LORCA.- La concejala de IU-V, Adoración Peñas, ha afirmado esta mañana que
andar por las calles del casco histórico de Lorca debe dejar de ser "un
ejercicio de riesgo" y si hoy lo es, afirma, es porque tanto muchos
propietarios de sus inmuebles, como el propio Ayuntamiento, están
haciendo una auténtica dejación de sus obligaciones plasmadas negro
sobre blanco en tanto en las leyes urbanísticas, como, había cuenta su
ubicación, en el ordenamiento jurídico protector del patrimonio
histórico.
Esta situación a la que se ha llevado al conjunto histórico de Lorca,
señala la concejal, ya no sólo está implicando una pérdida irreparable
de las arquitecturas que han venido caracterizando la zona histórica de
Lorca, sino que además se está poniendo en riesgo lo más importante, la
vida de los viandantes.
Ya no sólo es el caso del inmueble acordonado en
la calle Pio XII, es que en cualquiera de las calles del casco
histórico nos encontramos con inmuebles que presentan una "estática
milagrosa", con mellas evidentes en sus tejados y balconadas, y con
elementos que pueden caer en cualquier momento a la vía pública y
provocar daños irreparables en las personas que transitan por ella.
Adoración Peñas ha señalado que entre las alegaciones, aún no
contestadas por el gobierno local, que su grupo político ha presentado
al avance del PEPRICH, se encuentra precisamente una que advierte a los
redactores de este documento que "entre los instrumentos de los que se
ha dotado el ordenamiento jurídico protector del patrimonio histórico,
se encuentra tanto la ejecución subsidiaria como la expropiación ante
supuestos de incumplimiento de las obligaciones de todo propietario de
un bien protegido.
En tal sentido les instamos a incluir entre el
articulado una previsión similar a la que ya contempla la Ley de
Patrimonio Histórico Español en su artículo 36, de modo que el
incumplimiento de las obligaciones establecidas sea causa de interés
social para la expropiación forzosa de los bienes protegidos".
La concejala de IU-V advertirá en el próximo Pleno al gobierno local
de su obligación de comunicar a los propietarios de los inmuebles que la
propiedad de estos conlleva una serie de obligaciones, y la primera de
ellas, tal y como se establece en la Ley Regional de Ordenación
Territorial y Urbanística es (art.110.1): "mantenerlos en condiciones de
seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato público.
Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre
protección del medio ambiente y del paisaje y de los patrimonios
arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana, conforme a
lo establecido en la legislación básica estatal".
El ordenamiento jurídico, sigue afirmando Peñas, contempla asimismo
que la Administración competente podrá imponer, en cualquier momento, la
realización de obras para el cumplimiento del deber legal de
conservación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal y
autonómica aplicables, y que en los casos de inejecución injustificada
de las obras ordenadas, dentro del plazo conferido al efecto, se
procederá a su realización subsidiaria por la Administración Pública
competente.
Finalmente Adoración Peñas ha anunciado que en el próximo Pleno,
además de las advertencias ya mencionadas, preguntará al gobierno local
sobre el número de veces que ese gobierno se ha puesto en contacto
formalmente con los propietarios para advertirles sobre sus
obligaciones.
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