MADRID.- La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala que nombre un magistrado instructor para que investigue a la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro
por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho,
prevaricación continuada y revelación de información reservada en el
marco de la trama ‘Púnica.
El Ministerio Público emitió el pasado 5 de julio un escrito de dos folios solicitando como primera diligencia la comparecencia voluntaria de Barreiro
“a fin de que declare sobre los hechos imputados objeto de las
presentes actuaciones y cuantas otras sean necesarias para la aclaración
de los mismos”, según ha informado la Fiscalía en un comunicado.
El ex juez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco,
que ha estado investigando el ‘caso Púnica’ hasta que fue ascendido el
pasado mes de junio a la nueva Sala de Apelaciones de este órgano
judicial, elevó antes de dejar la instrucción de la causa la exposición
razonada al Tribunal Supremo debido a la condición de aforada de
Barreiro.
En su escrito, el magistrado vinculaba a la senadora durante la instrucción con la comisión de cinco delitos:
fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación
continuada y revelación de información reservada. El motivo, sus lazos
con el empresario Alejandro de Pedro y la trama de lavado de reputación ‘online’.
Además,
señalaba también que la exalcaldesa pudo realizar una secuencia
continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las
que pagó casi 5.000 euros a Madiva Editorial. El acuerdo exigía que las informaciones que se difundieran en el periódico digital creado para este fin debían ir “con foto y, por supuesto, en positivo”.
Asimismo, el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción
nº 6 de la Audiencia Nacional cree que la senadora “sentía una honda
preocupación reputacional” por habérsela vinculado a una serie de
proyectos urbanísticos en esta localidad sobre los que existían
denuncias por trato de favor en el llamado ‘caso Novo Cartago’, por lo que ideó la creación de un diario digital con el propósito de difundir noticias que le fueran favorables.
Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como “campaña de publicidad Turismo Cartagena” por 4.840 euros
–que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la
Intervención– y posteriormente De Pedro valoró realizar esta labor de
forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente
murciano Pedro Antonio Sánchez.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia procesó al expresidente de
la región unas horas después de tomarle declaración por esta causa por
los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada,
que le atribuyó el entonces juez de instrucción Eloy Velasco.
El
magistrado de la Audiencia Nacional remitió su exposición razonada al
tribunal autonómico, después de que Sánchez para que se le investigase
pedir servicios a De Pedro para “limpiar” con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región en 2015.
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