miércoles, 15 de febrero de 2017

La asociación de fiscales APIF cuestiona que el Ministerio Público pueda instruir causas penales

MADRID.- La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha cuestionado que el Ministerio Público pueda instruir causas penales por las "serias deficiencias" que, en su opinión, revelan "acontecimientos" como la imputación del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Ordoñez en el 'caso Bankia' o la supuesta orden dada por la Fiscalía General del Estado para no promover la investigación del presidente regional de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el 'caso Púnica'.

Mediante un comunicado, esta asociación señala que con estos "acontecimientos" el Ministerio Fiscal "se aleja aún más que podamos asumir la función de instrucción de las causas penales y reclama "autonomía e independencia" para el Ministerio Público.
Según la APIF, la citación de Ordoñez y el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Julio Segura "supone que por el Ministerio Público ni siquiera se ha planteado la necesidad de que tales autoridades deban declarar en sede judicial como investigados por hechos de los que, al menos en abstracto, tuvieron conocimiento y capacidad para intervenir (e incluso evitar)".
"No podemos entender que el Ministerio Fiscal, en este procedimiento, no haya apoyado, al menos, que tales responsables públicos comparecieran como investigados en este procedimiento. Ha tenido que ser la Sala la que obligue a que se practiquen estas declaraciones", denuncia la asociación.
Además, APIF califica como "inadmisible" que "las órdenes, dentro de nuestra institución, sean negativas, es decir, que se nos ordene no investigar o no perseguir un posible delito. De admitirse las órdenes singulares o particulares éstas han de ser siempre positivas y, a ser posible, por escrito", en referencia a la supuesta orden de no investigar al presidente regional murciano en el 'caso Púnica'.
En el comunicado, la asociación de fiscales señala "la necesidad de constituir, a nivel de fiscalías periféricas, de manera forzosa secciones de delitos relacionados con la corrupción y que se dote de relevancia propia a las de económicos, potenciando tanto sus medios personales como materiales".

La concertada se defiende ante la protesta de la enseñanza pública por los acuerdos con la CARM

MURCIA.- Patronales, padres, cooperativas y asociaciones de la enseñanza concertada han hecho público un comunicado conjunto remarcando que la nueva orden de la Consejería de Educación sobre la privada «no va en contra de la enseñanza pública». 

Las entidades Ucoerm, Educación y Gestión, Cece Murcia, Fsie, Concapa y Fampace recuerdan que la enseñanza concertada aglutina a más de 6.000 profesores y cuenta con unos 73.000 alumnos en Murcia. 
Los representantes de los centros concertados defienden que la nueva orden «aporta más estabilidad, sin repercutir en la enseñanza pública», y defienden «la calidad y coexistencia de la enseñanza pública y concertada, así como el derecho constitucional de los padres a elegir el centro en el que estudian sus hijos».
Esa nueva orden aprobada por la Consejería de Educación y las patronales de los concertados, acordada hace un mes, deja la puerta abierta a que la Administración concierte también el tramo de educación no obligatoria, que en la actualidad pagan las familias que mantienen a sus hijos en centros de titularidad privada. 
Aunque la orden no contempla subvenciones ni fechas, sí hace referencia expresa a la inclusión del Bachillerato como etapa susceptible de subvencionar. 
Por este motivo, asociaciones de padres de alumnos de la escuela pública, los sindicatos de educación y la oposición mostraron esta tarde en Murcia su rechazo a la subvención del ciclo de Bachillerato y FP en los colegios concertados. 
Centenares de personas se concentraron a las puertas de San Esteban tras una pancarta con el lema 'En defensa de la enseñanza pública'.

El PSOE pide la comparecencia urgente del fiscal general del Estado por su oposición a acusar a PAS

MADRID.- El PSOE ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que explique si hay "injerencias políticas" detrás del informe que remitió oponiéndose a investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por el caso Púnica.

Los socialistas creen que sería "muy grave" que hubiese injerencias políticas detrás de la disposición del fiscal general de no investigar al presidente murciano, en contra del criterio de las fiscales encargadas del caso Púnica.

El diputado socialista por Murcia, Pedro Saura, ha explicado en los pasillos del Congreso que su grupo quiere que Maza explique si existen esas injerencias y "si el Gobierno está presionando" para que Sánchez no sea imputado.

"Queremos que lo explique y que sea en sede parlamentaria", ha subrayado, tras insistir en que sería "muy grave" que la Fiscalía General del Estado sea el "brazo ejecutor del Gobierno y el PP para que no se investigue al presidente" murciano.

La petición se ha formalizado esta misma tarde y, en ella, los socialistas urgen a Maza a informar de los criterios de la Fiscalía General del Estado "respecto a la persecución de delitos de corrupción en los que resulten implicados autoridades o cargos públicos".

La concentración de apoyo al aeropuerto de San Javier se celebra el día 24


MURCIA.- La plataforma de apoyo al aeropuerto de San Javier ha convocado finalmente para el próximo día 24 de febrero a las cinco de la tarde la concentración para protestar contra el intento de la Comunidad Autónoma de llevarse los vuelos civiles a Corvera cuando cierre el acuerdo que está negociando con el Ministerio de Fomento. 

Los colectivos que se oponen al cierre de San Javier al tráfico civil tratan de conseguir también el apoyo de los usuarios extranjeros, a los que han invitado a sumarse a la protesta con una convocatoria en inglés.
La plataforma de apoyo a San Javier había convocado inicialmente la concentración para el pasado día 10, pero la Delegación del Gobierno les denegó la autorización aduciendo que había sido presentada fuera del plazo que marca la ley, lo que llevó a los organizadores a suspenderla.
Los organizadores acusan a la Comunidad Autónoma de intentar cerrar un aeropuerto público que es rentable en beneficio de otro privado.

De la Serna dice que los plazos para el Corredor Mediterráneo son "realistas"

MADRID.-El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha manifestado este miércoles en el Congreso que los plazos previstos para el Corredor Mediterráneo responden a una "planificación realista" por parte del Gobierno del Partido Popular y ha defendido que este proyecto supone "una prioridad política".

Según De la Serna, esta "planificación realista" responde a la preocupación de que el doble ancho de vía no suponga "un problema de tráfico, especialmente en el transporte de mercancías". El ministro hacía frente así a las acusaciones del diputado de Compromís, Joan Baldoví, sobre los "reiterados retrasos e incumplimientos en la construcción".
De la Serna ha llegado a mostrar fotografías de las obras que, según el parlamentario valenciano, no se estaban realizando. Concretamente, las del tramo entre Tarragona y Vandellòs, en las que podrán realizarse pruebas de circulación en primavera de 2018, ha reiterado el ministro.
De la Serna ha defendido que estas fotografías fueron tomadas antes de que Baldoví registrara la interpelación y, aunque ha reconocido que se están produciendo "incidencias técnicas", ha negado que no se estén ejecutando los trabajos. La ejecución, ha asegurado, asciende a 13.000 millones de los 17.000 presupuestados.
En su intervención, De la Serna ha anunciado que dentro del plan de mejora de los accesos ferroviarios se han presupuestado inversiones de 200 millones para el Puerto de Castellón, el Puerto de Sagunto, y actuaciones en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza.
En este sentido, el ministro ha asegurado que los trabajos en el tramo entre Valencia y el Nudo de la Encina para la plataforma de doble vía y ancho estándar tienen una ejecución del 80%, mientras que los del acceso a Murcia alcanzan el 86%. Para este año se prevé el fin de estas obras. Las del tramo entre Valencia y Sagunto, ha asegurado, están totalmente ejecutadas y prevé la circulación en pruebas antes de abril de 2017.
El tramo entre Granada y Antequera, ha dicho De la Serna, iniciará la circulación en pruebas el último trimestre de este año, y entre Antequera y Algeciras se licitará "en breve" el proceso de renovación de la vía entre San Pablo y Almoraima. "Aquí hay hechos, no palabras, que ratifican el máximo compromiso del Gobierno", ha presumido De la Serna.
Aun concendiendo que los problemas de ejecución en el Corredor Mediterráneo eran "un marrón a los pocos meses de llegar" que le caía al ministro, Baldoví ha lamentado estar "cansado de promesas incumplidas" y ha criticado varios aspectos del proyecto.
"¿Cree que era prioritario que el AVE llegara a Huesca? Con todo el respeto para Aragón, pero no juegue a la demagogia", ha acusado el diputado valenciano, que ha señalado que las protestas por los retrasos no proceden de "los radicales de Compromís", sino por "señores de orden", como los empresarios.
Otro punto criticado es el de los fondos dedicados a los accesos de Madrid, pues ha acusado a Fomento de "desviar mil millones a costa del Corredor Mediterráneo".
"Me obligan a ser nacionalista, pero no solo a mí. También los empresarios", ha dicho el diputado de Compromís, que ha defendido que "cuando se hace el tercer túnel en Madrid y Valencia no tiene ni el primero", son "chovinistas".
Baldoví ha defendido que "el corredor beneficia al conjunto del Estado y no solo a las comunidades por las que pasa" y que su puesta en marcha permitirá una mayor competitividad para las exportaciones, al reducir los costes, y una reducción de las emisiones de CO2 de 900.000 toneladas.
Por su parte, De la Serna ha defendido que la existencia de dos ramales "no es una invención" del Gobierno, sino que figura en el Reglamento previsto de la Unión Europea y ha rechazado el desvío de fondos del que le acusaba el parlamentario valenciano.
Asimismo, ha concluido que la preocupación se centra "únicamente en la infraestructura" cuando "tan importante es esto como el material rodante" para mejorar los tiempos de desplazamiento o el compromiso de los empresarios en la utilización futura del corredor.

