miércoles, 17 de mayo de 2017

La Audiencia de Madrid revoca una condena al especulador murciano Trinitario Casanova


MADRID.- La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la sentencia condenatoria que existía contra Trinitario Casanova Abadía, por el caso Banco Popular, dejándola sin efecto, según indicó a través de un comunicado Baraka, el grupo que preside el empresario y especulador murciano.

Casanova había sido condenado a un año de prisión, por la magistrada del juzgado de lo Penal nº 29 de Madrid, Beatriz Prestel, al considerarlo culpable de un delito contra el mercado y los consumidores tras difundir falsos rumores de OPA en el Banco Popular para aumentar el precio de las acciones en 2008.
El fallo, que ahora queda anulado, inhabilitaba al promotor murciano para intervenir en el mercado financiero durante el tiempo de la condena. En la sentencia, Prestel estimaba las alegaciones presentadas por la acusación particular del propio banco, así como las del Ministerio Fiscal que, en sus conclusiones, reprochaba a Casanova no haber sido consciente del alcance de un delito que consiguió alterar la Bolsa durante junio de 2008.
En concreto, explicaba entonces el fiscal en su escrito de acusación, Casanova llevó a cabo "artimañas informativas, administrativas y financieras" con el objetivo de detener la devaluación de las acciones del Popular en su propio beneficio.
Según se desprendió entonces de la investigación, Casanova suscribió, a través de una sociedad de la que era administrador único, un acuerdo con el holandés Fortis Bank para financiar la compra de más de 42 millones de acciones, haciéndose con un 3,5% de la entidad.
Ante la tendencia a la baja, el ahora absuelto, lanzó el rumor al diario 'Negocio' de que un grupo de empresarios, entre ellos el magnate mexicano Carlos Slim, estudiaba lanzar una OPA sobre el banco, con una prima superior al 50%, lo que provocó un importante incremento de la cotización del Banco Popular.
En aquel momento, Casanova cargó contra el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, entonces representante legal de los supuestos accionistas y cuya declaración como testigo se considera núcleo de la denuncia contra Casanova. 
Según la versión del ahora absuelto, fue el político gibraltareño quien contactó en nombre del grupo inversor mexicano Blueprime, supuestamente interesado en comprar sus acciones.
El Tribunal estimó así entonces que fue el propio promotor quien emitió de forma voluntaria tales informaciones que, según explicó la CNMV durante la vista oral, ocasionaron un perjuicio de 38 millones.

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