jueves, 25 de mayo de 2017

La Asamblea Regional reclama medidas para proteger a los ciclistas


CARTAGENA.- La Asamblea Regional aprobó por unanimidad este jueves una moción del PP para pedir un impulso de la educación vial y la puesta en marcha de medidas que vayan encaminadas al respeto de los conductores a los ciclistas.

El diputado del PP, Javier Iniesta, recordó que en los últimos 10 días se han producido 15 atropellos de ciclistas, en los cuales 3 de ellos murieron y dos salieron en estado grave. De los conductores implicados en el accidente, 3 de ellos estaban en estado ebrio o drogados.
"Basta ya de muertes de ciclistas", dijo el 'popular', que considera que se debe promover el respeto a la cultura del deporte al ciclista. "Se sigue viendo como algo molesto en la carretera", indicó.
Durante la exposición de motivos de la moción, el parlamentario manifestó que existen ciertos desconocimientos en educación vial tales como que un coche sí puede pisar la línea continua cuando adelanta a un ciclista porque prima la distancia de seguridad que debe mantener el vehículo con respecto al ciclista; o que en las rotondas cuando hay más de 6 ciclistas, se les debe considerar como si se tratara de un vehículo, con lo que hay que esperar a que salgan de la rotonda e incluso se puede llegar a parar el coche.
Se ha pedido también al Gobierno nacional que revise el Código Penal en lo referente a los delitos de homicidio imprudente, lesiones por imprudencia grave, omisión del deber de socorro y contra la seguridad vial cuando se haya probado la ingesta de alcohol o drogas del causante del accidente.
"No es de recibo que una persona que ha atropellado a un ciclista tenga solo una pena de 4 años de cárcel. Queremos conciencia social y mayor educación vial para que no haya tanta muerte innecesaria en las carreteras", puntualizó.
Desde Ciudadanos, Miguel Sánchez considera necesarias las campañas de concienciación en el ámbito educativo, así como el endurecimiento de las sanciones, "tiene que haber medidas más efectivas para evitar tantos atropellos".
El diputado de Podemos, Antonio Urbina, aportó también otro tipo de cifras tales como que en 2008 se produjeron 2.694 accidentes de tráfico y en 2015, se llegó a unos 5.800 accidentes, en muchos casos había ciclistas implicados en ellos.
"La afición a este deporte es cada vez mayor y aunque cada vez es más seguro salir a la carretera en bicicleta, tenemos una de las cifras más altas de accidentes de Europa", señaló.
Finalmente, el PSOE añadió que ellos seguirán trabajando para que la seguridad vial mejore. "Tienen que disminuir los accidentes de tráfico con ciclistas implicados", conclyó.

El AVE sigue engullendo millones de euros para llegar a Murcia y Almería en 2021


MADRID.- La Comisión de Presupuestos aprobó este jueves destinar otros 11 millones de euros para la alta velocidad ferroviaria en España, lo que permitirá fechar a 2021 la finalización del AVE a Levante y a 2024 el tramo Murcia-Almería.

La Comisión de Presupuestos del Congreso debatió este jueves en su última sesión las enmiendas parciales referidas a las secciones de Sanidad, Economía, Organismos autónomos y Entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional, entre otras.
La mayoría de los grupos parlamentarios apoyó una enmienda transaccional de Foro Asturias para avanzar en el proyecto y ejecución de la Alta Velocidad en la variante de Pajares (Asturias), aunque el PP incorporó también cambios en la finalización de las obras de varias líneas ferroviarias.
En total se destinará a Adif más de 11 millones de euros adicionales en 2017 para la Alta Velocidad, de los que 500.000 euros son para la línea Venta de Baños-Palencia-León y Asturias.
Se propone adelantar las fechas de finalización de Bobadilla-Granada (2019), Madrid-Extremadura (2020), Galicia (2020) y la línea férrea Orense-Vigo (2025).
Por otra parte, la comisión también aprobó las inversiones ferroviarias pactadas con el PNV para la construcción de la "Y vasca".
En este sentido, la mayoría de la comisión apoyó todas las enmiendas del grupo parlamentario vasco relativas a la construcción de apeaderos, de plataformas multimodales y supresión de pasos a nivel para la construcción de la red ferroviaria "Y vasca", lo que suma este año un importe de 1,3 millones de euros, y distribuye el resto de partidas para el que viene y 2019.

Propuesta de C's en el Pleno del Ayto. de Murcia para fiscalizar las obras del AVE

MURCIA.- La posibilidad de modificar mociones y añadir enmiendas durante el propio debate en el Pleno municipal de Murcia generó este jueves momentos de desconcierto y tensión antes de la votación de una moción relacionada con la fiscalización de las obras del tren de alta velocidad (AVE).

La moción original, defendida por el portavoz de Ciudadanos (C's), Mario Gómez, estaba orientada a pedir la creación de una "comisión de control y seguimiento" sobre las obras para la llegada del AVE. Sin embargo, tras escuchar las intervenciones de los representantes de los demás grupos y para conseguir su apoyo, decidió modificar la original con las aportaciones de Cambiemos.
El concejal de ese partido, Sergio Ramos, puntualizó, como también hizo el socialista Enrique Ayuso, que ya existe una "mesa de información y seguimiento" sobre esas obras y propuso que en lugar de crear una nueva comisión, se aprobara el compromiso de reunir a esa mesa con una periodicidad puntual.
El concejal de Fomento, Roque Ortiz, que mostró antes su postura en contra de crear nuevas comisiones, puesto que en su opinión los grupos ya reciben información detallada sobre estas obras en diferentes foros, echó en cara los cambios de postura de C's y recordó que uno de sus ediles, Javier Trigueros, abandonó ese grupo para continuar como no adscrito.
Ortiz hizo alusión a que el propio Trigueros podría presidir esa comisión o mesa informativa y en el último turno de palabra, en el que Gómez debió de especificar la propuesta que se votaría, señaló que se insta a reunir a la mesa sobre el AVE una vez al mes y apuntó que si el resto de grupos no tenían inconveniente, podría efectivamente presidirla Trigueros.
La modificación de los acuerdos de las mociones durante el transcurso del debate es una práctica muy habitual en el Pleno, pero en esta ocasión se generó la polémica porque los concejales socialistas se mostraron contrarios a apoyar la propuesta concreta para la presidencia, y Gómez insistió en que esta no quedaba dentro de la moción que debía aprobarse.

El imaginero Francisco Salzillo será Hijo Predilecto de Murcia

MURCIA.- Un murciano universal, el imaginero Francisco Salzillo y Alcaraz, será Hijo Predilecto de Murcia, de quien recientemente se han cumplido 310 años de su nacimiento.

Así lo aprobó este jueves por unanimidad el Pleno del Ayuntamiento, que ha adoptado el acuerdo de iniciar el expediente según establece el reglamento de Honores y Distinciones.
De esta forma, la ciudad rendirá homenaje y efectuará un reconocimiento público del insigne imaginero español, cuyo nombre está profundamente vinculado con la Semana Santa murciana y, de forma particular, con la procesión del Viernes Santo, pendiente de su reconocimiento por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Salzillo es, además, una figura singular de la propia cultura de la Región de Murcia, puesto que el museo dedicado a su obra es uno de los que más visitas recibe de los turistas, debido en gran medida a que su contenido supone un referente internacional en la imaginería barroca y en el arte sacro de Europa.

La Junta de Andalucía recurrirá al Supremo la condena a indemnizar al promotor cartagenero Tomás Olivo con 165 millones

GRANADA.- La Junta de Andalucía recurrirá al Tribunal Supremo (TS) la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la condena a indemnizar con 165,64 millones al empresario cartagenero Tomás Olivo, promotor del centro comercial Nevada, de Armilla (Granada).

La Junta ha anunciado en un comunicado que respeta ese pronunciamiento pero está en "total desacuerdo" con él, por lo que interpondrá un recurso de casación ante el TS tras conocer la sentencia del TSJA, que trascendió este miércoles, y que condena al Gobierno andaluz a indemnizar con 165,64 millones a Olivo por las pérdidas económicas que le ocasionó la paralización de las obras durante años.
El Gobierno andaluz mostró su "respeto" a las decisiones judiciales pero manifestó su "total desacuerdo con la sentencia", que a su juicio no tiene en cuenta la incidencia que tuvo el procedimiento por vía penal, del que no formaba parte, y que supuso la paralización de las obras, la demolición parcial de lo construido y una condena penal al promotor.
En el mismo comunicado, mantiene que las sentencias del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia Provincial "no son ajenas a la paralización de las obras", sino que, por el contrario, hicieron imposible la apertura del centro comercial.
La Junta considera también que el lucro cesante sigue sin estar suficientemente acreditado y no está conforme con el incremento que contiene la sentencia, ya que la indemnización que fijó el Juzgado de lo Contencioso nº1 de Granada en julio del año pasado era de 157,41 millones en concepto de daño emergente y lucro cesante.
"La Junta ha actuado siempre en el ejercicio de sus competencias y en defensa de la legalidad, avalada por informes técnicos y jurídicos, como lo demuestran otras sentencias anteriores", concluye el comunicado.
La sentencia del TSJA que recurrirá la Junta ha apuntado que la legislación permitía al Gobierno andaluz solicitar "en cualquier momento" la finalización de la medida cautelar por la que se pararon las obras, revocación que no podían pedir ni la promotora ni el tribunal.
"Ante la duración del procedimiento y las consecuencias que podía llevar aparejadas una suspensión como la que nos ocupa, era la demandada la única que se hallaba en situación de poner fin a la medida cautelar, por lo que debemos concluir que es la única responsable", recoge la sentencia del TSJA.
El pronunciamiento del alto tribunal señala además que sólo ha podido valorar el dictamen pericial aportado por la promotora porque no admitió el del Gobierno andaluz por no comparecer en la vista y recalca que no se practicaron otras pruebas por causas "solo imputables" a la Junta, que no pidió en segunda instancia añadir otras pruebas.