Los estibadores desconvocan en los puertos la huelga tras la oferta del Gobierno

MADRID.- Los sindicatos de estibadores han desconvocado los paros parciales fijados para la próxima semana, después de que el Gobierno retrasara una semana la aprobación del real decreto ley de reforma de la estiba, prevista inicialmente para el viernes.

Así lo anunciaron los sindicatos convocantes de la huelga -Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), UGT, CCOO, CIG (Confederación Intersindical Galega) y CGT- tras el ofrecimiento del Ministerio de Fomento de retrasar la aprobación del decreto de reforma de la estiba por parte del Consejo de Ministros hasta la reunión del viernes 24, si sindicatos y patronal se sientan a negociar y se desconvoca la huelga.
Al mismo tiempo que los sindicatos anunciaban la desconvocatoria de los paros parciales, a los que estaban convocados más de 6.150 estibadores para los días 20, 22 y 24 de este mes, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) ha respondido a la oferta del Gobierno y manifestado su disposición al diálogo con la parte social.
Según los las organizaciones sindicales, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha aceptado abrir una vía de diálogo, después de que los grupos parlamentarios -Ciudadanos, PSOE, Podemos y Coalición Canaria- aseguraran que no respaldarían una reforma legislativa sin negociación.
Según Fomento, los aspectos planteados por los sindicatos, como garantía de los puestos de trabajo (subrogación), profesionalidad de los trabajadores y modo de organización del trabajo en los puertos, no tienen cabida en el Real Decreto Ley, porque la Comisión Europea (CE) no lo permite, pero sí pueden abordarse por la vía de la negociación colectiva.
Los sindicatos han explicado en un comunicado conjunto que no ejercerán su derecho a la huelga, con la que "sólo perseguía llamar la atención sobre lo intolerable de una imposición en una modificación legislativa de este calado", ya que, al abrirse la puerta al diálogo y al consenso, esta medida "queda sin sentido".
Para los sindicatos, ha sido decisiva en este proceso la intervención del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que "viene a rematar las gestiones y manifestaciones vertidas a la opinión pública por distintos representantes del PSOE".
Desde la primera reunión en el ministerio del jueves 2, el PSOE ha apoyado la postura de los trabajadores y ha asegurado que no respaldaría una reforma impuesta.
En el mismo sentido se han manifestado también Podemos, PNV, CiU, Esquerra Republicana, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Marea y Compromís.
Los sindicatos "se congratulan de este giro en los acontecimientos, a pesar de la dificultad de la situación, convencidos de que el sector español puede seguir siendo de los más competitivos de Europa si se logra una norma consensuada, que se empeñarán en lograr, en la que estén representados todos los agentes que operan en los puertos".

PSOE, Podemos y C’s fuerzan al PP a investigar las privatización de todas las cajas de ahorro

MADRID.- El Partido Socialista ha reaccionado y ahora va a negociar con Podemos la creación de una comisión en el Congreso para investigar la privatización de las cajas y no sólo sobre el rescate a Bankia como ya pidió en 2012 y que el PP paralizó con mayoría absoluta. Pero como aseguran fuentes del PSOE, esta negociación tratará de establecer los límites de la investigación en cuanto a documentos o a personas que tengan que comparecer, según avanza hoy http://www.republica.com

En paralelo también Ciudadanos están negociando con Podemos la iniciativa conjunta para presentar la próxima semana con el fin de que se investigue la privatización de todas las cajas y no solo la salida a Bolsa de Bankia como quiere el PP.
La clave está en hasta donde llegarán los límites para que PP y PSOE permitan esta investigación.
Albert Rivera confía en que tanto PP como PSOE voten a favor de la investigación y que “no intenten limitar el objeto de la investigación tanto que no se pueda investigar nada, ni la gestión ni los nombramientos en las cajas hasta el rescate, ni los sueldos de los directivos ni el papel de los reguladores”.
A su juicio “hay motivos suficiente para investigar el saqueo de las cajas”.
La Junta de Portavoces del Congreso acordó ayer debatir y votar el próximo miércoles 22 en Pleno, la petición de Unidos Podemos de crear una comisión de investigación sobre el rescate financiero, pero no hay que olvidar que el PSOE también presentó la suya en la que sólo se refiere a Bankia con el fin de analizar el papel del Banco de España y de la CNMV en su salida a Bolsa.
Algo que desde el PP no admiten de ninguna manera. Fuentes parlamentarias aseguran que llegado a este momento y si se lleva a cabo la investigación de Bankia, porqué no a la privatización de las cajas. Consideran que si sale adelante una investigación de Bankia porqué no ir más allá e investigar por ejemplo a Catalunya Caixa cuando estaba al frente Narcís Serra.
Rivera a acusado al PSOE de que su propuesta de investigación es  “absolutamente insuficiente y partidista” porque sólo busca investigar una caja por motivos políticos. El PSOE ha decidido registrar su propia petición sobre Bankia por la “alarma social” que se ha creado, ha dicho, con la decisión de la Audiencia Nacional.
Por dos veces, la mesa había rechazado con los votos del PP y del PSOE la petición de una comisión de investigación por parte de Ciudadanos sobre el proceso de la privatización de las cajas.

Los precios bajaron siete décimas en enero en la Región

MURCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de la Región de Murcia ha descendido un 0,7 por ciento el pasado mes de enero respecto al mes anterior, mientras que su tasa interanual aumentó un 3 por ciento, según datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Región de Murcia se sitúa así en cuarto lugar, junto con Galicia y Extremadura, entre las comunidades con el mayor descenso de los precios. En lo que va de año bajaron un 0,7 por ciento, dos décimas más que el conjunto nacional.
Por grupos, los más inflacionistas fueron Vivienda (2,7 por ciento); Bebidas alcohólicas y tabaco y transporte, ambos con un 1,1 por ciento; Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,8 por ciento); Hoteles, cafés y restaurantes (0,2 por ciento); y Medicina (0,1 por ciento).
Por contra, la congelación de precios en Enseñanza y Otros el descenso experimentado en Vestido y calzado (-16,8 por ciento), Ocio y cultura (-1,4 por ciento), Menaje (-0,7 por ciento) y Comunicaciones (-0,4 por ciento) evitaron una subida mayor de la cesta de la compra murciana en enero.

El PSRM exige al presidente Sánchez que cumpla la ley de Transparencia y cese a Martínez-Cachá

CARTAGENA.- El secretario de Comunicación del PSRM y diputado regional, Emilio Ivars, pidió este miércoles al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, que cumpla el artículo 54 de la Ley de Transparencia y cese a la consejera de Agricultura, Agua y Medio ambiente, Adela Martínez-Cachá.

“Si el presidente no tiene fuerza moral para hacerlo, exigimos a la consejera que dimita”, indicó el diputado socialista tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha citado a declarar a Martínez-Cachá como investigada en el caso Guardería por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Según Ivars, esta citación hace todavía más insostenible la situación judicial del presidente, porque tener a una consejera imputada mancha aún más la imagen de la Región de Murcia.
“En política hay que ser ejemplar y así lo recoge la Ley de Transparencia, algo que el Gobierno regional no está demostrando, empezando por el presidente y siguiendo por la consejera”, señaló.
Recordó que el delito de prevaricación que se le imputa a Martínez-Cachá es un delito de corrupción. “Esta es la prueba de fuerza moral para el presidente, que tiene que tomar decisiones de manera inminente sobre su futuro y también sobre el futuro de Martínez-Cachá”.
“Es el momento de demostrar que de las palabras pasamos a los hechos”, concluyó el diputado regional socialista.

Antonio Urbina (Podemos) también exige la dimisión de la consejera Martínez-Cachá

CARTAGENA.- El diputado regional de Podemos Antonio Urbina reclamó este miércoles a la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, que dimita para no seguir perjudicando a la sociedad murciana.

Urbina hizo estas declaraciones tras conocer que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, instructor del denominado caso Guardería, Enrique Quiñonero, señaló en un auto publicado este miércoles que el próximo 24 de febrero tendrá lugar la declaración en calidad de investigada de Martínez-Cachá.
El diputado de la formación morada apuntó que este caso es "muy doloroso" porque supuso "beneficiar a un nuevo pelotazo" empezando por la destrucción de una "guardería modélica", lo que dejó sin espacio a alumnos que, posteriormente, fueron reubicados en unos barracones situados fuera del barrio de La Paz. 
Urbina señaló que el ‘caso Guardería’ es “uno de los casos más graves, no por su cuantía económica, pero sí por el daño social realizado. Es un ejemplo de la peor combinación de un pelotazo urbanístico con el desprecio al bienestar de la población”.
"Es el claro ejemplo de que se perjudicó a todos en beneficio de unos pocos", sentenció Urbina, quien incidió en que esta decisión se tomó en un barrio que requiere de una gran "inversión social".
Con esta situación, ha incidido el diputado de Podemos, nos encontramos con que “hoy seguimos sin guardería en el barrio, y los jueces han visto suficientes indicios para imputar a la ahora consejera y entonces concejal. Los concejales no pueden alegar desconocimiento, sabían de la operación especulativa y una guardería no se derriba todos los días. La ahora consejera debe dimitir, y cuando deje el gobierno que se lleve a Pedro Antonio Sánchez, pues está haciendo el mismo camino que ella hacia la imputación”.
Para el parlamentario de Podemos, los dirigentes políticos que hayan recibido una imputación formal deben dimitir, y lamentó el "acoso" sobre la sociedad murciana que genera el que los investigados no abandonen sus cargos.

