lunes, 15 de mayo de 2017

El fiscal Anticorrupción investiga ahora si PAS cometió otro presunto delito con el Auditorio: fraude de subvenciones

MURCIA.- El fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ha decidido abrir la vía para atribuir al expresidente regional Pedro Antonio Sánchez un supuesto delito de fraude de subvenciones por un uso indebido de la ayuda de seis millones de euros que permitió levantar el auditorio de Puerto Lumbreras y sus indagaciones comienzan a dar sus frutos, según adelanta La Verdad. 

El Ministerio Público sospechaba que el Ayuntamiento, cuando estaba encabezado por Sánchez, pudo solicitar la subvención millonaria sobre un solar de la rambla de Nogalte, en el que inicialmente se iba a construir el auditorio, que ni siquiera era municipal. De esta forma, la referencia efectuada a que allí se iba a ubicar el complejo cultural habría sido utilizada, de forma supuestamente fraudulenta, para obtener la ayuda.
A raíz de estas sospechas, el fiscal reclamó el pasado abril al magistrado instructor del caso, Julián Pérez-Templado, que instase al Ayuntamiento lumbrerense a identificar, mediante su referencia catastral, la parcela de la rambla de Nogalte en la que se aseguró que se iba a levantar el centro, ya que diversos datos apuntaban a que el Consistorio ni siquiera era dueño de ese terreno cuando pidió la ayuda pública. 
Una suposición a la que el propio Consistorio acaba de dar fundamento. El secretario general del Ayuntamiento asegura, en un escrito dirigido a la Sala de lo Civil y lo Penal, al que ha tenido acceso 'La Verdad', que el terreno no es municipal y que desconoce siquiera quién es el dueño del mismo. «No constan inventariadas ninguna de las parcelas (...) y, por lo tanto, no nos consta número de inscripción registral de ninguna de ellas». 

«Totalmente diferente»
El propio Pedro Antonio Sánchez confesó en su declaración como investigado -antes imputado- que el proyecto de auditorio que finalmente se construyó se hizo sobre otro solar y que era «totalmente diferente» al que sirvió para conseguir la subvención. En base a estos datos, el fiscal Anticorrupción considera que puede existir base para atribuir al expresidente murciano un quinto delito, además de los de prevaricación continuada, malversación, fraude y falsedad documental: el de fraude de subvenciones. 
Este supuesto hecho delictivo consiste en el incumplimiento de las condiciones establecidas en el decreto por el que se concedió la subvención, «alterando sustancialmente los fines» -como señala el Código Penal- para los que se libró esa ayuda pública.
Lejos de esta postura, la defensa de Sánchez, según explicó en un escrito reclamando que no se aceptase la prueba, considera que no existió engaño alguno a la Administración regional por parte del Consistorio lumbrerense que, en 2006, presidía el investigado. 
«El objeto de esa concesión directa es una infraestructura cultural en el municipio de Puerto Lumbreras y a eso se ha destinado la subvención», remarcó.

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