domingo, 26 de febrero de 2017

Andrea Levy: «Hay que esperar, porque en pocos días se va a conocer la versión de Sánchez»


MADRID.- La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, hizo hincapié este domingo en la necesidad de "estabilidad" en la Región de Murcia al ser preguntada por una posible salida del presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, tras su imputación en el marco del 'caso Auditorio'.

Ante las presiones de Ciudadanos para que Sánchez dimita, en virtud del acuerdo de investidura que la formación naranja firmó con el PP en la Comunidad, Levy pidió esperar, porque "en pocos días se va a conocer la versión de los hechos" del presidente de la Región. La dirigente pedía esperar así, al menos, a la declaración del jefe del Ejecutivo autonómico en el el Tribunal Superior de Justicia, fijada para el próximo 6 de marzo.
"Yo pediría prudencia y esperar a esas declaraciones. Me remito a sus declaraciones", dijo únicamente la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP.

Las 'Marchas por la Dignidad' piden la expulsión de PAS

MURCIA.- Las denominadas 'Marchas de la Dignidad' volvieron ayer sábado a las calles de Murcia para exigir «el derecho fundamental a una pensión digna», un trabajo estable, la derogación de la reforma laboral y en protesta por la corrupción. 

Así lo manifestaron las más de 40 organizaciones que conforman la plataforma en nuestra región. 

Ante la situación generada en los últimos días con la imputación del presidente de la Comunidad Autónoma, los manifestantes pidieron «la expulsión de Pedro Antonio Sánchez por la bochornosa imagen de la Región».

El colectivo 'Murcia Transparente Independiente" insta a instruir a PAS expediente disciplinario si no acata la ley

MURCIA.- El colectivo "Murcia Transparente Independiente" ha instado a instruir al presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez,  expediente disciplinario si no acata la Ley Regional de Transparencia, según un escrito dirigido días atrás al presidente del Consejo de la Transparencia, José Molina Molina.

El presidente de dicha asociación civil, Francisco Torrano, estima que es obligación de dicho Consejo comunicar a Sánchez, en su calidad de presidente de la CARM, que a su situación es de aplicación lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia tras su reforma del pasado mes de mayo y que por consiguiente no debe permanecer en el cargo por motivos éticos y de buen gobierno y a fín de preservar el prestigio de la institución.
Este colectivo le dice a José Molina que debe comunicarle a Pedro Antonio Sánchez que, de no asumir dicha obligación, procederá la instrucción del expediente disciplinario correspondiente conforme lo dispuesto en dicha ley y demás normas aplicables que regulen el régimen jurídico de los altos cargos al servicio de la Administración Pública.
El artículo 54 de la Ley de Transparencia obliga a todo cargo electo, incurso en situación procesal de investigado por la supuesta comisión de delitos contemplados en los artículos 404 a 444 ó 472 a 509 del Código Penal, al entender que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las insttituciones.
El artículo 54.1 de la citada ley regional establece que son sujetos obligados los miembros del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

El PSRM presenta una moción para la transparencia de las relaciones entre fiscal general y Gobierno

MURCIA.- La secretaria de Organización del PSRM y diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Presen López, ha presentado una moción en la que pide que se cumplan las recomendaciones del Grupo de estados contra la corrupción y se garantice la independencia judicial.

La dirigente socialista ha señalado que el Gobierno del PP ha buscado "crear la apariencia de que durante la X Legislatura impulsó un ambicioso paquete de iniciativas dirigidas a luchar contra la corrupción pero tanto la realidad socio-política española como el Informe GRECO 2016 lo desmienten de manera incontestable".
El texto de la moción socialista incluye prolongar el plazo de prescripción de los procedimientos disciplinarios de jueces y magistrados. Y promover la adopción de un código deontológico para fiscales que los preserve frente a conflictos de intereses. De igual modo se establecería un código para los jueces.
De igual modo, el texto registrado en la Asamblea Regional recoge revisar el régimen de compatibilidades de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin dedicación exclusiva para evitar conflictos de intereses, públicos y privados, en el ejercicio de sus funciones.
En cuanto a la independencia del Ministerio Fiscal, la moción registrada por Presen López pretende que, con carácter previo al nombramiento por el Gobierno del Fiscal General del Estado, el candidato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que podrá rechazar de forma razonada la propuesta por una mayoría cualificada.
Asimismo, fija obligaciones y procedimientos que garanticen la transparencia de las relaciones entre el fiscal general y el Gobierno y delimitar las facultades del Fiscal General del Estado potenciando las funciones del Consejo Fiscal, de las Juntas de Fiscales y de la Junta de Fiscales de Sala.
López ha señalado que "queremos la máxima independencia de la Justicia", por lo que exigimos aumentar la autonomía del Ministerio Público en la gestión de sus medios y, en particular, establecer un plan especial para dotar de medios humanos y materiales adecuados para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales y a las fiscalías que concentran mayoritariamente los casos de corrupción.
Estas recomendaciones son las que hizo a España el Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) del Consejo de Europa en el marco de su Cuarto Ciclo de Evaluación sobre "Prevención de la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales".
Presen López ha explicado que "la lucha contra la corrupción requiere que las instituciones y órganos pilares del Estado de Derecho funcionen con plena eficacia y para que esto se dé necesitamos a jueces y magistrados independientes no sólo durante el ejercicio de la función jurisdiccional sino, también, desde el momento mismo de la selección de los integrantes del Poder Judicial".

Rajoy se escabulle de la cascada de escándalos de Murcia, el exministro Soria y la Fiscalía

MADRID.- Con el aviso de que "si en este país no se cumplen las normas, vamos a tener un problema" y su consabido "respeto a la justicia", Mariano Rajoy ha vuelto a hacerse el ignorante tanto de la corrupción probada entre sus filas, como de la presunta que enjuician los tribunales. Sea José Manuel Soria, Pedro Antonio Sánchez, Rafael Catalá o los movimientos en la fiscalía del Estado, la respuesta del presidente del Gobierno ha vuelto a ser la misma: apelar a que el sistema judicial funciona y despacharlo como si nada fuera con él, según recuerda hoy www.eldiario.es