La cartagenera Lola Sánchez defiende efusivamente en la Eurocámara la postura contra el CETA

BRUSELAS.- El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la ratificación del controvertido acuerdo comercial negociado por la Unión Europea y Canadá (CETA), lo que permitirá su entrada en vigor provisional esta misma primavera, a la espera de que los parlamentos nacionales den luz verde a su aplicación definitiva.

En este sentido la eurodiputada cartagenera de Podemos, Lola Sánchez, ha defendido de manera airada su postura contra el CETA ante el resto de miembros de la Eurocámara. "Venden la democracia a las multinacionales", ha lamentado Sánchez, que ha intervenido vestida con una camiseta en contra del CETA y que ha afeado la "sordera" de los eurodiputados al "clamor popular" contrario al texto.
Asimismo, lamentó que el PSOE tenga la "deslealtad con los trabajadores" de votar a favor del CETA. "¿Será que no quieren dejar de poder colocarse después en los Consejos de Administración de las grandes empresas?", apuntó.

El Ayuntamiento de Murcia documenta ante la Fiscalía el «estado aceptable» del yacimiento de San Esteban

MURCIA.- Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Murcia se personaron este miércoles en la Fiscalía donde han presentado cuatro grupos de documentos relacionados con las acciones que se han llevado a cabo desde 2009 para la recuperación y conservación del yacimiento de San Esteban.

La Fiscalía aceptó ayer investigar una denuncia interpuesta por el grupo municipal de Ahora Murcia que apuntaba que el Consistorio podía estar incurriendo en un delito contra esos restos arqueológicos, considerados Bien de Interés Cultural, por no garantizar su conservación.
En respuesta a esa situación, el Ayuntamiento facilitó a la Fiscalía el protocolo de actuación firmado entre esa administración y la autonómica para la actuación conjunta en el yacimiento, un informe de la arqueóloga municipal que incluye todas las actuaciones realizadas en dicho yacimiento, un informe de la Dirección General de Bienes Culturales fechado el 15 de julio de 2016 relativo al estado de conservación de los restos que indica que su estado es "correcto" y la relación de expedientes de contratación para la conservación de dicho yacimiento desde 2009 hasta la actualidad.
Según señaló el Ejecutivo local en un comunicado, desde 2009 hasta la actualidad se han impulsado más de 200 intervenciones en el yacimiento, tanto para su protección y conservación como inspecciones de funcionarios municipales para controlar el estado de los restos, que mantienen un "aceptable estado de conservación".
Asimismo se han ejecutado más 40 actuaciones administrativas, entre ellas, siete expedientes de contratación relacionados específicamente con la protección y conservación.
Por último, indicaron las mismas fuentes, en los últimos 16 meses se han completado 23 aprobaciones para la tramitación de tres proyectos relacionados con el yacimiento: su plan director, la adecuación del entorno y las medidas de conservación, cuyas propuestas de adjudicación fueron aprobadas ayer en la mesa de contratación, en la que participan todos los grupos municipales.
Por ese motivo, el equipo de Gobierno insistió en que Ahora Murcia conoce todos estos trámites y gestiones.
Además, lamentaron que ese partido votó en contra de la aprobación del expediente de crédito extraordinario para financiar esos proyectos, aprobado en 2015 por el pleno municipal con el apoyo del grupo socialista.

Las entidades bancarias y los fondos buitre acreedores no facilitan una salida a las autopistas de peaje quebradas

MADRID.- Ni Fomento ni las entidades bancarias que son tenedoras de la enorme deuda de las autopistas de peaje españolas en quiebra logran ponerse de acuerdo. Más bien todo lo contrario, como ya se preveía. Íñigo de la Serna, titular del ministerio, aseguró que es “prácticamente imposible” llegar a ese punto en común. La solución pasa igualmente por la intervención estatal, cuya coste para las arcas públicas podría ascender, como ya se estimó en un principio, a los 3.400 o 5.500 millones de euros, avanza hoy www.capitalmadrid.com

El avance hacia un nuevo ca­pí­tulo sobre las au­to­pistas de peaje que­bradas no es ni mucho menos el final de la his­to­ria. Y es que ese po­sible acuerdo entre en­ti­dades fi­nan­cieras acree­doras de la deuda de las au­to­pistas de pago y el Estado ha pa­sado de una si­tua­ción de 'muy di­fí­cil' a otra de “casi im­po­si­ble”. En una en­tre­vista rea­li­zada en RNE, De la Serna avanzó que, en cual­quier caso, van a fa­ci­litar que una vez que se li­quiden las em­pre­sas, “las au­to­vías sigan fun­cio­nan­do”.
De mo­mento, el plan A, que no era sino llegar a un en­ten­di­miento con esas en­ti­dades que po­seen la mayor parte de la deuda, unos 3.400 mi­llones de eu­ros, pa­rece que se di­sipa. Y lo hace porque los ban­cos, en su ma­yoría ex­tran­je­ros, se des­hi­cieron de sus pa­sivos ven­diendo esa deuda con un gran des­cuento, que llegó hasta el 70% en mu­chos ca­sos, a los lla­mados fondos bui­tre. O lo que es lo mismo, fondos de in­ver­sión que se de­dican a ad­quirir ac­tivos que nadie quiere a pre­cios al­ta­mente re­du­cidos para es­pe­cular y ob­tener grandes ren­ta­bi­li­dades a fu­turo.
No obs­tante, a fecha de hoy, aún no hay una va­lo­ra­ción ofi­cial sobre cuánto le puede su­poner a las arcas del es­tado la na­cio­na­li­za­ción de estas au­to­pistas de peaje en quie­bra. La única es­ti­ma­ción que se co­noce hasta el mo­mento, y te­niendo en cuenta tam­bién el des­glose de la deuda, la pu­blicó la pa­tronal Seopán hace dos años. En con­creto, es­timó que po­dría as­cender hasta los 5.500 mi­llones de eu­ros, aunque todo de­pen­derá del ins­tante en el que el res­cate se pro­duzca.
Los nueve tramos en dis­cordia y que están al borde de la quie­bra, ges­tio­nados por ocho con­ce­sio­na­rias, son cuatro de las ra­diales ma­dri­leñas: la 2, la 3, la 4 y la 5, del con­sorcio Accesos de Madrid que lo com­pone Abertis, ACS, Sacyr y Bankia. También, la M-12, el eje Aeropuerto de Barajas; la AP-41, vía que une Madrid y Toledo; la AP-36, junto con dos tramos de la AP-7, la au­tovía del Mediterráneo; la cir­cun­va­la­ción de Alicante (Ciralsa), y la au­to­pista Cartagena-Vera.
Fomento nunca ha es­con­dido que in­cluso con el paso de los años no solo puede re­cu­perar el di­nero in­ver­tido, sino que po­dría al­can­zarse un ren­di­miento fa­vo­rable si se pro­duce una ten­dencia po­si­tiva en cuanto a la evo­lu­ción trá­fico por esas vías.
La úl­tima cifra que se co­noce res­pal­daría esa tesis y data de los ocho pri­meros meses de 2016, cuando el trán­sito de vehículos re­puntó un 11,3%, según datos ofi­cia­les, con­ta­bi­li­zando una media de 7.054 vehículos al día. Esas vías de pago se ano­taron du­rante ese pe­ríodo un au­mento su­pe­rior a la media del 5,95% del total de la red de las au­to­pistas de España, de 2.550 ki­ló­me­tros de lon­gi­tud.

Sigue en marcha la qui­ta
Con todo, el plan B sigue en pro­ceso, como así ha ma­ni­fes­tado el mi­nistro en con­tadas oca­sio­nes. Este pa­saría por una quita del 50% de la deuda, que as­ciende hasta los 3.400 mi­llones de eu­ros, para una vez des­pués in­te­grar a estas au­to­pistas a Seittsa, so­ciedad pú­blica es­ta­tal. En lo re­fe­rente al pa­sivo res­tante, se ti­tu­la­ri­zaría en un bono a treinta años a un in­terés que en su mo­mento fue del 1%.

¿Vía ju­di­cia­l?
Si en efecto como así pa­rece ter­mina no pro­du­cién­dose el acuerdo entre las dos par­tes, ha­bría que estar a la es­pera del dic­tamen de la Justicia. Los tramos en liza están ahora mismo en con­curso de acree­dores y en el caso de las ra­diales R-3 y 3-5, ya se realizó el auto de la li­qui­da­ción per­ti­nente, aunque Fomento se fijó un año para ges­tionar las au­to­pis­tas.
Con todo, los planes del mi­nis­terio pasan por la for­ma­ción de una so­ciedad que ges­tione estas vías. En sus ob­je­tivos se en­cuentra el de no am­pliar los plazos para la con­ce­sión de la ex­plo­ta­ción de estas vías de pago a través de com­pañías pri­vadas que fi­na­lizan entre 2018 y 2021, que para esas fe­chas per­te­ne­cerán al Estado. Así, se abriría la puerta a in­ver­siones pri­vadas en el fu­turo.

Luz verde en la Asamblea a las 'becas-salario' para alumnos sin recursos

CARTAGENA.- La comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional ha aprobado este miércoles una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular cuyo objetivo es mejorar el sistema actual de becas mediante la implantación de los programas 'becas-salario' y 'becas de excelencia'. La iniciativa ha sido defendida por el diputado popular Juan Luis Pedreño y ha contado con los votos favorable del grupo Ciudadanos.
Pedreño ha destacado de ambos programas que "se trata de abrir la puerta a otras formas de financiación del estudio en las universidades siempre con el objetivo de ayudar a las familias con menos renta.

En el caso de las 'becas-salario', según ha explicado Pedreño, "los estudiantes motivados, que quieren rendir académicamente y tienen dificultades económicas reciban una retribución acorde a su esfuerzo lo que contribuye a incentivar la formación universitaria y a frenar el abandono de los estudios".

Respecto a las 'becas excelencia', el diputado del PP en la Asamblea ha afirmado que "tenemos que retener el talento de los mejores estudiantes en España, chavales que destacan en sus centros educativos que no pueden irse fuera". Y ha añadido que "estos jóvenes son el futuro, la materia prima de un país, de una comunidad autónoma".

Juan Luis Pedreño ha manifestado también que "algunas comunidades autónomas ya han implantado este sistema de becas y el objetivo ahora se extenderlas al resto del Estado". Asimismo, ha recordado que este año se ha destinado en los Presupuestos Generales del Estado un total de 1.416 millones de euros para becas, "la mayor cantidad nunca consignada".

El PPRM dice que el 'caso Guardería' tampoco es corrupción política

MURCIA.- El portavoz del PPRM, Javier Iniesta, ha defendido hoy a la consejera de Agricultura, Adela Martínez Cachá, que el próximo día 24 tendrá que acudir a los juzgados por el caso "Guardería" y advierte que se trata de "una actuación meramente administrativa y en ningún momento de corrupción política".

A su juicio, "la oposición debe actuar de forma seria y respetuosa con la justicia y no exigir a los de enfrente algo que incumplen sistemáticamente".

"Si la oposición quiere ser ejemplar tal y como exige al PP, debe empezar por mostrar un absoluto respeto a la justicia y a la presunción de inocencia", ha exigido.

Iniesta ha manifestado que "si a la oposición le interesara saber la verdad así como ser conocedores de todo lo que pudo pasar en este caso, esta es la oportunidad para que la actual consejera Martínez-Cachá pueda comparecer y aportar cuantas pruebas sean necesarias y aclarar todo lo relativo a este tema".

C's pide la dimisión o el cese de la consejera Adela Martínez-Cachá

CARTAGENA.- El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha vuelto a pedir hoy la dimisión de la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, o que, en caso de que no lo haga, el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, la cese de su cargo.

En un comunicado, Sánchez ha recordado que ya pidió que Martínez-Cachá abandonara su puesto el pasado 22 de diciembre, cuando la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) se declaró competente para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento del 'caso Guardería' por un presunto delito de prevaricación de la titular de Agua.

El portavoz de la formación naranja ha emplazado a Martínez-Cachá a que dimita en cumplimiento del artículo 54 de la Ley de Transparencia aprobada por la Asamblea Regional.

En caso de no hacerlo, ha añadido Sánchez, ha conminado a Sánchez a que cese o remueva a la consejera en virtud del compromiso "firmado por él" en el acuerdo de investidura firmado con la formación naranja.

El instructor del 'caso Guardería' cita a declarar como imputada a Martínez-Cacha

MURCIA.-El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, instructor del denominado caso Guardería, Enrique Quiñonero, inicia las Diligencias Previas 1/2017 para averiguar si hubo un presunto delito de prevaricación administrativa en el traslado y posterior demolición de la Escuela Infantil del barrio de La Paz de Murcia. Todo ello, después de que la Sala Civil y Penal se declarara competente en este caso respecto a Adela Martínez-Cachá, por su condición de aforada.

La Sala fundamentaba que, dado que los hechos investigados como presuntamente delictivos se concretan en los acuerdos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia de julio y octubre de 2007, la prosecución de las actuaciones respecto de la aforada "resulta inescindible del resto de la instrucción practicada hasta la fecha" por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Murcia en las Diligencias Previas 5042/2011.
El instructor, en un auto notificado hoy, señala el próximo 24 de febrero, para que tenga lugar la declaración en calidad de investigada de Adela Martínez-Cachá.
Al cambiar la terminología, el término 'imputado' ya no existe. Esta figura es la equivalente a 'investigada' que ahora se halla vigente.
En el acuerdo de investidura que Ciudadanos rubricó con Pedro Antonio Sánchez se acordaba que, en la lucha contra la corrupción, al haber una imputación habría de darse automáticamente una dimisión.

El yerno de la viuda del expresidente de la CAM ensayó el crimen días antes

ALICANTE.- La Policía Nacional cree que el presunto asesino de la viuda del expresidente de Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala "tuvo tiempo para lavarse y ocultar el arma" en su casa tras el crimen para "posteriormente deshacerse de la misma ya con cierta tranquilidad".

Así lo recoge un informe policial fechado el pasado 8 de febrero, el mismo día de la detención de Miguel López, yerno de la víctima.

En ese documento, la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV) resume los indicios que, hasta esa fecha, inculpaban al sospechoso y por los que solicitaban al juez José Luis de la Fuente una orden de registro de su domicilio y del concesionario que regenta, Novocar, donde María del Carmen Martínez fue asesinada el pasado 9 de diciembre.

Según los agentes, el detenido, que se encuentra en prisión desde el pasado viernes, tenía un "claro motivo para matar" a su suegra, pues la "tensión familiar era insostenible, especialmente para él" ya que "su negocio podía estar en peligro".

En esta línea, apunta el informe, "la lucha por dinero y poder" en el seno de la familia "queda fuera de toda duda, como atestiguan los acontecimientos" sucedidos en las juntas de accionistas de las empresas.

Sin embargo, el arrestado negó esos problemas familiares cuando fue interrogado, pese a que los problemas eran "evidentes y graves hasta el punto de encontrarse la familia dividida en dos bandos y proferirse amenazas contra la abuela por parte de algunos de los nietos".

Son precisamente dos de esos nietos, hijos de Miguel López, quienes se mostraban "más beligerantes" con la mujer y exhibían hacia ella "un gran sentimiento de odio y rencor" que, en opinión de los investigadores, "solo se entiende" por lo que su padre les ha "inculcado" y lo que han "vivido en su casa".

Para abundar en esta idea, el informe relata cómo el mayor de estos jóvenes publicó en una red social una fotografía suya a la que incorporó el mensaje "jaque mate" horas después de que su abuela hubiera sido asesinada.

El otro, menor de edad, hizo un comentario despectivo hacia la víctima en fechas anteriores al crimen en la misma plataforma, Instagram: "Maldita zorra, decepcionado es la palabra, más falsa que tus putos bolsos".

Respecto a Miguel López, la Policía apunta que preparó la escena del crimen al dejar el vehículo que debía recoger esa tarde su suegra "dentro del lavadero y a oscuras", a sabiendas que no había cámaras de vigilancia y que era "el lugar más idóneo y solitario para matar dentro del establecimiento".

El informe recoge las sospechas de que el presunto asesino ensayó su plan cinco días antes y se aseguró de que el empleado que trabaja en el citado lavadero no estuviera allí el día en que María del Carmen Martínez fue tiroteada.

Los agentes también destacan que López es una persona "instruida en el uso de armas", pues "practica tiro deportivo" y su padre era tornero, por lo que "podría haber fabricado un silenciador".

Además, subrayan que evitara hablar por teléfono en los días posteriores al asesinato y se muestran sorprendidos por el hecho de que él mismo expresara a terceras personas, durante el velatorio de su suegra en el tanatorio, que temía ser detenido.

Por último, los investigadores acusan a López de "mentir" y ocultarles la parada que hizo en su vivienda después de que la víctima fuese asesinada, y añaden que la participación de un sicario en el crimen "se presenta como una opción remota". 


Inventario de la joyas de la víctima


Las declaraciones prestadas en Comisaría por las tres hijas de María del Carmen Martínez -viuda de Vicente Sala, expresidente de la CAM, asesinada en diciembre- tres días después de cometerse el crimen no aportaron datos relevantes sobre la autoría del asesinato pero sí revelaron a los investigadores el enfrentamiento entre dos bandos de la familia Sala, ellas por un lado y su madre y su hermano Vicente por el otro, según publica el diario Información.

El interrogatorio desvela que las hijas, tras ser destituidas como consejeras delegadas del grupo empresarial en una junta celebrada a finales del pasado septiembre, accedieron al día siguiente a la caja fuerte donde su madre guardaba las joyas y las llevaron a un notario con el fin de fotografiarlas y levantar un acta. Luego aseguran que las dejaron de nuevo en su sitio. María del Carmen notó que alguien había entrado en su habitación y así se lo hizo saber a ellas en una conversación con sus tres hijas, en la que también estaba presente la hermana de la víctima, porque a ella sí le desapareció una bolsas con joyas.

Esta conversación fue grabada y la Policía la transcribió al encontrarla en el teléfono móvil de la viuda del expresidente de la CAM. Una de las hermanas, María del Mar, declaró que les recomendaron realizar el inventario por si en el futuro desaparecían estas joyas y explicó que lo hicieron al día siguiente de la junta en la que su madre se valió de la acción de oro para destituirlas como consejeras.

Fuensanta Sala, hija menor de María del Carmen y esposa de Miguel López, encarcelado como presunto autor del asesinato, declaró ante la Policía que ninguna de las hermanas robó nada y que por consejo de los abogados hicieron las fotos de las joyas y también de las antigüedades de su padre.

La esposa de Miguel López confirmó que su marido tenía una relación normal con su madre, aunque indicó que en un par de ocasiones "chocó" con ella.

