MADRID.-El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha afirmado que no
recibió "órdenes de nadie para oponerse a la imputación del presidente
de Murcia", Pedro Antonio Sánchez, en el caso Púnica, una decisión que
estuvo avalada por dos informes jurídicos y con la que él, ha
reconocido, está de acuerdo.
Maza ha comparecido en la Comisión
de Justicia del Congreso para responder a la exigencia de explicaciones
de los grupos de la oposición sobre el relevo en la cúpula fiscal y
sobre las supuestas injerencias políticas en su decisión de no pedir la
imputación del presidente de Murcia.
Sobre Sánchez, Maza ha
relatado cómo fue el proceso de toma de decisiones respecto al informe
que la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, envió al juez
Eloy Velasco defendiendo la falta de pruebas para imputarle, en contra
del criterio de las dos fiscales del caso.
Ha reconocido que dio
instrucción a Suárez de emitir ese informe, pero no por orden de nadie,
sino que tomó esa decisión en base a sendos informes de la Secretaría
Técnica de la Fiscalía y de los cuatro fiscales de Sala de Supremo.
"¿Creen que si yo fuera a obedecer una orden de alguien iba a darle
traslado a un equipo de eminentes juristas (...) para que me llevasen la
contraria y quedar desairado? ¿lo creen realmente?", ha preguntado a
los presentes. "Aquí quien tiene que decidir, es quien tiene que
decidir", ha añadido.
El fiscal general del Estado, José Manuel
Maza, ha aclarado a lo largo de su intervención que renunciar a la
facultad que tiene de dar "instrucciones particulares" en causas que
afectan a aforados sería una "dejación de funciones", aunque ha avisado
de la "dificultad de hablar de procedimientos en marcha" como el caso
Púnica.
Maza se ha referido a los casos que afectan a aforados,
como es el de Sánchez, que tendría que ser investigado en el Tribunal
Superior de Murcia, y ha dicho que las fiscalías deben poner en
conocimiento de la Fiscalía General del Estado cualquier causa que
afecte a las personas que gozan de esta protección especial.
Entonces,
el fiscal general estudia el asunto y, a resultas de este estudio, ha
dicho, "puede dar instrucciones particulares".
"No es solo que pueda dar
instrucciones particulares, sino que debe hacerlo si lo considera
necesario", ha agregado acto seguido.
Y ha indicado que esta es una facultar a la que no se puede renunciar, pues ello "sería una verdadera dejación de funciones".
El
fiscal general ha empezado su comparecencia avisando de la "dificultad
de hablar de procedimientos en marcha" y ha añadido que las
comparecencias en el Congreso "no pueden derivar con carácter general en
debates sobre asuntos penales en tramitación".
Sobre la
corrupción, ha afirmado que para él es una "prioridad adoptar una
posición activa e impulsora de actuaciones encaminadas a la
investigación exhaustiva de los casos de corrupción política", que ha
calificado de una "amenaza especialmente grave y potencialmente fatal"
para el funcionamiento de las instituciones públicas.
Durante su
discurso, y antes de responder a las preguntas de los grupos, ha hecho
un repaso de los casos de corrupción y ha explicado que entre junio de
2015 y septiembre de 2016 se han investigado a 1.378 cargos públicos y
379 fueron condenados en sentencia firme.
En varias ocasiones,
se ha referido a la imparcialidad de la Fiscalía, la "clave de bóveda"
de la institución y a la que se subordina la dependencia jerárquica.
Acorde a este principio, la Fiscalía actúa con "plena objetividad e
independencia".
"El fiscal es imparcial y por ello no puede tomar
partido ni actuar por motivos extraños al principio que rige sus
actuaciones", ha dicho.
El fiscal general del Estado José Manuel
Maza, ha insistido en el Congreso en la "independencia" e
"imparcialidad" de la institución y ha asegurado que el criterio básico
del Ministerio Público es "perseguir la corrupción y aplicar la ley sea
quien fuera la persona investigada".
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