Orden y progreso / Ramón Cotarelo *

Es el lema de la doctrina positivista de Auguste Comte, que dominó buena parte de los siglos XIX y XX y aún hoy pervive en la bandera del Brasil, Ordem e progresso, aunque ya desprovisto de sus connotaciones dinámicas, avanzadas, progresistas. Para la mentalidad conservadora, hoy dominante, lo esencial es el orden, hasta el punto de que solo admite el progreso que se dé dentro de él. “El orden reina en Berlín”, escribía Rosa Luxemburg el 14 de enero de 1919, después de la derrota de la revolución y un día antes de que la asesinaran.

El progreso, sin embargo, suele darse rompiendo los límites del orden. Hay lo que llaman el crecimiento orgánico que supone evolución sin rupturas. No obstante muchos otros progresos van acompañados de rupturas del orden previo y, de este modo, la cópula original se convierte en antagónica.

Esa oposición metafórica explica a mi entender el sentido de las primarias: Díaz representa el orden y Sánchez el progreso. Díaz es secretaria general del PSOE(A) y presidenta de la CA andaluza. Orden. Cuenta con el aparato del partido y la gestora. Más orden. Tiene el apoyo de los barones. Orden y ordenanzas. Su discurso es institucional. Un discurso de orden que solo se diferencia del del PP en que quiere ponerse en su lugar.

Sánchez simboliza la mudanza, la renovación, el progreso. Se enfrenta al aparato, la institución, los barones y lo hace como un revenant justiciero, a vengar una afrenta, no en nombre propio, sino en el de aquellos que lo votaron en su día y a quienes se ha arrebatado su elección mediante un golpe de mano. Incidentalmente esto prueba también la inepcia de los golpistas (“chusqueros” los considera Borrell) al no rematar a su víctima. Regla básica del arte de la guerra: no puedes dejar al derrotado en situación de volver a atacar. De hecho, la caudilla lo había formulado nítidamente: “yo a ese lo quiero muerto”. No era un anhelo de necrofilia, sino una orden de ejecución.

Pero la ejecución no se consumó. No hubo tiro de gracia y el derrotado de ayer, habiendo levantado bandería entre la militancia por la recuperación de su dignidad, ha encendido un movimiento regeneracionista interno al PSOE. La ola está muy en la línea de la izquierda actual, con una ventaja añadida nada nimia: no es virtual, como los círculos de Podemos, sino muy real en las agrupaciones y casas del pueblo de todo el país. Esta candidatura ha despertado un adormecido orgullo de partido de izquierda democrática, en clara competencia con Podemos y que los adocenados dirigentes del orden y el aparato ni imaginaban. El progreso, la renovación del partido ha roto los límites del orden establecido y amenaza arrollar a su candidatura, que iba a culminar su carrera de apparatchik calzándose la SG en una vistosa parada.

El lunes que viene debatirán los tres aspirantes casi en cónclave, pues lo harán en Ferraz y a las 13:00, pasando la señal a las televisiones. Casi secreto. A la recogida de avales brotó la primera sangre. Pero el duelo ha seguido. Ahora es a muerte, figurada, claro. Duelo Díaz-Sánchez con el tercero López que, en realidad, por sus posibilidades y lo que dice, es más un testigo y, según algunos, padrino de Díaz. Padrino en el sentido de los lances de honor.

El debate debiera ser más abierto y en una TV pública o privada comercial de amplia audiencia. La gente está interesada en escuchar al próximo SG del PSOE y aspirante a presidenta . La cosa promete. Sánchez llega pertrechado con un documento repleto de propuestas en positivo tanto para la organización del partido y su relación con la otra izquierda, como para la gobernación del Estado, incluido el peliagudo tema territorial. Díaz, por el contrario, no trae nada. Parece que dedicará el fin de semana a pergeñar algo parecido a un programa de gobierno, que así saldrá. En cuanto al partido, nada: que todo siga como está, pero muy unido, con muchas ganas de ganar, en fraternidad de compañeros con ganas de ganar para disponer de un PSOE con ganas de ganar y que haga honor a un glorioso pasado con ganas de ganar. 

 

Y así, a veces, emprende vuelo: la dirección del partido no tiene que estar en contacto directo con la militancia. Sí señor, para eso se inventaron los “cuerpos intermedios” durante las guerras de religión, muy actuales, como se sabe. El PSOE no es de izquierdas ni de derechas. Ni de centro, que no existe, pues la derecha se toca con la izquierda por su izquierda y la izquierda con la derecha por su derecha. ¿A que está claro? Respecto a la otra izquierda, asegura llena de desdén solo es útil cuando resuelve los problemas de la gente. Cierto. La otra izquierda, la derecha, el centro, el extrarradio y ella misma como persona: solo son útiles si son útiles.

