jueves, 29 de junio de 2017

Hacienda mantiene el objetivo de déficit autonómico en el 0,3% para 2018

MADRID.- El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó este jueves la senda de consolidación fiscal para el trienio 2018-2020, que mantiene el objetivo de déficit autonómico en el 0,3 % para 2018 y en el 0 % para los siguientes ejercicios, con el voto en contra de las comunidades socialistas y de Cataluña.

La senda de estabilidad presupuestaria que ya habían pactado el Gobierno y las comunidades en el Consejo anterior, celebrado a finales del año pasado, marca para 2017 un techo de déficit en las comunidades del 0,6 % del PIB, en tanto que se queda en el 0,3 % el año que viene. Para 2019 y 2020, es del 0 %.
Según fuentes presentes en la reunión, votaron en contra de la senda las comunidades dirigidas por los socialistas (incluida la Comunitat Valenciana, donde el PSOE gobierna con Compromís, y Cantabria, donde lo hace en coalición con el PRC), así como Cataluña, mientras que Canarias se abstuvo.
Votaron a favor Madrid, Murcia, Castilla y León, La Rioja y Galicia, donde gobierna el PP.
Presidida por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la reunión de este órgano acuden habitualmente los responsables autonómicos de Hacienda de las comunidades.
Los consejeros de autonomías socialistas aprovecharon el encuentro para criticar que el Ejecutivo se esté planteando bajar los impuestos, presionado por Ciudadanos, mientras se "aprietan las tuercas" a las comunidades, que son las que prestan servicios fundamentales como la sanidad y la educación pública.
"El Gobierno de España ha hecho una propuesta demoledora para el Estado del bienestar, ofensiva para los ciudadanos e indecente para las comunidades autónomas", resumió la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, visiblemente enfadada. 
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de la Región de Murcia, Andrés Carrillo, pidió que se resuelva su "problema de financiación" para "conseguir el equilibrio", pero valoró positivamente "los buenos resultados" de la "línea de consolidación fiscal" del Gobierno tanto para España como para su autonomía.
Carrillo destacó en declaraciones previas al CPFF que el déficit de Murcia se redujo en 2016 en un total de 210 millones de euros. "Vamos a seguir por este camino en los próximos años", garantizó.
"Por supuesto, nosotros somos muy reivindicativos en que se produzca ese cambio de modelo de financiación en el modelo de financiación autonómica", declaró el consejero murciano, quien ha insistido en que el Ejecutivo de Murcia "es responsable buscando ese equilibrio y al mismo tiempo reivindicativo pidiendo lo que tienen otras regiones".

Murcia lo condiciona todo a la reforma del sistema

Andrés Carrillo, comentó hoy, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que "la Comunidad Autónoma condiciona el cumplimiento del objetivo de déficit fijado por el Ministerio a la reforma del sistema de financiación, con el fin de recibir los mismos fondos que el resto de comunidades autónomas".
El consejero recalcó que "el Gobierno regional trabaja para lograr el equilibrio financiero y presupuestario, pero somos la comunidad peor financiada, junto con Valencia, y ese equilibrio presupuestario será posible si se nos proporciona un nivel de ingresos equiparable al del resto de autonomías".
En este sentido, Andrés Carrillo expuso que "1.053 millones anuales es la diferencia que separa a la Región de la comunidad mejor financiada, contando con las mismas competencias y ofreciendo los mismos servicios".
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas recordó que "pese a la deficiente financiación, hemos reducido el déficit en 210 millones de euros el pasado año e incrementado las inversiones destinadas a sanidad, educación y política social". Carrillo destacó la eliminación de las listas de espera en renta básica y la reducción de impuestos, y puso como ejemplo el impuesto de sucesiones y donaciones, con una reducción del 50 por ciento, que ha permitido a 13.839 ciudadanos obtener un ahorro de 42,6 millones de euros, y a 415 empresarios lograr una bonificación de hasta el 99 por ciento al recibir un negocio y comprometerse a mantener la actividad, con un ahorro de 16,8 millones de euros.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, confirmó a las comunidades que "el objetivo de déficit para este año es del 0,6 por ciento del PIB, y que la senda de estabilidad financiera prevista para los próximos años será del 0,3 por ciento en 2018 y del 0,0 por ciento en 2019 y 2020".
Carrillo apuntó "el gran esfuerzo realizado durante el pasado ejercicio en la reducción del déficit, que respecto a 2015 se redujo en algo más de un 30 por ciento y de 8 décimas de PIB". Y agregó que "esta disminución se enmarca en el compromiso adquirido por el Gobierno de la Región de reequilibrar sus cuentas y volver a la situación de equilibrio que tuvo hasta 2007".
La Comunidad apoya la política de estabilidad presupuestaria del Gobierno de España y continuará trabajando en la reducción del déficit y la contención del gasto público para generar confianza, crecimiento económico y empleo.
Asimismo, en el Consejo se estudió la modificación del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, según lo dispuesto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que modifica el plazo de 30 días, para comunidades autónomas y entidades locales, desde que se registra la factura hasta que la acepta la administración. Con dicha modificación, el cómputo se inicia desde que la administración conforma la factura.
El Consejo, que estuvo presidido por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, contó con la asistencia de consejeros de Hacienda de las distintas comunidades autónomas.

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