El Pleno del Ayto.de Murcia aprueba por unanimidad la creación de un Consejo Asesor de Patrimonio

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia contará con un Consejo Asesor Municipal de Patrimonio, tras la aprobación por unanimidad de una moción presentada en el Pleno municipal celebrado esta mañana.

Su objetivo será dispensar de un trato específico al casco antiguo y atender al resto de bienes culturales del término municipal plagado como edificios, construcciones o restos arqueológicos catalogados.
En este Consejo, técnicos, asociaciones, cronistas o expertos elaborarán de la forma más participativa y fundamentada posible aquellas actuaciones que tengan que ver con el patrimonio cultural del municipio, mediante una lectura experta tanto del PECHA como del PGOU.
Los integrantes del consejo serán elegidos por consenso entre expertos en diferentes materias como arqueología, arquitectura o restauración, contando además con representación de los cronistas oficiales de la ciudad, técnicos municipales y representantes de asociaciones.

El concejal Fernando Miñana opta a la secretaría general de Podemos en la Región de Murcia

MURCIA.-El concejal de Cambiemos Molina y teniente de alcalde en este municipio, Fernando Miñana, ha anunciado este jueves su candidatura a la secretaría general de Podemos en la Región de Murcia, que se votará del 13 al 19 de junio y cuyos resultados se conocerán el 21, cuando concluya la segunda Asamblea Ciudadana. 

Miñana ha señalado que ha dado este paso tras la asamblea celebrada ayer en la sede regional de la formación morada, a la que acudieron 90 militantes y que pretende "revivir" los círculos y coordinar a los concejales de los municipios de la región.
El concejal ha asegurado que negociará con las demás corrientes alcanzar un acuerdo que conlleve una lista única al Consejo Ciudadano Autonómico y un candidato para la secretaría general, si bien ha descartado que el actual líder, Óscar Urralburu, pueda ser esa "figura de consenso".
"Urralburu no concita el apoyo unánime de las bases", ha afirmado Miñana, quien ha apelado a todas las partes a "ceder" para alcanzar un acuerdo.
Encabeza una lista en la que hay integrantes de distintas candidaturas de unidad popular de la región, consejeras ciudadanas autonómicas, como María Marín, y una amplia representación de círculos de la comunidad murciana.
El concejal ha destacado que en la asamblea celebrada ayer intercambiaron documentos con representantes de las candidaturas de Anticapitalistas (Podemos en Movimiento) y de Con la Gente Podemos, con los que "existen voluntades reales" para llegar a una "unidad real" que refuerce a la formación morada para las elecciones locales y autonómicas de 2019.
Ha remarcado que el trabajo institucional desarrollado por la dirección encabezada por Urralburu e integrada en el errejonismo ha estado "bien", pero ha apostado por dar un "giro de 180 grados" en la organización territorial, para lo cual ha pedido "apoyar más" a los círculos y a las candidaturas municipalistas en toda la región.
Además de Marín y Miñana, en la lista están la concejal de Águilas Elia Olgoso, el edil en Murcia Luis Bermejo, que ha pasado a ser concejal no adscrito tras las discrepancias con el grupo Ahora Murcia, el activista José Coy y el secretario general de Podemos en Alcantarilla, Arcadio Martínez.
Hasta el momento, solo Urralburu había manifestado su intención de optar a continuar en la secretaría general, que, en el caso de no llegar a un acuerdo de lista de consenso, tendrá que disputarse en primarias con Miñana.
La lista encabezada por el concejal de Molina es la cuarta que se va a presentar al Consejo Ciudadano Autonómico, tras la liderada por Urralburu, la de Anticapitalistas, a la que ayer se sumó la eurodiputada Lola Sánchez, y la de Con la Gente Podemos.
El 21 de junio, tras un periodo de votación que abarcará desde el 13 al 19 de ese mes, se darán a conocer los resultados de la segunda Asamblea Ciudadana Autonómica, de la que saldrá un nuevo secretario general, los documentos político, organizativo de igualdad y ético ganadores, así como las personas que compondrán el Consejo Ciudadano Autonómico y la Comisión de Garantías.


Pablo Olmos será otro candidato

"Profundización Democrática", tras la victoria de su candidato Antonio Estañ en el proceso autonómico valenciano, presenta sus documentos Político y Organizativo para Podemos Pablo Olmos como candidato a la Secretaría General con el objetivo de refundar Podemos "plaza a plaza".
Región de Murcia, y a
"Profundización Democrática" es el equipo que logró ser la opción mejor valorada en Plaza Podemos en ocasión de Vistalegre 1 tras un proceso donde integraron multitud de aportaciones online, y que finalmente confluyeron en "Sumando Podemos" que fue apadrinada por Echenique y Teresa Rodriguez. En Vistalegre 2 se llegó a un acuerdo en el que el equipo de Íñigo Errejón asumía el modelo organizativo de "Profundización Democrática".
Pablo Olmos, 36 años, estudió Ciencias Políticas y ha trabajado muchos años en proyectos de Cooperación al Desarrollo en Panamá, India y Colombia. Olmos fue el candidato número 5 en la circunscripción de Murcia en las pasadas elecciones autonómicas, y actualmente es el responsable de Participación del Consejo Ciudadano Autonómico.
El lunes "Profundización Democrática" presentará en rueda de prensa su lista al Consejo Ciudadano Autonómico, que contará con miembros de actual Consejo, de órganos municipales y portavoces de distintos círculos regionales.
Además de su presencia en los procesos valenciano y murciano, "Profundización Democrática" apoya la propuesta de "Podemos desde Abajo" en la comunidad canaria.
Los documentos organizativo y político se caracterizan por retorno al espíritu del 15M y de profundización democrática dentro de Podemos. Se pueden leer desde el siguiente enlace: http://profundizaciondemocratica.org/Borradores-Politico-Organizativo-ProfuRM

El profesor Enrique Quiñonero será el instructor local del 'caso Púnica'

MURCIA.-El magistrado Enrique Quiñonero será el instructor de la parte murciana del caso Púnica, que afecta, entre otros, al expresidente regional Pedro Antonio Sánchez, a quien el juez Eloy Velasco, que inició la causa en la Audiencia Nacional, acusa de cohecho, fraude a la Administración y revelación de información reservada.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ, que instruirá las diligencias por la condición de aforado de Pedro Antonio Sánchez (sigue en la Asamblea como diputado), tomó esta mañana esta decisión, así como la de nombrar ponente a Miguel Pasqual del Riquelme, presidente del TSJ.
Asimismo, al haberse abstenido el magistrado Julián Pérez Templado de este caso por su relación con el exconsejero Juan Carlos Ruiz (uno de los investigados en la Audiencia Nacional), la Sala para el conocimiento de las actuaciones queda constituida por el presidente, Miguel Pasqual del Riquelme Herrero, y los magistrados Álvaro Castaño Penalva y Concepción Roig Angosto.
Enrique Quiñonero, catedrático en Derecho Civil, fue designado para cubrir plaza de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia por la Asamblea Regional el 22 de octubre de 1998.
Según consta en el Diario de Sesiones del Pleno de la Asamblea Regional, en octubre de 1998 fue propuesta una terna de juristas al pleno por los portavoces de los tres grupos parlamentarios (Popular, Socialista e Izquierda Unida). El nombramiento de Quiñonero fue aprobado por asentimiento.
Quiñonero ya se ocupó del caso Limusa, por corrupción en la empresa municipal de basuras de Lorca, y del caso Guardería, en el que archivó las acusaciones que pesaban contra la consejera Adela Martínez-Cachá y el exalcalde Miguel Ángel Cámara, entre otros.