La candidatura de Sánchez reitera su opción por la alianza de izquierda y la plurinacionalidad del Estado, sin entrar en mayores dibujos pues no es el momento. Se disipa así la interpretación malévola de El País de que el candidato daba con la puerta en las narices a Podemos. Hubiera sido absurdo. En primer lugar porque en democracia no debe darse con la puerta en las narices a nadie. Y aprovecho para señalar que “nadie” es “nadie” y no debe pues darse con la puerta en las narices a los indepes catalanes. En segundo lugar, los otros deben poner las narices para que les den en ellas y no parece ser el caso de Podemos ni de JxS.

Si Podemos o JxS se niegan a dialogar o ponen condiciones sine qua non, habrán situado la pelota en su propio tejado. Lo que el PSOE debe mostrar es una disposición a dialogar con todo el mundo sin condiciones. Esa es una posición más sensata y, es de suponer, ganadora, frente a la cerrazón de Díaz, que condena al PSOE a una sola salida: servir de muleta al gobierno del PP. Lo cual tampoco estaría mal necesariamente de no ser porque, en las circunstancias actuales, ni el PP ni Rajoy están en condiciones de gobernar. 

 

 

Jueces contra políticos

La respuesta judicial del Estado español a la aplicación de la hoja de ruta de la mayoría parlamentaria enfrenta a dos poderes del Estado con intención de someter el uno al otros, el parlamentario al judicial. Obviamente, esto atenta contra la separación de poderes y la soberanía del Parlamento, cuyos miembros gozan de inviolabilidad en el ejercicio de su cargo. Esa inviolabilidad que Carme Forcadell i Anna Simó han demandado a la jueza que les ampare.

La inviolabilidad hace referencia a la función política del Parlamento. Este no pretende sustraerse a la acción de los tribunales en asuntos no políticos, de derecho común, incluso aunque la pintoresca institución del aforamiento suela extenderse en efecto a estos asuntos y se haga por huir de la acción de la justicia, lo cual no deja muy bien parados a los representantes del pueblo.

No es el caso con la función política del Parlamento y su concreción legislativa, que es soberana. En el caso de que la acción política del legislativo sea objeto de prohibición judicial, la mesa y su presidenta se verán en la disyuntiva de acatar la decisión judicial (prohibitiva) incumpliendo el mandato de la mayoría parlamentaria o cumplir este mandato y, por tanto, desacatar la decisión judicial. Si hace lo segundo pondrá al Parlamento bajo control judicial.

Se dirá que el Parlamento catalán no es soberano, como tampoco el TSJC lo es frente al Tribunal Supremo. Pero, a diferencia de la jerarquía aceptada de los tribunales, el Parlamento español, depositario de la soberanía, no la comparte con el Parlamento catalán.

 

Por este motivo, los partidarios de la mano dura judicial contra el independentismo señalan que no se encausa a nadie por sus manifestaciones u opiniones políticas, sino por la comisión de presuntos ilícitos como la desobediencia. Porque este es el núcleo del problema: tratar como una cuestión de legalidad por vía de represión judicial una que es eminentemente política, que se plantea en el terreno de la legitimidad. Desde la legitimidad suele ponerse en cuestión la autoridad de los tribunales –de estos tribunales concretos- para entender de la causa.

De aquí que este proceso sea un proceso político, se quiera o no. Es político porque los justiciables son políticos, con objetivos puramente políticos y sostienen que actúan en función de unas convicciones políticas y morales. El Estado niega este carácter político y moral a la cuestión. Pero eso es lo que han hecho siempre los Estados que se han enfrentado a movimientos de disidencia masiva y pacífica. Han perseguido a los dirigentes, acusándolos y condenándolos por la vía penal ordinaria.

El mismo Estado que insta la acción de los tribunales en defensa de la legalidad es el que acomete presuntas actividades de guerra sucia, como la denominada Operación Cataluña. Por descontado esto no afecta a la cuestión de que aquí se trata pero dibuja un contexto de operación política en todos los frentes, uno de los cuales es el judicial. Por una multitud de razones puede sostenerse que el poder judicial en España (incluido ahora el Tribunal Constitucional ya que tiene facultades que antes no tenía) no es independiente del poder político, sino, al contrario, su brazo ejecutor.

Reducir un conflicto político con choque de legitimidades (la soberanía del pueblo español y la del pueblo catalán y las de sus respectivos parlamentos) a una cuestión penal, individualizando la responsabilidad y, es de suponer, tratando de dar un escarmiento, no es una solución. La explicación de que se juzga la desobediencia concreta de Carme Forcadell et al., no puede ignorar el hecho de que esta presunta desobediencia se produjo por la obediencia a un mandato político de otro poder. Que detrás de Carme Forcadell hay centenares de miles, millones de voluntades. Que se juzga un símbolo. Los tribunales pueden inhabilitar a los imputados, pero ¿qué harán con los que los sustituyan en los cargos y procedan del mismo modo?

Al final, si quienes ejercen los cargos públicos son inhabilitados sistemáticamente será preciso dar un paso más y suspender las instituciones de autogobierno catalán. Esto es lo que demandan ya muchas voces de la derecha política y mediática. Y, llegados a esta situación, el nacionalismo español tendrá un problema constitucional por negarse a reconocer que tiene un problema constitucional. 

 

 

 

(*)  Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED