LORCA.- Dos concejales de IU-V en el Bajo Guadalentín, Pedro Sosa, portavoz de esta formación en Lorca, y Víctor Romera, portavoz de la misma en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y especialista en derecho laboral, han abordado un asunto de actualidad en la comarca y Lorca: la situación laboral y la extraordinaria precariedad en la que se desarrolla el trabajo en dos sectores económicos concretos: el agroalimentario y el de servicios.
Sosa ha afirmado que de los 13.514 contratos firmados en Lorca el
pasado mes de mayo, nada menos que el 98,24% (13.276) son temporales; a
veces de unas horas, de un día o de una semana, señala Sosa, que además
advierte que no cabe confundir esos contratos con puestos de trabajo,
pese a la propaganda que desde el PP se suele hacer. Desagregando cifras
el concejal lorquino ha informado que 9.783 contratos lo han sido en el
sector de la agricultura de temporada y 3.439 en el de los servicios.
El edil ha advertido que más del 60% de esa contratación se ha
realizado a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT´s) mediante lo
que se denominan "contratos de puesta a disposición".
Tras recordar que
las ETT's fueron una invención contra los derechos de los trabajadores
que vieron la luz en España en 1994, en la última legislatura del
Gobierno de Felipe González, Sosa ha afirmado que las ETT's están
sustituyendo de facto la principal función que debería tener los
servicios públicos de empleo, y lo hacen además convirtiendo el mercado
laboral lorquino en un erial donde cada vez son más numerosos los
episodios de semiesclavitud laboral, con incumplimiento de convenios,
derechos sociales y tablas salariales.
Sosa ha advertido que las administraciones públicas -también el
Ayuntamiento de Lorca- deben tomar cartas en el asunto. Por lo pronto y
en el medio y largo plazo analizando el peso que en la economía local
tienen los diversos sectores productivos y constatando que no es posible
desarrollar un municipio como el de Lorca abandonando los sectores
económicos que generan más valor añadido y que además tienen mejores
salarios.
Necesitamos diversificar nuestra economía, sostiene Sosa, pero
entre tanto ello sucede hay que combatir la irregularidad laboral que
cada día se produce en el campo, la competencia desleal que implica para
algunas empresas que otras trabajen en negro, sin contratos o con
contratos que no recogen la totalidad de las horas que se trabajan. No
sólo se está robando a los trabajadores, afirma Sosa, también a la
Seguridad Social y a la Hacienda Pública.
Por su parte Víctor Romera ha abundado en el papel de las ETT's,
aclarando en primer lugar que no todas las empresas de trabajo temporal
actúan al margen de la legalidad, que hay muchas que actúan legalmente,
pero que habida cuenta el peso de las mismas en la contratación laboral
de los sectores agroalimentario y de servicios, la precariedad está muy
extendida y muy generalizado el incumplimiento de los convenios
colectivos y del ordenamiento jurídico laboral, con salarios que no se
pagan, o que se pagan por debajo de lo estipulado, con la realización de
destajos prohibidos por la ley, con contratos que se rescinden si las
trabajadores quedan embarazadas, con incumplimientos en materia de
vacaciones o de seguridad e higiene en el trabajo.
Lo peor, apunta Víctor Romera, es que conocemos casos de ETT's que
tras ser investigadas y sancionadas, lo cual no es frecuente si tenemos
en cuenta su extensión en Lorca, se cambian de nombre y se vuelven a
montar con otra razón social para que las mismas personas que antes las
gestionaban sigan explotando a los trabajadores, haciendo competencia
desleal a las empresas que cumplen, y defraudando a la Hacienda Pública y
a la Seguridad Social.
Romera ha afirmado que en breve comparecerán con el Secretario
General de CCOO de la Región de Murcia para proponer un plan que combata
la irregularidad laboral en estos sectores, exigiendo a la
administración pública que articule y ponga en marcha su labor de
policía e inspección, e instando a la patronal del sector a que también
contribuya con su denuncia a identificar y sancionar a aquellas empresas
-y a las personas que están detrás de ellas- que trabajan en negro y
hacen trabajar a los trabajadores en condiciones de semiesclavitud.
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