MADRID.- Las comunidades autónomas volvieron a aumentar su dependencia de la financiación de la Administración Central el año pasado, pasando el porcentaje de su deuda total en poder del Estado desde el 47,7% de 2015 al 53,7%, siendo Murcia, la Comunitat Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha las regiones con mayor dependencia de financiación estatal el año pasado.
Así se desprende del documento 'La evolución de la deuda
pública en España en 2016', elaborado por el Banco de España, que
muestra que la ratio de deuda pública sobre el PIB se redujo por segundo
año consecutivo desde 2008, hasta alcanzar el 99,4%, frente al 99,8 %
registrado en 2015.
En concreto, el déficit primario y la carga de intereses
aportaron 1,7 y 2,8 puntos porcentuales del PIB a la deuda de 2016,
respectivamente, lo que supone tres décimas del PIB menos que en 2015 en
ambos casos, de forma que el déficit público fue de 4,5% en 2016.
Sin embargo, estos incrementos se vieron más que compensados
por las aportaciones del crecimiento del PIB nominal y del ajuste
déficit-deuda, que redujeron la ratio deuda-PIB en 3,4 y 1,6 puntos
porcentuales, respectivamente.
En términos de su estructura, la deuda de las
administraciones públicas en 2016 se concentró en instrumentos de largo
plazo (91,% del total), con una vida media ligeramente superior a los
seis años, y se materializó principalmente en valores (83,1% del total)
que aumentaron su peso en detrimento de los préstamos.
Entre 2015 y 2016, el Eurosistema adquirió deuda pública de
los países del área del euro por valor del 4,7 % y del 7,2 % de su PIB
en los años 2015 y 2016, respectivamente. Como resultado, las tenencias
de deuda pública española por parte del Banco de España se situaron en
el 12,9% del total de deuda pública (12,8 % del PIB).
Mientras, la deuda a corto plazo siguió perdiendo peso
con respecto al total de deuda en los principales países del
área del euro. El porcentaje del volumen de deuda que vence en menos de
un año disminuyó en términos agregados, lo que conllevó un ligero
incremento de la vida media del stock de deuda tanto en España como en
el área del euro.
Según el Banco de España, el denominado ajuste déficit-deuda
ha sido un factor "relevante" en la dinámica de la deuda pública en
España desde el comienzo de la crisis, como consecuencia de las
operaciones financieras de diversa naturaleza en las que se han
involucrado las administraciones, si bien en términos acumulados en los
últimos años su impacto ha sido escaso.
En concreto, estos ajustes redujeron el saldo de deuda en
2010 y 2011, cambiaron de signo en 2012, y contribuyeron a aumentar la
deuda ese año en 3,7 puntos del PIB y en 2013 en 1,5 puntos del PIB. En
2014 su efecto fue nulo, para volver a tomar un valor negativo en 2015 y
en 2016, disminuyendo la deuda en 2,1 y 1,6 puntos del PIB,
respectivamente, una variación que se explica en su mayor parte por la
enajenación de activos financieros.
En 2016, los pasivos de las administraciones públicas se
redujeron en 2 puntos del PIB, hasta el 139,1% del PIB. No obstante, una
vez que se tienen en consideración las operaciones entre los distintos
niveles de las administraciones públicas, los pasivos consolidados de
las administraciones son "notablemente inferiores" (117,2% del PIB), si
bien se sitúan por encima de su nivel en el área del euro (109% del
PIB).
El Banco de España explica que en los últimos años las
operaciones de endeudamiento entre los distintos subsectores ha
determinado un incremento de la deuda de la Administración Central
emitida en el mercado, que ha servido para financiar las CC AA y las
corporaciones locales, aunque también se han producido operaciones entre
la Administración Central y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
La deuda sin consolidar de la Administración Central se
situó en el 87% del PIB en 2016, 0,4 puntos porcentuales por debajo del
nivel de 2015. Si se tiene en cuenta que ha aumentado la financiación
concedida a otras administraciones, hasta alcanzar los 15,5 puntos,
principalmente frente a las CC AA, el volumen total de la deuda de la
Administración Central, una vez descontados esos activos financieros
frente a otras administraciones, se redujo en 2016 en 2 puntos
porcentuales.
Por su parte, la Seguridad Social registró un endeudamiento
del 1,5% del PIB, una décima menos que en 2015. Simultáneamente, en 2016
disminuyó de nuevo la cuantía de los activos de otras administraciones
públicas que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social mantenía en su
cartera. Estos activos, que llegaron a suponer un 5,8% del PIB en el año
2011, se redujeron hasta alcanzar en 2016 un 1,4%. Por tanto, por
primera vez desde el año 2003, la deuda de la Seguridad Social neta de
estos activos financieros fue ligeramente positiva (0,1% del PIB)
Con respecto al conjunto de las CC AA, su deuda aumentó en
2016 en 0,4 pp del PIB, hasta situarse en el 24,9 % del PIB. El
incremento fue generalizado entre CC AA, pero de diferente intensidad,
situándose en algunas de ellas en niveles de endeudamiento superiores al
30% de su PIB regional.
De su lado, las corporaciones locales redujeron su nivel de
endeudamiento en 2016, por cuarto año consecutivo, en 0,4 pp del PIB,
hasta situarlo en el 2,9 % del PIB. En el caso de las administraciones
locales, la deuda en su poder emitida por otras administraciones
públicas es nula, mientras que las CC AA sí que han recibido en los
últimos años un volumen significativo de financiación por parte de la
Administración Central.
A partir de 2015, la deuda de las administraciones
autonómicas en poder de esta última se encuentra englobada en el Fondo
de Financiación a las CC AA.
En cuanto al stock de los créditos comerciales y otras
cuentas pendientes de pago de las administraciones, en 2016 continuó el
proceso de disminución de estos pasivos de las administraciones frente a
empresas y familias, situándose en 88.500 millones, por lo que acumulan
ya una caída de 3,3 puntos del PIB desde el máximo de 131.400 millones
registrado en 2011. La deuda pública neta representó en 2016 el 33,2%
del PIB en términos de activos consolidados.
En relación con los avales concedidos por las
administraciones españolas, el volumen de estas operaciones concedidas
por el Estado se ha reducido en 7,2 puntos del PIB desde que alcanzó su
máximo en 2012, hasta situarse en el 9% del PIB en 2016, como resultado,
sobre todo, de la disminución de los avales vivos mantenidos con
entidades de crédito.
Por último, la deuda de las empresas públicas españolas se
situó a finales de 2016 en el 3,6% del PIB, registrando una caída en
términos nominales por quinto año consecutivo.
La reducción acumulada en
estos cinco años ha sido de 9.400 millones, siendo esta especialmente
acusada en el caso de las empresas públicas dependientes de las
administraciones de las CC AA y, en menor medida, de las corporaciones
locales.
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