jueves, 16 de febrero de 2017

PAS acude a la Asamblea Regional con más cara que espalda y atacando a los demás encima

CARTAGENA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, ha acudido hoy a la Asamblea Regional, para la sesión de control al Consejo de Gobierno, con más cara que espalda y atacando a los demás como forma de defensa y advertencia de que morirá matando si, al final, tiene que marcharse en virtud del pacto suscrito con Ciudadanos aunque no se le nota mucha predisposición a cumplir su palabra como buen bribón político.

PAS  ha asegurado que hay partidos políticos que "prefieren el linchamiento a conocer la verdad". Y que "siempre he cumplido, cumplo y cumpliré la ley" cuando le han preguntado por el 'caso Púnica' y por si pretende dimitir en caso de que sea imputado.

La sesión ha comenzado con una pregunta del portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, pidiendo explicaciones sobre su participación en la 'trama Púnica', según los informes que se han conocido por parte de la Guardia Civil y del reciente auto del juez Velasco con el que se le atribuye la posible comisión de delitos de cohecho, fraude y revelación de información reservada. 

El presidente regional ha negado haber participado en la trama "con rotundidad y claridad". 

Su respuesta a Ciudadanos ha acabado con un contundente "cumplo siempre mi palabra y cumplo la ley", y así daba por contestada la pregunta. 

No obstante, PSRM y Podemos le han preguntado por el 'caso Púnica' y por si pretende dimitir en caso de que sea imputado. 

Óscar Urralburu, de Podemos, se ha interesado principalmente en si el presidente cumplirá con el artículo de la Ley de Transparencia que indica que debe dimitir "en el momento en que sea imputado". El presidente regional le ha advertido que "siempre he cumplido, cumplo y cumpliré la ley", pero también le ha reprochado al parlamentario que la formación morada "interprete las leyes a su conveniencia".

Por parte del PSRM, el portavoz, Rafael González Tovar le ha inquirido sobre si considera que los supuestos delitos que le atribuye el juez de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, cohecho, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos se deben a errores administrativos.

"Lo que no se puede demostrar, no existe", le ha contestado Sánchez. "Usted sabe la verdad y sabe que aquí no hay nada", ha continuado el presidente regional.

El portavoz del PP, Víctor Manuel Martínez,  ha  reprochando a la Oposición haber convertido al parlamento autonómico murciano en el único en España "con mayor número de comisiones de investigación".

Llega el freno a las grandes urbanizaciones en el Mar Menor gracias a la mayoría en la Asamblea

CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado hoy con los votos a favor de PSRM, Podemos y Ciudadanos una iniciativa que evitará la construcción de macrourbanizaciones en el Mar Menor. La propuesta, que ha partido de los socialistas, se ha transaccionado para incluir iniciativas de Podemos y Ciudadanos y así poder aprobarla.

Pese a que la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Aprim) pidió a los grupos parlamentarios que rechacen la enmienda, la moción insta al Gobierno regional a que suspenda de manera cautelar los desarrollos urbanísticos que afecten al Mar Menor, a excepción de la ampliación natural de los cascos urbanos ya consolidados, respetando los derechos urbanos en los planes que se han aprobado, así como la legalidad vigente hasta que se promulgue una ley específica para el Mar Menor que contemple este tipo de medidas. El único grupo que no ha apoyado la propuesta ha sido el PP. 

Según ha explicado durante su turno el popular Juan Guillamón, la Comunidad Autónoma "solo tiene potestad de tutela, las competencias las tienen los ayuntamientos".

Además, considera que con esta medida se crearía una "inseguridad jurídica" similar a la que se generó en Barcelona cuando la alcaldesa promulgó la moratoria turística.

"La inseguridad jurídica nos puede costar mucho dinero porque hay muchos compromisos. Esto puede costar a la Comunidad 45 millones de euros si se tiene en cuenta que la ITI del Mar Menor no se podría ejecutar", ha apuntado.

Por su parte, el socialista Antonio Guillamón ha explicado que la iniciativa contempla una suspensión temporal de los desarrollos urbanísticos. "Nos permitirá establecer un conjunto de directrices territoriales que garantice que lo sucedido hasta ahora no vuelva a suceder en el Mar Menor", ha destacado durante su intervención, añadiendo que las medidas que propicias para que no vuelva a ocurrir se articularían en la futura ley del Mar Menor.

Además, el PSRM se opone a la urbanización de los terrenos de San Ginés de la Jara, Cala Reona y Huerta Calesa, en la ribera sur del Mar Menor.

Actualmente, la Comisión del Mar Menor ha iniciado los trabajos para conocer la situación exacta en la que se encuentra la laguna, su litoral y las áreas de influencia.
Para ello ha organizado su labor de modo que permita un conocimiento preciso de los motivos por los que el Mar Menor ha llegado a las condiciones actuales.

Los grupos pretenden que las conclusiones de esta comisión deriven en la elaboración de una ley integral para la recuperación del Mar Menor que propicie una nueva orientación turística sostenible, desvinculada de los desarrollos urbanísticos.

De Podemos, Andrés Pedreño ha denunciado los planes urbanísticos "amparados y tolerados" en el litoral. El diputado ha recordado durante su turno de palabra que en municipios como San Javier se han realizado en los últimos años 72 recalificaciones.
Además, ha hecho alusión a problemas urbanísticos en San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Cartagena."La moratoria es justa y necesaria", ha incidido.

En cuanto a Ciudadanos, Miguel Sánchez se ha posicionado a favor de la moratoria para rebajar presión sobre la laguna pero sin perjuicio de legítimos derechos de los particulares. "No podemos establecer moratoria general que impida todo tipo de desarrollo. La moratoria solo debe afectar a desarrollos urbanísticos futuros o que perjudiquen el mar menor", ha dicho aunque ha manifestado que quieren que se respete legalidad vigente y no se perjudique a particulares.

Habrá de nuevo lluvias intensas en la Región este fin de semana, algunas serán fuertes en el interior

MURCIA.- Este fin de semana llegan lluvias de nuevo. Una depresión en altura se descolgará entre el sábado y domingo y es probable que deje fuertes lluvias en la Región de Murcia, según explica eltiempo.es 

Los cielos cubiertos de mañana viernes evolucionarán hasta la lluvia intensa del lunes en un fin de semana en el que las nubes y el viento en el litoral serán protagonistas y en el que bajarán las temperaturas máximas.
La Aemet prevé para este viernes cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales por la mañana en el Campo de Cartagena, tendiendo en general a disminuir la nubosidad durante tarde. Las temperaturas apenas sufrirán variaciones, aunque podrá haber brumas matinales en el interior. El viento será de componente este, flojo en el interior, disminuyendo en general por la tarde.
Respecto al sábado, la Agencia Estatal de Metereología prevé un amanecer con cielos poco nubosos, salvo intervalos de nubes bajas matinales y brumas, aunque a medida que avance el día esta nubosidad aumentará hasta cielos nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones, más probables en Noroeste. Las temperaturas seguirán sin cambios. 
Es el domingo cuando la lluvia hará acto de presencia: cielos cubiertos con precipitaciones, en general débiles. La cota de nieve se situará en torno a 1.300 metros. Las temperaturas mínimas subirán en el litoral y las máximas bajarán en el interior y sin cambios en el litoral. Los vientos, de componente oeste, serán fuertes en el litoral.
Las debiles precipitaciones del domingo darán paso el lunes a lluvias generalizadas, localmente persistentes. La Agencia Estatal de Metereología prevé un nuevo descenso en las temperaturas máximas, aunque se mantendrán las mínimas y las rachas de viento en el litoral serán muy fuertes.
La mayor parte de las precipitaciones se concentrarán en el Noroeste de la Región, con probabilidad de que las precipitaciones se conviertan en nieve a partir de los 1.300 metros de altitud. Cieza y la Vega Alta del Segura también se verán afectadas por las lluvias del fin de semana, especialmente el domingo.
Las precipitaciones del domingo pueden ser localmente fuertes y acumular más de 50 mm.
En el resto de la Región también hay posibilidad de chubascos generalizados el domingo, aunque en principio se prevén más débiles.
Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios en el interior, con ascensos débiles en el litoral de la Región y sin cambios en el interior. Las temperaturas máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Soplarán vientos de componente oeste, fuertes en el litoral.

El Gobierno cree que Pedro Antonio solo debe dimitir si hay juicio

MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que el presidente de Murcia no debe dimitir por su imputación en el caso Púnica y ha coincidido con el propio Pedro Antonio Sánchez en que la renuncia solo debería exigírsele cuando haya una "imputación formal", es decir, la apertura de juicio oral.

"La imputación, en mi opinión, no debería llevar a la dimisión, sino que ésta debería venir, en su caso, tras la apertura de juicio oral. Hasta esa fase no se deberían exigir responsabilidades políticas", ha señalado Catalá a la Cadena SER.
En cuanto a la posible dimisión, el presidente murciano aseguró que dimitirá si hay "una imputación formal". Por su lado, Ciudadanos ha advertido de que si no renuncia cuando sea citado como imputado por el Tribunal Superior murciano, ello vulnerará el pacto de investidura firmado con el PP tanto en Madrid como en Murcia.
Catalá ha declarado que "en el pacto con ciudadanos hablábamos de imputación formal", una condición que no equivale a la de imputado o investigado, sino a la apertura de juicio oral. "Anticipar una dimisión sería precipitado".
"El acuerdo con Ciudadanos permite interpretaciones y habremos de sentarnos con el otro firmante para aclarar qué quisimos decir cada uno. Nosotros tenemos claro lo que quisimos decir cuando hablamos de imputación formal", ha dicho Catalá.

