Si tan
complicado lo ponen para justificar 251 millones, imaginen qué pasará el
día que tengan que justificar euro a euro los aproximadamente 11.000
millones al año que nos cuesta la Iglesia Católica a todos los
españoles, creyentes o no.
El
2 de marzo de 2006, calladamente, con un certificado del obispo de la
diócesis y por tan solo 30 euros, la Mezquita de Córdoba pasó a ser
propiedad de la Iglesia Católica. Tan sigilosa fue la operación que los
vecinos de la capital andaluza no se enteraron hasta tres años después,
en 2009.
Con la misma discreción, tacita a tacita, al menos 4.500
templos, ermitas, casas parroquiales, cementerios y fincas de todo tipo
han pasado en un puñado de años a manos de la Iglesia. Sin trabas
burocráticas, sin pagar impuestos, sin estar sometidos a los requisitos
complejos que una operación de este tipo tiene para el común de los
mortales. Es el escándalo de las inmatriculaciones –registrar ante
notario por primera vez una propiedad– a la carta (con tan solo un
certificado del obispo) que un resquicio en la reforma de la ley
hipotecaria en 1998 (gobierno de Aznar) dejó en exclusiva a la Iglesia
Católica.
Así
se las gasta esta santa institución con los dineros y las propiedades.
Por eso no es extraño que se rebelen contra la posibilidad de que se les
pida que expliquen con transparencia en qué gastan el dinero que
reciben por su casilla de la declaración de la Renta, 251 millones en el
último ejercicio. El Tribunal de Cuentas, controlado aún por el PP, se
ha negado a intervenir, pero el Congreso, con los conservadores en
minoría, va a exigir que lo haga.
Si
tan complicado lo ponen para justificar 251 millones, imaginen qué
pasará el día que tengan que justificar euro a euro los aproximadamente
11.000 millones al año que nos cuesta la Iglesia Católica a todos los
españoles, creyentes o no.
Un
informe de Europa Laica desgrana partida a partida de dónde sale esta
cifra aparentemente tan abultada. Y aunque no es fácil de calcular, dado
el oscurantismo con el que opera la institución, les ofrezco un
resumen: los ya referidos 251 millones vienen de la casilla exclusiva
del IRPF. Otros cien los recauda de la otra casilla, la de fines
sociales. Las exenciones y bonificaciones tributarias (no pagan IBI, ni
impuestos de patrimonio, sociedades, obras, etc.) les ahorran y nos
cuestan a los demás alrededor de 2.000 millones.
En la enseñanza, 4.900
millones (de los que 600 se nos van en pagar a profesores de religión).
Hospitales, 900 millones. Funcionarios capellanes militares (sí, han
leído bien), 50 millones. Mantenimiento del patrimonio, 600 millones.
Subvenciones diversas, 300 millones... Así hasta los 11.000. Una pasada
¿no? Sobre todo si está fuera del control y la transparencia que sí se
exigen, lógicamente, a cualquier asociación o fundación del tipo que
sea, más aún si recibe dinero público.
Hace
unos días, Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para asuntos
económicos de la Conferencia Episcopal, entrevistado por Pepa Bueno en
la Cadena SER, justificaba por qué no debían ser controlados por el
Tribunal de Cuentas y defendía la vocación de transparencia de la
institución: haremos lo que nos diga la Ley. Menos mal que aún no se les
ha ocurrido declararse insumisos fiscales (aunque lo tendrían difícil,
dado que viven en su paraíso fiscal particular).
Por
cierto, Giménez Barriocanal es también presidente y consejero delegado
de la COPE y, desde hace poco, presidente de 13TV, la tele de la
Iglesia, que desde que nació en 2010 ha perdido más de 60 millones de
euros, que han salido, año a año de la famosa casilla del IRPF (es
decir, la vean o no, les guste o no, sus números rojos los pagamos entre
todos). Una tele con fortuna, por cierto, el Gobierno del PP, cinco
minutos antes de las elecciones del 20-D, les adjudicó un canal de TDT
en abierto. ¡Ay, Mariano, lo que tienes que hacer para ganarte el cielo!
(*) Periodista
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