Con su acostumbrado garbo y contundencia
en el decir, el compañero Guerra ha instado a recurrir sin más al
artículo 155 CE. No a pensar en la posibilidad de hacerlo sino a
aplicarlo directamente, suponiendo que ello equivale a la suspensión de
la autonomía catalana. Es mucho suponer porque el tal artículo no quiere
decir nada al limitarse a prever que el Estado impartirá las órdenes
oportunas para que las CCAA que se aparten de la legalidad o el bien
común se retracten.
Pero eso no le importa a Guerra. Lo suyo no es
proponer algo viable desde el punto de vista de la legalidad sino dar un
puñetazo sobre la mesa, cerrar el debate de una vez por todas. Es un
gesto autoritario y un desaire al independentismo catalán, cada vez más
crecido precisamente a cuenta de estas intemperancias.
No
hay gran diferencia entre el ultimátum de Guerra y los desprecios de la
vicepresidenta del Gobierno al considerar que la independencia es una
“matraca” y que hay que acabar ya con ese “rollo”. La paciencia de la
nación española frente a la catalana es brevísima, tanto en la versión
nacional-católica del gobierno como en la liberal-doceañista de la
oposición. Ya está bien, hombre. Aquí no hay más nación que la española y
las demás son “matracas” que deben suspenderse sin miramientos.
El
PSOE ha iniciado su nueva andadura propugnando una problemática
plurinacionalidad de contenido necesariamente impreciso. Pero, por
impreciso que sea, no es compatible con la práctica de suspender una
autonomía de entrada, aquella, además, con un perfil más acusadamente
nacional y en cuya virtud se ha incorporado el concepto y se propone
reformar la Constitución.
La
Comisión Ejecutiva ha desautorizado la bravata de Guerra por
considerarla “cruenta”. Curioso adjetivo que da una pista de los
derroteros mentales de quienes se enfrentan al problema desde el
nacionalismo español. Por supuesto, el desautorizado habrá montado en
cólera, comprobando así cuánto han perdido él y los suyos con el
resultado de las primarias.
Sin
duda es una ventaja que el PSOE, aun respaldando la acción del gobierno
en lo que considera que son asuntos de Estado (básicamente Cataluña),
trate de diferenciarse y de aportar soluciones alternativas a la
estrategia del choque de trenes del PP. Y eso requiere “soluciones imaginativas”, como sugiere Enric Juliana,
muy preocupado porque la negativa cerrada y la represión hagan aumentar
el porcentaje de apoyo a la independencia entre la población.
Sin embargo, llama mucho la atención el sorprendente propósito de recurrir a la comunidad internacional en caso de que el gobierno aplique el artículo de marras.
La “comunidad internacional” es un enunciado tan impreciso como el de
la “plurinacionalidad”. En primer lugar, es necesario saber ante qué
instancia concreta se presentará el caso: la ONU, la UE, el TIJ y, en
segundo, quién en concreto lo presenta, con qué competencia y qué
perspectivas.
Desde
el punto de vista político, la “externalización” del artículo 155 viene
a coincidir con la política de internacionalización del conflicto que
lleva a cabo la Generalitat, de forma que el PSOE incurre en una curiosa
contradicción: apoya al gobierno en su política represiva, de negación
del referéndum e internacionalización del conflicto y, por otro lado, la
promueve él mismo.
No
obstante, estas contradicciones no son graves. Al contrario, son de
esperar cuando quienes llevan años ignorando un problema, descubren de
pronto que tiene dimensiones capaces de poner en riesgo su
supervivencia. Interviene entonces el instinto de conservación. Y el
instinto de conservación es ciego. Lo sensato no es evitar las
contradicciones sino atinar con la solución justa e “imaginativa”.
Y esta es muy sencilla. El NYT trae un editorial dictado por el pragmatismo yanqui
en el que se pronuncia por la celebración del referéndum y recomienda
votar “no”. Más o menos, lo mismo que propugna Podemos. Y, como no será
fácil descubrir lazos entre el NYT y la formación morada, será cosa de
concluir que la celebración del referéndum catalán no es algo absurdo,
ni demoníaco, ni ilegítimo, sino una posibilidad razonable. No se
entiende por qué no la hace suya el PSOE cuando es perfectamente
compatible con alguno de los sentidos de la plurinacionalidad.
Si
la objeción es exclusivamente referida a la legalidad, basta recordar
que “allá van leyes do quieren reyes”. Para que algo sea legal, basta
con que el legislador lo haga legal. El legislador no puede convertir lo
ilegítimo en legítimo, pero sí lo ilegal en legal. Está para eso.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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