Las fiscales de 'Púnica' afirman que Sánchez concertó «un plan criminal» con Barreiro, según revela hoy 'La Verdad'


MURCIA.- Carmen María García Cerdá y Teresa Gálvez Díez, las dos fiscales de la Audiencia Nacional que a lo largo de dos años han impulsado la investigación del 'caso Púnica' con el magistrado Eloy Velasco (en la imagen), tienen muy claro que existen suficientes indicios de delito contra el exconsejero de Educación y hoy presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, como para remitir el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Murcia y reclamar que sea investigado por varios supuestos delitos, según revela hoy el diario La Verdad.

Sin embargo, la intervención del fiscal general, José Manuel Maza, obligó a sus dos subordinadas a renunciar a su planteamiento inicial. Todo el contenido del informe referido al presidente murciano quedó anulado y se vio sustituido por un solo folio, firmado por la teniente fiscal anticorrupción, Belén Suárez, que en quince líneas ofrece las razones jurídicas por las cuales la Fiscalía estima que Sánchez debe quedar libre de sospechas.
Esta circunstancia no ha impedido, sin embargo, conocer los argumentos que las dos fiscales del 'caso Púnica' habían esgrimido contra el jefe del Ejecutivo murciano. Y es que el apartado que recoge todos los indicios delictivos existentes contra la exalcaldesa de Cartagena y hoy senadora, Pilar Barreiro, es especialmente prolífico en referencia a la actuación presuntamente delictiva en la que, a juicio de estas dos profesionales, habría incurrido Sánchez.
Así, las dos fiscales mantienen que la 'Pieza Separada número 3', referida a la rama murciana de la 'Operación Púnica', «se sigue contra una trama de autoridades públicas y funcionarios que hicieron un uso desviado de su poder en la adjudicación de contratos, así como de empresarios favorecidos por las citadas adjudicaciones, de las que se enriquecieron ilícitamente todos ellos a costa de las arcas públicas».
En su informe, al que 'La Verdad' ha tenido acceso, avanzan que los hechos son constitutivos de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, falsificación de documentos mercantiles, fraude, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal.
«El apoyo político y reputacional que ofrecieron a Sánchez -concluyen las fiscales- permitió que todos ellos elaboraran concordadamente un nuevo plan criminal (concierto) para que el gasto personal por los trabajos de reputación y posicionamiento en buscadores realizado por Eico a Barreiro y a Sánchez fuese sufragado con cargo a los fondos públicos del presupuesto de Educación». 
Para ello se iba a «adjudicar desde la Consejería un contrato de cobertura, que simularía como objeto la 'formación', un concepto genérico y vinculado a las competencias» de ese departamento. «Dicho contrato les permitiría desviar fondos públicos de dicha Consejería a favor de las empresas de De Pedro y Alonso, beneficiándose Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez».
Las conversaciones telefónicas intervenidas con motivo de la investigación de 'Púnica' permitieron conocer que los cuatro protagonistas «mantuvieron contactos y reuniones en hoteles de Madrid, manteniendo reservados esos encuentros, para fraguar ese contrato negociado del que saldría perjudicada la Administración pública de Murcia». En concreto, cita las reuniones que mantuvieron el 11 de junio de 2014 en Madrid entre Barreiro, Sánchez y De Pedro, y otras dos posteriores, los días 22 de septiembre y 21 de octubre, en el Hotel Palace y en el Hotel de las Letras, respectivamente.
La labor de reputación pasaría por la creación de un diario, murcianoticias.es, para la publicación de informaciones positivas a ambos políticos, y la contratación de un periodista. Y ello al precio de 2.100 euros mensuales por Barreiro y 4.600 euros por Sánchez, que es «el perjuicio a las arcas públicas que habría supuesto el plan criminal».
«La última fase de las maquinaciones la marcó la reunión del 24 de octubre de 2014 en la Consejería de Educación, donde se estableció como inicio de los trabajos a Barreiro y Sánchez el 1 de noviembre de 2014».
La conclusión a la que llegan las dos representantes del Ministerio Fiscal es que solo una circunstancia imprevisible impidió que esos supuestos planes delictivos se consumaran: «Las actuaciones policiales/judiciales realizadas el 27 de octubre de 2014 -apenas cuatro días antes del plazo fijado en el presunto acuerdo-, en el marco de la 'Operación Púnica'», que significaron la detención de Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso y «evitaron una grave lesión al erario público», siempre según La Verdad.
La teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez, sostiene que los hechos se cometieron antes de la reforma del Código Penal que entró en vigor en julio de 2015, por lo que no sería aplicable el artículo 445, que en la actualidad sí penaliza «la provocación, proposición y conspiración para cometer los delitos contra la Administración Pública».
El informe no es vinculante para el magistrado Eloy Velasco, que puede enviar el asunto contra Sánchez al TSJ o, al contrario, coincidir en que procede el sobreseimiento.

Rivera: «El fiscal sirve a los españoles y tiene que tener un papel independiente del Gobierno»

MADRID.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, recalcó este jueves que la Fiscalía General del Estado no sirve solo al Ejecutivo y subrayó que debe ser independiente y, en casos en los que haya miembros del partido de Gobierno implicados, "con más razón aún".

Rivera hizo estas afirmaciones en los pasillos del Congreso, en los que reiteró que pedirán la comparecencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por las informaciones que señalan que la Fiscalía intervino en los casos relacionados con el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y el expresidente de La Rioja, Pedro Sanz.
"Tiene que cambiar esa lógica de que el fiscal sirve solo a un gobierno, porque el fiscal básicamente sirve a los españoles y persigue los delitos que se comentan en España", subrayó el líder de C's.
Aclaró que no cuestiona nada con esta afirmación, porque no tienen más información al respecto, pero insistió en que, "en todo caso, la Fiscalía tiene que tener un papel independiente del Gobierno y si hay gente implicada del partido del Gobierno, pues con más razón".
Por eso, explicó, solicitarán la comparecencia de Maza, y porque el pacto de investidura incluye la reforma de la ley de la fiscalía para que dé cuentas ante el Parlamento e, incluso, se le pueda "reprobar o cesar".
"El PP se ha comprometido a reformar la ley de la fiscalía para ganar independencia y para que el parlamento también tenga un cierto control sobre la Fiscalía", dijo.

Maza asegura que la Fiscalía "en absoluto" ha recibido presiones para no investigar a PAS

MADRID.- El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado este jueves que "en absoluto" el Ministerio Público ha recibido presiones en su decisión de pedir que no se investigue al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con la trama 'Púnica' y al respecto ha afirmado que este criterio está "totalmente fundado en la legalidad".

El fiscal general ha precisado que se trata de una actuación avalada por los informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y se ha mostrado sorprendido por la solicitud del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados.
"Si tengo que comparecer, encantado de hacerlo y aclararlo todo porque a mi esto me resulta sorprendente. Igual que hay multitud de asuntos de corrupción todos los días en los cuáles la Fiscalía está invetigando y colaborando, hay casos en los cuáles consideramos que un ciudadano no tiene por qué estar sometido a un procedimiento penal", ha aseverado Maza antes de participar en la inauguración de un curso sobre criminalidad informática.

Catalá ve "anómala" la actuación de las fiscales en la causa contra PAS

MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que lo que es "anómalo" en la causa contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, es que las fiscales del caso Púnica se hayan negado a firmar el escrito de la Fiscalía Antocorrupción en el que pide que no se le investigue y, además, que la discrepancia se haya divulgado.

"Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio", ha añadido. En una entrevista en la Cadena Ser, Catalá ha remarcado que la Fiscalía es una organización jerárquica y que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia.
A su modo de ver, lo que es "bastante anómalo" es que no se acate esa orden. Es más, se ha referido al fondo del asunto que se investiga, recordando que a Sánchez se le quiere acusar pese a que no llegó a firmar nada con la trama Púnica. "Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", ha remachado.

El caso PAS es ya el caso Fiscalía / Ángel Montiel *

Resulta que había truco. Que la decisión de Anticorrupción no era deductiva, sino política. Que el órgano superior de la Fiscalía, elegido y controlado por el Gobierno, se impuso a las profesionales que investigaban el caso, ordenándoles que renunciaran a la acusación, según les corresponde, y que, por el contrario, apoyaran un argumentario que implícitamente confirmara la labor de la defensa. Cosa que no hicieron, por lo que fue necesaria su suplantación efectiva por la instancia superior. Las fiscales que conocían el caso y encontraban en él elementos de sospecha quedaron relegadas por obediencia disciplinaria. 

Es decir, por la intromisión política del Gobierno, digámoslo claro, en su instrucción técnica. 

