La última
semana antes de que comiencen las vacaciones parlamentarias va a
estar dominada por las acusaciones que los partidos políticos se
hacen mutuamente sobre el alto coste de la corrupción, unos 90.000
millones de euros al año. Si en el Congreso comparecen en la
comisión que investiga la presunta financiación ilegal del PP
los extesoreros del partido y su actual responsable de
finanzas, ese mismo día en el Senado la comisión impulsada por el
PP para investigar al resto de partidos ha convocado a los
tesoreros o gerentes del PSOE, Podemos y Ciudadanos.
Un
día antes, en la sesión de control al Gobierno, el secretario general
de Podemos, Pablo Iglesias, formulará su pregunta al presidente del
Gobierno justamente sobre el coste que estima ha supuesto para los
españoles la corrupción del Partido Popular.
No es una cuestión improcedente, aunque al PP no le gusta ni la
cuestión ni la pregunta que ha formulado Pablo Iglesias a Mariano Rajoy.
De hecho, ha intentado vetarla en la Mesa del Congreso porque según el
criterio de los populares excede a las competencias del Gobierno y
atenta al decoro parlamentario. Si la pregunta se ha mantenido es porque
la mayoría de la Mesa del Congreso ya no la tienen los populares. PSOE,
Unidos Podemos y Ciudadanos han dado luz verde a la cuestión.
Y no es una cuestión improcedente, porque se estima que en España la
corrupción puede suponer un coste de unos 90.000 millones de euros al
año, o lo que es lo mismo un 9 % del Producto Interior Bruto. Mucho
dinero. Los cálculos no son de un cualquiera.
La CNMC recibió a principios del 2015 un análisis preliminar sobre
los diferentes mecanismos de contratación pública con un resultado muy
elocuente. La falta de competencia arrastra a las Administraciones
Públicas a malgastar el dinero de todos los españoles con una serie de
actuaciones que este supervisor califica de ineficientes con una
conclusión demoledora: un 25% de los 194.000 millones que anualmente se
destinan a licitaciones de servicios públicos con cargo al Estado por
ausencia de una contratación eficiente y con carencia de control.
Según Jesús Lizcano, catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente del
capítulo español de Transparencia Internacional, primera entidad mundial
de prevención y lucha contra la corrupción, la corrupción es un
impuesto implícito al ciudadano. Supone otro gravamen que no se
presupuesta, imprevisto, pero que está ahí.
Los otros 40.000 millones se contabilizan directa e indirectamente
por las otras muchas formas de corrupción existentes. El listado en
España de casos de corrupción desde el inicio de la democracia es
desalentador. Gürtel, Bárcenas, Caso Palau, Palma Arena, Nóos, Canal II,
Fondos para la Cooperación, Imelsa, Fundación, Malaya, Orquesta, Taula.
El listado es inacabable e insufrible.
Se contabilizan más de 175 tramas desde que comenzó la democracia. De
ellas, 126 están relacionadas directamente con el PP p el PSOE. 1.660
causas en 2013, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.
Solo el año pasado se han registrado 125 nuevos casos de corrupción en
2016. Este año no le irá a la zaga.
En cambio, sorprende que pese a los anuncios realizados la pasada
semana sobre la convocatoria del 1-0 en Cataluña no hay una sola
pregunta ni cuestión planteada al Gobierno sobre el desafío soberanista.
En cambio, el Rey regresará este lunes a Cataluña para presidir la
entrega de los despachos a los miembros de la última promoción de
suboficiales del Ejército de Tierra en la academia militar situada en la
localidad de Talarn (Lleida) acompañado de la ministra de Defensa.
María Dolores de Cospedal aseguró el pasado miércoles, en un acto con
motivo del 40 aniversario de la creación del Ministerio de Defensa, que
"por tierra, mar y aire, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil se
encuentran donde haya que proteger los valores de la democracia y de la
Constitución, pero también la integridad y soberanía" de España.
También hoy, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, asiste en
Barcelona a la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña.
(*) Periodista
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