El plan del PP era vender su puesta a punto en cuanto a mandos y a proyecto político en su congreso nacional. Y seguir enmarcando sus casos de corrupción en el pasado con promesas de regeneración política y democracia interna. La polémica por la situación judicial de un presidente autonómico como el de Murcia no tardó en ser protagonista. Más, cuando  unas cámaras de televisión captaban al ministro de Justicia ansioso por aprovechar la ocasión para intentar contactar con Pedro Antonio Sánchez y él esgrimía después información privilegiada.
Todo lo que el presidente del Gobierno ha dicho sobre su caso es que "ya se le han archivado 16 denuncias" y "hay que respetar la presunción de inocencia". Ante la presión de Ciudadanos, sostén del Ejecutivo murciano y socio de investidura del Gobierno central, el PP pide tiempo y asegura que no se trata de un caso de corrupción sino de una posible "metedura de pata" en el caso Auditorio que lo llevará a declarar como investigado el próximo 6 de marzo.
Al menos en este caso, Rajoy parece estar al tanto. La sentencia que demuestra que José Manuel Soria mintió al decir que se había pagado de su bolsillo unas vacaciones de lujo en la República Dominicana le pilló desprevenido. Todas las explicaciones sobre la estancia de lujo en un hotel por parte de su entonces ministro de Turismo consistieron en decir "no me he enterado" y en preguntar "¿cuándo ha salido eso?".
Sea en una entrevista en televisión o en una sesión de control en el Parlamento, la respuesta habitual de Rajoy consiste en no responder. O simplemente en atacar a quien le pide explicaciones. "Menos mal que no es usted Robespierre" fue la frase de efecto escogida para contestar a Pablo Iglesias en el pleno del Congreso. El portavoz de Unidos Podemos le había reprochado en dos minutos una lista en la que cabían una quincena de casos. "¿Quién es el delincuente hoy?", inquirió el diputado ante una condena a pagar las costas al que había acusado de delincuentes a los periodistas que le investigaron. 
El hashtag #YoconPedroAntonio se le ha dado la vuelta al PP y ya acumula más burlas que muestras de apoyo. Aun así, el afectado mantiene el visto bueno de Génova para ser candidato a presidir la formación regional, además de seguir en el Gobierno. Tras los relevos en la Fiscalía Anticorrupción, las denuncias de presiones al responsable de investigarlo en la comunidad han sido desviadas por Catalá como si fueran recientes. 
El fiscal general, José Manuel Maza, comparece el miércoles en el Congreso y se enfrenta a las preguntas de la oposición sobre los cambios ordenados en la fiscalía y la desprotección e intimidaciones denunciadas por López Bernal en Murcia, además de pedir también la del ministro de Justicia e Interior para que expliquen la situación.

Podemos emplaza a C's y a PSRM a una reunión el jueves tarde para tratar la moción de censura

MURCIA.- El secretario general y portavoz del grupo parlamentario, Óscar Urralburu, ha convocado a C's y PSRM para evaluar la situación en la Asamblea Regional a primera hora de la tarde del próximo jueves, tras la reunión que mantendrán el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez y el portavoz de Ciudadanos, según anuncia en un comunicado.

Urralburu aseguró que Podemos "no tiene ninguna expectativa" puesta en el encuentro entre Pedro Antonio Sánchez y Miguel Sánchez, puesto que en la actual situación de "profunda crisis institucional" sólo cabe la moción de censura para "desalojar a la corrupción y sus prácticas mafiosas del gobierno de la Región de Murcia".
El portavoz parlamentario de Podemos afirmó que es el propio presidente el que ha dejado claro que "no tiene ninguna intención de tirar la toalla y va a seguir mintiendo como lleva haciendo años, por lo que solo cabe contemplar la moción de censura".
Por ello, Urralburu incidió en que la dimisión de Pedro Antonio Sánchez "sería una buena noticia para la Región pero sabemos que un nuevo candidato de la PP volvería a ser un tapón para la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y eso sigue siendo una posibilidad remota, entre los planes del presidente está la dimisión".
Por eso, desde Podemos, dicen que han convocado a una reunión a Ciudadanos y PSRM "para una vez corroborado el fiasco de la reunión entre el presidente imputado y el partido que lo sostiene, empezar a hablar de una moción de censura que acabe con los 22 de PP en San Esteban".
Ciudadanos insiste en que Pedro Antonio Sánchez debe dimitir en cumplimiento tanto del pacto de investidura como de la Ley regional de Transparencia, pero el PP confía en ganar tiempo en la reunión del próximo jueves, al menos hasta que se produzca la declaración del presidente en el TSJ en calidad de investigado por el caso Auditorio.

El PP elimina de sus estatutos la «alarma social» como factor para apartar a un cargo público

MADRID.- El PP ha eliminado de los Estatutos aprobados en su XVIII Congreso Nacional que la "alarma social creada" sea uno de los requisitos para suspender de su funciones a un cargo público afectado por un caso de corrupción.

En el texto original de la ponencia coordinada por Fernando Martínez-Maillo, se decía que "en casos de delito flagrante de corrupción, el Comité de Derechos y Garantías a la vista de la gravedad de los hechos y la alarma social creada podrá determinar la suspensión de funciones o de militancia, lo que se acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto".
El nuevo texto aprobado el pasado 10 de febrero en el cónclave del PP recoge una redacción similar pero quita la expresión "la alarma social creada", ciñendo únicamente la suspensión de funciones o de afiliación a la "gravedad de los hechos".
Tras la muerte de Rita Barberá, el PP dió un paso atrás y volvió a recuperar su tesis de que la apertura del juicio oral es el momento de apartar a un cargo y asumir responsabilidades políticas, a pesar de que el pacto de investidura suscrito a finales de agosto con Ciudadanos lo sitúa expresamente en la imputación formal.
La apertura de juicio oral es la que defiende públicamente el PP y es el criterio que esgrimió esta semana tras la imputación por el 'caso Auditorio' del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. A pesar de la presión de la oposición para que lo aparte, Mariano Rajoy apeló a la "prudencia" alegando que la presunción de inocencia no se puede "liquidar" y hay que ser "justos".
Una de las novedades de los Estatutos aprobados en este mismo mes febrero es la creación de la llamada Oficina del Cargo Popular, que estará formada por entre tres y cinco miembros que no desempeñen ningún cargo público u orgánico dentro del PP. Su nombramiento -aún pendiente-- será propuesta de Rajoy y deberán ser aprobados por el Comité Ejecutivo del partido.
Entre sus funciones figura la de velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades recogido en los Estatutos del PP. También se encargará de supervisar el cumplimiento de los "trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en representación del PP", aprobar un formulario homologado del resumen de la declaración de IRPF y de patrimonio, y la gestión de los registros de actividades y de bienes de los cargos del partido.

