C's ve "inconstitucional" el veto a la acción popular de los partidos ante la corrupción

CARTAGENA.-La presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, propuso ayer a Fernando López Miras, diputado del PP, como candidato a la presidencia del Gobierno autonómico, mientras este partido y Ciudadanos (C's) mantienen inamovibles sus posiciones en la negociación para su apoyo. 

La vinculación que el PP quiere hacer para que los partidos políticos no puedan ejercer la acusación particular en procesos judiciales en los que se encuentren implicados adversarios de otra formación con la exigencia de C's de eliminar los aforamientos para diputados y consejeros autonómicos sigue siendo el gran escollo.

El día en el que se sabía lo que era previsible, que el candidato elegido por el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, líder del PP regional, optaría a ser investido nuevo jefe del Ejecutivo autonómico, líderes nacionales del PP y C's han terciado en las negociaciones con declaraciones públicas.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se mostró ayer partidario de una reforma legal que impida el uso «espurio» y «torticero» que de la acusación particular hacen los partidos para intentar ganar por vía judicial lo que no consiguen en las urnas, de forma que se determine la legitimidad de quienes sí tienen derecho a esa acción particular frente a otros que no están afectados.
Desde el partido naranja, su secretario general, José Manuel Villegas, desvinculaba completamente ambas cuestiones, entre otros motivos porque en Murcia es posible acabar con los aforados reformando el Estatuto de Autonomía.
Ciudadanos ve «problemas de constitucionalidad» en la propuesta de restringir quiénes pueden ejercer la acusación particular, puesto que está recogida en la Constitución y a su juicio no debería separarse de otras reformas de la justicia, como las que garantizarían la «independencia» de la fiscalía del Gobierno.
Y subrayaba que si no hubiera sido por el ejercicio de esa acusación «muchos de los casos de corrupción que se están investigando no se hubieran podido investigar», máxime cuando hay «sombras de duda» sobre la independencia del ministerio fiscal.
Desde el PSOE murciano se abonaban también a esta tesis al señalar su secretario de Comunicación, Emilio Ivars, que si se hubiera prohibido a los partidos ejercerla no habrían llegado a los juzgados casos de corrupción como los denominados Totem, Camelot, Fortuna, Roblecillo, Pagamenta, Umbra y Barraca, entre otros.
«El PP prefiere amordazar a la oposición antes que evitar que se cometa corrupción», indicaba en un comunicado que calificaba de «pantomima» la vinculación de esa restricción con los aforamientos. «Al PSRM no lo va a amordazar de ninguna de las maneras» un partido que «arremete contra los denunciantes buscando la impunidad de sus delitos», añadía.
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, dijo ayer al respecto que «el PP pide un 'quid pro quo': si se quita el aforamiento para proteger a los corruptos, hay que quitar la acusación popular para evitarles problemas».
El PP murciano salía al paso de estas acusaciones con su portavoz, Víctor Manuel Martínez, que tiró de argumentario. «Somos exponente de cómo el PSRM y Podemos han usado los tribunales para conseguir lo que no son capaces de ganar limpiamente en las urnas», indicaba recordando las más de 80 denuncias de las que han sido objeto los cargos del PP murciano, según sus números.
Por su parte, la portavoz del Gobierno murciano en funciones, Noelia Arroyo, señalaba que «a veces se abusa de la justicia con intereses políticos». 

«Hemos sido protagonistas de ello y lo hemos visto en primera persona», añadía.