No hay mal que por bien no venga. De este modo, el caso PAS en lo que se refiere a la operación Púnica ha pasado a ser el ´caso de la Fiscalía del Estado´. Lo del presidente murciano es una anécdota frente al hecho evidente de que el Gobierno de la nación, en esta etapa presidido por Mariano Rajoy, utiliza a dicha Fiscalía a conveniencia de sus intereses políticos, incluso condicionando el conocimiento directo de las causas que instruyen, junto al juez correspondiente, los profesionales del llamado Ministerio Público. A la vista va quedando que este término, Ministerio, es muy adecuado, pues al fiscal general sólo le falta tener una silla en el Consejo de Ministros, como la que disponen los titulares de Agricultura, Fomento y el resto de la compañía. 
Es una pena, pues hasta tener conocimiento de la irrupción del Gobierno de Rajoy en la instrucción judicial del caso Púnica en lo que afecta a PAS todavía había elementos para considerar una posibilidad de escape del presidente murciano, atendiendo al hecho inequívoco de que, por una u otra razón, nunca estampó su firma en un contrato tras las conversaciones propias y de miembros de su equipo con los ofertante de las trama. Pero la evidencia de que la Fiscalía General se ha interesado en su apoyo, incluso con un exceso de exhibición, y contra el criterio de los profesionales que manejaban los datos del caso, traslada una penosa impresión que deprime hasta a quienes estuvieran dispuestos a pasar por alto los ´pequeños detalles´ de caso. 

El enredo es tan herva que hasta el propio presidente, urgido por sus ansiedades, ha desvelado con su precipitación informativa, las confidencias que alguien del Gobierno o de la propia Fiscalía le adelantó para tranquilizarlo. Lo peor es que esa inicial ´transparencia´ no se corresponde ahora con la negativa a desvelar las ´fuentes oficiales´ por las que pudo tener acceso previo a la ´ayuda´ que (es legítimo entenderlo así) Génova le prestaría, en correspondencia con la ´mano en el fuego´ que implícitamente adelantó Cospedal en su defensa, una actitud que ahora entendemos que mantuviera en su momento a sabiendas de que la Fiscalía General estaba convenientemente persuadida. 

Vistas las consecuencias de todo esto, PAS debería enviar un mensaje de móvil a alguien, a quien sea que él sepa que se lo debe enviar, con el siguiente texto: «Por favor, no me ayudes tanto». Toda intromisión en la Justicia acaba en chapuza, más tarde o más temprano. La trascendencia fatal de este dislate es que cuando llegue al TSJ el auto del juez Velasco los magistrados encargados de estudiarlo ya no podrán archivarlo atendiendo a que la Fiscalía ha renunciado a la acusación, como inicialmente habíamos valorado (Un tibio sol tras la tormenta) sino que tendrán que estudiarlo con más atención para evitar convertirse ellos también en instrumentos indirectos de la manipulación que promueve el Gobierno, añadiendo además el componente de la sospecha de que el aparato del Estado se haya interpuesto con tan poca finura en un caso que, si hubiera sido considerado con normalidad, podría haber sido resuelto sin escándalo de una u otra manera. 

La Fiscalía General del Estado, por mucho que dependa del Gobierno, no puede ser el coño de la Bernarda. Ya resulta sospechoso que, contra la reciente nota de prensa de Anticorrupción para ´salvar a PAS´ no emitiera en su día un comunicado aclaratorio equivalente cuando Vicente Martínez Pujalte visitó su sede en las previas a la atención al caso Novo Carthago por el Supremo, en el que la negativa a la imputación de Pilar Barreiro constituía un cortafuegos esencial para que no cundieran las acusaciones contra Valcárcel y otros miembros de su Gobierno. 

En fin, que en política la peor manera de ganar un juicio consiste en perder a la vez la credibilidad. Mucho peor si ésta se pierde antes del propio juicio.


(*) Columnista





http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/02/16/caso-pas-caso-fiscalia/806346.html 


PSOE y C's pueden controlar al Fiscal General / Pablo Sebastián *

Las actuaciones del fiscal general del Estado en los grandes casos de la corrupción de ahora -en lo que afecta a los presidentes de Murcia y La Rioja- y en los últimos años con lo ocurrido en Gürtel, Nóos, Bankia los Pujol, etc, están bajo sospecha de clara parcialidad por las instrucciones que recibe del Gobierno de Rajoy en favor de investigados del PP y de otros altos cargos o personas relacionadas con instituciones del Estado.

Unos hechos estos que provocan alarma e indignación social así como la denuncia justificada de los principales partidos de la oposición, que tienen en sus manos la posibilidad no sólo de pedir explicaciones al Fiscal General del Estado en el Congreso de los Diputados sino de obligar al Gobierno de Rajoy a un cambio radical de su actitud y el fin de la manipulación de la Fiscalía en los casos de corrupción.

Lo que la oposición puede lograr de manera inmediata con un plante en el Congreso de los Diputados de PSOE y C’s, bloqueando toda negociación política (en la Educación o los Presupuestos de 2017), si el Ejecutivo de Rajoy sigue amparando a los corruptos y los investigados por la Justicia.

Lo que por otra parte resta credibilidad al ‘ministerio público’ en casos de gran trascendencia nacional como es todo lo relativo al desafío catalán y ahora de especial manera a las decisiones del Tribunal Constitucional.

En el reciente congreso del PP tanto Rajoy como Cospedal reconocieron errores y haber actuado tarde contra la corrupción. Palabras vanas y falsas porque a las pocas horas de ser pronunciadas la Fiscalía se oponía a que se investigue la presunta responsabilidad penal del presidente de Murcia en un caso de corrupción que le afecta. Y lo mismo hizo hace poco en La Rioja, y es lo que recientemente ocurrió también ante el escándalo de la vista gorda del Banco de España en el ‘caso Bankia’ a pesar de las denuncias claras de la inspectores de la entidad.

La corrupción ha marcado la trayectoria política de Rajoy en el PP y así lo han denunciado PSOE y C’s. Y este último partido le exigió a Rajoy ante su reciente investidura la plena garantía en la lucha contra la corrupción. Pero el Presidente sigue actuando al margen de sus compromisos y poniéndose del lado de los corruptos y de los investigados, convencido Rajoy de que nadie lo puede sacar de la Moncloa, y menos aún en pleno desafío catalán, o cuando estamos peleando con la crisis económica o en defensa de un gobierno estable de España para abordar la incertidumbre internacional y Europea.

Pero Rajoy se equivoca porque PSOE y C’s lo pueden derribar y exigir al PP otro candidato a la presidencia del Gobierno, incluso si un Rajoy acorralado se lanza a unas nuevas elecciones porque aunque mejore su resultado no logrará la mayoría absoluta y una segunda investidura nunca la podría lograr. De manera que estos dos partidos de la oposición, PSOE y C’s tienen en sus manos la posibilidad de garantizar la imparcialidad del Fiscal General.


(*) Periodista


La sentencia contra Urdangarin provocará polémica / José Oneto *

Después de varios meses de debates entre las tres magistradas que tienen que emitir sentencia sobre el caso Nóos, esa sentencia se hará publica este viernes al mediodía, y será comunicada a las partes, sin necesidad de que los procesados estén presentes en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, por lo que se espera que los dos principales procesados, la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, y su esposo Iñaki Urdangarin, principal acusado de la trama delictiva recibirán, la noticia en su residencia de Ginebra, donde instalaron su domicilio tras el estallido del escándalo, aunque este jueves la Infanta se encontraba en Barcelona asistiendo a un acto organizado por La Caixa para la que ella trabaja.

El llamado “caso Urdangarin”, la utilización de un Instituto supuestamente sin afán de lucro para cobrar de las Administraciones autonómicas de Baleares, Valencia y Madrid seis millones de euros con una serie de contratos firmados al margen de las condiciones que deben regir en las concesiones publicas por ser el Duque consorte de Palma, algo que para la Fiscalía Anticorrupción supondría malversación, estafa, fraude a la Administración, prevaricación, falsedad, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Su esposa, la infanta Cristina está acusado de colaboración con su marido en dos delitos fiscales, por los que la acusación particular de Manos Limpias pide ocho años de cárcel.

El escándalo Urdangarin es lo que más daño ha hecho a la Monarquía, a la Familia Real e incluso al actual Rey, aunque desde que estalló el caso, que produjo una profunda división en toda la familia, tanto él, como la reina Letizia, rompieron prácticamente toda relación, con el matrimonio de los Duques de Palma e, incluso pidieron que renunciara a los derechos de sucesión como Infanta. Sin embargo, fue el rey emérito Juan Carlos de Borbón, el que más sufrió las consecuencias del escándalo, hasta el punto que tuvo que abdicar en Junio de 2014, aunque esa abdicación fue presentada como un simple traspaso de poderes a una nueva generación que representa su hijo Felipe VI.

Las declaraciones del socio de Urdangarin, Diego Torres y de otros procesados, insistiendo en que nada se movía en el Instituto Nóos sin el visor bueno del Palacio de la Zarzuela y el hecho de que un hombre de la Casa del Rey, Carlos García Revenga, secretario de las Infantas, estuviese al tanto de todas las operaciones de Nóos, según testimonio del propio Urdangarin y de su esposa la infanta Cristina, ha sumido el caso en una nube de sospechas que ha llegado hasta el propio Tribunal que tiene que emitir sentencia este viernes.

Este tema habría sido la principal causa de que el fallo judicial se haya retrasado más de lo previsto, ya que en el propio tribunal formado por las magistradas Samanta Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín, no se ponían de acuerdo sobre ese delicado tema. La magistrada Roció Martin no solo estaba en contra de una rebaja en las condenas de Urdangarin, sino que insistía en que había que introducir un párrafo sobre el comportamiento de la Casa Real en el caso, teniendo en cuenta, sobre todo, la declaración de los principales imputados que, durante el juicio, utilizaron a la Casa Real como defensa para eludir su propia responsabilidad. Desde el banquillo de los acusados, el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, que filtró numerosos correos del Duque de Palma, afirmó repetidamente, que la Casa Real realizaba un “control total” de las actividades del Instituto: “No decidíamos nada sin su consentimiento”, afirmó.