La 'Arrixaca' vuelve a ser el hospital español con mayor número de donantes de órganos, 67 en 2016

MURCIA.- El hospital Virgen de la Arrixaca, de Murcia, volvió a ser en 2016 el centro hospitalario con mayor número de donantes de España, en total 67 casos.

En la Región, la actividad referente a la donación de órganos ha pasado de 34 donantes por millón en el año 2014, a 44 donantes por millón en 2015, superando la barrera de los 50 donantes por millón (en concreto 52) en 2016. Estos datos suponen un incremento de casi el 20 por ciento de donantes con respecto a 2015.
Con estas 76 donaciones multiorgánicas (frente a las 65 del 2015), se han podido llevar a cabo un total de 373 trasplantes de órganos y tejidos en los diferentes hospitales de la Región de Murcia. De las 76 donaciones del pasado año, 67 se realizaron en el hospital Virgen de la Arrixaca, el centro hospitalario de España con mayor número de donantes del país en 2016.
Los hospitales de la Región batieron de nuevo un récord el pasado año, ya que volvieron a aumentar la tasa de donantes de órganos, en esta ocasión nueve puntos por encima de la media nacional, lo que ha permitió realizar esos 373 trasplantes de órganos y tejidos, un incremento del dos por ciento respecto al año anterior.
Además, la Región de Murcia ocupa uno de los tres primeros puestos en el ámbito nacional en cuanto a donación de medula ósea, con más de 17.000 potenciales donantes y un incremento de 5.300 nuevas inscripciones durante el ejercicio 2016.
En este aumento de los índices de donación y trasplantes en la Comunidad ha influido la puesta en marcha y continuación de los programas de donación en asistolia en los hospitales Virgen de la Arrixaca, Reina Sofía y Morales Meseguer, lo que ha permitido aumentar el número de donantes en asistolia de 9 en 2015 a 16 en 2016 (un 77 por ciento más).
El registro murciano de instrucciones previas es un cauce muy útil para quienes quieran hacerse donantes. Mediante unos requisitos sencillos, cualquier residente en la Región puede dejar constancia de su deseo de donar órganos a través de un documento que se descarga desde el enlace https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=78223 y se puede presentar con la firma de tres testigos, en cualquier hospital o ventanilla única municipal.
A día de hoy, 1.551 murcianos han expresado su voluntad de donar sus órganos mediante este testamento vital.

Medio Ambiente promueve la participación de diversos colectivos en la regulación del uso sostenible de los parques regionales


MURCIA.- La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente promueve una metodología de trabajo participativa, con el objetivo de regular el uso sostenible de los parques regionales, como Sierra Espuña y El Valle-Carrascoy, y hacer de esta una responsabilidad colectiva.

Un grupo compuesto por miembros de diferentes colectivos relacionados con el uso y disfrute del parque regional El Valle y Carrascoy, entre los que se encuentran ciclistas, senderistas y corredores, entre otros; con representación de las asociaciones, clubes, federaciones y otros colectivos, se han reunido, a lo largo de los últimos meses, en una mesa de trabajo para debatir con el equipo gestor del parque las posibles soluciones a los problemas que plantea el uso público masivo.
El grupo de trabajo, analiza un estudio sobre el estado de los senderos, un plan de encuestación y un manual de buenas prácticas, de cara a las próximas Jornadas participativas para la regulación sostenible de los senderos del Parque, que se celebrarán los días 3 y 4 de marzo, con participación de todos los colectivos implicados y de cuatro expertos nacionales en procesos de regulación de uso público.
Recientemente, miembros del citado grupo de trabajo recorrieron la Senda de las Columnas y un atajo ilegal de uso frecuente, para comprobar sobre el terreno el estado de los senderos y el desarrollo de distintas actividades como senderismo, ciclismo, paseos a caballo y entrenamientos deportivo, entre otras.

La CARM financia 17 cursos de formación especializada en el sector de la madera y el mueble para más de 200 alumnos

MURCIA.- La Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, a través del SEF, ha concedido al Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (Cetem), una subvención de 146.000 euros para la impartición de 17 cursos de formación especializada, que servirán para formar a más de 200 alumnos en los nuevos perfiles profesionales que requiere el sector, profundamente renovado con la aplicación de las nuevas tecnologías.

Con esta nueva convocatoria de cursos, el Cetem, en colaboración con la Asociación Regional de Empresarios de la Madera (Arema), pretende aportar su experiencia en tecnologías industriales ofreciendo cursos de alta especialización, tanto a desempleados como a trabajadores en activo, en campos como el diseño, la electrónica, la impresión 3D, la robótica o el ecodiseño.
Los desempleados interesados en participar en alguna de estas acciones formativas podrán elegir entre un curso de 'Tratamiento y maquetación de elementos gráficos', otro de 'Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web', así como uno de 'Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes'.
También para personas en situación de desempleo van destinados dos proyectos formativos para el fomento del empleo autónomo. Así, el primero de ellos, titulado 'Jornadas de coaching para emprendedores', tiene como objetivo mejorar las perspectivas de empleo de los parados mayores de 45 años, mientras que el segundo, centrado en la 'Formación hacia el emprendimiento en la industria 4.0', orientará a jóvenes con interés en iniciar una actividad.
Por lo que respecta a los trabajadores ocupados que deseen ampliar y actualizar su cualificación profesional, el Cetem destina varios cursos sobre exportación, diseño de producto y mecanizado para la industria del mueble, que darán comienzo en el mes de abril.
Asimismo, el programa incluye tres cursos diseñados específicamente para que los trabajadores del sector puedan obtener una visión global sobre el fenómeno de la industria 4.0, la economía conectada y la transformación digital de las empresas, principalmente a través de los campos de la robótica y la impresión 3D. Todos ellos están programados para el mes de junio.
El director general del SEF, Alejandro Zamora, subrayó que "el proceso de transformación que el sector vive en la actualidad hace que la formación de los trabajadores sea clave para la modernización e internacionalización de sus empresas, por lo que estos cursos van a ser de gran utilidad para los participantes".
El sector del mueble y la madera en la Región está conformado por más de 1.050 empresas, concentradas sobre todo en Yecla y la comarca del Noroeste, y da empleo a más de 6.000 personas. El plazo para inscribirse en alguno de estos cursos ya está abierto.

El PSOE apuesta por una Mesa Sectorial exclusiva para tratar todos los problemas de la Policía Local de Murcia

MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista ha mantenido diversas reuniones con representantes de la Policía Local de Murcia en las que se han puesto de manifiesto diferentes problemas que afectan a este cuerpo, por lo que el concejal Juan Vicente Larrosa considera que sería oportuno crear una Mesa Sectorial para tratar exclusivamente esas deficiencias que no tienen nada que ver con el resto de funcionarios.