Desestiman los recursos de tres 
imputados en el 'caso Auditorio'
Por otra parte, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por tres de los investigados contra los autos del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca de 21 de diciembre de 2016, que denegaban el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones, en el 'caso Auditorio'.
En dicho auto, notificado este jueves y del que son ponentes Miguel Pasqual del Riquelme (presidente) y los magistrados Enrique Quiñonero y Concepción Roig, se fundamentan las razones por la que no admiten las apelaciones realizadas por los letrados de estas tres personas.
El caso 'Auditorio', en el que se encuentra investigado el expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, tiene abiertas las diligencias por el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras de esta infraestructuras de Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde de dicha localidad.
Hay que recordar que los recurrentes alegaron la ausencia de indicios delictivos, así como la atipicidad penal de sus respectivas actuaciones como secretarios del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras dos de ellos e interventora del mismo organismo en el tercer caso.
Igualmente, alegaron "limitada" a sus respectivas funciones de fe pública, asesoramiento jurídico e intervención contable, "en todo caso ajenas a los delitos que se investigan" en este procedimiento.
En sus fundamentos jurídicos, entiende la Sala que el auto recurrido "cumple sobradamente los cánones de fundamentación anejos al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, en la medida en que explicita los fundamentos fácticos y jurídicos en que la instructora sustenta su decisión".
Además de que advierte que en el momento procesal en el que se encuentra la causa no corresponde a la Sala "adelantar un pronunciamiento de fondo sobre la realidad de los hechos investigados, su calificación jurídica o el todavía eventual-grado de intervención de los recurrentes".
"Solo cuando los hechos investigados vayan siendo esclarecidos en el curso de la instrucción judicial, será posible y exigible que la imputación quede claramente perfilada, tanto fáctica como jurídicamente", advierten los tres magistrados.
Defienden que la función de esta Sala "se reduce, por tanto, a contrastar la razonabilidad y suficiencia argumental intrínsecas de la resolución judicial que deniega el sobreseimiento libre y archivo interesado por los recurrentes".
Además, hay que tener en cuenta, según recuerda la Sala, que ésta no tiene contacto directo con la totalidad de la instrucción, sino tan solo con los testimonios y particulares respectivamente remitidos por la instructora y solicitados por las partes.
Sobre la secretario del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, la Sala concluye en la necesidad que existía de agotar la investigación dirigida a determinar -si es que existió- "el grado de conocimiento, concertación y/o intervención (por acción u omisión)" de ella en su condición de secretaria accidental del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y, por tanto, "en el desempeño de sus funciones de fe pública y asesoramiento en las concretas actuaciones que todavía estaban, siendo objeto de investigación judicial para determinar sus circunstancias".
En relación a la desestimación del recurso formulado por ésta explica que la pretensión de dictado de un auto de sobreseimiento libre y archivo definitivo "resulta precipitada por ser necesario, en aquel momento procesal, continuar la investigación para aclarar y depurar la naturaleza de los hechos investigados y su alcance penal, así como las eventuales responsabilidades de aquélla y de los demás investigados".
En segundo lugar, la Sala aprecia que el auto recurrido "expresa con la exigible motivación las razones por las que la instructora entiende la improcedencia de dictar en ese momento procesal el sobreseimiento libre interesados".
Mismo razonamiento que aplica a los otros dos investigados, en este caso al secretario del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en determinadas certificaciones de obra en las que la instructora señala "la existencia de duplicidad de conceptos certificados, la expedición de certificaciones conforme a un proyecto modificado que no había sido previamente tramitado ni aprobado, o su intervención en la cancelación de los avales en fecha 15 de julio de 2010".
En cuanto a la tercera apelante, recuerda su actuación como interventora del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras "en relación con el curso administrativo seguido para la aprobación inicial del anteproyecto presentado por el arquitecto Lejárraga y la posterior convocatoria del concurso de ideas en circunstancias y con fines que estaban siendo objeto de investigación sumarial, así como también la naturaleza y circunstancias de su participación en el pago de las certificaciones (sin comprobación material alguna, según la provisional valoración que realiza la instructora) o el abono de la certificación de acopios en circunstancias que estaban siendo también objeto de investigación".

Alerta de cierre de oficinas y despidos en Correos en la Región de Murcia


MURCIA.-CCOO, UGT, CSI-F y Sindicato Libre, con el 85% de la representación sindical en Correos, han asegurado hoy que no descartan la huelga general en Correos "si se mantiene el recorte de un tercio de su financiación pública en la Ley de Presupuestos". 

Así, han trasladado a los grupos políticos iniciativas para rescatar la financiación recortada y aprobar un Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, con el fin de que el Correo "siga llegando a todos los núcleos de población de los 8.000 municipios del país".
Tratándose de una actividad "deficitaria" en una gran parte del territorio nacional, sólo atendidas por Correos y no por las empresas privadas, explica que el Estado "tiene la obligación legal los derechos de los ciudadanos y el mercado postal de financiar, a través de los Presupuestos Generales del Estado, un servicio público que, de otra forma, se vería abocado a la desaparición con un evidente y grave perjuicio para los ciudadanos".
En pleno trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado, CCOO, UGT, CSI-F y Sindicato Libre han anunciado, por ello, que no descartan la huelga general en la mayor empresa pública del país "si no se rectifica el recorte de un tercio de la financiación pública que el Ministerio de Fomento tiene previsto y se aprueba el Plan de Prestación del Servicio Universal previsto en la Ley Postal, en aras a garantizar la cobertura del servicio postal en aquellas zonas del país cuya prestación es deficitaria pero socialmente necesaria".
Las organizaciones sindicales han iniciado una ronda de contactos y reuniones con los representantes políticos a nivel estatal con el objetivo de poner en marcha una serie de iniciativas, orientadas a "rescatar la financiación recortada en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que actualmente se está debatiendo en el Parlamento".
"Este tijeretazo no sólo va a lastrar la cuenta de resultados de Correos, sino que va precarizar el empleo, recortar la plantilla y sus derechos, especialmente en las localidades de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, donde se podría producir el cierre de oficinas, o la reducción de horarios de atención al público, como ha sucedido en las de Pozo Estrecho, Los Garres y Albudeite", advierte.
El recorte afectará a más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones. En la Comunidad Autónoma de Murcia, el ajuste podrá implicar "más de 300 carteros suprimibles las poblaciones de Santiago de la Ribera, La Unión y Pozo Estrecho, sin reparto regular, con un 30-40% estimado de ciudadanos afectados por la pérdida o debilitamiento del servicio postal, así como cientos de kilómetros de reparto recortado".
Además de "empeorar" el servicio público prestado en regularidad y en extensión, "se corre el riesgo de dejar de recibir el correo cinco días a la semana, y será el propio ciudadano el que tenga que desplazarse para ir a recoger su correspondencia-paquete, porque el cartero ya no llegará a su domicilio además de tener que recorrer varios kilómetros hasta su oficina más cercana al producirse el cierre de miles de ellas".
Así, han recalcado la urgente necesidad de "corregir el recorte de un tercio de la financiación actual de 180 millones para la prestación del Servicio Postal Universal, cuantía que para los sindicatos ya estaba muy por debajo de la que requiere la prestación pública encomendada a Correos y cuyo carácter deficitario debe cubrir los PGE".
Los sindicatos, además, ponen el acento en que "este recorte estrecha los márgenes para alcanzar un acuerdo en el Convenio Colectivo, bloqueado desde hace tres años y medio, y para el pacto salarial que exigen tras más de seis años de congelación y recorte".
De no modificarse el planteamiento, los sindicatos han advertido a Fomento y a SEPI que están apostando seriamente por la convocatoria de una huelga general.

La Iglesia integrista española declara la guerra al Papa desde la diócesis de Cartagena y por boca de Rouco Varela


MADRID.- Hace meses que desde la, verdaderamente primada, Diócesis de Cartagena (por ser la ciudad por donde el apóstol Santiago entró a evangelizar en España, cuenta la tradición) se viene conspirando contra el Papa Francisco, según testimonio discreto de algunos sacerdotes que escuchan en privado cómo desde la jerarquía local se viene desacreditando a diario al Sumo Pontífice, según publica hoy http://diario16.com.

