CARTAGENA.- El portavoz parlamentario y secretario general de Podemos Región de
Murcia ha señalado que leyes como la aprobada hoy son las que alejan a
los sindicatos y patronal "de la sociedad, puesto que son acuerdos de
cúpulas sindicales y empresariales, mediados por los poderes públicos".
Óscar Urralburu ha afirmado que el acuerdo "no aporta ningún tipo de
implicación o beneficio para el mundo del trabajo o para las condiciones
de vida de la gente. Su verdadera finalidad es financiar a la CROEM y a
los sindicatos firmantes con 700.000 euros anuales".
Urralburu ha señalado que la Ley de Participación Institucional
aprobada hoy por la Asamblea Regional es "la compensación mediante el
pago de 700.000 euros a la suscripción del Acuerdo Social de diciembre
de 2016, un acuerdo que fue puramente publicitario y que ha resultado
absolutamente inocuo para la creación o la mejora del empleo de la
región de Murcia. Lo hacen, además, sin una memoria económica que
justifique esta colaboración institucional y que explicite los criterios
que sustentan la cifra de 700.000 euros anuales".
El portavoz parlamentario de Podemos ha asegurado que lo que se
reivindica desde su grupo parlamentario es "la Acción Sindical por sí
misma y la defensa concreta de las condiciones de trabajo en los
Convenios Colectivos, por encima de la concertación social". Por ello,
Óscar Urralburu ha insistido en que desde Podemos "estamos con las
organizaciones sindicales, pero no podemos compartir una lógica política
que en lugar de fortalecerlas las debilita erosionándolas desde su
base".
Nos gustaría saber, ha dicho Urralburu, "qué pensarán de esta
garantía de poder adquisitivo los trabajadores y trabajadoras de los
sectores productivos de nuestra Región que no consiguen revisar su
convenio colectivo y se ven sometidos a la intemperie retributiva en la
que los ha colocado las sucesivas reformas laborales".
Además, para el portavoz parlamentario de Podemos esta Ley es
innecesaria, porque las Organizaciones Sindicales y Empresariales
intersectoriales más representativas "ya tienen garantizada su
participación institucional en los Consejos que señala el Anexo II de la
Proposición. Y en los más relevantes la tienen por garantizada por la
Ley que los creó".
De hecho, ha añadido Óscar Urralburu, esta Proposición de Ley es
"discriminatoria para las restantes entidades representadas en los
citados consejos, que con la misma función y responsabilidad no
percibirán compensación económica por su participación institucional.
Por ejemplo, es una ley de participación institucional por vía
parlamentaria para que no haya participación del CES y del Consejo
Jurídico".
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