La respuesta
de la presidenta del consejo de supervisión del Banco Central
Europeo (BCE), Danièle Nouy, a la pregunta de si puede ejercer por si
mismo sus competencias sobre las discutidas funciones de
supervisón asumidas por Fráncfort, no satisfacen las
expectativas de los inspectores del Banco de España.
Esta
posición se ha hecho pública solo horas antes de que se conozca la
decisión de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre si se
mantiene la imputación a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Javier
Aríztegui, Julio Segura y Fernando Restoy.
Nouy dice que el BCE está facultado para exigir a cualquiera de las
entidades que supervisa directamente, aquellas que superan los 40.000
millones de activos, a que adopten todas las medidas necesarias para
solucionar cualquier problema y garantizar su viabilidad.
Entre los problemas que menciona la presidenta del consejo supervisor
del BCE está el cumplimiento de los requisitos prudenciales, la solidez
de la gestión y la cobertura suficiente de los riesgos. Añade que estas
medidas tienen como objetivo asegurar la viabilidad de cualquier
entidad a la que se exija cumplir estos requisitos.
La respuesta no satisface las demandas planteadas por la Asociación
de Inspectores del Banco de España (AIBE). En un comunicado con fecha
del 6 de junio señalaban que transcurrido más de un año desde la puesta
en funcionamiento del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) consideran
necesaria una profunda reflexión.
Para la AIBE la puesta en funcionamiento del MUS presenta importantes
deficiencias que pueden comprometer la eficacia de la labor
supervisora. Ante la posibilidad de que los españoles tengamos que
seguir asumiendo al menos una parte del coste de una hipotética crisis
bancaria, las autoridades españolas, “en especial el Banco de España,
deberían abandonar la pasividad y autocomplacencia que han venido
mostrando desde la entrada en vigor del MUS”.
Los inspectores consideran que dentro de los límites que permite el
Reglamento europeo, España podría salvaguardar su modelo supervisor.
Para los inspectores el aspecto que resulta más relevante es que el
enfoque de “supervisión prudencial” que se está aplicando constituya una
respuesta adecuada y suficiente a los errores del pasado. Los
resultados son conocidos de todos, pero advierten que éstos podrían
volver a repetirse.
Admiten el valor de haber centrado el foco supervisor en reforzar la
posición de capital y las medidas de resolución para afrontar una
eventual crisis, pero consideran que la decisión es insuficiente. Y
plantean incorporar medidas que puedan “abordar la pronta identificación
de los problemas como el análisis detallado de las carteras de activos o
la realización de procesos de conciliación y verificación de la
integridad y fiabilidad de la información contable proporcionada por las
entidades”.
Añaden además los inspectores que para mejorar la calidad de la
supervisión habría que incorporar cambios en la estructura organizativa
que se ha impuesto en el Mecanismo Único de Supervisión, como en cómo se
ha articulado la colaboración entre el Banco Central Europeo y el Banco
de España.
Piden más consideración a la experiencia del trabajo de los
inspectores en España y a contrastar más la información facilitada por
las entidades, en lo que parece una alusión directa a todo lo que ha
sucedido en el caso del Banco Popular.
Sobre nada de esto se ha manifestado Danièle Nouy que también ha
respondido a una pregunta de Enrique Calvet Chambón, miembro del
Parlamento Europeo, sobre las fundaciones bancarias en España, de las
que recuerda que no son entidades supervisadas por el BCE al no
considerarse entidades de crédito.
Quienes siguen teniendo el conocimiento más detallado de las
entidades financieras española consideran imprescindible que se sigan
aplicando los procedimientos supervisores que se han llevado a cabo en
España. No estaría de más oír la voz de la experiencia. La comisión de
investigación de la crisis bancaria ofrece una oportunidad a los
partidos políticos para que oigan la voz de los inspectores. Sobre todo
después de que el Gobernador, Luis María Linde, haya admitido que el
Banco de España no hizo todo lo que pudo hacer para evitarla.
(*) Periodista
No hay comentarios:
Publicar un comentario