Precisamente, Larrosa precisa que una de las quejas expuestas por los representantes sindicales es que se haga uso de su imagen "para realizar publicidad y ofrecer espectáculo, algo que, desde el PSOE, nos parece impresentable". En concreto, se trata de un servicio que los agentes realizan en la Plaza del Cardenal Belluga junto a un cartel que habla de 'Policía visible'.
Al respecto, Larrosa advierte de que "mientras los agentes están expuestos en el centro de la ciudad para ofrecer propaganda, hemos comprobado cómo se dejan de ofrecer servicios necesarios, como es la vigilancia de los mercadillos semanales que se celebran por todo el municipio. Sí, hay presencia policial en el de La Fama, pero no la busques en los de pedanías".
Además, el concejal socialista afirma que los mismos agentes se quejan de no cumplir con las tareas para las que se han formado, "porque ellos quieren ser útiles, patrullar, estar presentes donde verdaderamente hagan falta y dejarse las puestas en escena", y añade que "estar mano sobre mano en el centro de ciudad conlleva mermar servicios en los pueblos de nuestro municipio".
Por todo ello, Larrosa reivindica la creación de un órgano, fuera de la mesa de negociación, para que se puedan analizar todos los problemas de este importante colectivo, que "también han sido expuestos a la concejala competente desde el comienzo de la legislatura pero, hasta el momento, no han recibido respuesta".

La red del 3% usó dinero de 'Aquagest Región de Murcia' para promover la independencia de Cataluña

MADRID.- La trama del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) utilizó empresas de Murcia y Alicante para pagar comisiones ilegales por el amaño de adjudicaciones públicas de la administración catalana. Paradójicamente, el dinero de esas mercantiles del Levante, que había salido directamente de los bolsillos de los contribuyentes de esas provincias, terminó sirviendo para financiar el programa político de CDC para alcanzar la independencia de Cataluña, según adelanta hoy www.elconfidencial.com

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción descubrieron los pagos entre la documentación intervenida en la sede del partido y figuran en el sumario de la llamada operación Petrum, cuyo secreto levantó parcialmente este viernes el instructor de la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch.
Una de esas empresas es Aquagest Región de Murcia, concesionaria del servicio público de agua en varios municipios de esa comunidad autónoma. En los informes de la Guardia Civil, a los que ha tenido acceso El Confidencial, se detalla que esa mercantil realizó una primera donación a CDC por importe de 40.000 euros el 26 de octubre de 2012, solo cuatro semanas antes de las elecciones al Parlamento de Cataluña de ese año, celebradas el 25 de noviembre. Y dos semanas después, el 5 de diciembre, la misma empresa efectuó un segundo pago a la formación de Artur Mas y Carles Puigdemont de otros 20.000 euros.
Una segunda mercantil de Alicante también realizó pagos a CDC, a pesar de que el partido tampoco tiene ninguna relación con esta provincia. Según los informes de la Guardia Civil, Aquagest Levante SA, con sede en la capital alicantina y concesionaria también de contratos para la gestión de agua, habría donado a los convergentes 21.500 euros el 28 de marzo de 2011; 20.000 euros el 23 de julio de 2012; y otros 40.000 euros el 26 de octubre de ese año, nuevamente, en plena campaña de las elecciones autonómicas, a las que CiU se presentó por primera vez con la independencia de Cataluña en su programa. La donación se canalizó a través de una de las entidades satélite de CDC, CatDem. Como ya han acreditado los investigadores, el dinero se movía luego a la caja B del partido mediante facturas falsas por servicios inexistentes.
"Resulta absolutamente sorprendente que Aquagest Región de Murcia y Aquagest Levante suministren donaciones, bien a partidos, bien a fundaciones vinculadas a los mismos, en Cataluña”, manifiestan los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil en uno de sus informes. A la aparición de esas empresas habría que sumar los pagos de una tercera mercantil con actividad también fuera de Cataluña. Se trata de Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Abastecimiento, que gestiona el servicio de agua en ayuntamientos de Zamora, Badajoz y Pontevedra, entre otras, y tiene sus oficinas centrales en Valladolid. En la contabilidad de CDC aparece al menos un ingreso de esta otra empresa por importe de 20.000 euros. Se realizó el 3 de mayo de 2012.
La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han concluido que esos pagos formarían parte de una “argucia” urdida por el accionista de esas mercantiles, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (Agbar), para “diseminar las donaciones” que realizaba a CDC para asegurarse proyectos y licitaciones en Cataluña. Los contratos se amañaban en la antigua sede de CDC en la calle Córcega de Barcelona, pero el dinero salía de los recibos del agua que pagaban los contribuyentes de Murcia, Alicante y otras provincias de España.
Entre la documentación hallada en el despacho del tesorero del partido, Andreu Viloca, aparecieron mensajes de intermediación ante ayuntamientos gobernados por CDC para desbloquear concesiones y saldar deudas pendientes, a pesar de que, en teoría, solo era responsable de las finanzas de la formación. 
“Tales actuaciones podrían constituir un presunto delito de tráfico de influencias, pues se están solicitando favores a Andreu Viloca para que utilice sus contactos y ascendencia dentro de Convergència con el fin de ejercer presión sobre funcionarios públicos”, recoge otro de los informes incorporados a la causa.
El interés por conseguir contratos en Cataluña también provocó que otras empresas de ámbito nacional contribuyeran a financiar las aspiraciones independentistas de CDC. Es el caso de ACS, que como publicó El Confidencial este sábado, utilizó su Fundación para realizar una aportación a CatDem de 60.000 euros en 2011. Las pesquisas han concluido que la constructora presidida por Florentino Pérez selló con esa donación un contrato para gestionar la basuras y la limpieza viaria de Olot (Gerona) durante ocho años por un importe de 19,7 millones de euros más IVA. Otra empresa con domicilio en Madrid, la constructora Oproler, está considerada por los investigadores una de las mayores donantes de la trama. Pero con esos pagos, Oproler se garantizó adjudicaciones de decenas de ayuntamientos y empresas públicas controladas por CDC.
Viloca no solo tenía documentos de concesiones de Agbar. Del sumario se desprende que el tesorero manejaba información sobre las licitaciones que sacaba a concurso la administración catalana antes incluso de que aparecieran publicadas en los boletines oficiales. La Guardia Civil encontró en su despacho una carta que la jefa del Departamento de Licitación de la empresa pública Gestión de Infraestructuras SA (GISA), María Eugenia Tudela, remitió a la dirección del Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) para publicar los pliegos para la construcción de un centro médico en Mataró (Barcelona). 
“Sorprende y llama la atención conocer qué justificación lógica puede sustentar sobre cómo una comunicación que la jefa de Licitación de GISA dirige al DOGC puede estar en poder de Andreu Viloca Serrano, que no tiene relación conocida, cargo o trabajo ni con la mencionada empresa pública ni en el diario oficial”, señalan los investigadores.

