España ha
renunciado a competir por la sede de la Autoridad Bancaria Europea
para dejar vía libre a que se traslade a Barcelona la sede de la
Agencia Europea del Medicamento, ambas establecidas en la
actualidad en Londres. Es una apuesta muy arriesgada.
El
Gobierno no debería haber descartado optar también por la EBA como han
hecho otros países, aunque desde el partido popular recuerdan que la
autoridad bancaria europea podría estar condenada a su desaparición por
lo que no tendría sentido competir por ella.
La cuestión catalana juega como un hándicap para España. Tras los
dolores de cabeza que está generando el Brexit, cuando todavía no se han
iniciado las verdaderas negociaciones para el abandono del Reino Unido
de la UE, las tensiones entre la Generalitat y el Gobierno pesarán en la
decisión final.
Es el aspecto político el que verdaderamente más importa en esta
cuestión. Desde el Gobierno se han puesto sobre la mesa otros argumentos
para justificar la no presentación de la candidatura por la EBA, como
el del escaso número de empleados y las reducidas visitas que generan,
pero eso es en realidad una cuestión menor y el Gobierno lo sabe.
Por no obviar los argumentos cuantificables a primera vista,
recordemos que la Agencia Europea del Medicamento emplea a 890
funcionarios y recibe anualmente la visita de unos 35.000 expertos de la
industria, frente a los 165 empleados de la agencia de la Autoridad
Bancaria Europea, cuyas visitas a su sede no han sido desveladas.
Fuentes del sector financiero español consideran un error del Gobierno
haber abandonado la candidatura de antemano.
Manteniendo las ofertas por las dos agencias, España hubiera podido
presionar más. Desde fuentes parlamentarias populares matizan a
capitalmadrid.com en cambio que no está decidido que la EBA siga
existiendo en el futuro, mientras que la apuesta por Barcelona contiene
un claro mensaje político que no se puede obviar en este momento de
tanta incertidumbre sobre la cuestión catalana.
Como se recordará, la Autoridad Bancaria Europea, nacida en 2011, e
instalada desde sus comienzos en Londres, podría estar condenada a su
desaparición tras la salida del Reino Unido de la UE.
En la Comisión Europea se han manifestado a favor de suprimir este
organismo que ayudaría a simplificar la estructura de vigilancia
financiera y reducir el número de instituciones dependientes de la Unión
que cuenta en la actualidad con 45 agencias externas con más de 5.500
empleados en total. Tras el ‘éxito’ de las pruebas de resistencia a la
banca no son pocos los que han planteado la razón de ser de este
organismo.
Bruselas incluso abrió a finales de marzo una consulta pública sobre
el futuro de las tres agencias de supervisión financiera (la EBA, la de
mercados bursátiles y la de seguros) en la que plantea abiertamente la
disolución de la autoridad bancaria y la transferencia de sus
competencias a las otras dos.
La disolución de la EBA favorecería a París y Frankfort, capitales
que podrían acoger en sus instituciones a los 165 empleados de la
Autoridad Bancaria. Lo podría hacer con la Autoridad de Seguros y
Pensiones (EIOPA, por sus siglas en inglés), establecida en Fráncfort, o
con la Autoridad de Mercados bursátiles (ESMA, en inglés)”, afincada en
París que podría asumir las competencias relacionadas con la protección
del consumidor.
Pese a los escarceos del Ejecutivo comunitario se mantiene la
convocatoria para la EBA sobre la que decidirán en su reunión de
noviembre los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 países, el Reino
Unido no participará. La primera votación será para decidir la sede de
la EMA. El país que se haga con ella deberá renunciar a competir por la
EBA.
Con anterioridad, la Comisión Europea dará a conocer la valoración de
las candidaturas el 30 de septiembre. Compiten por la EBA Fráncfort,
París, Bruselas, Luxemburgo, Dublín, Praga, Viena y Varsovia.
Mayor todavía es la competencia por la EMA, por la que concurren
Ámsterdam, Atenas, Bonn, Bratislava, de nuevo Bruselas, Bucarest,
Copenhague, Dublín, Helsinki, Lille, Milán, Oporto, Sofía, Estocolmo,
Malta, Viena, Varsovia y Zagreb.
Además de la incertidumbre sobre la ‘cuestión catalana’, España tiene
en contra que ya cuenta con otras tres agencias de la UE, aunque alguna
de ellas pase completamente inadvertida para la opinión pública
española en general.
Son la Oficina de Propiedad Intelectual (EUIPO) en Alicante, la
Agencia comunitaria de Control de Pesca (ACCP) en Vigo y la de Seguridad
y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) en Bilbao. Resulta difícil llegar a
otra conclusión distinta a que Barcelona lo tiene muy difícil. Pero es
cierto que quien no compite no gana.
(*) Periodista
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