miércoles, 26 de abril de 2017

La corrupción nuestra de cada día / José Luis Manzanares *

 Aquello de los casos aislados de corrupción fue una socorrida excusa para quitar hierro al problema y, quizá también, para eludir responsabilidades en las alturas del correspondiente partido político, sea por no prevenirlos a tiempo, sea por no trasladar a los fiscales o jueces los hechos indiciariamente delictivos. Las solemnes peticiones de que se haga justicia con los corruptos ya sujetos públicamente a investigación suelen retrasarse hasta que no queda otro remedio. Raro es el día en que algún conmilitón no entra en la cárcel o evita el trance mediante el pago de una fianza. Los informes policiales se airean y los medios de comunicación abren y cierran sus ediciones con el nuevo escándalo.

Recuerdo haber escrito meses atrás que los muchos pocos hacen un mucho y que los cada vez más abundantes casos conocidos apuntaban hacia una corrupción generalizada, transversal, vertical y horizontal. Ocurre como con aquellos pasatiempos en los que al lector de la revista o periódico sólo se le ofrecía una sucesión de puntos numerados que, una vez unidos a pluma, lápiz o bolígrafo, mostraba la imagen de una persona, animal o cosa. Hoy, en España, nos sale el rostro rubicundo y autocomplaciente de la Corrupción, con mayúscula.

Por de pronto, la manoseada invocación de casos aislados o manzanas podridas en una cesta de frutas de primera calidad no se ajusta a la realidad presente. De otro lado, la pretendida singularidad de los malos ejemplos habría de referirse a supuestos de corrupción organizada y, frecuentemente, con ribetes mafiosos, en los que se integran parientes, amiguetes, correligionarios, colegas de diferentes pelajes y, como núcleo indispensable, algunos consejeros, concejales, delegados u otros dignatarios próximos al urbanismo y la contratación pública. Sin olvidar la putrefacción, política, sindical y patronal de las Cajas de Ahorro. Hablamos de cifras astronómicas que superan con mucho el coste del muro entre Estados Unidos y México, las ayudas de la Unión Europea a Ucrania y, probablemente, los costes del AVE.

La generalización de la corrupción en nuestros partidos tradicionales explica que muchos electores hayan optado por confiar su voto a partidos nuevos o de escasa importancia en el pasado. Si los ciudadanos piensan que la corrupción es la misma a derecha que a izquierda, la decisión final puede ser la de taparse las narices y seguir votando conforme al ideario de su partido de siempre. La política no lo es todo. También hay que preocuparse del trabajo, la familia, los amigos, el pago de la hipoteca y la compra del coche. Además, nos queda el consuelo de que de otras peores hemos salido.

Los escándalos de las últimas semanas sirven también para olvidarnos de otros problemas. ¿Quién se acuerda ya de los estibadores y de la multa diaria que pagamos por no cumplir con la legislación europea? ¿A quién le interesa saber con qué dineros se pagan sus viajes propagandísticos los altos dignatarios que propugnan la independencia de Cataluña a cualquier precio? ¿Serán los dineros de los partidos secesionistas o los del presupuesto de la Generalidad? ¿Se estará cometiendo un delito continuado de malversación? ¿Es acertada nuestra oferta a los gibraltareños, la doble nacionalidad incluida?

Y puestos a preguntar ¿por qué la corrupción es mayor en las riberas del Mediterráneo que en las del Mar Cantábrico? Madrid no cuenta por ser un compendio o rompeolas de todas las Españas. ¿Y por qué las fundaciones sin ánimo de lucro parecen ser terreno abonado para el chanchullo? ¿La controla alguien o se repite la historia de nuestro desastre financiero con el Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores como simples espectadores sin competencias ni responsabilidades?

La corrupción en España podría hacer suyos algunos versos del Don Juan Tenorio de Zorrilla: “yo a las cabañas bajé”, “yo a los palacios subí”, “y en todas partes dejé memoria amarga de mí”.


(*)  Consejero Permanente de Estado, Magistrado del Tribunal Supremo (J), Abogado del Estado (J) y Profesor Titular de Derecho Penal

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