lo a una empresa general espanyola que nosaltres iniciaríem i dirigiríem; fer-nos l'element essencial del nou règim que s'instaurés al país si nosaltres aconseguíssim destruir el sistema caduc de dos partits sense força en l'opinió"

Esa es la oportunidad ahora perdida. ¿Verdad que se entiende todo?




(*) Periodista y editor de El Español




La seguridad funcional / Ramón Cotarelo *

Por fin aparece la bicha. Nadie quería nombrarla pero, al negar el PSOE la vía del 155, la norma siguiente, que aguardaba su turno agazapada, es la Ley de Seguridad Nacional del 28 de septiembre de 2015 (LSN). Durante la Xª Legislatura de mayoría absoluta del PP, el PSOE, bajo dirección de Rubalcaba, desapareció como oposición (cuando más falta hacía) y solo se materializó para acordar con el gobierno los pomposamente llamados "asuntos de Estado", el más típico de estos, la seguridad nacional. La norma se aprobó finalmente siendo ya SG Sánchez, en su primera vida. Eran otros tiempos que quizá no estuvieran para cuestionar herencias envenenadas. Pero ahora lo están. 

No es cosa de analizar la dicha ley. Palinuro le dedicó un par de entradas: El movimiento nacional (16 de enero de 2015) y Cuidadito con moverse (17 de julio de 2015), porque la norma se las trae. Basta con concluir que es una especie de ilusión de retorno instantáneo a una concepción jacobina, centralista de la política nacional siempre que se invoque su imprecisa seguridad.

Ya en la tramitación parlamentaria, Tardà pidió incluir una disposición que salvaguardara los parlamentos autonómicos de las provisiones de la ley. No se aceptó. Se aseguró, sin embargo, que la LSN se concebía, a imagen y copia de la de los EEUU, en referencia a peligros y amenazas procedentes del exterior. La propia LSN determina que sus objetos (entre otros) serán "la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente." Aparentemente muy concreto pero, en el fondo, muy impreciso. Por eso se insistió en que en ningún caso estaba pensada en contra de las CCAA y mucho menos de Cataluña; por favor.


Ahora en serio. Esa ley es un puro disparate. Quiere situarse entre el art. 155 y la legislación de excepción, a modo de cortafuego y lo único que hace es fundirlas en una sola. Respecto al art. 155 precisa la forma y alcance de las órdenes del gobierno central a la CA díscola. Y lo hace de modo que mete miedo: en caso de lo que la LSN llama "gestión de crisis", los competentes en materia de seguridad nacional son todos los órganos del Estado central (incluidos los delegados del gobierno) pero no las CCAA. Se deposita toda la autoridad en el presidente del gobierno, que preside el Consejo de Seguridad Nacional. El presidente puede nombrar una autoridad funcional en una CA, por ejemplo, que sustituirá a cualesquiera otras. Estaremos de acuerdo en que "autoridad funcional" es un término menos rudo que "virrey", "comendador", "preboste", "procónsul" o "prefecto".

Respecto a la legislación de excepción, la propia LSN reconoce que los trabajos de su órgano especial, el Consejo de Seguridad Nacional, servirán de fundamento para la aplicación de la legislación de excepción. Es decir, la LSN es un estadio anterior a alguno de los estados de alarma, excepción y sitio. ¿Es o no un disparate?

Sin duda, el recurso a esa LSN que jamás se emplearía contra Cataluña pretende conseguir la eficacia represiva de la legislación de excepción, pero de tapadillo, de civil, por así decirlo. Sobre todo a los efectos de no dar pretexto a los simpatizantes extranjeros con el independentismo catalán para hacer una campaña de las que Franco llamaba "antiespañolas". Pero eso es harto improbable. La LSN mueve demasiada artillería, va a hacer más destrozo del previsto y provocar una intensificación de la reacción nacionalista, no solo de los indepes.

Y es que a ver cómo se explica a la comunidad internacional que, mientras se decide si se inhabilita o encarcela o destierra al gobierno de la Generalitat, su poderes serán ejercidos por una autoridad funcional.

Y, sobre todo, cómo se explica a la dicha comunidad que el intento de que los catalanes ejerzan el derecho del voto (como reclama un 75% de ellos), atenta contra "los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, (o) el suministro de los servicios y recursos esenciales" que la ley dice proteger.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED