jueves, 13 de julio de 2017

Consellers dudan en seguir apoyando el Referéndum / José Oneto *

En medio de intensos rumores sobre una profunda crisis en el Gobierno de la Generalitat y diferencias entre  Puigdemont y Junqueras sobre los consejeros que tienen que salir, y que está relacionado con el temor de algunos consejeros en seguir apoyando el Referéndum, todo el interés político está centrado, de nuevo, en el desarrollo de la consulta del 1 de Octubre y, de forma inmediata, en la compra de urnas. 

La compra de urnas sean de cartón como las que se instalaron el 9 de Noviembre de 2014, o de plástico, como las que se pretenden que sean las que se utilicen en el discutido Referéndum del 1 de Octubre, siempre han sido un problema para la Generalitat, porque no pueden utilizar las que se instalan para las elecciones generales y autonómicas, que las coloca el Ministerio del Interior, responsable de todos los procesos electorales. 

Las que se utilizaron en la consulta del 9N, eran de cartón plegable, con una ventana plastificada en los dos laterales, y con un coste de poco más de dos euros la unidad, que sustituyó a  la tradicional urna de plástico, de un precio superior.

Para el histórico Referéndum de Octubre, con el que además si salen las cosas bien, como cree la Generalitat se pretende proclamar la independencia de Cataluña, en el plazo de cuarenta y ocho horas, no quieren urnas de cartón, sino que quieren algo mucho más lucido y nada de ventanita plastificada. Quieren  urnas de verdad. Urnas que vayan en consonancia con el momento histórico que se vivirá en esa jornada también histórica. 

Por eso, la Consejería de Gobernación declaraba desierto hace unas semanas el concurso para la adquisición de ocho mil urnas. El departamento que dirige Meritxell Borrás, considera que las dos sociedades que se presentaron al concurso, Plastic Express y la unión temporal de empresas formada por Espai World y Suministros Futbida, no cumplían  con los requisitos técnicos para el suministro de urnas homologadas.

Se ignora si la decisión de declarar desierto el concurso, tiene alguna relación con la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al admitir a trámite la querella de la Fiscalía contra la consejera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, por la compra de urnas para el Referéndum. La Fiscalía se querelló hace más de un mes contra Borràs por haber iniciado el proceso para adquirir unas 12.000 urnas que podrían servir para el Referéndum sobre la independencia, pese a la oposición del Gobierno central y a las reiteradas advertencias de su ilegalidad por parte del Tribunal Constitucional.

En un auto la sala civil y penal del TSJC, se ha declarado competente para investigar los hechos y ha abierto  diligencias contra Borràs por los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos. Tal como solicitaba la Fiscalía, la investigación también alcanza a otro alto cargo del Gobierno catalán: el secretario general de Gobernación, Francesc Esteve. Y, al final, lo que más preocupa es esa “malversación de caudales públicos” que  llevará consigo la devolución de lo gastado en el Referéndum. Ya en el caso de Artur Mas se le ha pedido una fianza de 5,2 millones de euros, importe de lo que costó al erario público la consulta del 9N.

El próximo Martes está previsto que el vicepresidente del Govern Oriol Junqueras, encargado por el presidente Puigdemont de la coordinación del Referéndum, ponga en marcha la consulta con el anuncio de la compra de las urnas, aunque antes le ha exigido a Puigdemont que al ser la primera decisión que se toma para el inicio de la cuenta atrás del gran día, todos los consejeros firmen el decreto, con lo que evita que salga solo su nombre y sea sólo él el responsable. 

La consulta la llevará a cabo el señor Oriol Junqueras ayudado por Raúl Romeva,  conseller de Exteriores y encargado de procesos electorales. Es una solución mancomunada y ratificada por la totalidad de los consejeros del Govern , que  se planteó en otras ocasiones pero que se ha visto frenada porque muchos consejeros del partido en el poder PDeCAT (antigua Convergencia) no están dispuestos a responder con su patrimonio  de la aventura independentista (ver republica.com “Los  independentista no están dispuesto a arriesgar su patrimonio”).

Mientras tanto el Gobierno central que parece haber encontrado la fórmula para apretar las tuercas a los independentistas, ligando todo a unas responsabilidades que tendrán consecuencias en sus patrimonios, y en los de sus familias, si hay delito de malversación de caudales públicos, ha seguido su ofensiva en ese sentido y la Guardia Civil se ha presentado en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC) donde se presentó el Referéndum el pasado 4 de Julio para averiguar cuánto costó el alquiler del Teatro y de qué forma se pagó ese alquiler. Al parecer toda la estrategia va por el mismo camino.



(*) Periodista y economista



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