Añadió que cortó la relación con su madre al empeñarse en intentar transmitir la acción de oro a su hermano Vicente y aseguró que su progenitora nunca fue muy cariñosa con ella. "A mi madre le gustaba mucho el poder y el dinero, todo lo contrario de mi padre, que era muy discreto".

Fuensanta explicó que el día del crimen estuvo por la mañana con su marido en el colegio y a la hora del crimen estaban las tres hermanas juntas.

El fiscal general Maza recabó el criterio de seis fiscales jefe para el informe contrario a investigar a PAS

MADRID.- El informe de la Fiscalía Anticorrupción contrario a investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con la trama 'Púnica' siguió los criterios establecidos en sendos informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo, han informado fuentes fiscales que niegan que pueda hablarse de una imposición del fiscal general, José Manuel Maza.

Anticorrupción consultó antes de la emisión de su informe a Maza en cumplimiento del artículo 25 del Estatuto Fiscal, que obliga a los miembros de la Carrera a poner en su conocimiento "hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer".
Teniendo en cuenta la existencia de aforados en la pieza abierta en la Audiencia Nacional -en la que se investiga también a la senadora del PP Pilar Barreiro-, Maza actuó como han venido haciendo sus predecesores en casos similares y consultó su criterio sobre este caso tanto con la Secretaría General Técnica como con los fiscales de Sala del Supremo.
Todos ellos se posicionaron en contra de la elevación de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para investigar la la posible comisión de fraude, cohecho y revelación de información reservada por parte presidente autonómico en relación con contratos para mejorar su reputación 'on line'.
Los criterios adoptados por estos seis fiscales de Sala, que coinciden con los del propio Maza, fueron los vertidos por la fiscal jefe Anticorrupción en funciones Belén Suárez y remitida al Juzgado Central de Instrucción nº 6. Fuentes cercanas al caso han señalado que las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez sí veían motivos para imputar a Sánchez.
En el informe presentado, sin embargo, se argumenta que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos con la trama no llegaron a formalizarse, que dicha falta de ejecución supone la inexistencia de delito. Además los hechos se produjeron antes de la última reforma penal que sanciona la proposición y conspiración para cometer delitos contra la Administración Pública.
Por otra parte, las mismas fuentes han señalado hoy que el fiscal general se pondrá a disposición del Congreso de los Diputados en el caso de que el PSOE, tal y como ha anunciado, pida su comparecencia para que explique si hubo "injerencias políticas" detrás del informe que remitió oponiéndose a investigar al presidente de Murcia. Añaden que tampoco existe ningún problema para remitir por escrito las explicaciones que se soliciten.
Distinta valoración le ha merecido a la Fiscalía la conducta de la otra aforada incluida por Velasco en el auto por el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia, la senadora y ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro.
Considera el informe de Anticorrupción que en este caso sí se debe elevar la investigación sobre la conducta de la senadora al Tribunal Supremo por considerarla indiciariamente constitutiva de delitos de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos.
El informe de la Fiscalía incide en que la cuestión, en ambas solicitudes, gira en torno a la presunta prestación de servicios de publicidad personal encubierta realizada con el propósito de conseguir la adjudicación de contratos públicos de cobertura que pagarían los auténticos servicios particulares de buena reputación a los políticos con fondos públicos.
Más allá de la dificultad de deslindar los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos, cuya línea divisoria es ciertamente tenue, la Fiscalía Anticorrupción entiende que la participación de Pilar Barreiro en los hechos que se describen en la propuesta de Exposición Razonada aparece sustentada en diversos indicios que, sin adelantar su suficiencia probatoria, sí merecen ser investigados.

Fomento ofrece a los estibadores retrasar la aprobación del decreto para reformar el sector

MADRID.- El Ministerio de Fomento está dispuesto a retrasar una semana la aprobación en el Consejo de Ministros del Real Decreto Ley de reforma de la estiba para favorecer el diálogo, si los sindicatos y la patronal se sientan a negociar y se desconvoca la huelga fijada para los días 20, 22 y 24 de este mes.

El Real Decreto Ley no se someterá a la aprobación del Consejo de Ministros de este viernes y se retrasará una semana, hasta el viernes 24, si los sindicatos y la patronal retoman el diálogo en el marco de la negociación colectiva, asegura Fomento en un comunicado.
Según el ministerio, algunas cuestiones planteadas por los sindicatos no tienen cabida en el Real Decreto Ley porque la Comisión Europea (CE) no lo permite, pero sí pueden abordarse mediante la negociación colectiva.
El Ministerio de Fomento, que se ofrece a mediar en esta negociación, está convencido de que sindicatos y patronal tienen "todas las posibilidades del mundo" de dialogar en la negociación colectiva sobre estas cuestiones pendientes.
Fomento considera imprescindible que esta negociación se desarrolle en un clima de normalidad que favorezca el diálogo y el entendimiento, por lo que, en su opinión, sería necesaria la desconvocatoria de los paros parciales.
Con esta medida, añade, se evitaría un grave perjuicio para los puertos y para la economía española, así como los inconvenientes que se pudieran causar a los ciudadanos.


La Fiscalía General impuso no acusar al presidente de Murcia, dice 'El Mundo'

MADRID.- La Fiscalía General del Estado ordenó no seguir adelante con la investigación al presidente de Murcia, en contra del criterio de las fiscales encargadas del caso Púnica, partidarias de reclamar la imputación de Pedro Antonio Sánchez, publica hoy 'El Mundo'

El informe remitido por la Fiscalía a la Audiencia Nacionaloponiéndose a pedir el suplicatorio contra el dirigente popular está firmado por la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, y no por las fiscales del caso Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, que sí rubrican el de la senadora del PP Pilar Barreiro, según confirmaron fuentes jurídicas. El motivo es que las fiscales que han llevado el día a día de la investigación que afecta a Sánchez consideraban que había indicios para proceder contra él y contra la parlamentaria, según las mismas fuentes. 
En lo que afecta a Sánchez, el criterio de las fiscales chocó con el de sus superiores. Inmediatamente después de que el juez Eloy Velasco activara los trámites para pedir su imputación, la Fiscalía que dirige José Manuel Maza informó de que se oponía a que el juez elaborase la llamada exposición razonada. Se trata del escrito en el que se reúnen los indicios de delito encontrados contra un aforado y que se remite al tribunal competente para juzgarle, de manera que éste decida si le abre una investigación. En el caso de Sánchez, sería el Tribunal Superior de Justicia de Murcia el que, si así lo acuerda finalmente el juez, debería decidir si le imputa por el uso de dinero público para reforzar su candidatura a encabezar la lista del PP en la Comunidad.
El recorrido interno que el asunto ha tenido en la Fiscalía era conocido por el propio afectado. En una entrevista en la cadena Cope, Sánchez se jactó ayer de que «cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo» consideraron «que no se debe investigar». Precisamente, el Gobierno de Murcia informó, el mismo lunes, a los medios, por vía oficial, que la decisión del Ministerio Público fue «adoptada por la Secretaría Técnica de esta Fiscalía General y por los cuatro fiscales de Sala jefes de la Sección de lo Penal del Tribunal Supremo».
Fuentes de la Fiscalía restan relevancia a las discrepancias entre el criterio del fiscal de un caso y lo que finalmente se decide desde la cúpula del Ministerio Público. Explican que los asuntos de trascendencia se pasan para su examen a la Secretaría Técnica, el órgano que asesora al fiscal general. 
En este caso también se envió a los fiscales de Sala del Supremo, el tribunal que se encargará en su caso de juzgar a la senadora. La Fiscalía General resalta que en ambos ámbitos hubo unanimidad a la hora de considerar que no había motivos para imputar al presidente.
En su escrito, que ayer aún no se había notificado a las partes, la Fiscalía no desmiente que el presidente autonómico planeara gastar dinero público en la mejora de su imagen. Su argumento para no seguir adelante contra Sánchez es que «no llegaron a formalizarse contratos de publicidad» en su favor y que, por tanto, «no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas».
El juez atribuye a Sánchez los presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada. Los habría cometido en su etapa de consejero de Educación, al amañar contratos de formación que servían para pagar con dinero público «trabajos particulares reputacionales en internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como futuro presidente de la Región de Murcia».
Para ello se habría concertado con Alejandro de Pedro -uno de los principales imputados del caso Púnica-, que manejaba numerosos medios de comunicación digitales con los que obtenía buenos posicionamientos de sus clientes en internet.
La decisión del juez instructor sobre el presidente murciano tiene su origen en un informe de la Guardia Civil que explica que los servicios supuestamente contratados por Sánchez «tienen que ver con la reputación» del dirigente popular «y no son prestaciones que respondan a una necesidad pública, sino al interés personal del consejero para validar su gestión, contrarrestar las noticias desfavorables a su persona y de ese modo poder progresar en su carrera política».
Según los investigadores, los pagos acordados entre Sánchez y De Pedro fueron de 4.600 euros al mes durante siete meses. A la Guardia Civil le llamó la atención «que los servicios se van a prestar hasta el mes de mayo de 2015, fecha (24/05/2015) en la que se celebraron los comicios locales y regionales en 2015». En total, un acuerdo por valor de 32.200 euros. El juez considera que si los pagos no se llegaron a realizar fue porque antes estalló la operación Púnica.

Albert Rivera: «Cuanto más lejos esté la Fiscalía del Gobierno, mejor»

MADRID.- El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reiteró este miércoles que, si el TSJ de Murcia formaliza la imputación del presidente por el 'caso Púnica', "tendrá que dimitir, cumpliendo el acuerdo de investidura y sus propias palabras".

"Él ha dicho que si le imputan formalmente abandonará su cargo y yo secundo sus palabras", afirmó en el Congreso, donde recordó que es lo que firmó el grupo popular con el de Ciudadanos en el acuerdo de investidura y lo que dice además la ley de transparencia.
Sobre la información según la cual la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir con la investigación a Sánchez en contra del criterio de las fiscales del 'caso Púnica', Rivera opinó que "cuanto más lejos esté la Fiscalía del Gobierno, mejor".
También recordó que en el acuerdo de investidura se planteó una propuesta para que el parlamento "pudiera cesar al fiscal general en un caso flagrante de decisiones políticas".

Pablo Iglesias: «La Fiscalía no está para proteger a los corruptos, sino para perseguir delitos»

MADRID.- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, advirtió este miércoles de que "si se probara" que la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir con la investigación al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en contra del criterio de las fiscales del 'caso Púnica', "sería gravísimo" y "deberá tener consecuencias".

Iglesias consideró "gravísimo que la Fiscalía hubiera actuado en contra del Derecho, si se probara que hay una utilización por parte del Gobierno para favorecer a un presidente de una comunidad autónoma del PP que ha sido imputado finalmente".
Tras remarcar que la Fiscalía "no está para proteger a los corruptos", sino para "perseguir delitos", incidió en que "si se prueba que ha actuado en otra dirección deberá tener consecuencias".

El PSOE pide al fiscal general que comparezca en el Congreso por si hay «injerencias políticas» en 'Púnica'

MURCIA.- El PSOE va a pedir la comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que explique si hay "injerencias políticas" detrás del informe que remitió oponiéndose a investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por el 'caso Púnica'. 

Los socialistas creen que sería "muy grave" que hubiese injerencias políticas detrás de la disposición del fiscal general de no investigar al presidente murciano, en contra del criterio de las fiscales encargadas del 'caso Púnica'.
El diputado socialista por Murcia, Pedro Saura, indicó en los pasillos del Congreso que su grupo quiere que Maza explique si existen esas injerencias y "si el Gobierno está presionando" para que Sánchez no sea imputado.
"Queremos que lo explique y que sea en sede parlamentaria", subrayó, tras insistir en que sería "muy grave" que la Fiscalía General del Estado sea el "brazo ejecutor del Gobierno y el PP para que no se investigue al presidente" murciano.

Por su parte, el dirigente socialista regional Rafael González Tovar asegura que de ser cierta la información de El Mundo, demostraría que estaba todo orquestado y acusa al PP de utilizar la justicia para proteger al presidente regional, quien parece que tenía información privilegiada sobre lo que iba a hacer la Fiscalía General
El secretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional ha asegurado que parece que estaba todo orquestado para proteger al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, tras conocer que la Fiscalía General impuso no acusarlo en la trama Púnica, a pesar de que las fiscales del caso veían motivos para imputarlo, según informa el diario El Mundo.
"Es un escándalo que el PP intente usar la Fiscalía General para salvar al presidente", ha señalado.
Ha criticado que Pedro Antonio Sánchez tuviera información privilegiada y supiera todo lo que iba a hacer la Fiscalía General. "El PP usa la justicia para proteger al presidente, y con cualquier ciudadano, esto no habría ocurrido".
"A Pedro Antonio Sánchez como ciudadano no le darían tanta ventaja como se la han dado al secretario general del PP y presidente de la Región de Murcia con su aforamiento y con las ayudas que recibe", ha añadido.
Según González Tovar, el Partido Popular intenta hacer uso partidista de la justicia y de las instituciones, como el Senado. "No respeta la justicia y acusa a jueces y fiscales de mentir cuando no puede controlarla".
Ha insistido en que estaba todo organizado para proteger la política del presidente regional y para desmontar el auto del juez Velasco, y ha remarcado que la Región de Murcia no se merece esta situación insostenible provocada por el presidente.
"Pedro Antonio Sánchez debe dar la cara, asumir responsabilidades políticas, puesto que un presidente debe ser una muestra de ejemplaridad, y en este caso, está siendo todo lo contrario", ha criticado.
"Y por si fuera poco, tenemos que aguantar escuchar declaraciones de otros dirigentes del PP acusando a los jueces de mentir, lo que nos parece una falta de respeto a la ciudadanía y una ofensa al Estado de derecho", ha concluido.
Además, el PSOE ha pedido la comparecencia del fiscal general en el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones sobre las informaciones aparecidas esta mañana en el diario El Mundo.

Urralburu: «Rajoy no confía en los argumentos de Pedro Antonio Sánchez»

CARTAGENA.- El portavoz de Podemos en la Asamblea, y secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, señaló que el presidente del gobierno “no se fía” de las explicaciones del jefe del ejecutivo regional, por lo que “tiene que recurrir al uso de sus amigos, a la instrumentalización de la Fiscalía para darle un balón de oxígeno y echarle una mano” a Pedro Antonio Sánchez.

Óscar Urralburu afirmó que ya no sólo queda claro que Mariano Rajoy “duda y no confía en los argumentos ofrecidos por el presidente regional, por Pedro Antonio Sánchez” sino que el propio Sánchez “sabe que tiene mucho que esconder puesto que si no fuese así, hace dos años ya que hubiese renunciado a su aforamiento, habría ido a declarar para aclarar, y nos hubiese ahorrado toda esta vergüenza”.
Además, el portavoz de Podemos en la Asamblea, recordó que en el Pleno de este jueves su grupo parlamentario preguntará al presidente regional “hasta dónde está dispuesto a llegar con tal de conservar su cómodo sillón en San Esteban. La situación es ya indigna para la gente de esta Región. Se ha convertido en un coleccionista de indicios delictivos. Nos preguntamos si no le basta al presidente con vernos día sí día también en todos los medios de comunicación ocupando portadas y titulares que lo relacionan con tramas corruptas y amaños del PP en los altos estamentos judiciales para salvar su cabeza”.

División en la Fiscalía por la investigación a Pedro Antonio Sánchez

MURCIA.- El jefe del Ejecutivo regional, Pedro Antonio Sánchez, se habría librado de la imputación por la mediación de la Fiscalía General, ya que dos fiscales de la Púnica, las que llevaron la investigación del caso directamente, estaban dispuestas a cargar contra el líder murciano del PP por planear contratos con empresas de la trama para mejorar su reputación personal con cargo a las arcas públicas. Esa diferencia de criterio entre dos fiscales y la cúpula del Ministerio Fiscal lo señala en su edición de este miércoles el diario El Mundo.

De hecho, en un documento oficial de la Fiscalía para dar a conocer su decisión sobre si se debía investigar a Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez queda patente que la decisión ha sido tomada por la Secretaría Técnica de esta Fiscalía General y por los cuatro Fiscales de Sala Jefes de la Sección de lo Penal del Tribunal Supremo. Algo que el propio Pedro Antonio Sánchez y su equipo han resaltado a diferentes medios desde que se conoció la postura de la Fiscalía.
El criterio de la Fiscalía en este caso es la respuesta a la petición del juez Eloy Velasco, que el lunes redactaba un auto solicitando al Tribunal Superio de Justicia (TSJ) que investigara a Pedro Antonio Sánchez por delitos de revelación de información reservada, fraude y cohecho. Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción presentaba un informe a Velasco en el que se oponía a que el magistrado elevara al TSJ la causa de Sánchez, considerando que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos con la trama Púnica no llegaron a formalizarse. Este es el argumento que Pedro Antonio Sánchez afirma desde que comenzó la investigación sobre el caso: que nunca se firmó nada.
Pero el juez y la Fiscalía difieren en su criterio. El juez Velasco considera en su escrito que hay indicios de que Pedro Antonio Sánchez tuvo la intención de firmar contratos con las empresas de la trama para mejorar su reputación, unos contratos que, supuestamente, se iban a cargar a una partida de Formación en la etapa de Pedro Antonio Sánchez como consejero de Educación.
La Fiscalía Anticorrupción entiende que no llegaron a formalizarse contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas. No opina lo mismo el Ministerio Público con respecto a Pilar Barreiro, para la que sí ha pedido que se eleve el caso al Tribunal Supremo. Sobre la senadora explica que sí que hay indicios de que pudo cometerse delito, aunque señala, la dificultad de discernir en estos caso dada la "tenue línea" que separa los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política.
Velasco indica en su auto conocido el lunes que los hechos ocurridos dentro de la trama Púnica podrían ser constitutivos de delito y en el apartado 3 señala que en la Consejería de Educación, cuando Pedro Antonio Sánchez, era su titular se produjo durante 2014 "un concierto entre Alejandro de Pedro y el entonces consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez (actual presidente autonómico de la Región), para la realización de trabajos reputacionales en Internet y redes sociales".
En esta etapa, Pedro Antonio Sánchez se postulaba para ser el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Región.
El juez de la Audiencia Nacional en su auto indica que el presidente podría ser acusado de cometer los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.
En cuanto a Barreiro, en el punto dos del auto, considera que con la ayuda para su ejecución de Francisco de Asís Ferreño, jefe de gabinete, trabajaron para la creación de un diario digital local, que se sufragaría con facturación al Ayuntamiento de Cartagena, y tenía como propósito difundir informaciones "con foto y por supuesto en positivo" favorables a la entonces alcaldesa.

