domingo, 16 de abril de 2017

El laboratorio murciano / Ángel Montiel *

Quién lo iba a decir. La Región de Murcia se ha convertido en el Silicon Valley de la política española. Un campo de pruebas para ensayar una nueva normativa anticorrupción, si es que alguna vez ha habido una política contra eso. De momento, se debatirá la fórmula ´paz por territorios´, yo te doy, tú me das. El PP podría conceder a C´s la liquidación de los aforamientos a cambio de que ningún partido político, sindicato o entidad lapa denuncien la corrupción. 

Es algo así como el aforamiento perpetuo, pero sin que se diga tal: no hará falta esta figura porque nadie hará denuncias, ya que estará prohibido hacerlas. Ah, sí, el fiscal. Pero el fiscal es de ellos, y como se ha visto, no denuncia sino que quita las denuncias, como el amigo poli que te retira la multa de tráfico antes de que sea registrada. Qué felicidad. Se acabará la corrupción por el sistema de ignorarla. 

Todo esto se está fraguando en Murcia. Somos la isla Bikini donde se experimentan las nuevas fórmulas. Si funcionan, se aplicarán en el ámbito estatal. Alguna vez teníamos que ser modelo para algo.

¿Cómo hemos alcanzado tanto nivel de protagonismo? Desde hace años nos venía sorprendiendo que los medios de comunicación nacionales, prensa y televisión, trazaran una raya sobre la corrupción en la Comunidad Valenciana, hasta la parte baja de Alicante, por Orihuela o por ahí. A Murcia ni nos mentaban, y eso que aquí la corrupción era el pan nuestro de cada día, es decir, el pan nuestro que se comían los que ya sabemos. 

Pues nada, ni caso. Todas las tramas y chanchullos se quedaban en nuestro tejado geográfico. Hasta que estalló el caso PAS. Ahora ya estamos de moda, y los medios nacionales empiezan a descubrir los casos que antes ignoraban. Lo último, hace unos días, la desaladora de Escombreras. Todavía no han llegado al Umbra, al aeropuerto fantasma y al resto de perdiciones que por aquí tenemos.

Hay que entenderlo. Son tantísimos los escándalos, tan incrustrada está la corrupción, que hay que priorizar titulares. Toda la roña no cabe en el mismo telediario. Nos pasa también en la Región. Mientras miramos el auditorio de Puerto Lumbreras se nos escapa que hay otros cuantos en su misma situación, alguno de ellos todavía más gravoso para las arcas públicas, como el de Caravaca, o el de Cehegín. Grandes infraestructuras aparcadas, absurdamente competitivas en un espacio pequeño, algunas de ellas afeando los centros históricos donde se las pretendía instalar con la gracia con la que Carlos V se hizo un chaletazo en plena Alhambra. 

El pasado Viernes Santo coincidí con quien probablemente será el nuevo presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, Fer, admirando el manto de la Virgen de los Dolores, él blanco, yo azul, en la lorquina iglesia de San Francisco, y me comentó que durante esta Semana Santa ha estado recorriendo las más importantes celebraciones de la Región, yendo cada día de un extremo a otro. Eso está bien. Hay que tomar tierra en las tradiciones, conocerlas al dedillo. 

Pero, vista su disposición, también sería recomendable que se hiciera La Ruta de los Esqueletos Arquitectónicos, empezando por los auditorios inacabados, lo que le permitiría comprobar la extraña circunstancia de que todos pertenezcan a la misma autoría o de que en estas obras se hayan enterrado algunas decenas de millones que habrían hecho falta, y no sólo por la crisis, para otras cosas. Tal vez la experiencia le serviría para vacunarse de esos delirios, ya que se ocupará en adelante de gestionar el presupuesto de los murcianos.

Con el añadido de la corrupción o sin él, parece evidente que hay a lo largo del territorio regional un rastro de incompetencia en la gestión testimoniado en estos esqueletos. Como el de la desaladora de Escombreras, aunque este es posible que acapare toda la relación posible de delitos que caben en el Código Penal menos aquellos pocos que son innecesarios para ejercer el latrocinio desde la comodidad del poder institucional. 

El iceberg de la corrupción generada sobre todo en los últimos doce años de gobernación popular (resérvénse los ocho primeros como periodo de aclimatación y tanteo) empieza a emerger para los focos de la atención nacional. Y como Murcia es un rincón acotado, pequeño y manejable parece el espacio perfecto para convertirlo en lugar de ensayo. En los próximos días, los partidos políticos van a intentar ingeniar una reforma integral de la Justicia española que atienda, entre otras cosas, a la lucha contra la corrupción, y esto porque de no hacerlo, más tarde o más temprano el sistema quedará definitivamente carcomido y ya no será necesario recurrir a medida regeneracionista alguna. No habrá nada ya que regenerar. 

En su etapa de mayoría absoluta, el PP quiso presentar un rosario de medidas para la protección de los corruptos con la etiqueta ´anticorrupción´; a la vez que presumía de reforzar los controles públicos, en realidad modificaba las terminologías, reducía los tiempos de instrucción y no aportaba nuevos apoyos instrumentales para combatir la lacra. De alguna de aquellas ´soluciones´ hemos sido pioneros en Murcia, como en la prescripción del caso de la mamandurria que se permitió el exalcalde de Murcia, Cámara, y su camarilla, en un viaje a tutiplén a Turquía invitado en el jet de un empresario amigo de sus amigos. Y así todo.

Las nuevas medidas que el PP se verá obligado a aprobar, esta vez necesariamente consensuadas, arrastran de su parte la misma actitud. Se trata de restar toda presión política y judicial a los corruptos con el pretexto de los nobles enunciados del Derecho que son sistemáticamente trastocados. Escuchar del ministro de Justicia, Rafael Catalá, la expresión ´despolitizar la Justicia´ produce la misma impresión que ver a un Santo Cristo con dos pistolas (podría empezar por desgubernamentar al fiscal). Hace tiempo que el PP, por sus propias actuaciones a plena luz pública perdió toda credibilidad en este capítulo. 

Murcia va a pasar a ser, a cuenta del revuelo nacional creado por el caso PAS, campo de pruebas de los nuevos retoques a la legislación anticorrupción durante las negociaciones para la investidura del nuevo presidente popular. Y en esto también, de entrada, puede observarse una nueva perversidad del PP: el hasta ahora intocable PAS dejaría de estar aforado si C´s admitiera que los partidos no pueden denunciar a otros partidos. Esto sería un alivio para el PP en el futuro, pero me da la impresión de que a PAS no le aportaría ningún consuelo.


(*) Columnista


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