La Comisión Europea acaba de publicar las recomendaciones que realiza
a España como parte del Semestre Europeo 2017. A menudo, los gobiernos
nacionales utilizan a las instituciones europeas como excusa para
justificar sus políticas más impopulares. En realidad, las
recomendaciones que realizan son, en general, sensatas y nos convendría
aplicarlas aunque nadie nos indujese a hacerlo.
Bruselas, por ejemplo, enfatiza la ineficiencia del gasto público de
las diferentes administraciones españolas. Un tema prácticamente
desaparecido del debate político español, donde la gran cuestión reside
en el nivel del gasto público total, no en su composición. Desde este
punto de vista, como por lo visto todo el dinero público se dedica a
comprar medicinas para los enfermos y a cubrir necesidades similares,
cualquier reducción resulta inhumana. En realidad subsisten importantes
ineficiencias en el gasto, especialmente en Comunidades Autónomas,
Diputaciones y Ayuntamientos. Por ello, la Unión Europea anima a que la
AIReF complete una revisión exhaustiva de la eficiencia del gasto
público en todos los niveles de gobierno. Mejorar los procedimientos de
contratación pública, tradicional semillero de corrupción, es otra de
sus recomendaciones.
Ese ahorro en gastos ineficientes permitiría fortalecer otros gastos
esenciales, como los realizados en investigación y desarrollo. El
esfuerzo investigador en España resulta insuficiente y se encuentra
disperso entre niveles de gobierno descoordinados. La Comisión recuerda
que los resultados han declinado en este campo y son actualmente
inferiores a los alcanzados en 2007, por lo que la distancia respecto a
la media de la Unión se ha ampliado.
En otra acertada recomendación, la Comisión señala la necesidad de
reforzar la Ley de Unidad de Mercado y de combatir las barreras que
dificultan tanto la creación como el posterior aumento de tamaño de las
empresas. España sigue siendo un país en el que tienen excesivo peso las
Pymes. Algunas de estas barreras, a menudo de origen regional, están
poniendo en peligro el desarrollo de nuevas actividades, como las
relacionadas con la llamada economía colaborativa.
Entre las recomendaciones europeas más polémicas siempre suelen estar
las que tienen que ver con el mercado de trabajo. No obstante, lo que
señala la Comisión es esencialmente correcto. España sigue teniendo una
tasa de temporalidad muy elevada. La transición desde los contratos
temporales a los indefinidos es muy limitada. Este abuso de los
contratos temporales de corta duración tiene numerosos efectos
perversos, como una menor productividad, peores condiciones laborales y
mayores riesgos de pobreza. En consecuencia, el ejecutivo comunitario
reclama medidas para impulsar la contratación indefinida y combatir la
dualidad laboral, que tanto perjudica a nuestros jóvenes.
El informe recuerda que los costosos incentivos a la contratación no
se concentran lo suficiente en fomentar el empleo indefinido. Así mismo,
señala la necesidad de reforzar la coordinación entre los diversos
servicios de empleo regionales, los servicios sociales y los
empleadores, para responder mejor a las necesidades de quienes buscan y
ofrecen empleo.
Las disparidades regionales reaparecen de nuevo en el crucial asunto
de los sistemas de garantías de ingresos mínimos; las cuantías recibidas
y las condiciones de acceso varían mucho entre Comunidades Autónomas,
en detrimento de las menos favorecidas (precisamente donde se concentran
los problemas).
En cuanto al sistema educativo, en los niveles inferiores se destaca
la alta tasa de abandono escolar temprano, que sigue estando entre las
más altas de la Unión Europea pese a las mejoras recientes. Más
formación para los profesores y el apoyo individualizado a los alumnos
ayudarían al éxito educativo. En el nivel universitario, existe un
amplio margen de mejora para vincular más el sistema educativo y el
mercado laboral. En este ámbito, una vez más las diferencias entre
Comunidades Autónomas son considerables. La Comisión subraya también la
baja movilidad de alumnos y profesores.
El documento incluye entre los males de la economía española la
corrupción; otro acierto, pues se trata de un fenómeno con indudables
repercusiones económicas. Dados los numerosos casos que afectan a las
administraciones regionales y locales, a la Comisión le sorprende que no
se hayan desarrollado estrategias preventivas específicas en esos
niveles de gobierno. Además, llama la atención sobre la falta de
legislación para proteger a los denunciantes, la falta de independencia
de la Oficina de Conflictos de Interés y la todavía defectuosa
regulación de los grupos de presión. La reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que limita los plazos de instrucción, podría
empeorar la situación en los casos más complejos de corrupción, al
dificultar la tarea de la acusación.
Globalmente, las medidas que propone la Comisión Europea (aunque un
tanto genéricas) están llenas de sensatez. La agenda política española
debería estar dedicada a concretarlas. Por el contrario, la mayoría de
estos asuntos tiene relativamente poco peso en el debate político
interno. Tal vez debido a que la resolución de la mayoría de estos
problemas implicaría reconocer los errores de diseño cometidos en un
desordenado proceso de descentralización, tema casi tabú que cada vez
resulta más difícil de abordar racionalmente. En cualquier caso, a la
vista de sus verdaderas recomendaciones, no parece justo convertir a la
Unión Europea en el chivo expiatorio causante de nuestros propios
problemas. La Unión Europea de lo que forma parte es de las soluciones.
(*) Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
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