MURCIA.- El Consejo de Gobierno aprobó hoy un decreto por el que se desarrolla el
régimen jurídico y retributivo del Personal Docente e Investigador
(PDI) contratado de las universidades públicas de la Región (UMU y UPCT), una vez que ha recibido el
informe favorable del Consejo Jurídico de la Comunidad.
La
entrada en vigor de este decreto va a posibilitar, por un lado, la
modificación de la estructura de este colectivo de profesores y, por
otro, su incremento salarial pactado en el convenio colectivo, explican
fuentes del Gobierno regional.
La norma, a propuesta de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, beneficia a un total de
1.745 profesores contratados laborales de las universidades de Murcia y
Politécnica de Cartagena, el 56,23 por ciento del profesorado de ambas
universidades (1.374 son PDI funcionario).
Los PDI, sin ser
funcionarios, realizaban las mismas funciones y tareas que éstos, pero
cobraban menos porque no se les reconocen los quinquenios docentes y
sexenios de investigación.
«El objetivo del decreto aprobado ayer es que a igual trabajo cuenten con igual retribución», añaden las mismas fuentes.
El
decreto autoriza el pago de estos quinquenios y sexenios con efectos
retroactivos a fecha 1 de enero de 2016, por lo que la Comunidad ha
autorizado una ampliación del Techo de Gasto para Personal a las dos
universidades públicas.
El decreto mejora así la calidad del
empleo en las universidades y posibilita una mayor estabilización de las
plantillas del profesorado. Y viene a sustituir a otro vigente desde
julio de 2003 y, por primera vez, se dota a las universidades públicas
de la Región de Murcia de una norma que regula a su profesorado
contratado en concordancia con el Convenio Colectivo de este
profesorado, que establece sus condiciones laborales.
La norma ha
logrado «el acuerdo absoluto» de los rectores de las universidades
públicas y de los representantes de este profesorado, y ha obtenido
también el informe favorable de las organizaciones sindicales de estas
instituciones docentes, puntualizan desde el Gobierno regional.
De
hecho, la modificación del régimen jurídico y retributivo de las
universidades es una reivindicación constante de los rectorados de las
universidades públicas y del colectivo de este profesorado.
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