Por lo que se sabe, la sentencia que ha sido objeto de un amplio debate entre las tres magistradas, liberaría a la infanta Cristina de entrar en la cárcel ya que la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido para ella ningún tipo de pena, sino una multa que ya ha pagado a Hacienda (la única petición ha sido la del sindicato Manos Limpias, cuyo máximo responsable está en prisión por extorsión, y que como acusación particular ha pedido ocho años de cárcel) y condenaría a Iñaki Urdangarin a ocho años de prisión, menos de la mitad de lo que solicitaba la Fiscalía. Este aspecto de la sentencia es, probablemente, lo que provocará más polémica, aunque todos veamos la entrada en la cárcel de un cuñado del actual Rey… una escena insólita en la Historia de España.


(*) Periodista y economista


La realidad paralela / Ramón Cotarelo *

El viejo adagio latino de verba volant, scripta manent no se cumple en el caso del gobierno del PP en el que los escritos también vuelan, desaparecen, se hacen invisibles. El ministro no encuentra los informes paralelos de la policía sobre el 11-M, el caso Faisán y el asesinato de Marta del Castillo. Ya es misterio. Con el caso Faisán, los medios de la derecha tuvieron agobiado al gobierno de Zapatero y su ministro Rubalcaba; con el 11M tuvieron agobiado al país entero dando pábulo a las hipótesis más delirantes; no sé qué perseguirían con el de Marta del Castillo pero alguna otra maniobra sucia.

Porque desde que llegó la pareja de lunáticos, Fernández y Cosidó, al mando de Interior, los asuntos de esta competencia dieron un giro siniestro, autoritario, represivo. Su culminación jurídica llegaría con la Ley de Seguridad Ciudadana, mejor conocida como Ley mordaza porque constituye un ataque en toda regla a los derechos y libertades de los ciudadanos, singularmente la libertad de expresión y las de reunión, circulación y manifestación. Una ley que pretende convertir a los ciudadanos en vasallos silenciosos. Pero ya desde el comienzo, el dúo arrancó a velocidad de crucero, creando una "brigada paralela" que Zoido acaba de disolver y era una especie de brigada político-social al servicio del gobierno.

La afición del ministro del Interior por valerse de todos los medios imaginables para hostigar y perseguir a los políticos de otras tendencias solo es comparable, al parecer, a su pasión por condecorar vírgenes o mandar a la Guardia Civil de peregrinación a Lourdes.

Hay pendiente de apertura en el Congreso una comisión de investigación sobre la gestión de Fernández Díaz. No es posible que no haya responsabilidades por la froma de resolver el problema de El Tarajal; tampoco por los informes falsos filtrados a la prensa para desprestigiar al entonces alcalde de Barcelona, Trías; tampoco por la grabación de las conversaciones del ministro con un subordinado en las que complotaban para imputar falsedades a los adversarios y destrozar su sistema sanitario; tampoco por el culebrón de la grabación de La Camarga que destapó el caso Pujol.

Rajoy habla siempre de la obligación de cumplir la ley. Esto tiene su miga, aunque no hace ahora al caso. Lo que, sin embargo, no menciona es que las fuerzas de hacer cumplir la ley están dirigidas por un personaje por debajo de toda sospecha. Por ejemplo, la de que ha estado utilizando las fuerzas de seguridad del Estado en beneficio de su partido.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Resumen de Confidenciales


Jueves con portadas y grandes titulares repartidos: el sello final del Supremo para devolverá desde el minuto uno el exceso en las cláusulas suelo; dos comparecencias parlamentarias, Guindos para impulsar la investigación sobre Bankia y Linde para proponer al Pacto de Toledo ideas sobre las pensiones; la tregua de una semana en el conflicto de los estibadores; y este avance en OKdiario: El fallo de Nóos listo tras limar las críticas a la Zarzuela; Cristina se libra y 7-8 años para Iñaki (M.A. Ruiz Coll).

INFORMACIÓN NACIONAL
El País: El PSOE propone una reforma legal para evitar otro bloqueo político en la elección del presidente del Gobierno (Anabel Díez). El Mundo: Ciudadanos emprende la batalla contra el 'bipartidismo judicial' (Marisa Cruz). Otro titular: Reprimenda de Pastor tras la bronca entre Iglesias y un diputado del PP. El Confidencial: Iglesias apuesta por la bronca y rompe ya con la convivencia institucional de Errejón (Ángel Collado). ABC (con una batería de fotos de Pablo Iglesias en diferentes gesticulaciones): Iglesias estrena el manual de estilo de Vistalegre II: recupera en el Parlamento su tono autoritario, desafiante y grosero tras ganar a Errejón el pulso por imponer el Podemos más radical y antisistema.

Libertad Digital: Iglesias acusa a Aznar y González de echar 'gasolina al fuego' por pedir la liberación de Leopoldo López (Míriam Muro). Otro titular: Bronca en el Congreso entre diputados del PP y Podemos: '¿Quieres que vaya o qué?': Ana Pastor ha suspendido la sesión ante la trifulca en el Hemiciclo por el enfrentamiento entre Montoro y un diputado de En Marea K. Garat y M . Muro). El Plural: Gestos y reproches entre PP y Podemos: '¿Quieres que vaya o qué?' (Cecilia Guzmán). Estrella Digital: Susana Díaz paraliza los pactos para las primarias del PSOE: Pedro Sánchez y Patxi López miden sus movimientos en espera de lo que haga la líder andaluza y de cuándo decida dar el paso (Paula Pérez Cava).

CATALUÑA
La Vanguardia: La fecha del referéndum catalán, pendiente de la campaña de renta: Economía pide calma y mantener setiembre como ‘deadline’ (Carmen del Riego). Otro titular: Coloquio: Puigdemont acusa al Estado de flirtear con 'los confines de las costuras democráticas'; Anna Gabriel (CUP) asegura que sólo aceptarán suspender el referéndum si hay peligro de 'uso de la fuerza contra la gente' por parte del Estado. Otro titular: Colau encarga a un centenar de jóvenes chequear la limpieza: los informadores pedirán a los vecinos que ensucien menos. Europa Press: Guindos dice que Cataluña crece por la política del Gobierno y por que inversores descartan la independencia. ABC: La Moncloa extiende el diálogo en Cataluña a los ayuntamientos.

El Periódico: Junqueras niega a Vidal y la oposición le conmina a que lo demande: el vicepresidente del Govern desmiente con 'noes' tajantes todas las aportaciones del ex senador (Xabi Barrena). Otro titular: ¿Qué ha aclarado Junqueras del 'caso Vidal'? Las respuestas que ha dado el vicepresidente del Govern a las principales revelaciones del ex senador de ERC. Economía Digital: El bloque constitucional reclama firmeza ante la provocación soberanista: Concordia Cívica recoge firmas para defender 'las instituciones democráticas', tras la posición de la CUP de responder al Estado si es necesario con virulencia (Manel Manchón). El Español: El PP votará a favor de Tardá para la Comisión de Secretos con la consulta ilegal a punto (Jorge Sáinz).

ECONOMÍA
Invertia: Linde califica los planes privados de pensiones de ineficientes y costosos. EFE: Linde ve conveniente revisar los planes privados de pensiones por su alto coste. El País: El Banco de España apoya retrasar la jubilación más allá de los 67 años: Luis Linde prefiere esta solución a las medidas impositivas (Manuel V. Gómez). Otro titular: El Gobierno retrasa la reforma de la estiba y los sindicatos anulan la huelga: el Ejecutivo, sin apoyos parlamentarios, da una semana más a los agentes sociales para negociar (Hugo Gutiérrez y Fernando Garea). El Confidencial: El PP descarta el plan del Banco de España de volver a subir la edad de jubilación (Carlos Sánchez). Otro titular: Cerco a la legítima: seis autonomías ponen límites a la herencia forzosa (Carlos Sánchez).

Cinco Días: La solución de Linde: bajar las pensiones futuras; el gobernador del Banco de España pide elevar la edad de jubilación más allá de los 67; cuestiona las subidas de cuotas y reclama más espacio a los fondos privados. Otro titular: Las fórmulas del Banco de España para garantizar las pensiones (Raquel Pascual). Otro titular: Ni huelga ni decreto: Gobierno y estibadores vuelven a negociar (Javier F. Magariño). Otro titular: Entrevista a Antolín Goya, coordinador del sindicato mayoritario de la estiba: ‘Ponernos trabajas no es lo mejor para volver a negociar’ (J.F. Magariño). Vozpopuli: El Gobierno se pliega a los estibadores para evitar una multa de 134.000 euros diarios (Raúl Pozo). Otro titular: Los pequeños operadores portuarios estallan: ‘El Gobierno nos deja tirados’.

La Razón: Los estibadores suspenden la huelga tras aplazar el Gobierno la reforma: De la Serna da tiempo a sindicatos y patronal para llegar a un acuerdo. El Economista: La UE obliga a Montoro a bajar las multas por los bienes fuera: da dos meses para cambiar la norma al ver desproporcionadas las sanciones. La Vanguardia: Ultimátum de Europa a Barcelona y Madrid por la contaminación: la Comisión avisa que llevará el caso al Tribunal de la UE si no se actúa sobre el tráfico. El Periódico: El Banco de España pide retrasar más la jubilación (P. Allendesalazar). Otro titular: Bruselas exige a Hacienda suavizar las multas por no declarar bienes en el extranjero (Rosa María Sánchez y Silvia Martínez).