C's señala que Murcia supone una excelente oportunidad para el PP de demostrar “si es de fiar o no”

MADRID.- El portavoz de Ciudadanos (C’s) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado hoy que la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, supone una excelente oportunidad para el PP de demostrar “si es de fiar o no” apartando a una persona que está “imputada por corrupción”.

Aguado ha expuesto que el propio presidente de Murcia "dijo que si resultaba imputado iba a abandonar su cargo".
Además ha recordado que también está recogido en el acuerdo de investidura y en la ley de Trasparencia de Murcia. "Por tanto sólo pedimos que cumpla su palabra", ha apostillado. 
También ha asegurado que el representante de Ciudadanos en Murcia, Miguel Sánchez, se reunirá con Pedro Antonio Sánchez "para pedirle en persona que cumpla con lo que dijo, no ponga en peligro la estabilidad de Murcia y se aparte" y que tras dicha reunión se verá "qué decide el PP".
 

Francina Armengol califica de 'escandalosas' las declaraciones del exfiscal de Murcia

PALMA.- La presidenta del Govern balear, la socialista Francina Armengol, ha confesado haber recibido con "mucha sorpresa" las declaraciones del exfiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, quien denunció este jueves las "intimidaciones", persecuciones y "desprotección" que sufren quienes se dedican a combatir casos de corrupción.

Armengol ha señalado que, como presidenta del Ejecutivo balear, siempre ha tenido un "máximo respeto a la Justicia" y ha incidido en la importancia de la separación e independencia de poderes, por lo que ha calificado de "escandaloso" lo denunciado por el exfiscal.
"Creo que es lo que se debe aplicar desde cualquier Govern e instancia, el respeto a la Justicia, y en este caso, a la Fiscalía", ha manifestado.
A las afirmaciones de López Bernal se unió un día después el fiscal balear del 'caso Nóos', Pedro Horrach, quien indicó que "las presiones en investigaciones de corrupción se suceden muy a menudo", y que, en su caso particular, aunque nunca ha temido por su integridad física, sí ha recibido "cartas de tipo amenazante".

Alcantarilla se suma a Murcia y Cartagena para pedir la renuncia de PAS

ALCANTARILLA.- Los grupos municipales Cambiemos, Podemos, PSOE, Ciudadanos e IU Ganar Verdes en Alcantarilla aprobaron esta semana en el Pleno municipal una moción de urgencia por la que se solicita formalmente al presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, que «presente su dimisión inmediata».

Según un comunicado de Podemos, en la moción se recoge la petición de dimisión del jefe del Ejecutivo regional para que éste afronte «su defensa, sin trabas ni ataduras, ante las acusaciones de prevaricación continuada, fraude, falsedad de documento público y malversación de caudales públicos» en el marco del caso Auditorio, por el que el presidente tendrá que declarar ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ el próximo 6 de marzo.
Así, los concejales de la oposición exigieron a Pedro Antonio Sánchez que «cumpla la palabra que dio de dimitir si era imputado», y denunciaron que la Región de Murcia «vive una alarma social por hechos propios de La Camorra como el asalto a las viviendas de los fiscales que investigan la corrupción del Partido Popular», según la moción.
El Partido Popular, que gobierna en la localidad sin mayoría absoluta, votó en contra de la moción de Podemos.

No habrá 'valcarcelato' sin Valcárcel / Vera Mª Cubí *

La justicia intervenida / Melchor Miralles *

“A la Infanta le irá bien”. Cuando Rajoy dijo esto en el inicio del caso Nóos, no es que el Presidente acreditara talento como adivinador, es que maneja el cotarro, mueve los hilos, y sabe cómo funcionan las cosas. Si le hubieran preguntado por la suerte que correría Álvaro Pérez, su amigo y leal colaborador, la respuesta, de ser sincero, habría sido “le va a ir mal de cojones”. Esto es lo grave. El control que el Ejecutivo ejerce sobre los otros dos poderes. Respecto al judicial, por el manejo de los hilos del Consejo General del Poder Judicial. 

Vale que no tenga capacidad jurisdiccional, pero lo tiene sobre nombramientos, traslados, expedientes y otros aspectos esenciales de la carrera. Unido al control estricto de la Fiscalía. Y todo ello deriva en una Justicia insoportable, lenta, ineficaz y controlada políticamente. O sea, todo lo que no debe ser la Justicia en un Estado de Derecho.

Mientras Mas y sus ex consejeras esperan la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, llega al Supremo el asunto catalán. Mañana lunes comienza el juicio en la sala segunda contra Francesc Homs, acusado de prevaricación y desobediencia al participar en la organización del show independentista en el referéndum del 9-N. Veremos si el resultado de ambos sumarios es coincidente o contradictorio.

En la espera de esa sentencia y de este juicio, se han conocido nuevos datos que apuntalan los indicios sobre corrupción en la antigua Convergencia y Unió, bajo el control de clan Pujol, y de Artur Mas también, al que cada día señalan más pruebas de las que van apareciendo. El puzzle del saqueo a manos llenas, prolongado en el tiempo, que suministraron nacionalistas e independentistas a los catalanes se va completando. Era un gang que se llevaba el dinero público, que funcionaba con tintes mafiosos, que imponía comisiones estratosféricas a empresarios que, en vez de plantarse y denunciarlo, aceptaban el juego y apoquinaban.

Y claro, ahora Mas, cuando aparecen implicaciones suyas personales que le comprometen seriamente, se pone estupendo e insiste en envolverse en la estelada, asumir un papel de víctima que ya no se creen más que los ciegos que no quieren ver, y denunciar una campaña contra “la libertad de Catalunya”. Sería para partirse de risa si ni resultara dramático. Y muchos ciudadanos catalanes les siguen bailando el agua, le compran la mercancía, e incluso le ayudan con su nuevo partido, al que se suman algunos por convicción y muchos otros para ver si pueden seguir trincando, viviendo de lujo, comprando coches y compañía y viviendo del erario y el trinque. Ojo con el Partit Demócrata Catalá, que va a dar que hablar.