Con su llegada a la silla de San Pedro, sectores integristas españoles fueron rápidamente desplazados de sus parcelas de poder en la Conferencia Episcopal Española y también en el Vaticano y Madrid, entre ellos los cardenales Rouco y Cañizares, que ya se habían hecho fuertes con anterioridad en torno a la autotitulada Universidad Católica de Murcia (UCAM) – una pura empresa privada con intereses mercantiles preferentes pese a su gancho semántico y la coartada fiscal de la Fundación ‘San Antonio’-, ahora en apuros, al frente de la cual colocaron a un «Kiko» reaccionario y sin formación alguna y fuera del control de Argüello, el antiguo culturista valenciano José Luis Mendoza.
Ahora han dado un paso más y con la complicidad añadida de un obispo traído por todos ellos en su día, tras despeñar al rebelde Reig Plá, el murciano José Manuel Lorca Planes, desde la Archidiócesis de Zaragoza por obispo de Teruel, siendo su titular el luego destituido desde Roma, Manuel Ureña, otro miembro de este grupo de la Iglesia Católica española más reaccionaria, han montado una calculada operación de desprestigio del pontífice romano entre los alumnos de cuatro Seminarios, tres de ellos de la Diócesis de Cartagena y uno de la de Guadix, el ‘San Torcuato’.
La figura estelar para la que Lorca y Mendoza prepararon el escenario adecuado desde el cual desacreditar por activa y por pasiva fue nada menos que el cardenal y anterior arzobispo de Madrid, Antonio Rouco Varela, al término de una bien programada cena-coloquio en el Seminario Diocesano de ‘San Fulgencio’, que se prolongó hasta bien entrada la madrugada, en el contexto de un oportuno Congreso Mariológico organizado por la mismísima UCAM a propósito del centenario de las Apariciones en Fátima, y donde se atrevió a poner a parir a Francisco ante los futuros curas, algunos de ellos muy jóvenes todavía.
Nada más comenzar Rouco sus improperios contra el Santo Padre ante una audiencia tan delicada y sensible, según se ha sabido una semana después, los casi cien seminaristas comenzaron a lanzar sus mensajes sobre todo lo que estaban oyendo, y no daban crédito, a través de Whatsapp ‘urbi et orbe’ para mayúsculo escándalo de sus destinatarios, la mayor parte de ellos sacerdotes de la diócesis de Cartagena, de Guadix y de la archidiócesis de Granada, donde reside el metropolitano de la provincia eclesiástica, monseñor Francisco Javier Martínez, que no estaba presente esta vez y tampoco se ha pronunciado al respecto.
Rouco no reparó en medios para atacar sin ambages a Francisco, casi siempre desde la comparación con sus predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI para mayor escarnio. Según varios testigos, el cardenal jubilado forzoso por el Vaticano lanzó numerosas críticas contra Francisco, entre ellas que no le importaba la educación y que Juan Pablo II le superaba con creces en capacidad evangelizadora.
Rouco Varela insistía en declarar públicamente su nulo afecto por Francisco en su intento de ‘crear escuela’ y ‘sembrar cizaña’ entre los futuros sacerdotes de la diócesis cartaginense y sus formadores presentes, en una supuesta cruzada de recuperación espiritual a la luz de sus propios intereses, una vez que sus ambiciones se han visto truncadas por razones de edad y apoyos inciertos frente a los más seguros de otros.
Todas las batallitas referidas por Rouco al Papa Francisco, eran un “poco subidas de tono”, según cuenta uno de los seminaristas presentes la noche del pasado día 17 en Murcia a Religión Digital. “Rouco parecía sentirse a gusto y con ganas de rajar“, añade. Por lo que el rector de uno de los seminarios, el ‘Redemptoris Mater’, trató sin suerte de acortar la intervención del cardenal varias veces sin poder conseguirlo ante la insistencia de Rouco de prolongar sus ataques en medio de cierto nerviosismo visible en algunos de los formadores presentes.
Todavía hoy, algunos seminaristas se preguntan cómo fue posible que “un cardenal pudiese estar diciendo estas cosas contra el Papa reinante”, tras insistir en declarar públicamente su nulo afecto por Francisco. “Se le notaba un evidente menosprecio al Papa, por no ser un buen teólogo y por su falta de capacidad evangelizadora”, según él.
Algunos curas y seminaristas de la Diócesis apuntan a la gravedad del hecho en sí, y también al contexto en el que se produjo porque al Congreso de Mariología en la UCAM asistía, presuntamente ajeno a todo esto, el cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller, actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y un claro hombre de Francisco.
Ahora los responsables de la diócesis de Cartagena han comenzado una caza de brujas entre los seminaristas para tratar de descubrir a los que escribieron desde sus teléfonos móviles que “Rouco se había pasado tres pueblos, criticando directa o indirectamente a Francisco”, mientras la Nunciatura en Madrid guarda silencio en torno a estos hechos relevantes y, parece que graves, para quienes fueron testigos de excepción de los excesos de un cardenal claramente resentido.

López Miras pide al Rey que la Región de Murcia no sea menos que otras


MADRID.-El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha invitado al Rey Felipe VI a visitar lo antes posible la Región de Murcia, inmersa en los actos conmemorativos del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz, y ha resaltado "la contribución de la Región al desarrollo y el bienestar del país". 

López Miras, que ha sido recibido en audiencia por el Rey en el Palacio de la Zarzuela, ha expuesto a Su Majestad el Rey Felipe VI los retos de la Región de Murcia para los próximos años, así como los "proyectos estratégicos" para una comunidad que "es pieza clave en el conjunto de España" y que "no puede ser menos que cualquier otra región".
Igualmente, ha trasladado al monarca la lealtad del Gobierno regional a la Corona de España y ha subrayado que la Región "es una aliada en la defensa de la unidad nacional, así como el rechazo a cualquier iniciativa separatista que atente contra la Constitución y los principios sobre los que se sustenta el Estado de Derecho".
Entre los retos a los que se enfrenta la Región de Murcia, el presidente ha destacado ante el Rey el de "la creación de empleo, la importancia de culminar las infraestructuras ya en marcha o de seguir bajando impuestos como ya se está haciendo en la Región, así como la necesidad de alcanzar un acuerdo que aporte una solución definitiva a la falta de agua que sufre la cuenca del Segura, asuntos sobre los que el Rey Felipe VI estaba perfectamente informado y es conocedor".
Además de estas cuestiones, cuya consecución "es fundamental para el desarrollo económico de la Región", ha señalado que, como presidente de la Región, su compromiso está con un millón y medio de murcianos y "es de justicia reivindicar, con lealtad pero también con firmeza, nuestro papel dentro de este proyecto común que es España, porque los murcianos tenemos que ser iguales, y no menos, que cualquier otro español".

MC 'sondeará' al resto de partidos para saber si apoyan un Gobierno con el PSOE en la Alcaldía cartagenera


CARTAGENA.-La ejecutiva de Movimiento Ciudadano (MC) se reunió ayer en una reunión de carácter extraordinario para tratar la situación actual de cara al relevo en la Alcaldía de Cartagena que el partido firmó con su socio en el Gobierno local, el PSOE, en junio de 2015 en el denominado ´pacto del boli´, adelanta hoy La Opinión

«Hasta ahora no ha habido ningún contacto oficial entre los partidos ni entre los grupos municipales. Hay una situación de bloqueo, los días van pasando y queremos que se cumplan los plazos acordados hace dos años», explicó Ángel Tarifa, secretario de organización de MC. Según el citado acuerdo, el relevo en la Alcaldía tiene que producirse entre el 10 y el 20 del próximo junio.
Del mismo modo, el partido cartagenerista, que envió un burofax a la sede del PSOE a finales de abril -como adelantó La Opinión- para recordar las condiciones del acuerdo firmado y propiciar el inicio de las conversaciones con los socialistas, acordó designar a su presidente, Jesús Giménez; su vicepresidenta, Isabel García, y a Tarifa, como interlocutores en esta ronda de reuniones que comenzará en los próximos días -hoy mismo les llamarán por teléfono-con los responsables locales de los partidos CTSSP (Podemos) y Cs.Posteriormente, MC se reunirá con el PSOE.
«Entendemos que no se trata de una cuestión entre José López y Ana Belén Castejón, sino de dos partidos políticos que son socios de Gobierno en el Ayuntamiento», apostilló en relación a la petición de Podemos de que en la próxima reunión con el PSOE estuviese el alcalde. «José López ya ha dicho por activa y por pasiva que cumplirá su palabra y nosotros queremos cumplir el pacto firmado en 2015 con el PSOE», señaló Tarifa.
El objetivo de la ejecutiva de MC «es pulsar a los partidos políticos para saber qué condiciones ponen para que se lleve a cabo el relevo con Castejón como alcaldesa», apostilló. MC ni se plantea reunirse con el PP, ya que los populares ya han dejado claro que no tienen intención de apoyar con sus votos la investidura de Castejón, como tampoco lo hicieron en junio de 2015 cuando López tomó el bastón de mando.
En la misma reunión, Francisco Calderón, portavoz del grupo municipal Movimiento Ciudadano, y miembro del consejo de asesores de la ejecutiva de MC confirmó que el grupo municipal socialista no ha intentado ponerse en contacto con él desde que el partido cartagenerista envió el citado burofax al PSOE, indicó Tarifa.
Hay que recordar que hace una semana Castejón declaró que MC «estaba al tanto del avance de las conversaciones del PSOE con el resto de grupos». También avanzó en un comunicado que esta semana se reuniría con MC, pero ni el partido cartagenerista ni en su grupo municipal han tenido noticias.

La oposición disolutiva / Ángel Montiel *

Cuando José Ballesta fue elegido alcalde de Murcia gracias a la ´colaboración técnica´ de Ciudadanos, una vez que el PP aceptó la exigencia de que el exalcalde popular, Cámara, imputado en el caso Umbra y en un0s cuantos más, fuera destituido de la secretaría general de ese partido (eran los tiempos en que Ciudadanos venía fuerte), se inició la cuenta atrás hacia una fecha incierta, pero que se adivinaba próxima, en que se produciría la moción de censura para su sustitución. 

Desde su misma toma de posesión se viene especulando sobre ese momento fatídico para él, ya que el conjunto de la oposición supera con la necesaria amplitud el número de concejales con que Ballesta se fortifica. Pero aunque en ocasiones se han dado gestos de amago y aproximaciones, el alcalde ni se ha inmutado, quizá porque es consciente de la verdad del viejo dicho: «Lo que el novio o la novia no pacten antes del día de la boda, ya no habrá oportunidad de recuperarlo». 

Si la oposición no se pone de acuerdo en el arranque del mandato, ya será difícil que construya la concordia, pues para derribar a quien se instala en el poder es preciso elaborar pretextos muy compactos que no obedezcan a prejuicios que no fueran considerados en el momento de facilitarle el acceso. Más difícil es si quien se coloca al timón actúa con la debida inteligencia para evitar ofrecer ´perchas´ donde colgar los argumentos de la censura, y dispone, además, de la suficiente paciencia y contención como para dejar que las contradicciones ajenas se expongan por su propia inercia, sin siquiera estimularlas.

La oposición municipal en la capital del reino ha entrado desde hace algún tiempo en fase de centrifugación. Y al día de hoy, con el goteo de defecciones en algunos de los grupos, ya puede darse por descartado el riesgo para Ballesta de una reacción conjunta que abrevie el periodo oficial de su mandato. Todo empezó en Ahora Murcia (Podemos, para entendernos), donde la desarmonía crónica entre tendencias en ese partido provocaron que el concejal Luis Bermejo adquiriera la categoría de ´no adscrito´, desde una posición irreconciliable con sus otras dos compañeras de candidatura. 

Al poco, esta misma semana, la ruptura se ha producido en el grupo de Ciudadanos, con la escapada voluntaria de Francisco Javier Trigueros. La oposición se rompe por dentro, aunque cada caso tenga una explicación distinta, pero el efecto práctico es que a cada desgarrón, el poder del PP, desde el inicio en la cuerda floja, tiende a estabilizarse. En el grupo mayoritario, el socialista, aún no se han dado situaciones tan escandalosas como las señaladas en esos dos grupos, aunque no será por falta de tensión de las cuerdas. 

La dirección regional no deja de presionar al portavoz municipal, José Ignacio Gras, para que acate los dictados de la calle Princesa, que se filtran como genuinos de la voluntad del partido a través de los secretarios locales todavía afectos al jefe regional, y hay apuestas sobre en qué momento aquél tirará la toalla. La convivencia interna en el grupo Cambiemos Murcia (IU, para entendernos) tampoco es de la máxima excelencia, si bien la ´vieja izquierda´ suele llevar sus peplas con una cierta resignación histórica. 

La descolocación de la oposición a consecuencia de sus respectivas crisis es, ya digo, un factor de estabilidad para Ballesta, pero también constituye un problema político para la funcionalidad de su Administración, ya que la aprobación de los presupuestos municipales se dilata peligrosamente, entre otras cosas porque ningún grupo se presta a negociar en términos pragmáticos; sólo en el socialista, mientras resista Gras, podrá encontrar algún aliento, pero la dinámica de las disidencias en las otras formaciones lleva a una carrera de desentendimiento de esta cuestión. Y estamos a mediados de mayo, y los presupuestos sin aprobar, algo por lo que en el PP no van a amonestar a Ballesta, a la vista de Rajoy está en el mismo borde. 

Sin embargo, si hasta ahora se le podría reprochar al alcalde falta de habilidad política para concertar apoyos, la lenta disolución interna de la oposición puede trasladar a ésta esa responsabilidad, pues los interlocutores se prodigan, y algunos de ellos, los salientes de la disciplina de Ahora o de Ciudadanos, es evidente que obedecen a estrategias de futuro político personal en las que no se van a permitir hacer concesiones al PP. La cosa, pues, está algo tiznada en ese aspecto. 

Pero frente a todo esto, la impresión general es que Ballesta, aun con el presupuesto prorrogado (y más a partir de ahora, con la liquidez extra procedente de los fondos europeos para los proyectos finalistas que constituyen la base de su programa electoral) va saliendo adelante sin rémora alguna, y con una actitud política aligerada de agresividad, lo que no significa que su equipo de concejales esté aliviado de algún personaje tóxico (en todos los hay) o que entre sus propagandistas e cabecera no se distinga algún adalid que se exceda en su pasión para la protección del jefe. 

Ballesta va bien. Su oposición, regular tirando a mal. Quién lo habría dicho cuando, al principio del mandato, tras la negra e ineficaz etapa camarista, el nuevo alcalde parecía estar al pairo del capricho circunstancial de la diversificada mayoría que se enfrentaba a él en los sillones de la Corporación.


(*) Columnista


Lo que la Unión Europea recomienda de verdad a España / Álvaro Anchuelo *

La Comisión Europea acaba de publicar las recomendaciones que realiza a España como parte del Semestre Europeo 2017. A menudo, los gobiernos nacionales utilizan a las instituciones europeas como excusa para justificar sus políticas más impopulares. En realidad, las recomendaciones que realizan son, en general, sensatas y nos convendría aplicarlas aunque nadie nos indujese a hacerlo.

Bruselas, por ejemplo, enfatiza la ineficiencia del gasto público de las diferentes administraciones españolas. Un tema prácticamente desaparecido del debate político español, donde la gran cuestión reside en el nivel del gasto público total, no en su composición. Desde este punto de vista, como por lo visto todo el dinero público se dedica a comprar medicinas para los enfermos y a cubrir necesidades similares, cualquier reducción resulta inhumana. En realidad subsisten importantes ineficiencias en el gasto, especialmente en Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos. Por ello, la Unión Europea anima a que la AIReF complete una revisión exhaustiva de la eficiencia del gasto público en todos los niveles de gobierno. Mejorar los procedimientos de contratación pública, tradicional semillero de corrupción, es otra de sus recomendaciones.

Ese ahorro en gastos ineficientes permitiría fortalecer otros gastos esenciales, como los realizados en  investigación y desarrollo. El esfuerzo investigador en España resulta insuficiente y se encuentra disperso entre niveles de gobierno descoordinados. La Comisión recuerda que los resultados han declinado en este campo y son actualmente inferiores a los alcanzados en 2007, por lo que la distancia respecto a la media de la Unión se ha ampliado.
En otra acertada recomendación, la Comisión señala la necesidad de reforzar la Ley de Unidad de Mercado y de combatir las barreras que dificultan tanto la creación como el posterior aumento de tamaño de las empresas. España sigue siendo un país en el que tienen excesivo peso las Pymes. Algunas de estas barreras, a menudo de origen regional, están poniendo en peligro el desarrollo de nuevas actividades, como las relacionadas con la llamada economía colaborativa.

Entre las recomendaciones europeas más polémicas siempre suelen estar las que tienen que ver con el mercado de trabajo. No obstante, lo que señala la Comisión es esencialmente correcto. España sigue teniendo una tasa de temporalidad muy elevada. La transición desde los contratos temporales a los indefinidos es muy limitada. Este abuso de los contratos temporales de corta duración tiene numerosos efectos perversos, como una menor productividad, peores condiciones laborales y mayores riesgos de pobreza. En consecuencia, el ejecutivo comunitario reclama medidas para impulsar la contratación indefinida y combatir la dualidad laboral, que tanto perjudica a nuestros jóvenes.

El informe recuerda que los costosos incentivos a la contratación no se concentran lo suficiente en fomentar el empleo indefinido. Así mismo, señala la necesidad de reforzar la coordinación entre los diversos servicios de empleo regionales, los servicios sociales y los empleadores, para responder mejor a las necesidades de quienes buscan y ofrecen empleo.
Las disparidades regionales reaparecen de nuevo en el crucial asunto de los sistemas de garantías de ingresos mínimos; las cuantías recibidas y las condiciones de acceso varían mucho entre Comunidades Autónomas, en detrimento de las menos favorecidas (precisamente donde se concentran los problemas).

En cuanto al sistema educativo, en los niveles inferiores se destaca la alta tasa de abandono escolar temprano, que sigue estando entre las más altas de la Unión Europea pese a las mejoras recientes. Más formación para los profesores y el apoyo individualizado a los alumnos ayudarían al éxito educativo. En el nivel universitario, existe un amplio margen de mejora para vincular más el sistema educativo y el mercado laboral. En este ámbito, una vez más las diferencias entre Comunidades Autónomas son considerables. La Comisión subraya también la baja movilidad de alumnos y profesores.

El documento incluye entre los males de la economía española la corrupción; otro acierto, pues se trata de un fenómeno con indudables repercusiones económicas. Dados los numerosos casos que afectan a las administraciones regionales y locales, a la Comisión le sorprende que no se hayan desarrollado estrategias preventivas específicas en esos niveles de gobierno. Además, llama la atención sobre la falta de legislación para proteger a los denunciantes, la falta de independencia de la Oficina de Conflictos de Interés y la todavía defectuosa regulación de los grupos de presión. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita los plazos de instrucción, podría empeorar la situación en los casos más complejos de corrupción, al dificultar la tarea de la acusación.

Globalmente, las medidas que propone  la Comisión Europea (aunque un tanto genéricas) están llenas de sensatez. La agenda política española debería estar dedicada a concretarlas. Por el contrario, la mayoría de estos asuntos tiene relativamente poco peso en el debate político interno. Tal vez debido a que la resolución de la mayoría de estos problemas implicaría reconocer los errores de diseño cometidos en un desordenado proceso de descentralización, tema casi tabú que cada vez resulta más difícil de abordar racionalmente. En cualquier caso, a la vista de sus verdaderas recomendaciones, no parece justo convertir a la Unión Europea en el chivo expiatorio causante de nuestros propios problemas. La Unión Europea de lo que forma parte es de las soluciones.


(*)  Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

El modelo educativo español / Bieito Rubido *

Sin una buena educación no hay futuro. En esta España actual, los jóvenes acceden a la universidad sin haber leído ni línea de Miguel de Unamuno, por ejemplo. O con una extraña idea sobre la historia de su país; cuando no radicalmente falseada. 

Son apenas dos indicadores del resultado de un sistema educativo que enseña a leer, pero no a seguir leyendo. Tenemos muchas reformas pendientes, pero las más trascendentes y urgentes son las de la Justicia y la Educación. 

Esta última es la que nos ha de permitir ofrecer a los ciudadanos una vida mejor y la oportunidad de dar un salto social. Pocos trampolines más sólidos que el conocimiento. 

Me preocupa esa izquierda empeñada en modelar jóvenes ignorantes, a los que se les condena a la esclavitud, cuando se sabe que es el camino de la formación el que impulsa hacia la cima de la libertad. 

PISA ha vuelto a sacarnos los colores. Todavía hoy no hemos sido capaces de mejorar el modelo educativo de Maravall. El problema no es el presupuesto, es el modelo.