Expansión: Entrevista a Albert Rivera: ‘Apoyaremos el Presupuesto sólo si hay un complemento salarial para los jóvenes’. Otro titular: Linde defiende el retraso de la edad de jubilación más allá de los 67 años (M. Valverde). Otro titular: Urkullu promete apoyo al sector del automóvil. ABC: Montoro se reúne con el PNV para acercar posturas. Otro titular: El PP buscará también el apoyo de PDECat a los Presupuestos del Estado. Otro titular: El Caso Bankia lastra las aspiraciones de España de lograr un sillón en el BE.

EMPRESAS
Capital Madrid: Las inmobiliarias recomponen sus negocios para consolidarse el próximo lustro: Quabit, Colonial o Urbas, ejemplos de la recuperación del ladrillo, buscan vías rentables, mientras Goldman Sachs estima que la vivienda subirá entre un 4% y un 6% (Héctor Chamizo). El Confidencial: Cumbre de urgencia este viernes de los jefes de Adif, DCN y Urbanismo para salvar operación Chamartín (Ruth Ugalde). Cinco Días: Talgo crea una ‘Renfe’ para competir con el AVE en toda España tras la liberalización (Fernando Sanz). Otro titular: Santander, Caixa, Bankia y Sabadell lideran la ayuda financiera a Grifols. 

Economía Digital: Colombia descarta devolver Electricaribe a Gas Natural (Xavier Alegret).
El Economista: La plantilla de ‘Asturiana’ exige que el puesto de trabajo sea hereditario: el comité de empresa de Capsa, la compañía que gestiona Central Lechera Asturiana, reclama que el puesto de trabajo sea hereditario y exige fuertes subidas de sueldo, pese a que ganan hasta un 80% más que el sector (Javier Romera). Otro titular: La fusión con Siemens doblará la caja de Gamesa a 1.100 millones. Otro titular: La venta de Opel a PSA amenaza el crecimiento de Figueruelas (Antonio Lorenzo). ozpopuli: González-Robatto, presidente de Nueva Pescanova: ‘El panga es buen pescado’ (Alberto Ortín).

SECTOR FINANCIERO
El País: El Supremo aplica la retroactividad total a las cláusulas suelo: el tribunal falla contra el BBVA (Reyes Rincón). Expansión: Luis de Guindos: 'Cada día es más claro que la OPV de Bankia fue un error' (Rubén Sampedro). Cinco Días: La banca debe devolver también cláusulas suelo ya juzgadas: el Supremo rechaza la tesis de BBVA de que ya había un fallo a su favor (Juande Portillo). Otro titular: Fitch hunde más a Popular en el bono basura (L. Salces y P.M. Simón). El Mundo: El PP pedirá investigar el rescate a las cajas desde el año 2009 (C. Segovia y C. Urrutia). Otro titular: Podemos y C's 'harán piña' ante el 'gran saqueo' bancario (Marisa Cruz). Confidencial Digital: BBVA desoye al Supremo: sólo devolverá las cláusulas suelo donde hubo abuso.

El Confidencial: El Gobierno avala la 'comisión Bankia' para condenar la política económica de Zapatero (José Antonio Navas). Vozpopuli: Zapatero choca con la gestora del PSOE: no quiere que se investigue a MAFO (Federico Castaño). Otro titular: Guindos apunta a apatero y MAFO: ‘La clave es por qué no sanearon las cajas’ (Jorge Zuloaga). Otro titular: Linde: confiamos en que la Audiencia clarifique todo lo ocurrido (Teresa Lázaro). El Economista: Guindos quiere investigar el papel de Zapatero en la crisis financiera: reclama que se amplíe la responsabilidad política. Otro titular: Bruselas pretende abolir las comisiones por abrir o mantener cuentas bancarias: también las cobradas por recibir transferencias.

Capital Madrid: La banca sube a la carrera el precio de las hipotecas fijas y variables: ocho entidades elevan los tipos de sus productos más interesantes tras las últimas sentencias judiciales, con la única excepción de Santander, que va a contracorriente en su oferta a tipo variable (Quesada Vargas). Otro titular: El Tribunal Supremo confirma la retroactividad total de las cláusulas suelo: con esta sentencia, el Alto Tribunal adecúa su jurisprudencia a la del TJUE y el BBVA ve rechazado su recurso in extremis para detener su sangría de provisiones (José Sánchez Mendoza).

OTROS TITULARES DESTACADOS
El Mundo: La Fiscalía General también impidió acusar a Pedro Sanz: el fiscal del caso vio motivos para actuar contra el ex presidente de La Rioja por la construcción de un chalet en terrenos ilegales (Joaquín Manso). La Razón: El PP mantendrá al presidente de Murcia aunque sea imputado: asegura que el pacto con C’s es de ámbito nacional y no regional y no implicaría su dimisión (Carmen Morodo). Otro titular: Sólo un tripartito C’s, PSOE y Podemos quitaría el Gobierno a los populares. Público: Las cloacas de Interior. Villarejo a los Pujol: 'Vamos a joderos por orden del ministro del Interior' (Carlos Enrique Bayo y Patricia López).


A. R. Mendizabal
https://www.capitalmadrid.com/news_links/2255 

Desarrollan desde la UMU la web 'Miwuki' para adoptar animales de sociedades protectoras de todo el mundo


MURCIA.- El licenciado en Veterinaria de la Universidad de Murcia (UMU) Álvaro de Francisco y el ingeniero informático Álvaro Serrano han creado una aplicación gratuita para móviles que facilita la adopción de animales de compañía de sociedades protectoras de todo el mundo. 

Alarmados por las cifras de abandonos de perros y gatos en España, estos dos jóvenes emprendedores decidieron hace seis meses unir, a través de la tecnología, a las saturadas protectoras con aquellas personas que buscan adoptar o acoger temporalmente un animal.
La idea se materializó en Miwuki (http://bit.ly/2hdM7iX), una aplicación gratuita para Android (http://bit.ly/2kNv5cs) que sirve tanto de escaparate de animales desamparados como de gestor digital para las protectoras.
"Las protectoras pueden subir las fichas de sus acogidos con fotografías, edad y datos sobre su comportamiento, controlar las fechas de vacunación, de desparasitación y el tiempo que permanecen en el centro. Todo el trabajo que por falta de recursos ahora hacen, cuando pueden, en papel", explica Álvaro de Francisco.
Desde el lanzamiento de la plataforma web y app, en inglés y castellano, se han registrado 90.000 animales de 4.800 protectoras de Estados Unidos, Canadá, México, Argentina y España.
Una vez finalizada la primera fase de recabar los datos de los animales, desde este mes los particulares que quieran adoptar o acoger pueden realizar búsquedas por provincias, responder a un test de afinidad o contestar preguntas sobre sus gustos, hábitos, tamaño de la vivienda etc., para que el sistema recomiende los animales más apropiados para su perfil.
En este sentido, los creadores de Miwuki tienen claro que "el 20% de las mascotas adoptadas son devueltas por falta de afinidad con la familia, por lo que creemos que es esencial dar muchos detalles sobre su comportamiento".
Los usuarios interesados pueden descargar la aplicación de forma totalmente gratuita en Google Play: http://bit.ly/2kNv5cs
De Francisco y Serrano buscan financiación para dar a conocer la aplicación, hacer una versión compatible con iPhone y desarrollar nuevas funciones.

C's Cartagena apoya la convocatoria de un Pleno y la creación de una Comisión para investigar la compra del Hotel Peninsular

CARTAGENA.- Con motivo de la información publicada hoy en la que se asegura que el Partido Popular de Cartagena ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para que el alcalde José López dé explicaciones a todos los grupos municipales de su gestión en la adquisición del antiguo Hotel Peninsular, C's Cartagena apoya la convocatoria de un Pleno y la creación de una Comisión municipal para investigar dicha compra.

También reprobar la actuación de López y solicitar que se constituya una comisión de investigación, el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha recordado que llevó al último Pleno municipal una batería de preguntas para tratar de aclarar la gestión del gobierno, "desgraciadamente, en vez de respondernos, el alcalde de Cartagena decidió, como es habitual en él, atacar personalmente; si no quieren dar explicaciones por las buenas tendremos que obligarles, y podemos hacerlo, tenemos a la democracia de nuestra parte".
El portavoz ha asegurado que Ciudadanos mantiene a día de hoy todas las dudas por la operación inmobiliaria exprés del alcalde de Cartagena que benefició a un compañero de su partido, Movimiento Ciudadano, y ha denunciado que su Grupo sigue, tras más de un mes de reiteradas solicitudes, sin tener acceso al expediente completo de la adquisición del Hotel Peninsular.
"Lo hemos dicho desde el primer momento, el Gobierno local no ha acreditado el 'acopio excesivo de funcionarios' en el Edificio Administrativo de San Miguel, tampoco aparece el informe sobre la idoneidad de la compra y la necesidad de la ampliación de las dependencias municipales como es preceptivo, no encontramos tampoco ninguna tasación pericial objetiva acorde a los precios actuales, seguimos sin entender cómo es posible tramitar la adquisición en sólo tres días, y sin haber contado ni siquiera con los sindicatos mayoritarios que ya denunciaron que era una 'exigencia legal'", ha señalado Manuel Padín.  
Y concluye que "ante todas estas dudas sobre una inversión de 500.000 euros de todos los cartageneros, y ante los problemas, al parecer, insalvables para acceder el expediente de adquisición, y dado que hasta el momento ni el alcalde de Cartagena ni la vicealcaldesa han dado ninguna explicación convincente, el Grupo Municipal de Ciudadanos apoya la convocatoria del Pleno extraordinario y apoyará la constitución de una Comisión de Investigación.
"En cuanto a la iniciativa para reprobar al alcalde de Cartagena, el portavoz de la formación naranja considera que "que no parece lógico pedir que se debata y se investiguen las decisiones que ha tomado el Gobierno de Cartagena en Junta de Gobierno para comprar un inmueble y sentenciar al mismo tiempo con una reprobación". 
En este sentido, Manuel Padín, prefiere esperar a las conclusiones, tanto del debate como de la Comisión de Investigación, para poder apoyar un juicio reprobatorio." y así lo manifestará en la Junta de Portavoces previa a ese Pleno extraordinario.
Por otra parte, según Manuel Padín, "el alcalde debe dejar de ponerse a la defensiva y atacar personalmente a todo aquel que le pide explicaciones por decisiones tan extrañas y tan caras para las arcas públicas, le molesta que la oposición ejerza una de sus principales funciones: controlar al Gobierno".

