Europa,
España incluida, necesitaría para conseguir un equilibrio entre
demografía y crecimiento del PIB que el 75% de la población entre
16 y 64 años esté ocupada en el año 2020, según pone de manifiesto el
informe del CES. Un objetivo que requiere una mayor
participación laboral de las mujeres, una tasa de natalidad más
alta o una corriente continuada de inmigrantes en edad activa.
Pero
la participación femenina exige además un replanteamiento de la
conciliación familiar además de una mejora de la asistencia pública a la
infancia.
En España la población entre 16 y 64 años de edad en 2015 suma 30
millones de personas, un 65% del total de la población cuando en el año
2005 la proporción era del 70%. La involución de los movimientos
migratorios ha sido determinante; el objetivo del 75% de activos como
objetivo para el año 2020 se aleja.
Manteniéndose las actuales tendencias demográficas en los próximos
10 años la población en edad de trabajar sería sólo de 23 millones de
personas frente a los 30 millones actuales.
Por otro lado el proceso de envejecimiento se acelera de tal manera que
el número de personas mayores de 40 años será superior al que esté por
debajo de esa línea. En definitiva menos activo y más dependientes.
El problema se agudiza además porque las mujeres entre 45 y 65 años
son las principales cuidadoras de la población dependiente. Esta carga
familiar obligaría a reducir su participación laboral como trabajadoras
activas. Además y aunque la esperanza de vida es más alta entre las
mujeres que los hombres, según los registros de mortalidad, el número de
mujeres con discapacidades o dificultades para la vida activa es más
elevado en el colectivo femenino a partir de los 65 años.
Otro factor demográfico significativo es el descenso de la tasa de
fecundidad. Varias razones: retraso en la concepción del primer hijo
(España es uno de los países de la UE con una media de maternidad más
alta). El porqué de este retraso está relacionado con la degradación de
las circunstancias laborales desde la temporalidad hasta las elevadas
tasas de desempleo.
La caída de la tasa de natalidad en España ha estado parcialmente
compensado con la inmigración. En efecto en 2010 residían en España más
de 2,5 millones de mujeres de otras nacionalidades.
El CES hace también referencia a la evolución y composición de
números de hogares marcado por la reducción del tamaño de los mismos.
De los 18.346.200 hogares censados en 2015, 10,1 millones están
constituidos por parejas de los que 3,87 millones viven sin hijos. Los
hogares unipersonales, por su parte, representan ya el 25% del total
correspondiendo la mayor proporción a personas mayores de 65 años en
gran medida viudas.
A partir del siglo XXI se inicia un fuerte incremento en el número de
hogares unipersonales y en alguna medida por la ruptura de las
parejas. Algo equivalente está sucediendo con los hogares monoparentales
que actualmente se elevan a 2 millones de los que un 85% corresponden a
la madre con sus hijos. Circunstancia esta última que confirma el
creciente papel de las mujeres como principal sustentador de los hogares
y de alguna manera indica la insuficiente corresponsabilidad de los
varones en las tareas del hogar y educación de los hijos.
La UE está tratando de configurar un sistema de integración familiar
compartida que es todavía muy heterogéneo como consecuencia de las
distintas políticas nacionales.
Los países nórdicos han apostado por la igualdad entre hombres y
mujeres: permiso parental conjunto de un año bien retribuido frente a
unos servicios Públicos muy eficientes y la adaptación rigurosa de los
horarios laborares.
Otro grupo donde se encuentran Reino Unido y Holanda tienen permisos
de maternidad cortos pero bien retribuidos. En Francia y Alemania se
ofrece a las madres un servicio de maternidad largo, que en caso de
Alemania es transferible al padre además de una asistencia muy bien
desarrollada para el cuidado de la infancia.
España, Grecia e Italia se encuadran en los sistemas familiaristas.
Un modelo en el que el padre es el principal sustentador económico
mientras la madre cuida del hogar.
El permiso de maternidad retribuido es corto e intransferible al
padre mientras los servicios de asistencia Pública a la infancia están
todavía insuficientemente desarrollados. Eso sí se mantiene la coartada-
incentivo de una declaración conjunta en el IRPF.
Los resultados de estas diferentes políticas se traducen en que
mientas en Dinamarca el gastos Público en prestaciones sociales
representa el 3,5% del PIB, 3% en Alemania, 2,5% en Francia o 2,3% como
media de la UE, en España sólo alcanza el 1,4% del PIB.
Un tema serio que no se ha discutido mientras se aclama una futura
llegada del AVE a un oasis, Orense, tras cruzar amplios parajes
despoblados. Congreso y formaciones políticas confunden el discurso
retórico con la eficacia social.
(*) Economista del Estado
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