El tono trágico de El País
condena a la oscuridad las propuestas novedosas de la Ejecutiva del
PSOE, que tampoco son tan novedosas y, además, creo entender, han de
pasar a consulta de las bases, siendo así que el tiempo apremia.
El
debate se centra en el significado de la abrupta remodelación del
Govern. Las interpretaciones son muy variadas. Rajoy, los partidos
nacionalistas españoles en Cataluña y, obviamente, El País, coinciden en
entonar un gori-gori de difuntos. “A la desesperada” suena un poco como
Los últimos de Filipinas o, para no acudir a un ejemplo incómodo, Murieron con las botas puestas. La crisis de gobierno prueba que este está en las últimas.
Del
lado independentista la interpretación es la inversa: racionalización
del gobierno de la Generalitat, cohesión y reafirmación personal y
colectiva de ir hasta el final suceda lo que suceda. Hay aquí un tono
solemne que recuerda lejanamente el episodio de los burgueses de Calais,
durante la Guerra de los Cien Años y vuelto a inmortalizar después por
Rodin. Y aunque no precisamente por la dureza de rasgos rodiniana,
Junqueras personifica ejemplarmente la imagen popular del burgués. El
burgués de Calais, presto a inmolarse por la libertad de los suyos.
El
clima actual en España muestra un grado de conflictividad muy alto. El
gobierno y sus instancias adyacentes, lejos de buscar soluciones
negociadas a los conflictos, parecen más interesados en encenderlos e ir
a una confrontación directa, utilizando todos los medios, incluso los
excepcionales. El poder solo se dirige a la Generalitat para amenazar. A
veces con resonancias castrenses, cuando toma la palabra la ministra de
Defensa, otras con consecuencias económicas personalizadas, como
esa intención de ir contra el patrimonio de los responsables
independentistas, una verdadera pena de confiscación (tras la
proscripción) tanto más odiosa cuanto que quiere castigar a las
generaciones venideras.
Las
amenazas se materializan de forma creciente. Esa visita de la Guardia
Civil al Teatro Nacional de Catalunya es un paso más en el acoso al
ejercicio de los derechos y libertades públicas.
Se
crea así un estado de tensión muy grande por cuanto se pretende coartar
el ejercicio de un derecho que reclama el 80% de la población a base de
criminalizarlo. La cuestión es cuánto se puede criminalizar y perseguir
un movimiento antes de que haya un estallido social.
Una huelga general en Cataluña, por ejemplo.
O,
por seguir la vía parlamentaria, una decisión final. Si el gobierno de
la Generalitat es inhabilitado, es probable que el Parlament apruebe una
Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por mayoría absoluta.
Para
hacer frente a todo eso, las amenazas, las persecuciones judiciales,
las policiales, los hostigamientos, parece razonable fortalecer el
Govern, tanto si se hace “a la desesperada” como si no. Cualquiera lo
haría. La cuestión es si se cumple o no el vaticinio del bloque
nacionalista español de la muerte del proyecto independentista.
Desde
el punto de vista de los indepes es claro que no y para eso
precisamente están preparándose, para no morir. Desde una perspectiva
desapasionada, uno diría que la posibilidad de la muerte no es
descartable en el humano quehacer. Pero añadiría que, de morir, estos
morirán matando.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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