Y en Andalucía, ya lo advertí en este andén, se viene otra mundial. En el sorteo para elegir quienes juzgaban a Chaves y Griñán en el caso de los ERE, cuantitativamente el escándalo de corrupción más grave que hemos conocido, el agraciado con la presidencia del tribunal, y además con la responsabilidad de redactar la sentencia como ponente, fue un ex alto cargo de Chaves y Griñán en la Junta de Andalucía. Y todavía no ha evidenciado el tipo que tenga intención alguna de abstenerse y apartarse del caso. Con un par.

Con este panorama, resulta una quimera pensar que el personal pueda tener la más mínima confianza o respeto en la Justicia. ¿Cómo respetar o confiar en una institución que empieza por no respetarse a sí misma? Pero así son las cosas, y así van a seguir siendo por ahora, no nos engañemos. Una justicia intervenida por el poder político en la que las sentencias llegan muy tarde y siempre favorecen a quién le interesa a los que mandan de verdad. 

Tengo ganas de preguntarle a Rajoy cómo le irá a Chaves y Griñán. Me temo que la respuesta sería “les va a ir bien, como a la infanta”. Más que nada por aquello del chiste del dentista: “¿No nos haremos daño verdad doctor?”. Y es que Rajoy necesita ahora al PSOE, y nos les puede hacer esa putada. Qué tristeza. Qué vergüenza. Cuánta indecencia.


(*) Periodista

Legislar y pasar la gorra / Ramón Cotarelo *

¡Hay que ver qué generosos son los diputados al interpretar la normativa de incompatibilidades cuando les afecta en el bolsillo! Solo el PSOE se opone al pluriempleo de los representantes del pueblo. Sin duda estos aducen muy oportunas razones para simultanear su labor de legisladores y controladores dele gobierno con otras actividades lucrativas legales. Para las ilegales no suele pedirse permiso. Y sin duda también dichas razones merecen una consideración reposada no movida por la demagogia, la envidia o las simples ganas de fastidiar y así lo haremos.

Pero antes, séanos permitido señalar una paradoja bastante vergonzosa a primera vista. Los mismos diputados que interpretan laxamente las incompatibilidades propias mantienen incompatibilidades estrictas, arbitrarias, injustas para otras colectividades. Por ejemplo, los jubilados. No pueden estos compatibilizar el cobro de su pensión con las ganancias que obtienen en el mercado libre por su obra o como derechos de autor de sus producciones. Resulta así que dibujantes como Forges, novelistas, músicos, no pueden percibir esos ingresos cuando sobrepasen una cantidad anual que es muy baja (tres veces el SMI). 
 
Es sangriento porque la prohibición ignora que la pensión no es un salario ni una donación graciosa del gobierno, sino un derecho por el que se ha cotizado a lo largo de la vida. Un derecho que debiera ser tan intangible como los títulos de propiedad de bienes inmuebles. Además, el público en general no puede beneficiarse con la creatividad de los autores, muchas veces en su mejor etapa, porque no se lo permiten sus representantes que, sin embargo, pretenden compatibilizar sus suculentos sueldos (muy superiores a las pensiones, incluso la máxima) con otras actividades que, salvo excepciones, son puramente mercantiles y poco o nada tienen que ver con la creación.

Aun suponiendo que entre los diputados solicitantes de compatibilidad los haya simpatizantes con la causa de los jubilados, lo menos que puede decirse de ellos es que anteponen sus intereses a los de sus repressentados.

Y ahora, a las compatibilidades de los diputados. El criterio que debe tomarse en consideración para decidir y el único es la condición genérica de legisladores de todos los compatibilizables. Esto aclara muchas cosas. Parece lógico que quien impone las normas universales y generales de obligado cumplimiento, las leyes, en nombre del interés general (pues los diputados lo son del conjunto del electorado) no esté en actividades lucrativas en defensa de intereses particulares. 
 
Esto incluye la abogacía, la asesoría de empresas y ocupaciones de este jaez, esto es, las actividades profesionales que impliquen contratación con esos intereses. Del otro lado compatibles debieran ser las labores creativas: los libros, los cuadros, las composiciones musicales,las patentes así como las conferencias y alguna actividad docente y, por supuesto la conducción y realización de programas de televisión siempre que no estén financiados por intereses particulares internos o foráneos ni emitan su publicidad. Benefician a la colectividad y no es injusto que obtengan remuneración.

La participación en los medios, las tertulias y formatos análogos es un asunto más delicado. Se parte de que en los medios públicos no se cobra, pero en los privados, sí. Eso está bien, aunque quizá no sea suficiente. El problema está en la permanencia, en la continuidad en que los diputados fijos en estos programas acaban convertidos en portavoces oficiosos de sus partidos y no porque ello esté mal en sí mismo, sino porque necesariamente interfiere en su rendimiento como legisladores. A lo mejor es más sensato que los partidos alternen las personas que envían a las tertulias.

En resumen, está bien que los diputados luchen por compatibilizar su condición con ciertas actividades remuneradas, pero, antes, cuídense de que la gente podamos seguir disfrutando de las creaciones de Mendoza (premio Cervantes 2016), Caballero Bonald, etc. sin arruinarlos.
 
 
 
 
En las jornadas de debate teórico de los golpistas, este fin de semana en Madrid, se está debatiéndose un documento que se pretende sea aprobado por el próximo congreso del PSOE. Al parecer, procede de la minerva de ese gurú de la ciencia económica, José Carlos Díez, fichado por la caudilla andaluza como asesor quien, a pesar de presentarse como profeta, no ha dado ni una ni de lejos en los últimos diez o doce años y es el hazmerreír de las redes.

Creo haber dicho ya que tengo la peor opinión de estos documentos, normalmente apresuradas colecciones de lugares  comunes, vanas promesas y pura demagogia revestidos de falsa dignidad teórica, con la vista puesta en las siguientes elecciones y una indiferencia absoluta hacia los criterios elementales de interés, originalidad, coherencia, audacia y carácter positivo. Lo mismo más o menos pasa con el otro documento de otros gurús del campo de Sánchez, Una nueva socialdemocracia, otro conjunto de vulgaridades y frases vacías que ya lo eran en los tiempos del "Programa 2.000", cuyo espíritu quiere resucitar. Pero este de la junta golpista es todavía peor, más ramplón, embustero y, además, de derechas.
 
La cosa comienza ya con la presentación del jefe de la junta gestora, Javier Fernández pidiendo tanto mercado como sea preciso y tanto Estado como sea necesario.Ya contará este lumbrera cuál sea la diferencia entre "preciso" y "necesario". Y es que son tan ineptos que ni copiar saben. La venerable frase tiene casi 60 años, se debe al que economista del SPD, luego ministro de Economía, Karl Schiller en el congreso de Bad Godesberg, de 1959, y su tenor literal es "tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario". 
 
Posible/necesario tiene sentido; preciso/necesario, ninguno. Lo de Ferrnández es pura charlatanería. Pero no haya cuidado: sin arredrarse ante las dificultades, este buen hombre pretende nada menos que reformular el socialismo democrático. En verdad ni él ni los demás aprovechateguis que lo rodean al servicio de Susana Díaz con el exclusivo objetivo de conservar sus prebendas saben de lo que hablan. Como si el "socialismo democrático" una de las teorías políticas más vigorosas, universales y llenas de posibilidades pudiera "reformularse" gracias a las perogrulladas y simplezas de cuatro intrigantes que solo piensan en su medro personal.

Los golpistas del PSOE no se reúnen a hacer algo razonable y constructivo sino a contar cuentos a ver si consiguen engañar a la militancia para que elija  la caudilla andaluza, cuya campaña están apoyando y financiando y a ver si pueden descalificar a Sánchez ahora que descubren que, tras haberlo defenestrado de forma indigna, está más vivo que nunca.

Es recomendable leer las 12 páginas de esta sarta de cosas archisabidas, envueltas en las brumas la más aburrida especulación económica y financiera. Pura palabrería. Lo más interesante, curiosamente, es lo que no está en ellas, lo que ni se menciona porque, obviamente, no está en los objetivos de estos amigos y ayudantes del PP bajo cuerda: ni palabra de derogar la reforma del 135; ni palabra de derogar la reforma laboral de la derecha, legislada al dictado de los patronos para conseguir mano de obra esclava; ni palabra de obligar a la Iglesia a autofinanciarse y pagar sus tributos como todo el mundo; ni palabra de luchar contra la corrupción en todas sus manifestaciones, desde los sobresueldos de los políticos del partido del gobierno, empezando por Rajoy, hasta los paraísos fiscales, pasando por las malversaciones y comisiones que ha están cobrando los miembros de la asociación dee presuntos ladrones llamada PP; ni palabra de luchar contra los privilegios; ni palabra sobre la República; ni palabra sobre Cataluña.

Sin duda, el PSOE es un partido muy antiguo y saldrá de esta. Pero antes hay que quitar el poder a la manga de golpistas cuyo objetivo es ponerlo al servicio del PP.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Escuadrón suicida / Alberto Aguirre de Cárcer *

Una de las escenas más hilarantes de ‘La vida de Brian’, la célebre comedia de Monty Python, tiene lugar al pie del cadalso cuando los romanos huyen despavoridos al ver aproximarse a la carrera a trece miembros del autodenominado ‘Frente del Pueblo Judaico’. Para desesperación de Brian, resultaron ser miembros de un escuadrón suicida que, al grito de «así aprenderán esos romanos», se apuñalaron en el corazón para dar un escarmiento a los invasores. 

En el terreno de la política regional sucedió algo parecido hace pocos años cuando el entonces portavoz de UPyD en Caravaca, el hoy líder regional de Ciudadanos Miguel Sánchez, anunció que renunciaría a su acta de concejal si en diez días no dimitía el alcalde Domingo Aranda, recién imputado por el caso ‘Roblecillo’. El primer edil no dimitió y Miguel Sánchez se inmoló: «Me voy más que en un gesto de generosidad, en un gesto de dignidad». Como en ‘La vida de Brian’, ese ‘suicidio’ político tuvo su punto teatral porque Sánchez resucitó al cabo de un mes en Ciudadanos, aunque las escrituras no apócrifas oficializan que se cayó del caballo, como Pablo de Tarso, cuando en ese ínterin vio la luz en un mitin de Albert Rivera. 

De lo que no hay duda es de que Miguel Sánchez es un político que cumple su palabra y se esfuerza por estar a la altura del éxito sobrevenido de un partido formado con una precipitada leva de disidentes de uno y otro lado para hacer frente al ‘imperio’ popular, unidos todos bajo la bandera de la regeneración democrática. Ciudadanos sabe que se juega hoy el ser o no ser en la Región, si lo firmado en el pacto de investidura de Pedro Antonio Sánchez no se lleva a término por el cauce que sea, ahora que empiezan a mostrar también fortalezas con su trabajo en las instituciones regionales. 

Por eso Albert Rivera no apunta otra solución que la dimisión del presidente regional desde que fue citado a declarar el 6 de marzo como investigado, antes imputado, por el ‘caso Auditorio’. En su estrategia de defensa de PAS, el Gobierno de Rajoy y Génova han hecho todo lo posible en estos días para debilitar el empuje de Ciudadanos mostrando sus ambigüedades: el apoyo al alcalde socialista de Granada (investigado por varios delitos), su apuesta por fijar en una ley la línea roja para las dimisiones por corrupción en la apertura de juicio oral, la obviedad compartida de que no es lo mismo meter la pata que meter la mano… 

Finalmente, los líderes nacionales de C’s y PP pactaron una tregua que expira el día 6 si PAS no ofrece el próximo jueves a Miguel Sánchez un candidato alternativo del PP para la presidencia. Y es que unos y otros saben que una moción de censura implica un acuerdo con Podemos y posiblemente la elección de un presidente del PSOE, lo que no entenderían los votantes de la formación naranja. A estas alturas, el asunto huele a muerto, pero está por ver quién actuará como escuadrón suicida por mor de un pacto de investidura que entraña riesgos para ambas partes en función de cómo acabe la historia. Como medida disuasoria, Pedro Antonio Sánchez ya ha hecho saber, por vía indirecta, que como está convencido de que el caso será archivado rápidamente, podría ser él quien convocara elecciones anticipadas después, con previsible resultado arrollador. 

Es obvio que el peor pronóstico de partida es para PAS, pese a que ha logrado interiorizar en el Gobierno de Rajoy y en Génova, ambos todavía afectados por lo sucedido con Rita Barberá, que este caso se archivará como los anteriores. Lo ha conseguido sobre la base de una clara convicción en su inocencia pero también de un relato trufado de fantasías sobre el número de querellas penales recibidas (en realidad ha tenido dos en Murcia y solo una impulsada por el fiscal), de juegos florales de naturaleza semántica sobre los presuntos delitos investigados (que son contra la Administración pública y catalogados de corrupción por el CGPJ) y una interpretación jurídica de un pacto de investidura que está muy claro.

 Nada de eso se dirimirá en el TSJ porque forma parte del ámbito de la política y no tendrá ningún peso, ni a favor ni en contra, en la verdad judicial que terminará por emerger. Pese a que ha generado un colosal problema añadido al Gobierno con su indiscreción sobre el dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, PAS sigue teniendo hoy el respaldo de Madrid porque confían en su inocencia, valoran su acción de gobierno, creen que representa el futuro del partido y el propio presidente ha dejado en evidencia, con esos más de 5.000 avales, que su liderazgo regional es incuestionable. Por tanto, entienden que tiene el derecho a defenderse ante el TSJ, más aún si asegura por activa y por pasiva que quedará demostrado que los «errores administrativos» en la tramitación del Auditorio no son ilícitos penales. 

Los problemas internos vendrán si después de su declaración la instrucción se alarga durante muchos días o algunas semanas, lo que es muy probable. Y no lo digo porque ponga en cuestión su inocencia, sino porque sería impensable desde el punto de vista procesal que se produjera un hipotético sobreseimiento nada más terminar de declarar o que tanto el fiscal y las acusaciones particulares no lo recurrieran, entonces o en días posteriores, para que se pronunciara la Sala de lo Civil y lo Penal compuesta por tres magistrados. El instructor del caso, Pérez Templado, ha demostrado ser un magistrado que no marea las causas, pero se tomará sus tiempos, que son distintos a los de la política, para dar todas las garantías procesales y porque su resolución será mirada con lupa, cualquiera que sean sus conclusiones.

El pacto de investidura que firmaron voluntariamente PP y Ciudadanos fue un acuerdo político que hoy nos afecta a todos, tanto a quienes consideran que la imputación indiciaria de un delito debe llevar aparejada la dimisión como a quienes creemos que debe ser en el momento previo a la apertura de juicio oral. Lo menos que cabe exigirles a los partidos es que actúen con responsabilidad, sin menoscabar la presunción de inocencia de nadie ni someter a la ciudadanía a relatos y debates carentes de veracidad. Esta crisis de descrédito nacional e inestabilidad política debe cerrarse cuanto antes sin perder de vista el interés general y sin renunciar a despejar toda duda sobre la actuación ajustada a la legalidad de quien representa institucionalmente a todos los murcianos. Lo contrario sería suicida para todos.


(*) Periodista y director de La Verdad


El PP la lía con la Fiscalía / Ángel Montiel *

(...)  Y es que el PP no se ha distinguido nunca por su finura. El aparato no está entrenado para manejarse en situaciones complejas, y se manifiesta con gestos y comportamientos de la era de la mayoría absoluta. Así, se les ven todas las vergüenzas.

Por ejemplo, si mañana se desvelara que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, es un infiltrado del PSOE en el Gobierno de Rajoy, la noticia saldría en la página 20, pues es algo obvio en la práctica. Trabaja para los socialistas con más ahínco y efectividad que Susana Díaz. Prueba de su desenvoltura es que citó a PAS en el congreso del PP, rodeado de cámaras de televisión y de testigos de prensa para comunicarle que los buenos oficios de la Fiscalía General habían desactivado la acusación en el caso Púnica, una operación hecha de la manera más burda que se recuerda en los enjuagues políticojudiciales. El propio presidente murciano, contagiado de tanta libertad con que se ingenian las cosas desde el poder, adelantó a los medios de comunicación lo que iba a ocurrir al respecto, una información que su portavoz atribuyó a ´fuentes oficiales´, que no podían ser otras que el ministerio o la Fiscalía.

Pero no contento con eso, en pleno escándalo por la sentencia Urdangarin, con la que ha quedado en pelotas la dirigencia del Gobierno sobre la Fiscalía (ésta, para ´salvar´ a la infanta apretó las clavijas a su marido, con la consecuencia de la total atribución a éste de la responsabilidad del caso, lo que ha dulcificado la posición de las juezas, y al final se les ha ido a todos la mano, por supuesto a favor de la pareja real, cuyos delitos han quedado impunes en la práctica); en ese contexto, digo, Catalá ha renovado la cúpula de la Fiscalía, sin pudor por la coloración política de la misma, situando en Anticorrupción a un fiscal antiAnticorrupción, y moviendo el sillón del murciano López Bernal en el momento políticamente más inoportuno si es que se pretendía hacer pasar su recambio como una pieza más en el contexto general de relevos provinciales.

Una operación absurda que, además, se ha vuelto contra los operadores políticos, pues la sustitución de Bernal por Díaz Manzanera contribuye paradójicamente a incrementar la credibilidad de la Fiscalía murciana, ya que el nuevo jefe carece de estigmas políticos y transmite profesionalidad y compromiso, además de que la operación no conseguirá apartar a Bernal del caso que afecta a PAS, sino que por el contrario ahora podría concentrar todos sus esfuerzos en él. Vaya negocio que ha hecho Catalá, ese hombre. De momento, tanto Bernal como Manzanera, ya han puesto mojones para cerrar el paso a la estrategia verbal del Gobierno: nunca ha habido dieciséis querellas contra PAS, dice uno, y todos los delitos, los cuatro, de los que se acusa al presidente en el caso Auditorio son propios de lo que se entiende jurídicamente como corrupción.

Por tanto, con cambio de fiscales y todo, al menos en Murcia no se prestará oído a pretextos ajenos a lo que constituye lo documentado en los casos que afectan al presidente. Éste se propone entregar al juez instructor del TSJ, antes o durante su comparecencia del próximo día 6, ´pruebas´ para acreditar su inocencia: varias peritaciones sobre los trabajos en el Auditorio, mediciones de unidades de obra, el expediente de liquidación municipal del contrato de obra, varios informes de profesionales en Derecho Administrativo... Este va a ser, en la práctica, su único material de defensa, al margen de toda interpretación política. Y a pesar de la ´operación Catalá´ la fiscalía sólo estará atenta a las pruebas reales, a favor o en contra.

En esto, nadie podrá sacar a PAS de su situación, salvo él mismo. Ni siquiera Ciudadanos, en cuyo entorno he escuchado esta frase: «Aunque quisiéramos, no podríamos ayudarle». A no ser que lo hagan, en la práctica, mientras ingenian esas improductivas ´nuevas vías´.


(*) Columnista