ZARAGOZA.- “Las compañías
eléctricas no tienen ninguna obligación, como norma general, de hacer
ninguna cesión para usos sociales en el territorio en el que se
encuentran sus centrales hidroeléctricas de cantidad de dinero alguna”,
sostiene un portavoz oficial del Ministerio de Medio Ambiente sobre el
conflicto de la energía reservada, que lleva cinco años deambulando por
tribunales y sedes administrativas desde que, a principios de 2012, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) pusiera el tema sobre la mesa, recoge Público.
El departamento de Isabel García Tejerina, que ya ha dado sobradas muestras de pasividad ante la inminente nacionalización en cascada del
sector hidroeléctrico español, tampoco parece tener la menor intención
de implicarse para que esas empresas comiencen a cumplir de una vez las
cláusulas de sus concesiones que, desde hace décadas, les obligan a ceder el 25% de su producción a precio de coste para fines sociales en los territorios afectados por los pantanos en los que producen luz.
El cumplimiento de esas cláusulas haría mella
en las cuentas de las compañías eléctricas. El año pasado, por ejemplo,
habría condicionado el destino de casi 10.000 de los 39.053 gigawatios (millones
de kilowatios/hora) que las centrales hidroeléctricas españolas
generaron el año pasado, y que supusieron el 25,1% de la producción
energética del país.
Costes, precios y negocio
El gigawatio tiene, según los cálculos de la CHE para los grandes embalses de Mequinenza y Ribarroja,
un coste de producción de entre 8.270 y 9.060 euros, que Endesa eleva a
una horquilla de 53.480 y 73.260. Sin embargo, como consecuencia del
enrevesado sistema tarifario del mercado eléctrico español, se le
facturan al consumidor a entre 122.000 y 144.000, a precios de 2015.
De hecho, las hidroeléctricas son, junto con
las nucleares, las instalaciones más rentables para las compañías, ya
que, al estar mayoritariamente amortizadas por su antigüedad, sus costes de generación son los más bajos y la energía se vende al precio del sistema de producción más caro.
Destinar el 25% de esos 39.052 gigawatios a usos sociales reduciría el volumen de negocio de las hidroeléctricas entre 1.191 y 1.405 millones de euros, una cifra que variaría cada año en función de los flujos de generación y de los precios de venta.
La restitución territorial
Pese a su oposición a la iniciativa de la CHE,
el Ministerio de Medio Ambiente admite que las compañías “en todo caso,
tienen que atender a lo que indique el condicionado de la concesión” de
sus centrales y que las confederaciones son las encargadas de supervisar el cumplimiento,
aunque especifica que, “en materia de restitución territorial”, estas
deben antes determinar si los efectos del pantano sobre el “equilibrio
socioeconómico” de los pueblos afectados son positivos o negativos.
La misma fuente asume que la concesión de
Mequinenza, y también la de Ribarroja, “venía a reservar un derecho
preferente al consumo de una parte de la energía producida (…) en favor
de las obras y servicios a cargo del ministerio o ciertos servicios
públicos oficiales”, aunque matiza que “en ningún caso mencionaba que
debiera haber ninguna compensación económica diferente del consumo de energía que fuera a solicitarse para tales usos y al precio estipulado previamente”.
Medio Ambiente, que rechaza que las
eléctricas deban entregar a las confederaciones el valor en dinero de
esa energía reservada, ya se había mostrado partidario hace unos meses
de renegociar central por central las condiciones de las concesiones para adaptar sus exigencias a la evolución del mercado eléctrico, en el que los grupos eléctricos tienen segregados los negocios de generación, distribución y comercialización de energía.
Revisar las exigencias
Todo apunta a que la revisión de esas
exigencias para las compañías tendería a la baja. Entre otros motivos,
porque la entrega de esa energía reservada ya ha comenzado a producirse
en la cuenca del Ebro, donde Acciona y Endesa han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) las resoluciones que les obligan a realizarla.
Acciona la cede a 29.720 euros el gigawatio
–entrega su valor-, mientras Endesa mantiene unas discrepancias sobre
la tasación que llevaron el expediente hasta la mesa de la ministra
García Tejerina en agosto de 2014.
Esta optó por posponer la solución pidiendo
al Consejo de Estado un dictamen que, en todo caso, “no entrará en el
fondo de la cuestión” y se pronunciará, “únicamente, sobre la
discrepancia en el precio a aplicar a la energía reservada”.
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