Podemos considera que el PSOE "se ha quitado la careta" al dar luz verde al CETA en Bruselas

CARTAGENA.- La diputada regional, María Giménez, preguntará en la Asamblea al gobierno por el impacto del CETA en la Región de Murcia y ha señalado que en Bruselas el PSOE "se ha quitado la careta y ha traicionado a la soberanía de la Región de Murcia al dejar la puerta abierta a "la desprotección de nuestras denominaciones de origen, a la vez que afecta directamente a nuestra economía local ya que nuestros productos de calidad encontrarán dificultades ante productos de bajo precio y menor calidad". 

Giménez ha dicho que hoy es un "día negro" para Europa y, por supuesto, para la Región de Murcia. Tanto Partido Popular, "del que nada esperábamos" como Partido Socialista "han pulsado el mismo botón para dar carta blanca a la privatización de los servicios públicos, a la desprotección del medio ambiente, a la pérdida de empleo y han condenado a la precariedad a la pequeña agricultura familiar".
La diputada de Podemos preguntará al gobierno por las consecuencias directas que va a tener este tratado en nuestra economía, aunque lo que tenemos muy claro es que "va a perjudicar gravemente la vida de los murcianos y murcianas".
María Giménez ha explicado que Canadá es el tercer productor de transgénicos del mundo y lleva demandando a la Unión Europea, a través de la Organización Mundial del Comercio "una regulación más suave sobre transgénicos que hoy día no se permiten en el mercado europeo".
Con el CETA, ha dicho la diputada de Podemos, "Canadá consigue su objetivo y además de suavizar la política europea sobre transgénicos, creando así precedentes, hace que nuestro principio de precaución se vea debilitado en futuras negociaciones con EEUU en el TTIP y también afecta a la gran inversión realizada en nuestro país a un sector con futuro como es la agricultura ecológica y que ya en el presente aporta beneficios".

MC y los vecinos del Sector Estación trabajan juntos para eliminar las trabas a la descontaminación del Hondón, en Cartagena

CARTAGENA.- El presidente y portavoz de MC, Jesús Giménez, ha señalado que "en MC seguimos comprometidos con la restauración y puesta a disposición de los terrenos del Hondón para todo el municipio de Cartagena y, por supuesto, con la salud pública de los vecinos del Sector Estación que vienen padeciendo la inacción de las administraciones desde hace décadas".

El portavoz de la formación cartagenerista ha afirmado que "la pasada semana, en una reunión mantenida con la Asociación de Vecinos del Sector Estación, manifestamos nuestra adhesión al escrito que van a presentar al Gobierno regional y a la Asamblea para que se produzca una modificación de la Ley que, desde 2005, grava el tratamiento de los residuos para que el proyecto del Hondón no se vea comprometido, en ningún caso, con el afán recaudatorio de la administración regional".
Todo ello, ha asegurado Giménez, para evitar que "el avance que viene haciéndose desde el Gobierno local para liquidar la sociedad Podecasa y conseguir que esos terrenos, con un nuevo estudio, puedan ser descontaminados, se viera comprometido por la recaudación por parte de la administración de una tasa de millones de euros que impidiera mejorar la salud de todos los cartageneros y, por supuesto, de los vecinos del Sector Estación".
MC muestra su absoluto respaldo al requerimiento efectuado por la Asociación de Vecinos del Sector Estación ante la administración regional para que se lleve a cabo una modificación de la Ley 9/2005, de la Región de Murcia, que establece una tasa para tratar de reducir al máximo los residuos y fomentar el tratamiento de éstos, no contemplándose entre los supuestos de exención la situación específica de El Hondón en Cartagena.
La aplicación de esta tasa supondría una penalización para el avance del proyecto de descontaminación, generando un sobrecoste de millones de euros que compromete la viabilidad de la recuperación del entorno y la mejora de sus condiciones medioambientales.
Conviene recordar que, respecto al Hondón, los residuos responden a procesos productivos históricos, acumulados a lo largo de décadas, y que la planta fue desmantelada en el año 2000. Sin embargo, el impuesto grava también la deposición en vertedero de los residuos generados en instalaciones industriales obsoletas, de gran importancia en el pasado económico de la Región, que hayan sido desmanteladas con anterioridad a la entrada en vigor de los impuestos medioambientales.

C's Cartagena denuncia que el Gobierno no ha ejecutado, tras un año, la comisión de seguimiento de las mociones aprobadas

CARTAGENA.- Ciudadanos Cartagena volverá a preguntar en el próximo Pleno por qué todavía, después de un año, el Gobierno local no ha creado la comisión de seguimiento de las mociones aprobadas.

A principios del mes de febrero de 2016, Ciudadanos Cartagena hizo balance del estado de ejecución de las iniciativas aprobadas por el Pleno municipal y concluyó que más de la mitad de las iniciativas de Partido Popular, CTSSP-Podemos y Ciudadanos no estaban siendo ejecutadas. 
Para corregir esta deriva, el Grupo Municipal de Ciudadanos presentó en el Pleno de febrero de 2016 una moción para la creación de una comisión de seguimiento de las mociones aprobadas con el fin de garantizar y controlar que el equipo de Gobierno de PSOE y Movimiento Ciudadano cumple o intenta cumplir los acuerdos adoptados.
La propuesta fue aprobada por unanimidad y entonces la vicealcaldesa socialista, Ana Belén Castejón, dijo que la apoyaba porque la participación se encontraba en el ADN de los socialistas y porque era "tremendamente positiva". 
Según el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, "hace más de un año que se aprobó una iniciativa de Ciudadanos que al parecer también está en el ADN socialista, y la Comisión sigue sin aparecer en ningún sitio". 
"Un año sin que el Gobierno de Cartagena cumpla con su deber o sin molestarse en informar sobre alguna complicación surgida en el proceso de ejecución, un año en el limbo administrativo", ha señalado Manuel Padín que ha querido recordar hoy que los acuerdos adoptados por el Pleno son de obligado cumplimiento por parte del Ayuntamiento.
El portavoz municipal de la formación naranja califica de "esperpéntico" que una de las mociones aprobadas que más tiempo lleva sin ejecutarse sea precisamente una comisión que tiene por objetivo hacer un seguimiento de las iniciativas aprobadas". 
Para Manuel Padín, "podemos entender que la tramitación administrativa de alguna propuesta pueda ser muy compleja, pero ha pasado un año y no entendemos la indiferencia, el desprecio por nuestro trabajo; esto ni es transparencia, ni participación, ni es nada".
Ciudadanos considera que esta Comisión no sólo permitirá a Partido Popular, CTSSP-Podemos y Ciudadanos fiscalizar el trabajo del Gobierno local como es su deber, sino que evitará que estos grupos municipales se sientan obligados a registrar más y más preguntas relativas al grado de cumplimiento de una moción determinada y por tanto optimizará las sesiones ordinarias del Pleno. 
Además este órgano, que deberá reunirse con una periodicidad mensual y tendrá que elaborar un informe sobre el grado de ejecución de cada propuesta, debería permitir solicitar el asesoramiento de los colectivos afectados por los acuerdos si resulta necesario, e impedirá que las disposiciones finales sean contrarias a los objetivos planteados en la moción.

El Consejo de Gobierno analiza diversas actuaciones de emergencia realizadas por las lluvias torrenciales de diciembre en la Región

MURCIA.- La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente ha informado hoy al Consejo de Gobierno de las actuaciones de emergencia para el control de desprendimientos de roca en la ladera forestal de Torreagüera (Murcia), por importe de 400.000 euros, y para la reparación de caminos en montes de utilidad pública en varios municipios, por importe de 110.000 euros, tras el episodio de lluvias torrenciales que tuvo lugar entre los días 16 y 19 de diciembre del año pasado.

Los desprendimientos en Torreagüera suponían un riesgo para personas e instalaciones, por lo que llegó a producirse el desalojo de 20 viviendas en la zona. La necesidad de actuar con inmediatez y cualificada dirección técnica llevó a la Consejería a ordenar a través de medios propios instrumentales la ejecución de las medidas, a través de la empresa Tragsa, para controlar los desprendimientos con más riesgo y la consolidación de la ladera.
Asimismo, se ha informado de acciones de emergencia para la reparación de caminos en montes de utilidad pública dañados por estas lluvias, ubicados en Murcia, Sierra Espuña, Alhama de Murcia, Lorca, Mazarrón, Altiplano, Noroeste y Cieza. Entre los daños ocasionados por las escorrentías en las pistas forestales destacan por su importancia y cuantía la destrucción de la plataforma, aterramiento de cunetas, colmatación de pasos de agua y los desprendimientos en taludes.

