En medio de intensos rumores sobre una profunda crisis en el Gobierno
de la Generalitat y diferencias entre Puigdemont y Junqueras sobre los
consejeros que tienen que salir, y que está relacionado con el temor de
algunos consejeros en seguir apoyando el Referéndum, todo el interés
político está centrado, de nuevo, en el desarrollo de la consulta del 1
de Octubre y, de forma inmediata, en la compra de urnas.
La compra de
urnas sean de cartón como las que se instalaron el 9 de Noviembre de
2014, o de plástico, como las que se pretenden que sean las que se
utilicen en el discutido Referéndum del 1 de Octubre, siempre han sido
un problema para la Generalitat, porque no pueden utilizar las que se
instalan para las elecciones generales y autonómicas, que las coloca el
Ministerio del Interior, responsable de todos los procesos electorales.
Las que se utilizaron en la consulta del 9N, eran de cartón plegable,
con una ventana plastificada en los dos laterales, y con un coste de
poco más de dos euros la unidad, que sustituyó a la tradicional urna de
plástico, de un precio superior.
Para el histórico Referéndum de Octubre, con el que además si salen
las cosas bien, como cree la Generalitat se pretende proclamar la
independencia de Cataluña, en el plazo de cuarenta y ocho horas, no
quieren urnas de cartón, sino que quieren algo mucho más lucido y nada
de ventanita plastificada. Quieren urnas de verdad. Urnas que vayan en
consonancia con el momento histórico que se vivirá en esa jornada
también histórica.
Por eso, la Consejería de Gobernación declaraba
desierto hace unas semanas el concurso para la adquisición de ocho mil
urnas. El departamento que dirige Meritxell Borrás, considera que las
dos sociedades que se presentaron al concurso, Plastic Express y la unión temporal de empresas formada por Espai World y Suministros Futbida, no cumplían con los requisitos técnicos para el suministro de urnas homologadas.
Se ignora si la decisión de declarar desierto el concurso, tiene
alguna relación con la actuación del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (TSJC) al admitir a trámite la querella de la Fiscalía contra
la consejera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, por la
compra de urnas para el Referéndum. La Fiscalía se querelló hace más de
un mes contra Borràs por haber iniciado el proceso para adquirir unas
12.000 urnas que podrían servir para el Referéndum sobre la
independencia, pese a la oposición del Gobierno central y a las
reiteradas advertencias de su ilegalidad por parte del Tribunal
Constitucional.
En un auto la sala civil y penal del TSJC, se ha declarado competente
para investigar los hechos y ha abierto diligencias contra Borràs por
los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos
públicos. Tal como solicitaba la Fiscalía, la investigación también
alcanza a otro alto cargo del Gobierno catalán: el secretario general de
Gobernación, Francesc Esteve. Y, al final, lo que más preocupa es esa
“malversación de caudales públicos” que llevará consigo la devolución
de lo gastado en el Referéndum. Ya en el caso de Artur Mas se le ha
pedido una fianza de 5,2 millones de euros, importe de lo que costó al
erario público la consulta del 9N.
El próximo Martes está previsto que el vicepresidente del Govern
Oriol Junqueras, encargado por el presidente Puigdemont de la
coordinación del Referéndum, ponga en marcha la consulta con el anuncio
de la compra de las urnas, aunque antes le ha exigido a Puigdemont que
al ser la primera decisión que se toma para el inicio de la cuenta atrás
del gran día, todos los consejeros firmen el decreto, con lo que evita
que salga solo su nombre y sea sólo él el responsable.
La consulta la
llevará a cabo el señor Oriol Junqueras ayudado por Raúl Romeva,
conseller de Exteriores y encargado de procesos electorales. Es una
solución mancomunada y ratificada por la totalidad de los consejeros del
Govern , que se planteó en otras ocasiones pero que se ha visto
frenada porque muchos consejeros del partido en el poder PDeCAT (antigua
Convergencia) no están dispuestos a responder con su patrimonio de la
aventura independentista (ver republica.com “Los independentista no están dispuesto a arriesgar su patrimonio”).
Mientras tanto el Gobierno central que parece haber encontrado la
fórmula para apretar las tuercas a los independentistas, ligando todo a
unas responsabilidades que tendrán consecuencias en sus patrimonios, y
en los de sus familias, si hay delito de malversación de caudales
públicos, ha seguido su ofensiva en ese sentido y la Guardia Civil se ha
presentado en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC) donde se presentó el
Referéndum el pasado 4 de Julio para averiguar cuánto costó el alquiler
del Teatro y de qué forma se pagó ese alquiler. Al parecer toda la
estrategia va por el mismo camino.
(*) Periodista y economista
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