Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 acaban de iniciar su
tramitación parlamentaria, seis meses más tarde de lo habitual. Nacen
acompañados de una buena noticia: el año pasado, por primera vez desde
2008, España cumplió su compromiso de déficit con la Unión Europea. El
déficit del conjunto de las administraciones públicas españolas en 2016
fue del 4.3% del PIB, por debajo del 4.6% marcado como objetivo.
Es verdad que esa buena noticia tiene que ir necesariamente
acompañada de varias matizaciones: se ha cumplido después de que
Bruselas elevase el objetivo inicial (que era del 2.8%) y el déficit
resultante sigue siendo considerablemente grande (el mayor de la Unión
Europea) para una economía que crece al 3.2%. Por sectores
institucionales, tanto la Administración Central como las Comunidades
Autónomas superaron ligeramente el objetivo, siendo el superávit
presupuestario de las corporaciones locales el que más ha contribuido al
cumplimiento global.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 tienen un carácter
esencialmente continuista. Por el lado del gasto, la política monetaria
del BCE supone un gran alivio. Los pagos de intereses por la deuda
pública serán de 32.200 millones de euros, un 3.8% menos que el año
anterior, gracias a los bajos tipos de interés.
Esto no debería
llevarnos a la autocomplacencia: la deuda pública española era a finales
de 2016 de 1.106.952 millones de euros, lo que equivale al 99.4% del
PIB. Cuando la política monetaria empiece a normalizarse, cada subida de
un punto en el tipo de interés del stock de deuda equivaldrá al pago de
más de 10.000 millones de euros adicionales de intereses. Es éste uno
de los principales riesgos para la economía española en el medio plazo.
Otra disminución del gasto se logra en el pago de prestaciones por
desempleo. Este hecho tiene una doble lectura: una excelente,
relacionada con las personas que salen del paro, otra preocupante,
debida a quienes agotan la protección por desempleo sin encontrar un
trabajo.
Los funcionarios verán en 2017 aumentar su sueldo un 1% y los
pensionistas su pensión un 0.25%.
En vista del repunte de la inflación
(que se prevé sea del 1.5%, pero ha llegado al 3% recientemente) esas
subidas nominales estarán asociadas a empeoramientos del poder
adquisitivo. Por otro lado, pese al mínimo aumento de las pensiones, el
deterioro de las cuentas de la Seguridad Social continúa imparable,
presentando ya un déficit de 18.700 millones de euros. Se trata del otro
gran reto futuro por el lado del gasto.
Frente a ese fenómeno estructural, nada significan medidas pensadas
sólo para guardar las apariencias, como financiarlo emitiendo deuda
pública en vez de recurrir al Fondo de Reserva. El significado económico
de ambas operaciones es el mismo, aunque una no se visualice en el
saldo del Fondo. Simples trampas al solitario. Tampoco aportan mucho las
voces que piden financiar el déficit de la Seguridad Social con
impuestos, sin concretar más. Así sólo se lograría, en principio, vestir
un santo (el déficit de la Seguridad Social) para desvestir a otro (el
déficit del Estado).
Una técnica poco sana, que se utiliza desde hace años para facilitar
que cuadren las cuentas, consiste en mantener la inversión pública en
mínimos, algo claramente dañino a largo plazo. Sólo aquellas Comunidades
Autónomas con partidos nacionalistas necesarios para aprobar los
Presupuestos se ven menos afectadas (otro comportamiento claramente
dañino a largo plazo).
Por el lado de los ingresos, se prevé un fuerte aumento (del 7.9%),
que devolvería la recaudación a niveles superiores a los 200.000
millones de euros, cifras similares a las anteriores al estallido de la
burbuja inmobiliaria. Lo malo es que este aumento de la recaudación no
ha ido acompañado de una verdadera reforma fiscal, que cerrase los
enormes agujeros de elusión y fraude que minan nuestro sistema fiscal.
Más bien se ha logrado como siempre, aumentando la presión sobre las
rentas de los trabajadores por cuenta ajena y la imposición indirecta.
En 2017 se notarán también los efectos de una subida del Impuesto de Sociedades, no muy cuidadosamente diseñada. La inflación, ese impuesto invisible, será otro recurso poco ortodoxo que ayudará a aumentar la recaudación. Aún así, la subida prevista en los ingresos públicos parece demasiado optimista, como ha sido habitual en años anteriores. El papel lo aguanta todo.
Un año más, se cuadran (más o menos) las cuentas a martillazos. Lo
preocupante es que falten los cimientos de unas cuentas públicas
saneadas a largo plazo: un gasto eficiente, con unas perspectivas de
crecimiento controlado y bien coordinado entre los diferentes niveles
territoriales de gobierno, unido a un sistema fiscal suficiente y
equitativo para financiarlo.
(*) Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
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