MURCIA.- El secretario general y portavoz parlamentario, Óscar Urralburu ha
agradecido a Juan Antonio Pedreño, presidente de las cooperativas de la
enseñanza, el interés mostrado por Ucomur respecto a la medida
legislativa tras la reunión mantenida.
Urralburu ha explicado a Pedreño que la voluntad de Podemos es llegar
a un acuerdo con el resto de partidos, algo "factible" puesto que es
difícil entender que tanto PSOE como Ciudadanos rechacen una ley que
"defiende la calidad de la enseñanza pública y no va en contra de la
enseñanza concertado. El espíritu de la ley está en garantizar el
derecho universal a la educación frente a la máxima de la liberalización
del mercado".
Por ello, el secretario general de Podemos Región de Murcia ha
detallado al presidente de Ucomur que lo que se establece que es la
"pública esté lo primero y la concertada donde ésta no llegue. Y esto
requiere un necesario mapa escolar que fije la oferta de plazas y
permita planificar año a año la escolarización".
Otro de los apartados que han tratado tanto Óscar Urralburu como Juan
Antonio Pedreño es la "corresponsabilidad social de la red pública y la
red concertada". Como ha contado Urralburu, cada euro que se invierte
en educación, ya sea en la red pública o en la red concertada, "debe
asumir la misma responsabilidad social en la integración: alumnado con
Necesidades Educativas Especiales, alumnado Inmigrante o de etnias
desfavorecidas socioculturalmente, alumnado con problemas
socioeconómicos, etc".
Junto a estos puntos fundamentales, ha dicho el portavoz de Podemos,
se encuentra "la corresponsabilidad es exigible la lucha contra la
discriminación. No se puede permitir que con dinero público se segregue o
se discrimine a nadie, ni por su situación económica, ni por su género,
ni por su orientación sexual o su ideología o pensamiento moral o
religioso".
Asimismo, como tercer eje, la proposición de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Podemos para regular los conciertos educativos
contempla la exigencia de una auditoria contable de la inversión. Esto
significa para Óscar Urralburu que cualquier ciudadano pueda saber a qué
se destina cada euro que recibe la concertada.
"Son casi 230 millones de euros los que invertimos en la red
concertada todos los cursos y debe ser obligatorio certificar que nadie
se enriquece con este servicio" ha añadido Urralburu, quien ha concluido
trasladándole a Juan Antonio Pedreño la necesidad de "garantizar que el
dinero se gasta adecuadamente y que existe plena rendición de cuentas,
con los mismos controles y supervisiones que el sector público. Si en el
sector público la contabilidad es analítica y permite el control de la
Intervención General, en la enseñanza concertada debe ocurrir
exactamente lo mismo".
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