(*) Periodista y director de Abc




http://abcblogs.abc.es/el-astrolabio/2017/05/25/el-modelo-educativo-espanol/

Nunca más una ciudadanía que me la puedan arrebatar / Félix de la Fuente *

Incluso los más acérrimos europeístas nos sentimos desencantados con la UE actual. Y sin embargo seguiremos luchando, porque no hay otra solución y, porque, a pesar de todo y a pesar de los políticos actuales, la única forma de salvar la democracia y los valores de la sociedad europea, que tanto sudor y tiempo nos han costado conquistar -y que Europa ha conquistado también para el mundo-, es la Unión política.
 
Si no me confundo y he sabido navegar por las difíciles aguas de la página web del Parlamento Europeo (y os aseguro que no es nada fácil), para los próximos meses está previsto un debate en el Pleno de dicho Parlamento sobre “El impacto y las consecuencias del Brexit sobre los derechos adquiridos de los ciudadanos en la UE".

No puedo adivinar en qué sentido se va a pronunciar, pero, en vista del informe que el propio Parlamento ha encargado a dos especialistas españoles en derecho constitucional, me temo lo peor. Hubiera deseado que ese informe estuviera ya a disposición del los ciudadanos, pues uno de los principios de que hace gala el Parlamento Europeo es “del derecho del ciudadanos a la información sobre la UE”, pero tendremos que esperar, y me limitaré a unas observaciones generales.

La poca información al respecto que he encontrado en Internet (http://www.huffingtonpost.es/2017/03/30/que-pasa-con-los-derechos-de-los-europeos-y-britanicos-tras-el_a_22018555/) dice lo siguiente:

“Ni libre circulación ni trabajo: los británicos "perderán" los derechos de la Unión Europea una vez que se haga efectivo el Brexit. Así de contundente es el Parlamento Europeo (PE), que advierte en su informe " de que esos derechos no deben considerarse "adquiridos" por los individuos y, por ello, se extinguirán una vez Reino Unido esté oficialmente fuera del club comunitario”.

La contundencia con que algunos declaran que los británicos han perdido todos la ciudadanía europea contrasta con las dudas que tiene el mismo Parlamento Europeo. Si no tuviera dudas, no habría encargado este informe.

¿Por qué insistir de nuevo en este tema? Son muchas las razones para hacerlo y no quisiera que se me escapara ninguna:

Porque no se trata de un tema puramente teórico, sino que afecta de manera trascendental a muchos ciudadanos, que, antes que británicos o que españoles o portugueses, son personas.

Porque no quisiera que nos pasara a los españoles lo que les está pasando a los británicos, si un día España decidiera salir de la UE. Con los populismos y nacionalismos que se están fomentando y la poca convicción de nuestros políticos en defender la necesidad de Europa, esto podría ocurrir en un día no muy lejano.

Porque el informe de estos especialistas en derecho constitucional –en ninguna parte he leído que sean especialistas en derecho de la UE - nos hablan de los derechos de los ciudadanos de la UE, pero no hablan nunca de la ciudadanía europea, que es algo muy diferente y precisamente la fuente de todos los derechos relacionados con la UE.

Porque el Derecho de la UE no es Derecho internacional, sino supranacional, es decir un derecho que está por encima y, por tanto, prima sobre los Derechos nacionales. Esto lo sabe cualquier estudiante de Derecho, y parece que nuestros políticos lo están olvidando. Si el Derecho de la UE le otorga a una persona el título de ciudadanía europea, ¿cómo es que un Derecho inferior, es decir un Derecho nacional, se lo puede quitar?

¿Puede el Parlamento Europeo quedarse impasible viendo cómo a unos ciudadanos –a los británicos que votaron a favor de la permanencia- se los despoja contra su voluntad de la ciudadanía europea?

¿Es acaso necesario modificar los tratados de la UE para regular esta situación? Pues, ¿a qué se está esperando?

Si realmente fuera así, es decir que un Estado estuviera facultado para privar a sus ciudadanos –contra la voluntad de estos- de la ciudadanía europea, sería más lógico, más sincero y menos fraudulento, suprimir de un plumazo de los tratados el concepto de Ciudadanía Europea. Ya está claro en los tratados que la ciudadanía europea no es una ciudadanía de primera división, pues depende de la ciudadanía nacional, pero es que con su actitud pasiva el Parlamento Europeo nos está diciendo que no tiene ningún in interés en defender a sus ciudadanos.

A los ciudadanos se nos podrá engañar una vez, pero no conseguirán tenernos eternamente engañados.

Nunca más servir a señor que se me pueda morir”, dijo Francisco de Borja. Ante el féretro de Isabel de Portugal, mujer de Carlos V. “Nunca más ilusionarme con una ciudadanía que me la puedan arrebatar”.




(*) Ex-funcionario de la Comisión Europea

Cincuenta años / Ramón Cotarelo *

Que "el gobierno esté dispuesto a todo para impedir el referéndum" es noticia cuando menos preocupante. Habrá quien se sienta tranquilizado y quien, con cierta legitimidad procedente de la experiencia, intranquilizado. Ese adjetivo indefinido que también figuraba en las puertas de los cuarteles de la Guardia Civil, en este país permite abrigar negros presagios. Inútil preguntar qué es "todo". Todo es todo. Lo legal y lo ilegal. Por lo demás, el Estado nunca hace nada ilegalmente ya que, mediante el estado de excepción, puede suspender la legalidad con lo que cualquier ilegalidad es legal, excepcionalmente legal.

Esa firme voluntad del Estado de hacerlo "todo" para impedir el referéndum se apoya en la necesidad de evitar una repetición de la consulta del 9N. Y si ahora va a hacerse "todo" para impedirla, ¿por qué no se hizo el 9N? No solo no se impidió sino que hubo burlas sobre ella desde el mismo gobierno, al compararla con una verbena sin consecuencias juridicas, salvo las penales que sí está teniendo. Entonces no se impidió y ahora sí, ¿por qué? La arbitrariedad es uno de los rasgos más irritantes de las tiranías.

Ese puñetazo del todo sobre la mesa parece ser la respuesta del Estado a la proposición de diálogo y pacto sobre el referéndum de los indepes en La Cibeles el lunes. En realidad, ya se anunciaba en los energúmenos que llamaban "hijos de puta" a los catalanes a la entrada y salida del acto, en una muestra más de la hospitalidad de los madileños. Ese "hijos de puta" es el sentido último del "todo". 

También se adelanta a la carta que ayer envió Puigdemont a Rajoy invitándole por enésima vez a negociar un referéndum. El recurso al género epistolar en la era de las TICs tiene un regusto literario. El remitente no se ha puesto plazo límite de espera de respuesta y no lo necesita. Antes de llegar a destino la carta ya tiene respuesta: "no". 

A partir de aquí, es el famoso juego del gallina. Las cuatro opciones son posibles. Se trasluce de una frase del discurso de Puigdemont en la Cibeles: "no hay poder (en el Estado) para detener tanta democracia". A esa frase es a la que contesta la afirmación del gobierno de estar dispuesto a "todo".

La cuestión es si la oposición va a tolerar o apoyar una política de confrontación sin proponer soluciones alternativas que puedan negociarse.
 
Cincuenta días
 
Es tradición y norma de decoro político dar 100 días de gracia (o carencia) a quien acaba de acceder a un cargo de gestión y responsabilidad política. Al no ser el cargo institucional del Estado sino de partido, aunque muy importante y tratarse no solo de un electo, sino de un reelecto (en una peripecia con un toque de thriller) podríamos rebajar el plazo a la mitad. Cincuenta días de margen y libertad para que el recién llegado pueda acomodarse, reformar lo que estime oportuno y poner en marcha su programa sin verse entorpecido por críticas y ataques que no pueden serlo a su obra, ya que no se ha iniciado, sino a su persona y por motivos personales.

Parece generalizarse un ánimo respetuoso con esta civilizada costumbre. Los barones hostiles (Javier Fernández, García Page, Ximo Puig y Fernández Vara) han pactado ya listas integradas para el Congreso, esto es, con representación proporcional a los resultados de las primarias. Solo queda Díaz que, si bien proclama lealtad al nuevo SG, no acepta la fórmula de las listas integradas y plantea un frente de resistencia, tomando Andalucía como su bastión. Y aun aquí hay presiones para conseguir listas de integración. La gestora se reúne con Sánchez para hacer una trasmisión educada de unos poderes de los que tanto abusó. Hasta Felipe González, a regañadientes, dice que hay que apoyar a la mayoría, como si fuera una concesión y no un deber democrático. De Zapatero, tan activo y dicharachero en la campaña de Díaz, no se sabe nada. Es esperar que, tras meditarlo, también apoye a la mayoría. Rubalcaba tampoco se ha manifestado en persona, aunque viene a hacerlo a través de los furibundos editoriales de El País, desde aquel famoso en que se trataba a Sánchez poco menos que de psicópata estilo Unabomber, hasta los más recientes anunciando cavernoso el Finis Hispaniae a manos de este peligroso izquierdista.

De los demás claros varones de Castilla poco puede decirse salvo que, siguiendo inveterada costumbre, acuden solícitos en auxilio del vencedor. 

Cincuenta días de carencia antes de enjuiciar sus medidas. La política de personal político, nombramientos, reemplazos, etc., es cosa suya y de su equipo que alguna idea tendrá. En dos asuntos, no obstante, sí podemos los demás meter baza: a) lo referente al próximo congreso 17/18 de junio y b) las relaciones con la izquierda. 

