LORCA.- Los concejales Pedro Sosa y Gloria Martín, han anunciado que su
formación presentará una moción al próximo Pleno Municipal para que se
"archiven" los casos en los que técnicos de la Administración comprueben
que las obras de reparación están realizadas.
Izquierda Unida-Verdes de Lorca liderará las soluciones planteadas a
los afectados por el requerimiento de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia (CARM) de devolución de las subvenciones concedidas para
afrontar los daños ocasionados en viviendas tras los seísmos sufridos en
Lorca el 11 de mayo de 2011.
Esta formación, que lleva dos semanas realizando labores de
asesoramiento personal a los afectados, presentará una moción al próximo
Pleno Municipal en la que solicitarán que técnicos de la Administración
realicen una nueva visita de comprobación de las obras de reparación
realizadas, explicó su portavoz, Pedro Sosa.
"Entendemos que los casos en los que la Administración compruebe que
las reparaciones se han efectuado deben quedar archivados, y dejar de
molestar a los vecinos con reiteradas peticiones de facturas", exigió
Sosa.
El portavoz municipal de IU-Verdes exigió al resto de grupos
políticos con representación en el Ayuntamiento que dejen de
"criminalizar" a los afectados por los terremotos, ya que "un inmenso
porcentaje gastó el dinero de las subvenciones, que en ocasiones se
quedó corto, en arreglar sus casas para poder volver a ellas".
Sosa recordó que IU-Verdes fue el primer partido político en alertar
sobre el envío de comunicaciones masivas y en ponerse a disposición de
los afectados para facilitarles las alegaciones a ese requerimiento. Por
ello, se congratuló de que el resto "ahora se suba al carro" a pesar de
que en un primer momento prefirieron sembrar la sombra de la duda sobre
los damnificados en vez de señalar a la "desidia" de la CARM como
auténtica responsable de este "desaguisado".
Ya en el año 2011, IU-Verdes pidió una tutela pública de todo el
proceso de reconstrucción a través de la empresa pública de Suelo y
Vivienda (SUVILOR), incluidas las subvenciones y ayudas, que deberían
haber ido a una cuenta participada entre la Administración y los
afectados de modo que se facilitase, no sólo su control, sino también
una ejecución "racional, integral y participativa" de las obras.
"Hoy
podríamos tener barrios ejemplo de modernidad, basados en el ahorro
energético, en la peatonalización de viales con el objetivo de fomentar
la accesibilidad, así como en la liberación de espacio público para
crear más equipamientos para cultura y ocio que favorecieran actividades
dinamizadoras de la actividad social", dijo Sosa.
En vez de ello, los gobiernos dejaron en manos de los afectados el
"complejísimo" proceso de reconstrucción que sigue afectándoles seis
años después mediante innumerables trabas administrativas y
burocráticas.
Por su parte, la concejala de IU-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado
que gran parte de las comunicaciones que están recibiendo los afectados
son irregulares desde el punto de vista administrativo. "Además de no
constar la fecha de emisión, no se hace alusión alguna al acuerdo por el
que la CARM inicia el procedimiento de comprobación y reintegro de las
subvenciones ni el órgano que se lo atribuye. Tampoco consta el plazo
para resolver el procedimiento, qué efecto tiene el incumplimiento del
acuerdo ni los recursos a que tienen derecho los afectados", explicó
Martín.
La edil de IU-Verdes también consideró que la actuación de la CARM es
"extemporánea" ya que, según la Ley General de Subvenciones, el plazo
de prescripción del derecho de la Administración a liquidar el reintegro
la subvención es de cuatro años, que empiezan a computarse pasados seis
meses desde la finalización de las obras, un extremo que los afectados
pueden demostrar con facturas o declaraciones de testigos.
Mientras la CARM hace gala de una "opacidad absoluta" a la hora de
gastar los fondos recibidos por Lorca para la recuperación por los
terremotos, empleando parte del dinero en obras que nada tienen que ver
con los seísmos, como la reparación de carreteras en Mazarrón, "se
permite el lujo de obligar a los damnificados a remover Roma con
Santiago para buscar facturas que datan de hace casi seis años", criticó
Martín.
En ese sentido recordó que IU-Verdes lleva años exigiendo, en
vano, una auditoria sobre las actuaciones realizadas con cargo al dinero
del BEI y que se faciliten todas las cifras relacionadas con la
recuperación tras los terremotos. Por ello, se preguntó a quien pretende
servir de ejemplo el Gobierno regional del lorquino Fernando López
Miras al que exigió "una solución política" a esta cuestión.
Martín señaló también que si atender las necesidades de los vecinos y
realizar labores de asesoramiento a favor de quienes se encuentran
"absolutamente desinformados y desprotegidos" es "populista", entonces
"lo somos", en alusión a las críticas vertidas por el PSOE a la labor
que estos días realiza el equipo humano de Izquierda Unida-Verdes en
Lorca.
"A mí me daría bastante vergüenza andar pidiendo flexibilización para
la devolución de las subvenciones sabiendo que en la gran mayoría de
los casos, la obligación de devolver el dinero ha prescrito", aseguró
Martín. Una actitud similar a la que mantiene el equipo de Gobierno
local del PP.
"Nos dicen que están haciendo todo lo posible por
solventar una situación que afecta a más de 800 familias, cuando
realmente, han dado instrucciones para que los vecinos que se acercan a
registrar alegaciones a la Ventanilla Única sean remitidos a la Oficina
del Terremoto donde lo que hacen es ponerles encima de la mesa un
impreso de autoliquidación para que paguen, sin más asesoramiento",
denunció la edil de IU-Verdes.
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