Cartagena ya tiene un Consejo Municipal de Comercio

CARTAGENA.- El Consejo Municipal de Comercio de Cartagena ha quedado constituido de manera oficial este miércoles 15 de febrero. El alcalde de Cartagena, José López, ha presidido junto a la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, la sesión en la que se daba por iniciada la andadura de este ente que todos los representantes de los diferentes agentes del sector han coincidido en definir como necesario y vital.

La creación de este consejo, impulsada por el Área de Estrategia Económica que dirige Ana Belén Castejón, facilitará la participación de los representantes del comercio local en la toma de decisiones dentro del ámbito municipal que puedan afectarles.
En el marco de este nuevo órgano, se han creado dos comisiones, una de Dinamización Comercial y otra de Infraestructuras, aunque se ha acordado que a petición de cualquiera de los miembros de la asamblea puedan abrirse otras comisiones. Asimismo, se ha modificado la propuesta para la inclusión de COEC y de la Cámara de Comercio en las dos que hay ya creadas.
La Comisión de Dinamización Comercial se reunirá cada 3 meses para diseñar, junto a los comerciantes y con todos aquellos que quieran aportar, las campañas destinadas a reactivar el comercio tradicional de Cartagena, o sea, el pequeño comercio. La de Infraestructuras se dedicará a las actuaciones relativas a adecentar las áreas de comercio, y en ella se contará con el asesoramiento y el trabajo de los técnicos del área de Urbanismo e Infraestructuras.
El alcalde de la ciudad portuaria, José López, ha señalado que la formalización del inicio de este ente supone "la puesta en marcha de algo que venían reclamando desde hace tiempo los comerciantes del municipio", que es "un órgano consultivo donde se puedan plantear los rumbos que va a llevar el comercio, por donde van a trasegar las actuaciones municipales para incentivar el comercio y para protegerlo, dinamizarlo y ayudarle en esta época donde la crisis todavía pesa en muchos comerciantes", especialmente en el pequeño comercio.
El primer edil ha señalado que "hay un reglamento ya en marcha, 18 artículos aceptados por todo el mundo", y ha avanzado que se comunicará el trabajo que se va a hacer a cada uno de los miembros de la asamblea "para que puedan aportar, personarse, colaborar y participar". Para el alcalde es una "buena noticia" que el Consejo Municipal de Comercio pueda iniciar su andadura en este momento. "Hemos tardado 19 meses pero ya está en marcha", se felicitaba.
La vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, a cuya responsabilidad corresponde también este Consejo, puesto que es ella quien dirige el Área de Estrategia Económica, ha comentado en la misma línea que "ha costado" su puesta en marcha, y lo ha justificado explicando que se ha "querido hacerlo con un proceso muy participativo, consensuado con todos los grupos políticos y con todos los agentes de la sociedad que podían aportar, pero sobre todo teniendo un papel protagonista las cuatro asociaciones de comerciantes del municipio".
Asimismo, Castejón ha puntualizado que están incluidos en este órgano 32 integrantes, "de momento", ya que, según ha apuntado, el reglamento contempla que "cualquier asociación de comerciantes de nueva creación podrá formar parte", así como "también los representantes de venta ambulante".
La edil se mostraba "contenta y satisfecha del trabajo" y manifestaba que éste ha sido "un día para celebrar", dado que tal y como ha desvelado, otros ayuntamientos se han interesado por imitar el proceso de formación de este Consejo Municipal de Comercio, algo por lo que se congratulaba al destacar que el Ayuntamiento de Cartagena logra así "ser referencia" en esta materia.
El nombramiento de sus consejeros fue aprobado previamente en una pasada Junta de Gobierno Municipal, y quedó configurado con el alcalde, José López, como presidente y la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, ocupando el cargo de vicepresidenta.
Además toman parte los representantes de las seis asociaciones de comercio de Cartagena (Centro Comercial Abierto, La Milla, San Fernando, Cenit, Acobe y  Acopec), los mercados Santa Florentina y Gisbert, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), la Cámara de Comercio de Cartagena, los sindicatos CCOO y UGT, los grandes centros comerciales de la ciudad (El Corte Inglés, Espacio Mediterráneo, Mandarache y Eroski), la Consejería de Desarrollo Económico, Hostecar, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena, la Agrupación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Cartagena, los partidos políticos con representación en el Pleno y los técnicos municipales de Comercio, Consumo, Seguridad Ciudadana y Vía Pública, Descentralización, Turismo y Urbanismo.

Autorizado el Plan Anual de Control Financiero de la Intervención General de la Comunidad Autónoma 2017

MURCIA.- El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, ha dado el visto bueno al Plan Anual de Control Financiero de 2017, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 100.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región Murcia.

Este plan comprende los informes de control financiero y de auditoría pública que llevará a cabo la Intervención General en el ejercicio 2017 sobre las cuentas de 2016. Estos controles se realizarán sobre todas las unidades integrantes del sector público regional, así como respecto a las sociedades mercantiles, particulares y entidades públicas o privadas por las ayudas percibidas o por actuaciones financiadas con fondos europeos.

CC OO condena la incertidumbre a la que los dirigentes autonómicos del PSOE y PP están sometiendo a miles de Interinos y opositores

MURCIA.- CCOO ENSEÑANZA condena las formas que están utilizando los dirigentes del PSOE y del PP, en su negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado 2017, de facto y de hecho ya prorrogados, sobre la posibilidad de eliminar la tasa de reposición (en los presupuestos de 2016 estaba en el 100%), medida ya anunciada en la última Conferencia de Presidentes Autonómicos, y que debido a la inestabilidad política y al juego interno de estos dos partidos, está generando las dudas y la inseguridad de miles de interinos e interinas y de opositores en general, sobre la convocatoria de la Oposición del Cuerpo de Maestros para el año 2017.

El último gesto de arrogancia y de desprecio al trabajo y esfuerzo de interinos y opositores, ha sido el pronunciamiento del portavoz del Gobierno andaluz en el día de ayer, confirmando el "chantaje" del Gobierno de la Nación al de Andalucía, vinculando la Convocatoria de Oposiciones a la aprobación de los PGE para 2017. 
Ahora, el propio portavoz del Gobierno de Andalucía, confirma que si habrá oposiciones de Primaria para este verano, aspecto desmentido hace unas semanas. Sin embargo su homólogo del gobierno de Castilla La Mancha, el pasado día 9 de febrero dejó sus 500 plazas de primaria en el aire, condicionándolas a la aprobación de los PGE. Como los Gobiernos del PP y del PSOE en Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia y resto de Comunidades Autónomas utilizan a los interinos para defender sus intereses políticos particulares.
CCOO ENSEÑANZA denuncia que los opositores e interinos son utlizados como rehenes de los problemas internos del PSOE y de la incapacidad manifiesta del Gobierno de Mariano Rajoy para aprobar los presupuestos del presente año. 
Así mismo estos partidos que son los que tienen la responsabilidad de Gobierno en la mayoría de las instituciones de España, cometen la indignidad y felonía de enfrentar a ciudadanos de diferentes Comunidades Autónomas, a la hora de convocar oposiciones de Maestros o de Secundaria en sus regiones, según sus intereses espurios y no una Planificación de Personal racional.
Para CCOO ENSEÑANZA dentro de la coherencia mantenida en estos años de lucha contra los recortes laborales y educativos de los últimos gobiernos de la Nación y de la Región, la solución radica en una convocatoria masiva de plazas (para bajar los altos porcentajes de maestros interinos), en un acuerdo nacional sobre secuenciación de las Oposiciones al Cuerpo de Maestros y de Secundaria, y por el mantenimiento de los criterios de Igualdad, Mérito y Capacidad a la hora de acceder a la Función Pública Docente.
CCOO ENSEÑANZA al igual que criticó la NO CONVOCATORIA de las oposiciones de los años 2011, 2012 y 2014, por los Gobiernos de Rajoy y de Ramón Luís Valcárcel, sigue manteniendo su lucha contra esta política de recortes en la Enseñanza Pública murciana, que acarrea una situación de máxima inestabilidad e inseguridad para los docentes interinos e interinas murcianos, situación precaria que sólo se puede solucionar con convocatorias masivas de plazas en todos los cuerpos educativos. 
Defender lo contrario es ser cómplice de las políticas de Recortes llevadas a cabo por los gobiernos de la Nación y de la Región. En Murcia existe la posibilidad y necesidad de convocar más de 800 plazas de Maestros, única forma de consolidar el empleo estable y de garantizar una Educación pública de calidad.
Es lamentable y penoso, que miles de docentes interinos e interinas, que miles de opositores, estén soportando esta situación de manipulación, desprecio e inquietud, de aquellos que en teoría deberían de ser los valedores de su estabilidad laboral y de defensa de la Escuela Pública.

Ciudadanos consigue que se implanten dispositivos de control de alcohol y drogas en el transporte escolar

CARTAGENA.- La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional, que preside el diputado de Ciudadanos Juan José Molina, ha aprobado una iniciativa de la formación naranja, en virtud de la cual, todos los autobuses de transporte escolar incorporarán un dispositivo para impedir el arranque del motor, en caso de que el conductor haya consumido alcohol o drogas.