En cuanto al próximo Congreso es de esperar que, reflejando el sentir de la mayoría de la militancia, se puedan debatir en igualdad de condiciones las propuestas presentadas y, desde luego, la de una gestora fallecida de muerte natural y la del equipo del nuevo SG, esa que Díaz llamaba "folleto". Con eso bastará para que el SG y la ejecutiva tengan un margen holgado de acción en una situación política muy compleja y delicada.

En cuanto a las relaciones con la izquierda y específicamente con Unidos Podemos es básico que el PSOE clarifique su actitud. Ahora hay un enfoque nuevo, con un nuevo liderazgo que pretende tomar la iniciativa, no que se la impongan. Es razonable aplazar toda medida práctica en ese campo hasta el congreso para no contradecir la política aplicada por el grupo de la gestora consistente en hacer mutis por el foro. Pero sin olvidar que se trata de un aplazamiento para luego pedir la reprobación/dimisión de Rajoy y, de no darse, presentar una moción de censura por su cuenta. Esto esencial para que no quepa decir que no ha habido cambio en el PSOE sino que este sigue en su situación de subalternidad a la derecha. Entre tanto, la presentada por UP seguirá su curso, se debatirá y será derrotada, ya que solo se ha pactado y en el último instante con los indepes catalanes.

La reelección de Sánchez devuelve al PSOE la iniciativa política en una situación de centralidad que nunca había perdido. Puede verse en ese escurridizo intento chantaje de Podemos al PSOE de que presente una moción de censura a cambio de retirar ellos la suya, una por la que trajeron a la gente de manifa plebiscitaria con alharacas quincemayescas tan sonoras como silencioso fue luego el eco en los medios. Cualquier intento de presionar al PSOE blandiendo una mocion de censura disparatada esta condenado al fracaso. Emplear una política de hechos consumados con quien puede permitirse ignorarlos deja al que lo hace en una posición ridícula. Los socialistas presentarán su moción decensura cuando ellos decidan y no al dictado de Podemos. Pero tiene que haber una reprobación, una petición de dimisión y una moción de censura por ese orden.
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
 

Resumen de Confidenciales / A. R. Mendizabal *


Jueves con una suerte de em­pate en ciertos ti­tu­la­res: tras la con­fir­ma­ción de la sen­tencia a Leo Messi por fraude fiscal re­pi­cada en todos los me­dios, ABC va a toda por­tada con un apén­dice sobre que la Fundación del astro del Barça 'acumula som­bras con­ta­bles', mien­tras La Vanguardia tam­bién abre a toda pri­mera con esto: 'Hacienda de­nuncia a Ronaldo ante la Fiscalía por de­lito fis­cal: la Agencia Tributaria con­si­dera que de­fraudó con sus de­re­chos de ima­gen; los fis­cales pre­paran la que­rella que pre­sen­tarán al juez' (Manel Pérez). 

Estas y otras pi­ca­rescas ma­yores o me­nores inundan la prensa de papel y di­gi­tal, junto a más ejes fun­da­men­tales de la ac­tua­li­dad: la carta de Puigdemont a Rajoy en la que no ad­mite el No pero en realidad pa­rece buscar un No como coar­tada vic­ti­mista y en la que habla de tú a tú, en plan bi­la­te­ral; la con­ti­nua­ción de la re­com­po­si­ción del PSOE; el paso de Draghi por Madrid con cal y arena por la poca efi­ciencia de la banca y el temor al re­punte en el coste de la deuda, aunque des­carta nuevas bur­bujas in­mo­bi­lia­rias y de cré­dito; el nuevo sus­penso del Informe PISA a España, esta vez por ig­no­rancia fi­nan­ciera; y mo­vi­mientos en al­gunas ciu­dades para subir el IBI a los pisos va­cíos o a los usados en al­quiler tu­rís­tico. 

Con Trump en Bruselas para verse con la UE y para la cumbre de la OTAN, Londres fuma en pipa sin ocultar su 'cabreo' tras la fil­tra­ción nor­te­ame­ri­cana a The New York Times de datos y fotos sobre el aten­tado de Manchester, como la mo­chila, trozos de me­tra­lla, un de­to­na­dor... La pri­mera mi­nistra Theresa May pa­rece que le va a decir al pre­si­dente de EEUU que esas fil­tra­ciones per­ju­dican el an­ti­te­rro­rismo. 

INFORMACIÓN NACIONAL
Vozpopuli: El PSOE ba­raja pasar del no a la abs­ten­ción a la mo­ción de Podemos (Segundo Sanz y Laura Caldito). El Mundo: Sánchez exige al PSOE du­reza contra el PP por la co­rrup­ción: los so­cia­listas pro­ponen citar en el Congreso a toda la cú­pula desde la etapa de Aznar y con­tem­plan que Rajoy acuda dos ve­ces; los po­pu­lares res­ponden ac­ti­vando en el Senado la co­mi­sión sobre fi­nan­cia­ción de todos los par­tidos (Luis Ángel Sanz y Raúl Piña). ABC: PP y PSOE coin­ciden en que Rajoy com­pa­rezca en un mes en el Congreso por la fi­nan­cia­ción de Génova (Ana I. Sánchez). El Español: González: 'Han pac­tado con Bárcenas; la con­di­ción es que no se puede decir nada contra Mariano' (C. Guindal, D. Montero y A. Requeijo). OKdiario: El PP lle­vará la Comisión Bárcenas a los tri­bu­nales si se con­vierte en una ‘causa ge­ne­ral’ contra ellos (S. Fernández y L. Sela). 

La Vanguardia: Sprint: Barcelona está lista para acoger la Agencia Europea del Medicamento’; la mi­nistra de Sanidad Dolors Montserrat man­tiene en Bruselas di­versas reuniones en el marco de la can­di­da­tura; 'Tenemos la mejor ciu­dad, el mejor edi­fi­cio' y 'la mejor co­mu­nidad cien­tí­fica, hos­pi­ta­la­ria, far­ma­céu­tica y de in­ves­ti­ga­ción bio­mé­dica de Europa' (Beatriz Navarro). El Confidencial: La multa de Trabajo a Echenique choca con el có­digo ético de Podemos (Iván Gil). Confidencial Digital: Pablo Echenique sólo tendrá que abonar 7.000 euros de multa por pagar en negro a su asis­tente. Esdiario: Podemos llama a boi­co­tear el des­file de las FAS con in­sultos al Rey y a Rajoy (J.R.V.). Otro ti­tu­lar: Ésta es la nó­mina de Echenique: miente y dice que casi no tiene para la multa; su nó­mina como dipu­tado en las Cortes de Aragón es de 3.410,82 euros men­suales (A.I.M.). 

CATALUÑA
El País: El Gobierno, dis­puesto a todo para im­pedir el re­fe­réndum (Javier Casqueiro y Dani Cordero). Otro ti­tu­lar: Puigdemont avisa por carta a Rajoy de que ha lle­gado el mo­mento 'imprescindible'. La Vanguardia: Puigdemont avisa a Rajoy: 'Esta pe­ti­ción es la úl­ti­ma'; en­tre­vista en '8 al día': el pre­si­dente de la Generalitat exige una res­puesta en breve a su carta para ne­go­ciar un re­fe­réndum de au­to­de­ter­mi­na­ción (Jaume Pi). El Periódico: Puigdemont pide por carta a Rajoy ne­go­ciar el re­fe­réndum 'tan pronto como sea po­si­ble' (Agustí Sala). La Razón: Puigdemont in­vita a po­lí­ticos eu­ro­peos a co­nocer la ‘tensión que vive Cataluña’: or­ga­niza un viaje de par­la­men­ta­rios del 26 al 28 de junio para ex­plicar las ‘graves con­se­cuen­cias para Europa’ (Carmen Morodo). Libertad Digital: La Generalidad acon­seja al Gobierno ne­go­ciar su ren­di­ción con una carta 'oficial' (Pablo Planas). 

PSOE
Eldiario: Pedro Sánchez no in­cluirá a ningún barón en la Ejecutiva del PSOE: nombra a Ábalos por­tavoz par­la­men­tario pro­vi­sional (Irene Castro). El Español: Entrevista a José Luis Ábalos, por­tavoz del PSOE en el Congreso: ‘La nuestra será la di­rec­ción del ta­lante’ (Daniel Basteiro). El Confidencial: Susana Díaz en­tierra el ha­cha, vo­tará sí a la eje­cu­tiva de Sánchez y pide paz en Andalucía (Isabel Morillo). El Economista: La nueva fi­nan­cia­ción au­to­nó­mica en­frenta a Sánchez con los ba­rones (Ingrid Gutiérrez y Silvia Zancajo). Libertad Digital: El negro ho­ri­zonte de Susana Díaz: los frentes abiertos tras la de­rrota en las pri­ma­rias (Pedro de Tena). ABC: Sánchez con­tro­lará el con­greso fe­deral aunque Díaz no quiera pac­tar. OKdiario: El nuevo PSOE prohíbe a Carmona hacer de­cla­ra­ciones pú­bli­cas. 