Catalá asegura que el Gobierno no ha dado órdenes a la Fiscalía sobre Pedro Antonio Sánchez

MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que en los dos años y medio que lleva en el cargo "nunca" y "en ningún caso" el Gobierno ha requerido a la Fiscalía General del Estado para que "actúe en un sentido u otro", aunque ha apuntado que existe un cauce para hacerlo en el estatuto orgánico.

"Nunca lo hemos hecho y en este caso tampoco", ha aseverado Catalá en los pasillos del Congreso, preguntado por la información que publica El Mundo según la cual la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir con la investigación al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en contra del criterio de las fiscales que trabajaban directamente en el caso Púnica.
Según el ministro, esa información refleja el "funcionamiento normal de la Fiscalía", ya que ésta tiene un sistema organizativo interno por el cual las fiscalías especializadas "tienen que contar con los informes de sus superiores, de la secretaría técnica o de los fiscales del Tribunal Supremo, según los asuntos de que se trate".
Cuando toma posición en asuntos relevantes existe esta jerarquía interna e imagino que cuando la Fiscalía ha llegado a ese informe es porque tiene toda la convicción de que así son las circunstancias", ha argumentado.

De Pedro: "No materializamos nada con Sánchez"

MADRID.- El empresario Alejandro de Pedro, imputado en el 'caso Púnica', ha afirmado este miércoles que se reunió con el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, cuando era consejero de Educación, pero que no le presentó ningún presupuesto. Los documentos que se encontraron sobre él en su empresa, ha dicho, los hizo "por su cuenta" un comercial al que estaba formando, están "inacabados" y "no tienen validez" porque nadie los revisó.

En una entrevista en la Cadena Cope, ha relatado que este comercial -Javier Bueno- y él regresaron de Murcia, de una reunión con Sánchez, un viernes por la tarde y él fue detenido el lunes siguiente (el 27 de octubre de 2014), de manera que se enteró "por la prensa" de los documentos que había preparado el comercial.
Según ha explicado, el comercial hizo "un documento de briefing, resumen de la reunión" y también una ficha de cliente que "rellena en blanco porque no tiene los datos". En su opinión, esa ficha de cliente y el hecho de que en el documento de briefing pusiera la palabra "formación" es lo que esgrime la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para interpretar que Sánchez había llegado a un acuerdo con De Pedro para encargarle trabajos de reputación online.
Sin embargo, el empresario ha asegurado que esos documentos "no tienen ningún tipo de validez" porque no los habían revisado ni el director técnico ni él mismo, y ha apuntado que tal vez el comercial los inició "por adelantar" trabajo.
Es más, ha remarcado que, aunque él mismo estuvo en esa reunión con Sánchez, no tenía planteada una estrategia para sus necesidades, porque no habían tratado ningún asunto en concreto para que la empresa pudiera empezar "un planteamiento para ofrecerle un servicio".
De Pedro ha admitido que se vieron "en un par de ocasiones", porque entiende que Sánchez tenía una necesidad "para su Consejería" y él ofrecía sus servicios, pero no llegaron a "materializar nada".
 "Nada es nada", ha remachado.
De hecho, ha asegurado que, al menos en lo que él recuerda, no llegó a presentar ningún presupuesto, un documento que siempre supervisa él y que en todo caso debería estar precedido de una reunión entre él y el hoy presidente "para aclarar" qué debían hacer. "Esta reunión no la he tenido con él, así que es imposible que de mi empresa salga ninguna oferta", ha añadido.
También ha subrayado que los trabajos realizados por sus empresas no son de reputación "personal" online, sino que los nombres de las personas no pueden disociarse de los cargos que desempeñan aunque por "terminología interna" en sus informes escribían "personal".
También ha asegurado que, en los cuatro años de vida de sus empresas, su facturación en la Región de Murcia, sólo fue de 4.200 euros, y ha explicado que los trabajos de reputación y posicionamiento online son algo legal, que consiste en posicionar las noticias positivas sobre las negativas conforme a las reglas de Google, no en inventar noticias.
De Pedro ha dicho que le pareció "extrañísimo" que el juez Eloy Velasco, instructor de la causa, se refiriese a él como "conseguidor" de la 'trama Púnica' y ha añadido que lo que más le molesta es que se refiera a él y a su hermano, junto a gente de su empresa como "banda organizada".
"No entiendo nada", ha afirmado.

Roban en la casa de un subinspector de Hacienda que perita casos de corrupción

MURCIA.-Un subinspector de la Agencia Tributaria de Murcia que actúa de perito judicial en casos de corrupción ha denunciado ante la Policía Nacional el asalto de su vivienda, ocurrido en la tarde de ayer y en el que, aparentemente, no se llevaron nada de valor.

Fuentes policiales han informado de que los agentes están analizando un ordenador de la casa del funcionario para conocer si pudo haber sido manipulado por los asaltantes para duplicar o borrar información sensible.
Los hechos ocurrieron en una vivienda del casco urbano de Murcia alrededor de las 18,45 horas de ayer cuando el subinspector llegó a casa y encontró la puerta forzada y el interior muy revuelto.
Se trata del tercer asalto en el que trabaja la Policía Nacional procedente del entorno de quienes investigan casos de corrupción tras los dos sufridos en el último semestre por el fiscal anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Pablo Lozano.
En el caso del fiscal, los asaltantes le robaron en julio su ordenador personal y, hace unas semanas, volvió a ser víctima de una entrada violenta cuando no estaba en casa, pero no echó en falta ningún objeto personal.
Según la Policía, el subinspector de hacienda llamó al 091 nada más entrar en su casa y esperó la llegada de la policía científica para registrar el inmueble y comprobar si estaban sus enseres.
La Policía Nacional cree a simple vista, y a la espera del resultado del peritaje informático, que el asalto pudo ser obra de un "delincuente común" por la forma en que violentaron la puerta y actuaron dentro del piso.
"Los documentos estaban intactos, como él los tenía; y no se han llevado dinero, joyas ni ningún electrodoméstico", aclara la Policía, quien ha puesto el foco de esta investigación en el ordenador del subinspector para saber si fue encendido en ausencia de su dueño, como podría haber pasado.

El doble timo de la imagen reputacional / Ángel Montiel *

El hecho de que las claves de la comunicación a través de internet y de las redes sociales sea todavía un misterio para políticos que no se manejan personalmente en estos medios permite la afloración de una casta de supuestos expertos capaces de vender humo como si fuera el elixir de la eterna juventud. El trasfondo de la Púnica, en lo que se refiere a la venta del producto que supuestamente compraban algunos políticos, en Murcia y en otras provincias, convoca a la sonrisa, pues antes que nada se percibe un intento, consumado o no, de estafa, pero de estafa en primer lugar a esos políticos.

Pongamos el caso de Juan Carlos Ruiz, quien según la instrucción judicial contrató subrepticiamente los servicios de una empresa especializada en imagen reputacional para promover su imagen personal como pretendiente a la candidatura del PP a la presidencia de la Comunidad autónoma, intentando camuflar ese trabajo como si estuviera destinado a potenciar la gestión pública en el área que en ese momento tenía encomendada en el Gobierno regional, la consejería de Turismo.

Aceptemos por un momento que la acusación por la que Ruiz está imputado fuera cierta. La pregunta, en tal caso, sería: ¿cómo se pudo dejar embaucar tan tontamente? El que fue consejero de Industria y Turismo en el Gobierno de Garre no tenía en internet una imagen ni buena ni mala, pues toda su trayectoria política anterior, desde que se integró en las Nuevas Generaciones, discurrió en la monotonía parlamentaria, tanto en el Congreso como en la Asamblea Regional, siempre en labores representativas, sin capacidad de decisión, y sin salirse nunca de la disciplina y el argumentario oficial de cada momento, repitiendo sin concesiones a la brillantez, el catón preestablecido por el aparato gubernamental de turno.

En su vida política no había nada que borrar, pues todos los renglones eran previsibles, insustanciales. Si quería progresar y convertirse en líder ya disponía de un instrumento con el que manejarse, su gran oportunidad: ser consejero de una cartera fundamental, con la cual mostrar sus capacidades como gestor y sus habilidades políticas ante los sectores fundamentales a los que tenía que responder: industria, innovación, turismo, el Info... Casi nada. ¿Para qué necesitaba que un tío rellenara las dos o tres primeras páginas de Google con noticias y fotos que exaltaran su gestión a la manera con que suelen hacerlo los publicistas políticos, es decir, con esa banalidad inexpresiva que, cuando es excesiva, repele y espanta, y que, aun siendo moderada no interesa a nadie?

En el caso de la que fuera alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, siempre según la instrucción judicial, todavía podemos entender que, al estar imputada en un caso de corrupción, Novo Carthago, tuviera interés en ´limpiar´ su imagen en las redes, pero es dudoso que pudiera resolver su problema mediante una web que producía noticias positivas para ella, pues cualquier búsqueda en internet, sumando los conceptos necesarios, extrae de inmediato las informaciones inevitables de los medios independientes. Es verdad que su sucesor, José López, ha hecho lo mismo, y con más descaro: ha creado una página municipal para darse bombo, en la que también emplea recursos públicos, pero el lector sabe de antemano que se trata de pura publicidad institucional, de modo que no engaña a nadie.

En el fondo, esta práctica de crear medios online financiados oblicua o directamente con recursos públicos, denota la mentalidad que ciertos políticos tienen sobre la libertad de información, que no difiere demasiado en este terruño de lo que expresa Trump de manera descarnada y que tanto aparente escándalo provoca: prefieren una información teledirigida que se dedica en exclusiva a fotografiar sus inauguraciones de rotondas. El problema para ellos es que esto carece, no sólo de credibilidad, sino de interés.

