MURCIA.- El borrador del pacto de investidura PP-C's para designar presidente de la Comunidad Autónoma a Fernando López Miras en la Asamblea Regional de Murcia está tan repleto de imprecisiones y buena voluntad aparente, como vacío de compromisos, tasado en cantidad y fecha. La mayoría de los puntos acordados quedan fuera del alcance de la capacidad del gobierno de la CARM. Y no incorpora medidas punitivas, por lo que sirve de poco este nuevo papel mojado, excepto para dar el pego, según fuentes de la Asociación Murcia Transparencia Independiente (MTI), porque no habla tampoco del tema de los aforamientos.
Así el partido C's en la Región de Murcia vuelve a legitimar políticamente la conducta estructural de su socio PPRM pese a que la presunta corrupción lo carcome por todas sus costuras a tenor de los procedimientos judiciales en marcha y que afectan desde el ex presidente Ramón Luis Valcárcel y su 'delfín', Pedro Antonio Sánchez, hasta los ex regidores municipales de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y de Cartagena, Pilar Barreiro, pasando por ex consejeros del Gobierno autónomo y ex directores generales.
En el citado borrador, con fecha 12 de abril, se habla de un acuerdo de investidura "para la regeneración institucional". Y dentro de ese compromiso, a impulsar una auditoría de la contratación y las subvenciones adjudicadas por la CARM en los últimos diez años y a aprobar un programa de medidas de reforma en coherencia con los resultados de aquella.
"La auditoría será realizada en nombre de la comisión correspondiente de la Asamblea de Murcia por los técnicos y profesionales adecuados, sin vinculación partidaria. Los resultados de la auditoría, tras su examen en la comisión, se convertirán en un programa de medidas. A tal fin, el Gobierno del Partido Popular presentará, en el plazo máximo de un mes, una vez conocido el resultado de la auditoría y de la resolución aprobada por la Comisión parlamentaria, a Ciudadanos, el proyecto de programa. Ciudadanos se compromete a su apoyo en la Asamblea, una vez comprobado que se ajusta a los resultados de la auditoría".
También se habla de apartar a los investigados por corrupción de los cargos públicos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana, modificada por la Ley 7/2016, de 18 de mayo, y deduciendo la consecuencia del cese o destitución.
"Por lo tanto, en el momento en que a un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación se le notifique que un juzgado o tribunal competente ha adoptado la decisión de llamarle a declarar en calidad de investigado por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 ó 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones. A partir de ese momento, el cargo deberá cesar o, en su caso, se iniciará el procedimiento para su destitución".
También se recoge que "se reformará la Ley Regional de Transparencia y Participación Ciudadana. El Consejo de la Transparencia debe ser un ente independiente. Se establecerá que los cargos políticos no pueden formar parte del mismo. Se le dotará de personalidad jurídica propia y plena capacidad de actuación". Y que "se aprobará una ley de medidas contra la corrupción, que incluirá tanto procedimientos de investigación por parte de un organismo independiente como la protección al denunciante".
Igualmente se habla de racionalizar la Administración Pública regional de Murcia.
"1.-Se reducirán los entes y organismos públicos para lo que se evaluará la eficacia y la eficiencia de los existentes y se adoptarán medidas para la supresión de aquellos que no estén justificados.
2.-Se establecerá, como regla general, el acceso y la provisión de todos los empleos públicos mediante concurso ajustado a los principios de mérito y capacidad, reduciendo los cargos y empleos de nombramiento discrecional.
3.-Se harán públicos los informes, datos y estadísticas que sirven de base a las actuaciones de la Administración para evitar la arbitrariedad y garantizar la racionalidad".
Sobre el cumplimiento del presente Acuerdo, que alcanza además a un compromiso de reducción de impuestos, compromiso de cumplimiento del pacto de Presupuestos 2017, compromiso por las Infraestructuras, una Educación de calidad para todos, también en materia de políticas sociales, y en Sanidad sin olvidar el compromiso por el Medio Ambiente y la recuperación del Mar Menor, dos puntos lo sustentan:
"1. Se establece una Comisión de seguimiento en relación al cumplimiento de lo establecido en este Acuerdo. Dicha comisión estará compuesta por cinco representantes de Ciudadanos y otros tanto del Partido Popular. Se reunirá mensualmente a los efectos de determinar el grado de cumplimiento.
2. Cualquier medida que el Gobierno del Partido Popular pretenda aprobar en ejecución de este Acuerdo, deberá ser sometida a la previa consideración de Ciudadanos. Se resolverá por consenso la prioridad, procedencia, coherencia y eficacia de la medida propuesta. Las partes se comprometen a respetar y a cumplir de manera estricta lo consignado en este documento. Las discrepancias se salvarán por unanimidad".
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