ECONOMÍA
El Confidencial: Golpe al mo­delo Airbnb: Valencia su­birá el IBI al pro­pie­tario de vi­vienda tu­rís­tica (Marina Valero y Víctor Romero). El Correo: Los dueños de los 5.400 pisos va­cíos de Bilbao pa­garán un 25% más de IBI: el Ayuntamiento, que per­sigue di­na­mizar el mer­cado in­mo­bi­lia­rio, podía haber apli­cado subidas del 50%. El Periódico: Barcelona pre­para una fuerte subida del ca­tas­tro: el au­mento en 2018 será del 30% sobre la base de 2002 y se re­per­cu­tirá en 10 años; Terrassa tam­bién re­vi­sará al alza, hasta el 25%, el valor fiscal de los in­mue­bles; el Ayuntamiento to­mará me­didas para mo­derar el IBI (Agustí Sala). El Mundo: La 'Troika' no se irá de España hasta dentro de ocho años (Daniel Viaña). 

Capital Madrid: Las grandes in­dus­trias culpan a Rajoy del parón del ga­so­ducto con Francia: el se­cre­tario de Estado de Energía ad­mite que el pro­yecto plantea 'dificultades' y 'resistencia' gala (Julián González). Cinco Días: Los pro­mo­tores au­guran otro ciclo al­cista de va­rios años en la vi­vienda: las cons­truc­toras pro­nos­tican de tres a cinco ejer­ci­cios fa­vo­ra­bles. Otro ti­tu­lar: Alarma en el sector tu­rís­tico: ya hay más plazas en pla­ta­formas que en ha­bi­ta­ciones de ho­tel. Otro ti­tu­lar: CEOE pide una cumbre a los sin­di­catos para el pacto sa­la­rial. El Economista: Entrevista a Segundo González, por­tavoz de Podemos en la Comisión de Economía: ‘Esperamos que el PSOE pre­sione para tumbar los Presupuestos’. 

EMPRESAS
Capital Madrid: OHL pierde el tren de las plus­va­lías de Abertis por su mala ca­beza y ges­tión: po­dría haber in­gre­sado 700 mi­llones más de no ha­berse pre­ci­pi­tado ante sus pro­blemas ju­di­ciales (Héctor C. Llamas). Expansión: El Gobierno, con­trario a la opa sobre Abertis: está en contra de que el centro de de­ci­sión de la com­pañía se tras­lade a Italia. El Economista: Megainversión bri­tá­nica por 14.000 mi­llones de Iberdrola: será el mayor pro­yecto mun­dial eó­lico, equi­va­lente a tres cen­trales nu­cleares (Rubén Esteller). Otro ti­tu­lar: Cellnex compra el 54% de su rival Swiss Towers por 232 mi­llo­nes. Otro ti­tu­lar: Fomento re­afirma su com­pro­miso con el Corredor Mediterráneo: 'Afecta a 6 paí­ses, dos ter­cios del PIB de la UE'. 

Cinco Días: Cellnex entra en Suiza de la mano de DT para re­forzar el li­de­razgo eu­ro­peo. Otro ti­tu­lar: La cifra de ne­gocio de las com­pañías crece a su mayor ritmo en 11 años. Otro ti­tu­lar: Eysa quiere llevar los vehículos Emov y el par­king co­la­bo­ra­tivo a toda España. El Correo: Tubacex firma en Irán el con­trato de su his­toria por 556 mi­llo­nes. El Confidencial: Manuel Pizarro ate­rriza en Henneo (Heraldo) para es­po­lear el sec­tor: se in­cor­pora tam­bién Marisa Navas, ex­di­rec­tora ge­neral de Medios en Telefónica (Álvaro G. Zarzalejos). 

SECTOR FINANCIERO
Vozpopuli: Popular con­trata a Morgan Stanley para su plan B: la am­plia­ción de ca­pital (Jorge Zuloaga). Expansión: Popular: los bancos in­tere­sados tienen di­fi­cul­tades para va­lorar sus ac­tivos (Salvador Arancibia). Otro ti­tu­lar: Los ho­teles de Sabadell salen a Bolsa. El Economista: El Santander frena su pacto en autos para ana­lizar el Popular. Capital Madrid: Cláusulas suelo: al­gunos bancos 'pasan' del de­creto del Gobierno: las or­ga­ni­za­ciones de con­su­mi­dores ase­guran que el sis­tema ex­tra­ju­di­cial pre­visto es inútil (José Sánchez Mendoza). El Confidencial: Banco Sabadell saca a Bolsa su ca­dena de ho­teles de la mano de Credit Suisse (Ruth Ugalde). 

Bolsamanía: Draghi pide en Madrid 'vigilancia del im­pacto' en la banca de su baja ren­ta­bi­lidad (Óscar Giménez). El País: Draghi sos­tiene los tipos cero frente a las crí­ticas de los ban­cos: el BCE des­carta bur­bujas in­mo­bi­lia­rias y re­clama a las en­ti­dades que re­duzcan gastos para ser ren­ta­bles (Íñigo de Barrón). Cinco Días: Draghi des­carta bur­bu­jas, pero vi­gila el mer­cado de ofi­cinas y las casas Premium (N. Salobral). Otro ti­tu­lar: Los clientes por móvil de CaixaBank ya su­perar a los que usan la web. 

OTROS TITULARES DESTACADOS
El Español: Un ‘arrepentido’ vin­cula a so­cie­dades de Roures con so­bornos a la FIFA: Costas Takkas, ex di­ri­gente de la CONCACAF, se de­clara cul­pable en el pro­ceso por blan­queo y so­bornos que im­plica al menos a una em­presa del grupo Mediapro (Pedro Cifuentes). Otro ti­tu­lar: Cristiano Ronaldo de­fraudó ocho mi­llones de euros a Hacienda. El Mundo: El TS con­si­dera ‘insólito’ que no se acu­sara a los ase­sores fis­cales de Leo Messi. Otro ti­tu­lar: Carmena sub­ven­cionó ma­sajes y li­mu­sinas para las es­tre­llas de Bollywood (Marta Belver). Otro ti­tu­lar: Un soplo per­mitió a González buscar mi­cros en su des­pacho 48 horas antes de su de­ten­ción en la Operación Lezo: dijo a los téc­nicos que sabía ‘por va­rias vías’ que es­taba siendo es­piado (Esteban Urreiztieta). 

Vozpopuli: La Junta de Andalucía, con­de­nada a in­dem­nizar con 165 M. a un ex impu­tado del ‘caso Malaya’ (Raúl Pozo). Otro ti­tu­lar: Operación Lezo: Aguirre dio tres mi­llones a una em­presa del abo­gado seña­lado por es­piar a Cifuentes (Alberto Ortín). OKdiario: Mercasa metió en su pre­su­puesto una par­tida de 10 mi­llones para pagar co­mi­siones ile­gales en Angola (M.A. Ruiz Coll). Otro ti­tu­lar: Sandro Rosell niega en su de­cla­ra­ción ante la Guardia Civil que haya co­brado co­mi­siones ile­ga­les. Estrella Digital: El pro­to­colo con­fi­den­cial de la Policía para frenar ata­ques te­rro­ris­tas: una ac­tua­ción rá­pida y efec­tiva para frenar ata­ques que tienen como ob­je­tivo causar el mayor nú­mero de víc­timas po­si­bles en el menor tiempo (Paula Pérez Cava). 

OPINIÓN
Editorial en El País: ‘Atajar la co­rrup­ción: los es­cán­dalos tienen un coste muy alto para la imagen de la eco­nomía es­paño­la’. Ramón Jáuregui y Carlos García de Andoin en el mismo dia­rio: ‘Un me­mo­rial en el Valle: con­vertir el mau­soleo en un mo­nu­mento a las víc­timas es una asig­na­tura pen­diente que la de­recha de­bería asumir para se­llar los lo­gros de la Transición po­lí­ti­ca'. Editorial en ABC: ‘Comienza la purga en el PSOE’. Otro edi­to­rial: ‘Echenique, al ‘tramabús’. Editorial en Libertad Digital: 'Recurrir al in­glés para im­poner el va­len­ciano: los alumnos que opten por el cas­te­llano de­berán acudir a aca­de­mias o cen­tros de idiomas si quieren ob­tener el tí­tulo de in­glés co­rres­pon­dien­te'. Pablo Planas en el mismo me­dio: 'Habrá re­fe­rén­dum'. 

Editorial en La Vanguardia: ‘Cortejo a la Agencia del Medicamento’. Otro edi­to­rial: ‘Colau, a mitad de man­da­to’. Joge Zuloaga en Vozpopuli: ‘Los tres ca­minos del Popular’. Jorge Vilches en el mismo me­dio: ‘De la dic­ta­dura en Cataluña y otras pe­queñe­ces’. Editorial en Cinco Días: ‘Una cul­tura fi­nan­ciera ele­mental que no sólo se aprende en la es­cue­la’. Editorial en El Mundo: ‘Evitar una jungla de alo­ja­mientos tu­rís­ticos ile­ga­les’. Otro edi­to­rial: ‘La po­lí­tica ex­te­rior de Trump ge­nera in­cer­ti­dumbre en todo el mun­do’. Ainhoa Aparicio en Nada Es Gratis: '¿Aprender idiomas nos haría más com­pe­ti­ti­vos? Efectivamente en 2004/2005 se pro­duce un in­cre­mento re­la­tivo de la pro­por­ción de nues­tras ex­por­ta­ciones a los grandes países an­glo­par­lantes por en­cima de su nivel ini­cial del 1992'. 


(*) Periodista


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