Pero la tentación del autobombo y de la ocultación mágica de aquello que no les complace es tan potente que, en algunos casos, supuestamente, de tan listos que se creían, acababan siendo estafados por los ´expertos en red´, a la misma vez que ellos estafaban inescrupulosamente a los ciudadanos. ¿No querían imagen reputacional? Pues ahí la tienen.


(*) Columnista


Gobernados por delincuentes / Ramón Cotarelo *

Ayer ingresaron en prisión los primeros delincuentes de la Gürtel, Correa, el Bigotes, Crespo, etc. En ella se encuentran otros peperos no menos sinvergüenzas, como Matas o Fabra. Y en el próximo futuro se unirán bastantes más, según vayan viéndose los casos pendientes en los que el PP, una supuesta asociación de malhechores, tendrá que ir respondiendo de sus tropelías y latrocinios a lo largo de los últimos años. 

Años en que España ha estado gobernada en todos sus niveles por presuntos delincuentes que poco a poco van dejando de ser "presuntos" para convertirse en ladrones sin más. Una situación de escándalo permanente a la que se ha llegado porque, a base de financiarse ilegalmente, el PP ha ganado elecciones que, en realidad, habría que considerar nulas. 
Sin embargo Mariano Rajoy, representante de esta cuadrilla de facinerosos y a su vez acusado de llevar años cobrando sobresueldos ilegales de la caja B del partido, afirma que la corrupción quedó atrás, cuando la lleva él pegada a sus zapatos, y que es su gobierno el que más ha luchado contra ella, cuando es el que la ha amparado y protegido. 

Contra la corrupción lucha y sigue luchando ejemplarmente el pueblo rumano que ha obligado al gobierno a retirar el decreto que pretendía poner en la calle a cientos de corruptos encarcelados. Ha sido el resultado de manifestaciones multitudinarias y permanentes que ahora tratan de conseguir también la dimisión del gobierno socialdemócrata por su complicidad con la corrupción.

¿Podría pasar algo similar en esta país, gobernado por un partido corrupto con multitud de dirigentes bajo sospecha, acusados o condenados por corrupción? Seguro que no por el grado de resignación apática de la población y la complicidad de los partidos de la oposición según sosteníamos en otro post, cómo hemos llegado a esto. Al contrario, lo que cabe esperar de un gobierno del PP es que en poco tiempo indulte a los delincuentes condenados, como tiene por costumbre. Forma parte de su modus operandi, para dar seguridad a los malhechores en sus filas: "vosotros robad que luego os indultamos". La mafia es siempre solidaria y el partido gobernante en España es lo más parecido a la mafia.

Precisamente para evitar esta práctica, el Congreso estudiará una proposición de ley del grupo socialista que prohibirá los indultos a los delincuentes por corrupción y violencia machista. Todos los grupos parlamentarios apoyan la idea con la que, sin duda, simpatiza la gente en general. Luego llega la letra pequeña: para que se note bien la voluntad regeneracionista de los gobernantes peperos ayer mismo el gobierno indultaba a seis funcionarios del ayuntamiento de Rota condenados por prevaricación. Innecesario decir nada más.

En realidad, lo que el PP ha establecido en España, ya desde los tiempos de Aznar, es un gobierno de rapiña y expolio por partida doble que también ha tocado al PSOE: a) en el orden colectivo, la política neoliberal ha consistido en privatizar todas las empresas que se ha podido (energéticas, telecomunicaciones, etc.) para entregárselas a los amigos quienes, a su vez, supieron recompensar a los políticos privatizadores con suculentos salarios, como el propio Aznar, González y una recua de aprovechados que se han forrado a costa de los contribuyentes y los clientes de las empresas. 
También han descapitalizado y destruido los servicios públicos no privatizados (singularmente sanidad y educación) para que se lucren otros amigos o ellos mismos; b) en el orden individual, barra libre para que los cargos, militantes y allegados del PP (o del PSOE en Andalucía) roben a manos llenas, malversen, prevariquen y se enriquezcan también a cuenta del contribuyente.

A veces ambos órdenes están entremezclados. Algo de eso hay en la imputación de la cúpula del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿O no eran estos, especialmente el ínclito MAFO, los que remachaban de continuo la doctrina neoliberal de congelar o recortar salarios, subvenciones y vetajas del Estado del bienestar; los que con salarios estratosféricos pedían que no se aumentara el salario mínimo? En qué medida también se beneficiaron de los presuntos delitos de Bankia personalmente es algo que ahora tendremos ocasión de averiguar, gracias a la reapertura de un proceso que otras instancias judiciales, más afines al PP, intentaron bloquear.

Dos imputaciones más esperan en puertas, aparte, por supuesto, de las que seguirán cayendo porque, con el PP, España es un país gobernado por delincuentes presuntos o sin presumir. Un país en el que un hombre como Rato pudo ser vicepresidente del gobierno y, mientras se enriquecía al parecer ilegalmente, cultivaba el mito de ser "el milagro español" es, literalmente, un país gobernado por ladrones. Las dos imputaciones que aguardan son las del presidente del PP de Murcia y la del alcalde también del PP de Brunete. Pero vendrán más, muchas más. Y eso que todavía no hemos hablado de la parte que toca a la Iglesia católica en este desbarajuste.

Pero aquí no dimite nadie, empezando por el presidente del gobierno, principal responsable y presunto beneficiario y cómplice de esta realidad de robo, saqueo y corrupción que es hoy España. 

Zafarrancho de combate
                                                                                                              
El Congreso de fin de semana del PP, a diferencia del de Podemos, venía marcado por el signo de la unidad. Por si esta fuera poca, se reforzó señalando un enemigo exterior, cosa que aun une más: el independentismo catalán. Desde el comienzo se entonó el himno de la igualdad de todos los españoles, un principio que no se invoca nunca frente a vascos y navarros pero sí frente a catalanes, lo que da una idea de su equidad.

Para la encendida arenga final de Rajoy quedó recordar la obligación universal de acatar y obedecer la ley (la que estableció su partido legislando arbitrariamente merced a su mayoría absoluta). Se añade magnánimamente que cabe reformar la Constitución pero eso es algo que también deben decidir todos los españoles. Los españoles siempre van de todos. Ni mención al hecho de que ese todos contiene un agravio estructural a los catalanes que siempre serán una minoría en él, sometida a la tiranía de la mayoría. Otra vez un asunto de equidad que es justamente lo que trata de resolver la convocatoria de un referéndum.

Nada nuevo, ciertamente. Un discurso para levantar ánimos entre los suyos y cerrar filas. Pero con un lenguaje duro, casi provocativo, como diciendo: “independentistas, aquí no se mueve nada”. Lo resumía con inefable silogismo la vicepresidenta hace unos días: “no habrá referéndum porque España es una democracia.” Carece totalmente de sentido, pero también carece que hablen de democracia y Constitución los miembros de un partido fundado por un ministro de Franco y en el que militaban también algunos que votaron contra esa misma Constitución.

Dureza e intransigencia que denotan espíritu de confrontación. Tras dejar claro que no hay negociación posible (porque con la soberanía del pueblo español no se mercadea), se cavan trincheras y se toman posiciones en zafarrancho de combate. Por si acaso, los intelectuales y juristas orgánicos del régimen como aves rapaces, incitan al empleo de la legislación de excepción sin más dilaciones.
Hasta la oferta de “diálogo” que encabezó la vicepresidenta y no pasó de ser una apuesta retórica ha sufrido una nueva rebaja. Sáenz de Santamaría parece entender el diálogo en asuntos meramente administrativos con las autoridades locales, dado que de asuntos de soberanía no cabe hablar. Es obvio: un cierre de posiciones a la espera de la reacción del bloque independentista.

Para avivar más el conflicto, el Estado mantiene la política de judicialización y no está dispuesto a paralizar la política represiva. Tampoco se molesta gran cosa en disfrazar de acción jurídica un proceso que es eminentemente político, como quedó suficientemente demostrado en las sesiones de la comparecencia de Mas, Rigau y Ortega, caracterizadas por una evidente animadversión del tribunal y la fiscalía. Como político será el proceso que se prepara contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Político y con un alto contenido simbólico.Y tal parece ser la nueva orientación en esta línea del frente. 
Basta con ver a quién han propuesto como presidente del Tribunal Constitucional, un ultraconservador, miembro del Opus y con diecisiete años de diputado del PP en el Congreso. Nadie puede pensar en serio que esta cacicada contribuya a restablecer los inexistentes prestigio y autoridad del Tribunal Constitucional, cada vez más claramente concebido como un órgano político dirigido contra el independentismo catalán.

Es de prever que, dentro de la lógica de la confrontación, la cerrada negativa del gobierno, alentará las posiciones de los sectores más radicales del independentismo, que pedirán adelantar la convocatoria del referéndum.  Responder al zafarrancho con otro zafarrancho, una posibilidad que puede acabar convertida en una necesidad. En ese espíritu habrá que entender la afirmación de Puigdemont con motivo del Día de la radio, de que bien pronto se escuchará por este medio la proclamación de la independencia de Cataluña.

La legitimidad de la hoja de ruta es tan incuestionable como su inevitabilidad. El bloqueo de la situación aconseja acortar los plazos por cuanto mantenerlos significa entrar en el juego de desgaste de acción/reacción de un Estado sin proyecto que solo trata de ganar tiempo mediante el uso torticero de una legalidad de parte. 




(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED