Hubo un tiempo ya muy lejano, pasado el ecuador de los 80, en que una
joven concejal madrileña llamada Esperanza Aguirre, entonces en las
filas del Partido Liberal, llamaba a mis compañeros de Local para
hacerse valer e incluso para pedir consejo a algún veterano jefe de
Redacción. Nadie podía imaginar entonces que, veinte años después, esa
joven alcanzaría una cuota de poder tan imponente como para, con
maniobras por las alturas, llegar a orquestar la defenestración de un
director de periódico que era un escollo en su ambición por escalar a lo
más alto.
La realidad es que aquella chica tan liberal en lo
ideológico, si se puede llamar liberal a quien intentó colocar a su
‘mano derecha’ al frente de una entidad financiera, pronto apuntó
maneras muy contundentes, propias de un fiero animal político. En 1993,
cuando siendo ya concejal de Medio Ambiente amenazó con encadenarse a
una encina para evitar la tala de 200 árboles en la Casa de Campo,
Joaquín Leguina, a la sazón presidente de la Comunidad de Madrid,
aseveró: «Como dijo Churchill, todo hombre tiene su cruz; y la mía es
Esperanza Aguirre». A estas alturas, a Mariano Rajoy no hace falta
preguntarle cuál es la suya.
En uno de los mayores momentos de debilidad de Rajoy, cuando perdió contra todo pronóstico las elecciones de 2004 en mitad de la convulsión producida por el 11M, el líder del PP quedó en manos de sus barones regionales que gozaban de mayoría absoluta. La Comunidad gobernada por Aguirre desde un año antes y la Asamblea madrileña se tornaron en lugar de acogida para decenas de cargos populares que fueron desalojados de la Administración del Estado, quedándose sin puesto y sin sueldo.
La
cohabitación en Madrid, donde todos espiaban a todos en una descarnada
lucha por espacios de poder, se convirtió, a la vista está, en una
charca donde la ‘mano derecha’ (Ignacio González) y la ‘mano izquierda’
(Francisco Granados) de la lideresa actuaban con total impunidad moral,
sin que Aguirre aparentemente advirtiera nada, ocupada como estaba en
desbancar a Rajoy tras su derrota electoral de 2008. Ahora se revelan
demasiadas ranas cortadas por el mismo patrón de afición por el lujo, el
poder y la chulería. Tantos y tan gordos batracios que, por
responsabilidad ‘in vigilando’ e ‘in eligendo’, el abandono de la
actividad política parece hoy inexcusable para Aguirre.
El problema político para Rajoy no termina con comerse este sapo. Los sumarios ‘Lezo’, ‘Púnica’ y ‘Gürtel’, tres bombas judiciales de corrupción política con ramificaciones en Murcia y Valencia, pero con raíces en territorio del PP madrileño, hicieron saltar esta semana todas las alarmas en La Moncloa y en Génova. Concentran todo el foco de atención justo cuando el presidente del Gobierno contaba con los apoyos parlamentarios para aprobar los Presupuestos de 2017, atisbaba un principio de estabilidad para sacar adelante el núcleo duro de las leyes de este mandato y anunciaba un alza de las perspectivas de crecimiento en España.
Ahora, la citación del propio presidente como testigo en el
juicio de la ‘Gürtel’ y la entrada en prisión del expresidente madrileño
han situado al PP en su coyuntura más delicada desde el inicio de la
legislatura. Por más que Mariano Rajoy quiera transmitir imagen de
«absoluta normalidad», el estigma de la corrupción empieza a pesar
demasiado a un Gobierno en minoría parlamentaria. Los indicios de saqueo
en las arcas públicas del Canal de Isabel II, recabados por los
fiscales, la Guardia Civil y el juez Velasco, son tan contundentes que
aferrarse al discurso de la presunción de inocencia resultará esta vez
claramente insuficiente.
Argumentar que son casos antiguos del ‘viejo
PP’ valdrá para la ‘Gürtel’, pero no para la ‘Púnica’ y la operación
‘Lezo’, en la medida que se investigan presuntos comportamientos
delictivos cometidos en 2013 y 2014. Y para colmo, como sucedió con la
‘Púnica’, vuelven a producirse nuevas sospechas de intervención política
a través de la cúpula de la Fiscalía para mitigar el impacto de las
investigaciones judiciales.
Es muy posible que el juez Velasco levante la próxima semana el secreto del sumario de la Operación ‘Lezo’. Entonces se conocerán todas las evidencias incriminatorias y el contenido de los ‘pinchazos’ telefónicos al expresidente González. Incluida una conversación con Eduardo Zaplana, grabada el pasado mes de noviembre, cuando el primero ya se sentía vigilado y la investigación de la rama murciana de la ‘Púnica’ se encontraba en su punto álgido en la Audiencia Nacional.
Según el
contenido anticipado por ‘ABC’, González no oculta su malestar con el
juez Eloy Velasco, el magistrado que meses después le iba a llevar a
prisión. Los dos amigos hablan sobre la conveniencia de que salga de la
Audiencia Nacional y especulan con que pueda ir al Supremo porque, según
Zaplana, el problema «está en la instrucción». La solución es fácil:
hacer que vuelva el titular (magistrado de enlace en Roma, de quien
dicen que vive como dios) y al otro, el juez Velasco, «lo pones a
escarbar cebollinos».
En la conversación, González no muestra
preocupación por los magistrados del Supremo y alaba la prevista
designación del fiscal Anticorrupción (Manuel Moix) y del fiscal general
del Estado (José Manuel Maza), que «sabe lo que tiene que hacer». En
resumen, una inenarrable charla de política judicial que redoblará el
aluvión de críticas vertidas desde el mundo político y judicial por los
nombramientos realizados por el ministro Catalá al frente del Ministerio
Público. Una conversación que también viene a explicar la resistencia a
eliminar los aforamientos (Rodrigo Rato, Ignacio González, Francisco
Granados, Jaume Matas, Jordi Pujol… están como están porque ya carecían
de ellos) por parte de políticos bajo sospecha, muchos más cómodos con
un Supremo que no investiga y unos TSJ donde tuvieron en el pasado
capacidad para designar a magistrados.
La aparente flema con que Mariano Rajoy ha afrontado esta complicada semana, y las que están por venir, reflejan una desconcertante actitud pasiva ante una pestilente riada de inmundicia que no dejará de brotar de un día para otro. Ha sido la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien marcó el camino correcto a seguir, colaborando con la Justicia en la persecución de los conductas presuntamente delictivas, aun a costa de la incomprensión de muchos compañeros de su partido y las presuntas amenazas de bochornosos amiguetes mediáticos.
Con un liderazgo interno hoy indiscutido por sus
sucesivas victorias electorales, Rajoy tenía, tiene, la oportunidad de
hacer una operación de limpieza y de ejemplaridad que ponga fin a esta
espiral interminable, como le reclaman la inmensa mayoría de sus
votantes. La alternativa es seguir caminando con todas las cruces a
cuestas y seguir perdiendo electores.
(*) Periodista y director de La Verdad
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