Vaya, el final no ha conseguido usted
evitarlo y tendrá que comparecer ante los jueces, bien es cierto que
como testigo, de cuya honorabilidad no se duda; al contrario, se le da
crédito de antemano pues se presume que dirá la verdad. Ignoro cómo se
le dará eso, cuando lleva usted años sin hacerlo. Y no es lo peor. Lleva
usted casi un mandato y medio (contando con el tiempo en funciones)
concentrado no en gobernar, sino en pergeñar tácticas procesales en
favor propio, sortear los bajíos judiciales de esa condenada causa
Gürtel que ya le estalló cuando aún estaba en la oposición y que le
persigue sin descanso, como las Furias a Orestes.
Es
inolvidable aquella escena que montó usted en la sede del PP, en la que
compareció ante los medios, rodeado de la plana mayor de su partido
para advertir que la Gürtel "no era una trama del PP, sino una trama
contra el PP". De esa trama acaba de salir un autobús, el tramabús,
en el que viajan usted y algunos de los que figuran en aquella famosa
foto de Génova. Otros de la instantánea también podrían aparecer en el
vehículo: Barberá, Arenas, Camps, Mato.
Usted,
su gobierno y su partido han hecho lo que han podido por obstruir la
acción de la justicia: han recusado y conseguido inhabilitar jueces, han
destruido pruebas, han desoído autos judiciales, obligando a los jueces
a ir por vías ejecutivas, se han personado en procesos con ánimo
torticero de obtener información y torpedear los procedimientos.
Prácticas dilatorias y embarulladoras en las que Trillo era un as. Usted
mismo ha conseguido sortear tres peticiones previas de comparecencia en
el proceso de la Gürtel en alguna de sus dos grandes divisiones, la de
Bárcenas y la de la Gürtel.
Por
cierto, sería difícil sostener que Bárcenas fuera una trama contra el
PP, aunque intentos se han dado. Se ha oído a la señora Cospedal negando
la existencia de una caja B (esa cuya existencia está, al parecer,
probada) y afirmando que, si hubiera alguna, sería de Bárcenas. Ese
Bárcenas a quien usted mandó un mensaje dándole ánimos y pidiéndole
fortaleza en la adversidad. Puede ser un gesto muy cristiano con un
amigo pero, en un sentido político, es inadmisible. En cualquier país
democrático eso sería notivo de dimisión irrevocable.
En
realidad, usted hubiera debido dimitir desde que se conoció la trama
Gürtel y ni siquiera haberse presentado a las elecciones. Al ganarlas,
forzó usted al país a aguantar un gobierno cuyo presidente estaba por
debajo de toda sospecha y en riesgo de ser llamado por los tribunales.
Como ha venido a suceder.
No
solamente no dimitió sino que blindó usted su mandato controlando
férreamente los medios de comunicación y negándose de modo sistemático a
dar exlicaciones o rendir cuentas en cualquier foro, en el
parlamentario o ante los medios. Desde comparecer en plasma a dar ruedas
de prensa sin preguntas, pactar previamente las preguntas con la prensa
amiga o abandonar los lugares por la puerta de servicio para huir de
los periodistas, ha recurrido usted a todos los trucos imaginables para
ocultar su gestión a la opinión pública. Esta, según parece, debería
conformarse con sus confusas, contradictorias y generalmente falsas
informaciones, sin posibilidad de réplica. Un modelo de gobierno
autoritario.
Consiguió
usted deteriorar de tal modo el debate público que el crédito de los
medios es ínfimo y el suyo y el de sus conmilitones, inexistente. La
opinión general es que el gobierno solo habla para mentir, tanto como
órgano colegiado como los ministros uno a uno. Ahora le ordenan
comparecer precisamente en calidad de testigo en este gatuperio que
usted y su gente han organizado estos años. Nadie cree que vaya a decir
la verdad. Al menos, así lo dictamina José Luis Peñas, denunciante de la
Gürtel, Rajoy "solo va a decir mentiras", algo que piensa prácticamente todo el mundo.
Algunos
dicen que, yendo de testigo, no osará usted mentir en sede judicial.
Olvidan que ya lo hizo en sede parlamentaria en su famosa comparecencia
del 1º de agosto de 2014, cuando hubo de dar explicaciones sobre el
mensaje a Bárcenas.
No hay marcha atrás
Ya está claro que el “prucès”, del que
tanta burla hacen los nacionalistas españoles, es la cuestión más
importante que afecta hoy al Estado. Lo es desde hace años, pero este y
sus regidores parecen enterarse ahora, cuando la situación ha llegado a
un punto de confrontación y ruptura por la obstinada negativa del
gobierno cntral a negociar . Nadie en el fondo quiere el enfrentamiento,
pero el gobierno hace gala de no tratar de evitarlo, confiando en que
esa inflexibilidad será suficiente para disuadir a los independentistas
de su pretensión de un referéndum.
Es
una actitud no solo inflexible sino también poco inteligente del
gobierno central y amplios sectores de la llamada oposición. Tanto que
comienza a cundir la alarma, dentro y fuera de España, en donde se sigue
el proceso con expectación creciente ya que se trata de un país
importante de la UE; de segundo orden político, pero con peso. Y no está
la Unión para más conflictos.
La
alarma también cunde en el interior, en donde se ve con mucha
preocupación la inactividad del gobierno central frente a la hoja de
ruta catalana, fiándolo todo a la judicialización del conflicto. La
actitud es típica de la derecha: no se trata de una cuestión de
legitimidad (y, por tanto, política), sino de una de legalidad (y, por
tanto, judicial) que se resolverá, si necesario fuere, por la vía
coercitiva en toda su extensión. Es el discurso del cumplimiento de la
ley y la defensa de la legalidad con pulso firme. El típico discurso
autoritario de reducir los conflictos políticos como este a meros
problemas de orden público o “algarabías”, como dice Rajoy. El problema
es si eso ya no basta para reducir el movimiento por el referéndum y el
conflicto político se convierte en social.
Abundan
las declaraciones. Montero, de UP, pide al gobierno central que pacte
un referéndum antes de enfrentarse a un RUI. Colau relativiza el valor
de un sí a la independencia en el reférendum por el que aboga, e
Iglesias se adelanta a reconocer que la consulta debe ser vinculante.
Por supuesto, El País, convertido en think tank liberal del nacionalismo
español, amontona las encuestas probando que la independencia no es la
opción mayoritaria si se ofrece una alternativa de excepcionalidad pero
no la independencia. A este juicio desiderativo (ya que la alternativa
no existe, por más que el diario lleve meses implorándola del gobierno)
se añaden sesudas consideraciones sobre la imposibilidad material,
técnica de organizar la consulta por falta de tiempo.
Tardá
advierte de que, según avance el proceso, abundarán declaraciones
derrotistas de “buena fe”. Lo considera una táctica y confía en que la
Generalitat cumplirá la hoja de ruta. Apostilla Puigdemont que habrá
referéndum en el plazo previsto y, entre tanto, pide als Comuns pactar
la pregunta con la obvia intención de sumarlos a la participación y que
no se deslegitime la consulta por una alta abstención. La Generalitat
organizará la consulta para ver hasta dónde llega la respuesta del
Estado, pues no tiene marcha atrás.
Pero
lo más importante de las declaraciones de Puigdemont es que vaticina
que, además, ganará el “sí”. El “sí” a la independencia. Cosa de gran
trascendencia, sea cual sea el tipo de consulta que se celebre.
Hace
unos años nadie habría considerado que pudiera darse una mayoría
electoral independentista ¿Qué ha sucedido? Que las cosas han cambiado
mucho en Cataluña precisamente porque no han cambiado nada en España.
Asunto que se mide fácilmente. Entre un 75 y un 80 por ciento de la
población catalana quiere un referéndum en su tierra, en ejercicio de su
derecho a decidir o derecho de autodeterminación. De esas magnitudes,
más de la mitad es partidaria de la independencia. Para llegar a ser
mayoría del cuerpo electoral, esta última necesita los votos de la
minoría no independentista partidaria del referéndum.
¿Cómo
conseguirlos? De eso se encarga la inflexibilidad del gobierno español,
el mismo que ya se encargó de que el 20 por ciento de independentistas
del año 2010 pasara al 47 por ciento en cinco años. Con la misma
habilidad conseguirá que quienes quieren ejercer el derecho a decidir
para decir “no” a la independencia, cambien el sentido de su voto, pues
no verán razón alguna para seguir en un Estado que les niega el
ejercicio de sus derechos.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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