CARTAGENA.- Ciudadanos ha pedido abrir un debate con el fin de lograr un consenso
para la puesta en marcha de la orden de conciertos singulares, “de
manera que se pueda llegar a un acuerdo para que los criterios sean los
más adecuados, dependiendo de la demanda social, de las infraestructuras
existentes a nivel público y de las necesidades que haya en cada zona
de escolarización de los alumnos”.
Juan José Molina, diputado de
Ciudadanos, ha mostrado su satisfacción porque se haya demorado la orden
de conciertos singulares “ya que no había ningún consenso y no se
habían publicado los criterios que tienen que regir esos nuevos
conciertos. Ahora es el momento de que se abra una mesa de trabajo en la
que podamos sentarnos representantes de todos los partidos políticos y
colectivos educativos para analizar qué criterios tienen que ponerse en
marcha”.
El diputado de C's ha aclarado que la polémica que se ha
generado a raíz de que la consejera de Educación anunciara la
publicación de la orden “es debido a que el Gobierno regional ha vuelto a
tomar una decisión haciendo uso de su ya conocido rodillo, actuando
unilateralmente, sin tan siquiera tener en cuenta las demandas y
necesidades reales de los diferentes agentes y sectores educativos”.
“El
Gobierno regional ha vuelto a hacer gala, una vez más de un
oscurantismo político, basado en proclamarse como el único partido que
defiende los derechos de los padres y las madres de los alumnos de
nuestra Región y de erigirse como el único valedor y garante
constitucional de los derechos y libertades de las personas, todo con el
único objetivo de conseguir una fotografía que dé soporte a un titular
fácil con el fin de manipular a la opinión pública”, ha apuntado Molina.
En
este sentido, el diputado de Ciudadanos ha resaltado que la orden de
conciertos “nació con prisas y sin reflexión, sin disponer de una
análisis de necesidades de escolarización, ni de un mapa escolar que
ayude a un planeamiento educativo con el que apoyar la planificación, la
ejecución, el control y la evaluación de una política seria y
rigurosa”.
“Además la orden fue redactada sin tener en cuenta la
disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los gastos que
conlleva una inversión muy demandada por los colectivos educativos de la
Región, pero lo que nos parece más escandaloso ha sido la falta de
transparencia ante la ausencia de unos criterios de concertación que
conlleven unas reglas y preceptos concisos que aseguren una adjudicación
conforme a la realidad”, ha añadido Molina.
“No estamos en contra
de la concertación, pero tiene que ser adecuada y justificada cuando la
infraestructuras públicas no puedan cubrir la demanda existente de
escolarización”, ha finalizado el diputado de la formación naranja.
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