MADRID.- Mariano Rajoy peleó hasta el último momento para salvar al presidente
de la Comunidad murciana, el dimisionario Pedro Antonio Sánchez. A
través de su coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, trasladó a
Ciudadanos una propuesta que el PP confió en que fuera aceptada por
éstos, a saber, “una suspensión temporal de funciones con delegación de
competencias durante un tiempo prudencial de cuatro, cinco o seis
meses”, según han explicado a El Independiente fuentes de la dirección popular conocedoras de esa negociación.
Se trataba de dejar “a un presidente sin ejercer y delegar en otra
persona esas facultades”, lo que, según los mismos medios está
contemplado en la ley y en el estatuto murciano. Aseguran que era una
“buena” solución pues al tiempo se evitaba una moción de censura, un
tripartito que Ciudadanos siempre negó y unas elecciones que el PP no
quería ver ni en pintura. Los sondeos que se fueron realizando
durante los 45 días que duró la crisis murciana no alentaban,
precisamente, a acudir a las urnas. Era demasiado grande el riesgo de
que ambas formaciones dejaran de sumar la mayoría absoluta.
Esa era la propuesta que había sobre la mesa el pasado lunes, una
oferta que el interlocutor de Maíllo, el secretario general de la
formación naranja, José Manuel Villegas, “no dijo que sí, pero tampoco
que no”. ¿Qué pasó entonces para que todo se precipitara entre el lunes y
el martes, día en que Sánchez presentó su dimisión? “Pues que el juez
de la audiencia nacional Eloy Velasco pidió al TSJ que le imputara por
el caso Púnica”, explican. Llegado a ese punto, Villegas transmitió a
Maillo que era imposible pasar por otra fórmula que no fuera apoyar la
moción de censura encabezada por el PSOE, incluso aunque el socialista
Rafael González Tovar no se comprometiera a celebrar elecciones. Creen en el PP que “Ciudadanos se asustó”.
La formación de Albert Rivera había propuesto con anterioridad una
“tercera vía”, a medio camino entre la dimisión y la moción de censura:
que Sánchez continuara y que fuera él el que adelantara elecciones.
Pero, en este caso, fueron los populares los que se negaron ante la
eventualidad de “fuéramos a unas elecciones ahora y a otras en poco más
de dos años”, puesto que tendrían que haberse vuelto a celebrar el
cuarto domingo de mayo de 2019, con el resto de las autonomías de
régimen común.
Mariano Rajoy no pudo, sin embargo, salvar a su presidente
autonómico. El juez Velasco precipitó unos acontecimientos que, no
obstante, ya habían entrado en la fase de la cuenta atrás, apenas dos
días antes de la celebración del debate de la moción de censura en la
Asamblea murciana. De la actuación del magistrado de la Audiencia
Nacional prefieren no hablar, aunque insinúan mucho respecto a su “don
de la oportunidad” a la hora de pedir una imputación “incluso con la
opinión en contra de la Fiscalía”. Que Velasco fuera en su momento
director general de Justicia de la Comunidad Valenciana durante los
gobiernos de Eduardo Zapalana y Francisco Camps levantó muchas
suceptibilidades en torno a si era la persona más idónea para instruir
los casos de corrupción del PP, y el tiempo parece haber confirmado que
actúa autonomamente.
Nueva negociación
Ahora, PP y Ciudadanos tienen tiempo hasta el día 21 para alcanzar un nuevo pacto de investidura
una vez que Rivera ha anunciado que hay que empezar de cero en los
apartados que afectan a la regeneración democrática. Sus discrepancias
en torno a cuándo se debe abordar el apartamiento de un cargo público en
caso de imputación o de apertura de juicio oral y qué se entiende por
delito de corrupción frente a falta administrativa pueden llenar varias
horas de conversaciones. Génova espera que la formación naranja cumpla
sin problemas con el que ha sido su mantra estas semanas, a saber, que
apoyaría a otro candidato del PP “limpio” para que este partido, que se
quedó a un escaño de la mayoría absoluta, pueda seguir gobernando.
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