Asistimos a un vendaval de investigaciones judiciales sobre casos de
corrupción. Afectan al PP en diferentes Comunidades, al PSOE en
Andalucía, a los convergentes y colegas en Cataluña. Lo que viene siendo
a los que gobiernan. Es un tsunami, porque durante años ha habido barra
libre, y se lo han llevado crudo a braga quitada, que escribiría
Umbral, no ha habido pudor, han sido impúdicos e insaciables, y el
personal se ha cansado, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
(FCSE) y la Justicia se han puesto manos a la obra, y esto es un no
parar, un sin vivir.
Está bien que policías, guardias civiles, jueces y fiscales sean
implacables. Pero ojito que la cosa se va a veces de madre, y en un Estado de Derecho, todos, absolutamente todos los ciudadanos, sin
excepción, al margen de que hayan podido cometer delitos horribles,
tienen derecho a un juicio justo, lo cual conlleva una investigación
previa atinada. Y aquí, como en otros sitios, a veces se le da carácter
de hecho probado a informes policiales porque sí, y las FCSE se pueden
equivocar, y se equivocan, como nos sucede a todos, y entre ellos, como
en todos los oficios, también hay corruptos, y negligentes al servicio
de intereses inconfesables.
El último episodio, la investigación o imputación de la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la inmediata reacción del
órgano jurisdiccional competente aclarando que no hay imputación alguna
y que solo existe un informe de la Guardia Civil que no contiene
suficientes elementos inculpatorios es una advertencia más para todos
respecto al cuidado que hay que llevar en este terreno. En las horas que
pasaron desde que se hizo público el informe de la UCO hasta que el
juez advirtió que no había pruebas para abrir una investigación contra
la presidenta madrileña se puso en marcha el ventilador y el personal,
político y civil, se lanzó a degüello. No me habría gustado estar en su
pellejo.
Cuesta un minuto destrozar una reputación y puede que no de una vida
para restituirla. Y no es solo Cristina Cifuentes, hay más casos, en
estos asuntos de corrupción a mansalva y en muchos otros. Y las FCSE y
la Justicia no pueden envolverse en la causa necesaria de la lucha
contra la corrupción para convertirse en una trituradora indiscriminada y
que valga todo. Es esencial respetar las normas del Estado de Derecho.
No hay duda de que el PP ha hecho muy mal las cosas, y hay un cúmulo
de pruebas que acreditan que se ha financiado al margen de la ley, y que
muchos dirigentes del partido han actuado de modo inaceptable y se han
enriquecido y han posibilitado el enriquecimiento de los amiguetes, a
costa en buena medida de dinero del erario, o sea, de todos. Como hay
pruebas respecto al PSOE con los ERE en Andalucía y respecto a los
convergentes y el 3% o mucho más en Cataluña. Pero ello no justifica la
barra libre, la trituradora a destajo.
(*) Periodista
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