En el
programa ‘Por una nueva socialdemocracia’, presentado por Pedro
Sánchez para las primarias a la Secretaría General del Partido
Socialista se presenta la opción de implantar la renta básica como
una de las propuestas clave para mejorar las condiciones del
mercado laboral español. Está en las antípodas de lo dado a
conocer esta semana por la Organización por la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
Esta
misma semana la OCDE en su informe viene a sumarse a la opinión de
otros muchos expertos que no solo consideran inviable su implantación,
por el enorme coste que supondría -entre un 5 y un 7 % del PIB- sino
que, además, tendría los efectos contrarios a los que se buscan.
Dice la OCDE que, paradójicamente, frente a lo que se piensa antes de
hacer cálculos y cuentas, la instauración de una renta universal
tendría muchas más consecuencias negativas que positivas, incluidos para
los pobres, las primeras personas en las que se ha pensado a la hora de
tratar de aplicar la medida. Salvo que se aumentara de forma
exponencial el gasto público, lo que estaría en contra de otro de los
principios del programa de Pedro Sánchez que admite el equilibrio de las
cuentas públicas como defiende la Unión Europea, no sería sensato
aplicarla.
Bien es cierto que el informe llega a tiempo. El proyecto de Pedro
Sánchez es todavía una propuesta que debe debatirse en el Congreso del
PSOE que se celebrará desde el 16 hasta el 18 de junio. Choca con las
ideas que defienden otros pesos pesados en materia económica del partido
como, Miguel Sebastián, quien fuera Jefe de la Oficina Económica de
Rodríguez Zapatero y más tarde ministro de Industria y Energía.
También es contraria a las ideas de quien ha redactado la propuesta
económica fundamental para el Congreso a petición de la gestora, José
Carlos Díez. Pese a la relevancia del profesor Díez no parece que vaya a
prevalecer su texto, sobre todo si tenemos en cuenta el alto concepto
que tiene el equipo de Pedro Sánchez de sus propias propuestas.
El nuevo portavoz provisional en el Congreso de los Diputados, José
Luis Ábalos, decía recientemente que parte de su victoria se debe a que
“hay un buen programa” que ha logrado proyectar un “imaginario superior”
al del propio programa, “como en el 82”.
Les vendrá muy bien a los expertos del partido socialista consultar
el informe de la OCDE para comprobar la amplitud de recursos que hay que
detraer a unos hogares para darse cuenta que los resultados no son tan
satisfactorios como el voluntarismo quiere hacernos creer.
Los resultados resultan decepcionantes sobre todo por lo que afecta a
la lucha contra la pobreza, según las conclusiones de los expertos del
organismo con sede en París.
Si optamos por la hipótesis de aplicar una renta básica universal
equivalente al salario mínimo interprofesional en España, distribuido a
toda la población en edad de trabajar, el conjunto a financiar supondría
no menos de 150.000 millones de euros.
Una tercera parte podría provenir de la supresión de las prestaciones
actuales, otra tercera parte necesitaría que se subieran los impuestos
de la renta, incluyendo también las rentas que ahora no tributan para no
incrementar el déficit. La importancia de los números es de tal
magnitud, que resulta necesario que cuando nos vuelvan a presentar esta
propuesta, cualquiera que sea el partido, especifique como y quienes van
a financiarla.
Porque el estudio de la OCDE es preocupante. Todos los niveles de
renta, no solo el de los más ricos que deberían financiar una parte de
la introducción de la renta universal, perderían, salvo que los
impuestos subieran una media superior al 20 %.
Nadie puede negarle a los partidos la necesidad de ilusionar a sus
votantes. Pero harían muy bien en consultar el trabajo de la OCDE para
no ofrecer sueños irrealizables. No es una cuestión menor.
(*) Periodista
No hay comentarios:
Publicar un comentario