Corría el año 1995 y en abril la Comisión Europea decidió la creación
de un denominado Comité de Sabios con el objetivo de presentar a la
misma una serie de medidas relacionadas con “el déficit social que se
observa” en la construcción europea. Ese comité presidido por la
exprimera ministro de Portugal María de Lourdes Pintasilgo se forma
inmediatamente y en febrero de 1996 entrega su informe precisamente
titulado “Por un Europa de los derechos cívicos y sociales”, texto que
finaliza con veintisiete propuestas para lograr ese objetivo que se
concreta, textualmente, en la consecución de un “Bill of Rights” con
dimensión europea.
Para ello se parte, como afirma el informe, del hecho de que “Europa
es un estado social” a través de la realidad a esa fecha de sus Estados
miembros, base para un espacio común para esa dimensión social. Se habla
de una unión social para “hacer progresar la construcción de la Unión”,
una unión ya avanzada en los aspectos económicos y financieros. Se
insiste en que esto es “una necesidad urgente” ya que “los derechos
cívicos y los derechos sociales son ahora interdependientes”. En
resumen, el objetivo es superar el desequilibrio entre lo económico y lo
social ya que los países miembros y la unión se presentan siempre al
mundo como baluartes y símbolos de la “economía social de mercado”.
Estamos en 1996.
No hubo mucho más tras la presentación de este informe hace ya poco
más de veinte años. Y sin embargo hasta el inicio de la llamada Gran
Recesión hace una década, hubo tiempo y oportunidades para avanzar en
esa ambiciosa agenda social articulando políticas comunitarias. No fue
posible, por falta de voluntad política, superar las discrepancias
internas y por ello la mayoría de los escasos avances producidos lo
fueron individualmente.
A partir de 2007-08 las urgencias, como es bien
sabido y sufrido, fueron otras. La austeridad a ultranza, traducida
sobre todo en recortes presupuestarios y salariales, lo preside todo.
Esta política trae como resultado un crecimiento menor o, incluso muchas
veces y en muchos países miembros, un decrecimiento de la riqueza y del
bienestar colectivo, un aumento del paro y de la precariedad laboral
así como de las desigualdades, tanto de resultados como de
oportunidades.
En suma, una muy grave crisis social especialmente en
ciertos países entre ellos España. Todo ello con el correlativo y lógico
incremento del malestar y del descontento social con su inevitable
corolario de aumento de los populismos y movimientos xenófobos. Lo que
era una crisis económica en su origen va mutando y hoy, cuando la
economía parece que inicia una tímida y frágil mejoría, se convierte en
una crisis política mientras la crisis social permanece y parece de
largo aliento.
Es en estas circunstancias cuando, hace una semana, la Comisión
Europea reaparece con la propuesta de un giro social. Lo hace en víspera
de la segunda vuelta de las elecciones francesas, con las negociaciones
del Brexit asomando, con Italia con creciente malestar, con
escepticismo europeo creciendo en varios otros países entre ellos el
nuestro y, en síntesis, cuando la idea de Europa se asocia por sus
ciudadanos cada vez más a mínimos avances sociales asociados a una
construcción económica con cada vez más obstáculos y como máquina de
producir progreso muy mal repartido. Quizá ahora sirva de algo el
informe de ese Comité Pintasilgo en su día relegado a las estanterías
del olvido.
(*) Economista del Estado
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