El diputado de C's ha mostrado su satisfacción “porque la seguridad de los menores que se desplazan cada día a los centros educativos es una prioridad. El objetivo de nuestra iniciativa es minimizar el riesgo y que se eviten situaciones como la que sucedió hace unas semanas en Fuenlabrada, cuando tras el vuelco de un autobús escolar se comprobó que el conductor había consumido drogas”.
En este sentido, Molina ha destacado la necesidad de exigir a las empresas que prestan los servicios de transporte escolar que implanten medidas de control preventivo sobre el consumo de alcohol y drogas a los conductores que realizan los desplazamientos “y para ello es necesario implantar dispositivos que verifiquen que no han consumido estas sustancias con carácter previo a iniciar la marcha del vehículo”.
Un estudio realizado por la Unión Europea considera viable técnicamente y fiable científicamente la instalación de sistemas de antiarranque en los vehículos con los recursos actualmente disponibles. Las empresas de transporte escolar dispondrán hasta el inicio del próximo curso para adaptar este dispositivo a sus autobuses.. “Consideramos que se trata de un tiempo prudencial”, ha finalizado Molina.

IU-Verdes Lorca pide actuaciones en la pedanía de Campo López, abandonada por el PP

LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha exigido al equipo de Gobierno municipal actuaciones en la pedanía de Campo López que le han sido trasladadas por los vecinos tras una reciente visita a dicha diputación.

Martín denunció que el equipo de Gobierno del PP lleva “años” sin reunirse con la asociación de vecinos para abordar las necesidades de la pedanía por lo que se acumulan sus peticiones que son “modestas” pero necesarias para su bienestar. “Hay un malestar generalizado en Lorca porque el alcalde no atiende las peticiones de reunión de los vecinos de barrios y diputaciones”, explicó la edil de IU-Verdes, formación que ya alertó de que su doble condición de alcalde y diputado regional iría en detrimento del interés vecinal.
Sobre Campo López, Martín explicó que hay importantes deficiencias en materia de limpieza viaria. Sus habitantes exigen una presencia “programada y más asidua” de los operarios de la empresa municipal, LIMUSA, que solo trabajan en la zona cuando son requeridos por los vecinos. Además solicitan la instalación de papeleras y de contenedores de basura móviles en los aledaños de las pistas deportivas, el cementerio y la Plaza de la Tertulia. 
La diputación se encuentra en un estado óptimo de limpieza gracias a la “admirable buena voluntad y el esfuerzo de los vecinos, que se encargan personalmente de barrer las calles, una responsabilidad que corresponde al Ayuntamiento”, aseguró Martín. La edil de IU-Verdes también exigió la clausura de un vertedero ilegal en las proximidades del pueblo y medidas para evitar nuevas acumulaciones de escombro y basura.
Sobre la única carretera de acceso a la pedanía, Martín lamentó su lamentable estado de conservación, empeorado por los trabajos realizados para retirar la nieve tras el último temporal, lo que hace necesario su reasfaltado.
Los afectados también exigen labores de mantenimiento en el consultorio periférico de salud, que necesita ser repintado, y la instalación de un ordenador con conexión a internet en el local social en el que también es preciso atajar los problemas de filtraciones de agua a través de los ventanales laterales del edificio, así como comprobar el estado de las tejas tras desprendimientos acontecidos recientemente.
También hacen falta labores de poda y reforestación del arbolado en la zona de esparcimiento con la que cuenta la pedanía, que también precisa de acondicionamiento para el adecuado disfrute de los vecinos. 
Éstos también piden la colocación de aparatos de gerontogimnasia en una zona destinada inicialmente a un campo de petanca que se encuentra en desuso, así como la instalación de mesas de madera junto a la pista de deportes con el fin de crear un pequeño merendero. En este mismo espacio piden también la colocación de una mesa para practicar ping pong.
“Estas y otras son demandas sencillas y fácilmente asumibles por un equipo de Gobierno municipal que no termina de entender que los vecinos de Campo López y de otras diputaciones gravemente despobladas del municipio son también lorquinos y contribuyentes”, dijo Martín. 

El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Gestión de los ríos Mula y Pliego, que abarca cerca de 830 hectáreas

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la declaración de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de los ríos Mula y Pliego y su plan de gestión. Esta zona abarca una extensión 829,73 hectáreas, en el centro de la Región de Murcia, que abarca los municipios de Bullas, Mula, Pliego, Albudeite, Campos del Río, Alguazas y Las Torres de Cotillas.

En las próximas semanas, el Consejo de Gobierno aprobará la ZEC Minas de la Celia, ubicada en el municipio de Jumilla, y la ZEC Cueva de las Yeseras, en Santomera.
En este sentido, la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, informó hoy en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que "el proceso de planificación integral de la Red Natura 2000 va a dar un importante avance este año, y comienza este mes de febrero, con el fin de alcanzar, a finales de 2017, el 75 por ciento de todos los espacios de la Red Natura 2000".
Una de las novedades del plan que hoy recibe el visto bueno es que se trata del primero en el que se aplican las directrices para la elaboración de la plani?cación de la Red Natura 2000 de la Región de Murcia, aprobadas en abril de 2015; además de que también es el primero en el que se contempla la regulación de la Ley 42/2007del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente haelaborado un nuevo cronograma para avanzar en el proceso de planificación de todos los espacios de la red Natura 2000 con la fijación del horizonte de un año y medio, ya que "el objetivo del Gobierno regional es culminar la planificación en octubre de 2018", destacó Martínez-Cachá.

Plan de Gestión del Mar Menor
Respecto al Plan de Gestión del Mar Menor, ahora se está llevando a cabo la incorporación de los cambios derivados del proceso de diálogo desarrollado en los meses de octubre a diciembre, así como del informe del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor.
En total, se han llevado a cabo más de 21 reuniones para abordar las alegaciones y propuestas de los principales agentes, ayuntamientos ribereños y sectores como el hostelero, náutico, portuario, buceo, comercial, entidades ecologistas y de conservación, entre otros.
El plan está en la última fase de redacción del texto definitivo de algunas directrices, regulaciones y acciones. Una vez finalizada la misma, se someterá a los dictámenes e informes del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, Consejo Regional de Caza y Pesca Fluvial, Consejo Económico y Social, así como de la dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Presidencia, con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno.

Planificación 2017-2018
En mayo de 2017 se aprobarán los planes del Mar Menor y de la Franja litoral sumergida de la Región de Murcia, Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo y Cabezo Gordo (Área de Planificación Integrada 002, API002).
En julio de 2017 se aprobará Sierra de Salinas, Sierra de El Carche, Sierra del Buye, Sierra del Serral (API010), Sierra del Gigante, Sierra de la Tercia, Lomas del Buitre y Río Luchena, Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte, Sierra de En medio, Sierra de la Torrecilla (API006), Sierra de Ricote-La Navela (API013).
En noviembre de 2017 se aprobarán Sierra de La Pila, Humedal del Ajauque y Rambla Salada, Sierra de Abanilla, Río Chícamo, Yesos de Ulea (API005), Saladares del Guadalentín (API009) y Sierra Espuña (API012).
En octubre de 2018 concluirá la planificación definitiva con Cuatro Calas, Sierra de las Moreras, Calnegre, Cabo Cope, Sierra de Almenara (API004), Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, La Muela y Cabo Tiñoso, Cabezo de Roldán, Sierra de La Fausilla, Cabezos del Pericón, Sierra de las Victorias (API008), y Carrascoy y El Valle (API011).

La Región de Murcia recibe 124,6 millones de euros adicionales de fondos europeos

MURCIA.- La Región de Murcia recibirá 124,6 millones de euros adicionales correspondientes al objetivo de inversión en crecimiento y empleo de la política de cohesión europea. Esta dotación adicional de fondos supone un incremento del 10 por ciento de la cantidad de la que disponía la Comunidad, 1.226 millones de euros, lo que constituye un total de 1.350,6 millones hasta el año 2020.

Esta asignación ha sido comunicada por parte del Ministerio de Hacienda, que ha informado de las cantidades para cada comunidad autónoma de la asignación para el Estado español. En este caso, la Región va a recibir el doble de lo que le correspondería por población, ya que los fondos suponen el seis por ciento del total, frente al tres por ciento que supone los habitantes de la Región en España.
La portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, indicó hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que "es muy positivo que recibamos el doble que nos correspondería atendiendo a la población y que contemos con más recursos y más financiación para seguir construyendo la nueva Región de Murcia".
Estos fondos se destinarán a cinco ejes fundamentales como son: Garantía juvenil para mejorar la tasa de empleo juvenil; inversiones en I+D+i, implantación de las TIC; impulso y apoyo a las pequeñas y medianas empresas; así como para favorecer la economía 'verde'.
"Son casi 125 millones más para construir una nueva economía regional basada en el talento y el conocimiento, que crea prosperidad y empleo de calidad. Son más oportunidades para nuestro jóvenes y para el bienestar de todos los ciudadanos", puntualizó Arroyo.
De manera más amplia, algunas de las actuaciones ayudarán a empresas que emprendan una actividad de carácter tecnológico para mejorar su competitividad, y a proyectos empresariales que utilicen las TIC y los contenidos digitales como medida de valor añadido.
Esta aportación incrementa las partidas previstas en los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y del Fondo Social Europeo (FSE) para 2020, tanto regionales como pluriregionles.
La Comunidad trabajará en los próximos meses en definir las actuaciones concretas que se llevarán a cabo con los nuevos fondos.